El ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, cuestionó un editorial del diario La Nación por “mostrar un profundo desconocimiento del sector energético, al que suma una visión unitaria y centralista a través de la cual el país debe diseñarse sólo para los grandes centros de consumo, es decir donde dicte el mercado, sin que exista la menor posibilidad de que el Estado planifique en forma estratégica para llevar adelante obras de energía que, con sentido federal e inclusivo, vinculen todo el territorio y permitan el desarrollo industrial de cada región”.

De esta manera, el funcionario se refirió a la editorial “Santa Cruz: ¿obras inútiles y nuevos negociados?”, que publicó hoy ese matutino.

El Ministro consideró que “asegurar que la dificultad histórica que siempre encontró el aprovechamiento hidroeléctrico del río Santa Cruz era la justificación económica del emprendimiento, demuestra un incuestionable desconocimiento del mapa físico del sistema energético argentino” ya que “la limitante histórica de este proyecto, hoy denominado Néstor Kirchner y Jorge Cepernic -cuyo contrato financiero fue suscripto recientemente en ocasión de la visita a la Argentina del presidente de la República Popular China, Xi Jinping-, no era un flujo de fondos sino que era el sitio donde debían instalarse las represas, el cual se encontraba a más de 1.700 kilómetros del punto de interconexión más cercano al Sistema Interconectado Nacional, ubicado en la localidad de Choele Choel, en la Provincia de Río Negro, y por lo tanto no había forma de evacuar la energía al sistema; lo mismo ocurría con la esperada central carbonífera de Río Turbio”.

“Esta situación fue debidamente subsanada a través del Plan Energético 2003-2019 con la construcción de más de 5.500 kilómetros de líneas de alta tensión y por ello hoy es posible construir y evacuar energía desde la Patagonia, aprovechando todo su potencial hidráulico, eólico y carbonífero, hacia todas las regiones del país”, explicó De Vido y recordó que “históricamente, al igual que la Provincias del NEA, NOA y Cuyo, toda la Patagonia se encontraban aislada del interconectado eléctrico, por lo tanto era imposible construir un emprendimiento energético”.

En ese sentido, De Vido consideró que “aseverar cuestiones de limitantes económicas es de nulo rigor técnico, a menos que el diario La Nación conozca algún sistema inalámbrico para evacuar energía, hasta ahora desconocido en el ámbito de la ingeniería” y destacó que “el costo por megavatio instalado de las represas del Río Santa Cruz neto de impuestos es 2,24 millones de dólares, ampliamente el más competitivo dentro de emprendimientos de similar magnitud, licitados en el mundo durante los últimos 10 años”.

“Por ejemplo, en la hidroeléctrica Chaglla en Perú el costo por megavatio instalado es de 2,97 millones de dólares; en la San Antonio en Brasil es de 3,10 millones de dólares; en la Tocoma en Venezuela es de 3,11 millones de dólares; en la Sogamoso en Colombia es de 3,13 millones de dólares; en la Simplicio también en Brasil es de 3,26 millones de dólares”, fueron algunos de los casos que recordó el titular de Planificación en comparación.

“La energía que generen las represas y también la central carbonífera de Río Turbio, gracias a las obras del Plan Energético 2003-2014, será inyectada al sistema interconectado y podrá ser consumida por un usuario o industria de cualquier parte y rincón del país, lo que claramente seguirá motorizando el crecimiento de la Argentina”, indicó el Ministro.

Por último, el ministro sostuvo que “el diario La Nación recurre constantemente al asesoramiento de ex funcionarios cuyo resultados de sus gestiones fueron nefastos para los argentinos porque comparten la visión neoliberal del modelo energético, en la cual la energía solo debe ser para los grandes centros de consumo y usuarios que puedan pagar los precios internacionales”.

Las proyectadas represas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic -antes denominadas La Barrancosa y Cóndor Cliff-, aún no han comenzado a ejecutarse. La idea del aprovechamiento hidroeléctrico del río Santa Cruz en la provincia homónima data de hace por lo menos 45 años, aunque siempre se encontró frente a la dificultad de la falta de justificación económica en relación con otros proyectos energéticos. La mayor dificultad reside en su tamaño y ubicación geográfica. Su costo estimado asciende, por ahora, a 4700 millones de dólares para una potencia de generación de 1.750.000 kW, que excede holgadamente la demanda zonal y que sólo encontraría destino posible en el centro y en el Litoral del país.

Por otro lado, también en Santa Cruz, se está cerca de poner en marcha una central térmica de carbón en Río Turbio con una potencia de 240.000 kW, que excederá las necesidades de la provincia, sin contar la contaminación que representa el empleo de carbón.

De construirse las represas del río Santa Cruz se requeriría el tendido de una nueva línea de muy alta tensión (500 KV) de unos 2500 kilómetros hacia el Gran Buenos Aires, cuyo costo anularía la rentabilidad del proyecto. El ex secretario de Energía Alieto Guadagni ha identificado 22 proyectos hidroeléctricos con mayor prioridad que los del río Santa Cruz. Con la perspectiva de las reservas de shale gas de Vaca Muerta es posible que, en un futuro cercano con abundancia de gas, resulte conveniente desarrollar la generación eléctrica mediante centrales térmicas de ciclo combinado que se construyen rápidamente, a mucho más bajo costo, en las cercanías del mercado. La gran potencia instalada de estas dos represas no tendrá aplicación en la zona, salvo que se establezcan allí grandes industrias electrointensivas. Así se pensó este proyecto en los ochenta, integrado con una gran planta de aluminio en la boca del río Santa Cruz.

Anunciada la licitación de las obras en 2007, cuando su presupuesto era de sólo 2000 millones de dólares, en un primer momento el complejo hidroeléctrico iba a ser una concesión privada, seguramente subsidiada, pero luego se optó por la obra pública. Sin embargo, luego de adjudicar las obras tras una licitación y firmar el contrato con un consorcio conformado por Corporación América (Eurnekian), Impsa (Pescarmona) y el grupo brasileño Camargo Correa, el gobierno nacional no aportó los fondos para comenzar los trabajos.

Con nuevo precio de casi 5000 millones de dólares, hubo otra licitación. En determinado momento, el candidato parecía ser Lázaro Báez, socio de los Kirchner y zar de la obra pública patagónica, hasta que quedó expuesto debido a investigaciones sobre presunto lavado de dinero. Báez compitió por esa obra con sus socios chinos de Sinohydro y perdió ante un consorcio conformado por la firma china Gezhouba y la argentina Electroingeniería, que también creció en forma astronómica con el kirchnerismo.

Báez había comprado varias estancias por un total de 28 millones de dólares, situadas en las proximidades del río Santa Cruz o lindantes con este curso de agua. Se trataba de más de 180.000 hectáreas que quedarían sumergidas luego de construirse las represas y cuyo dueño, por lo tanto, recibiría las correspondientes indemnizaciones estatales. Las sospechas quedaron confirmadas y, tras admitir la compra que antes había negado y que probablemente concretó por poseer información privilegiada sobre las tierras que quedarán bajo el agua, Báez dijo que donará las indemnizaciones al Ministerio de Educación de la provincia para la construcción de escuelas rurales y el fortalecimiento y desarrollo de la educación provincial.

Una cuota de incertidumbre se agrega al panorama. El financiamiento lo proporcionarían supuestamente los bancos chinos, pero pocos días antes del default en el que se encuentra la Argentina, el propio gobernador santacruceño, Daniel Peralta, había asegurado que, en caso de que ello ocurriera, los bancos chinos "se van a ver imposibilitados de prestar el dinero". El gobierno nacional lo desmintió, pero, sin duda, será difícil obtener financiamiento cuando la propia sociedad calificadora de China ha encuadrado la deuda argentina en la categoría de default.

Esta situación desnuda otra inadmisible arbitrariedad de la licitación, dado que algunos oferentes fueron descalificados por no contar con financiamiento firme, cuando lo cierto es que ha quedado demostrado en los hechos que Electroingeniería tampoco lo tenía a la fecha de la adjudicación, ni se sabe si lo tiene aún, a pesar de la firma en julio, un año después de la adjudicación, de un supuesto contrato de financiamiento con motivo de la visita del presidente de China.

Las dudas y fundadas sospechas que genera este emprendimiento, como sucede con casi toda obra importante en Santa Cruz, no son sólo referidas a la prioridad de esta inversión, sino también a si se trata de una herramienta para conseguir votos o de un vehículo para enriquecer a empresarios amigos y funcionarios. Hay antecedentes, cercanos en el tiempo, por cierto, muy preocupantes.

OPI Santa Cruz accedió a la única documentación que hay sobre las Represas Cóndor Cliff-La Barrancosa, la cual data de hace muchos años y no corresponde a un Estudio de Impacto Ambiental. Existen dos documentos que son básicamente enunciativos, técnicos y de ninguna manera pueden tomarse como parte de un estudio serio y pormenorizado como el que se debe realizar para mensurar puntual y correctamente, los impactos geo-socio-ambientales que producirá la obra. (Informe I)

Aquella información que diéramos en el año 2012 sobre la inexistencia de un Estudio de Impacto Ambiental en la megaobra de las Represas Cóndor Cliff-La Barrancosa, ha sido definitivamente confirmada, a partir de que accedimos a la única documentación existente sobre este emprendimiento que comprenden dos documentos a saber:

Documento 1

Es una “Memoria descriptiva”, donde, como el nombre lo indica, se ocupa de “describir” los distintos componentes que abarcarán la obra, con enunciados como los criterios básicos a tener en cuenta para el aprovechamiento hidroeléctrico del Río Santa Cruz “Cóndor Cliff-La Barrancosa”; simulación de operación de embalses, caudal, déficit hídrico; dimensionamiento de los vertederos, curvas, caudal y volúmenes, niveles de embalse, potencia, perfil energético y luego aborda puntualmente los aspectos de cada represa: Cóndor Cliff y La Barrancosa.

Este documento técnico es, podríamos decir, el inicial de este proyecto. Es tan viejo que resta apuntar un detalle: no tiene incluido el renombramiento de la obra; es decir aún se denomina “Cóndor Cliff-La Barrancosa”. Recordemos que el nombre Cépernic-Kirchner, fue posterior a la muerte del ex presidente, ocurrida el 27 de octubre de 2010.

Este documento, que tenía como propósito introducir sobre aspectos técnicos del proyecto, a las empresas que fueran a licitar las obras; consta de solo 28 páginas, posee esquemas, cuadros, tablas comparativas, etc

Documento 2

Se trata de un Pdf denominado “Documentación técnica del Proyecto”, cuerpo de 356 páginas elaborado en oportunidad de realizarse el llamado a licitación pública nacional e internacional. Allí de lo que se trata, es informar a los oferentes de manera recortada y en forma enunciativa, distintos aspectos técnicos que no están desarrollados, estudiados, mensurados ni medidos en sus niveles de impacto.

Es un material eminentemente enunciativo con datos tomados entre el 2003 y 2005 (los geofísicos datan del 2001) y de ninguna manera puede considerarse un “Estudio de Impacto Ambiental”. Pero por si alguna duda pudiera existir, el mismo documento en su Capítulo V, página 350 en el ítems “Afectación del patrimonio”,hablando sobre el tendido de línea de alta tensión, el/los autores del estudio técnico, dejan expresado claramente el siguiente texto:

En base a lo antedicho, en la etapa de Proyecto Ejecutivo se deberán realizar por el contratista, el EIA, considerando las alternativas de traza que se propongan y efectuando la valoración de los impactos identificados tanto para la fase de obra y operación de la línea, prestándose particular atención a los eventuales efectos negativos ya identificados en este estudio.

Esta claramente expresado allí que este “Estudio técnico” no es ni por asomo un Estudio de Impacto Ambiental, como algunos deslizaron, pretendiendo que los estudios de afectación geo-socio-ambientales, están hechos o que “solo hay que actualizarlos”.

OPI va a demostrar en sucesivas notas, que la documentación existente en este sentido, fue confeccionada solo a los fines del conocimiento técnico de las empresas y que de ninguna manera constituyen lo que por definición significa: “El procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuales efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones”, tal como se describe sucintamente al Estudio de Impacto Ambiental.

Los documentos a los que accedimos, son solo una “planificación de la obra”, es decir, una situación de requerimiento técnico desde el cual partirán las empresas concesionarias de la misma para elaborar el proyecto final. OPI, para elaborar estos informes que vamos a publicar en sucesivas entregas, ha recurrido a diversas fuentes profesionales, ingenieros, especialistas, sectores medio ambientales, con el fin de obtener la mayor información posible, dado que, como se ha insinuado por ahí, desde Planificación se estaría por acordar que este material sea tomado como EIA, lo que sería totalmente incorrecto y falso.

Un Estudio de Impacto Ambiental, tiene que contar con el abordaje específico de cada área que se impacta, el análisis y las proyecciones de cómo, cuánto interferirá, pero también cómo se mitigará ese impacto, luego, en el caso de las represas, deben existir dos estudios diferenciados (uno para cada dique y su entorno) en ningún caso puede haber un EIA “general”, porque las áreas (si bien habrá algunos puntos comunes) difieren y particularmente, tal como lo marcamos la semana pasada con nuestra nota, el principal elemento diferenciador es el glaciar Perito Moreno.

Un EIA es poner el proyecto de la obra dentro del ambiente donde se va a construir, realizar un inventario natural y establecer, a partir de ahí, cómo va a impactar la obra en ese entorno. De allí se diferencian los mismos en impactos medios, bajos e insostenibles. En todos los casos, excepto en la tercera clasificación que no haría posible una obra, se busca compatibilizar la acción con el medio y así nace el segundo paso o fase que es la confección de los “medidores de mitigación”, donde el estudio detalla qué medidas se aplicarán en cada caso para mitigar ese impacto. El tercer plan que debe contener el EIA es el “Plan de monitoreo”, que se confroma de un mecanismo de control y seguimiento destinado a observar y medir en el tiempo, si esas medidas de mitigación fueron bien aplicadas o si debe corregirse algo de lo planificado.

Ni EIA ni Audiencias

Debemos decir que, en el caso de las represas Condor Cliff-La Barrancosa /Cépernic-Kirchner,hasta el momento, no hay nada de esto. Lo único que existe es esta documentación técnica y es de esperar que no se intente tomar como tal, este estudio que describimos y que corresponde hacer en una obra de esta magnitud. Por otro lado, algo que ni siquiera está mencionado en todo este complejo detalle, es el impacto social que tendrá la obra, otro tema sumamente importante que el EIA deberá contener cuando se determine. Cómo van a evitar el asentamiento permanente de grupos humanos en los alrededores de los obradores, cómo impactará en la seguridad, la salud y la educación en las localidades donde se asiente la migración obrera y las empresas subcontratistas (El Calafate/Cdte Luis Piedra Buena), la infraestructura, los servicios, etc.

A todo esto, debemos agregar que cualquier emprendimiento de este tipo debe estar precedido de audiencias públicas, donde la empresa constructora explique el proyecto, las autoridades expliquen lo que harán para compensar el desequilibrio ambiental-social y económico que traerá a la provincia y se le permita al pueblo debatir, preguntar, oponerse y evacuar dudas de todo tipo sobre el emprendimiento a realizar.

Si acaso se sigue el modelo implementado para la construcción de la usina de Río Turbio, donde, además de desconocer e ignorar las graves observaciones de 50 puntos que la propia provincia hizo al EIA realizado por Isolux, la empresa española, en total complicidad con el gobierno y la oficina de Planificación de Julio de Vido, formalizó una Audiencia Pública en Río Turbio, para la cual, horas antes, entregaba a los vecinos de la cuenca un glosario de preguntas para que realizaran en la audiencia; si se sigue este modelo, reiteramos, todo será una simulación y será poco serio y creíble cada cosa que digan y hagan en el futuro.

Con la experiencia que tenemos en Santa Cruz, a partir de Isolux Corsán, el Ministerio de Planificación, el gobierno provincial y la obra de la megausina, a ningún santacruceño le puede caer de manera desprevenida una irregularidad de este calibre, en la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz.

La empresa Electroingeniería defendió ayer en un comunicado la construcción de las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, que erigirá en asociación con la firma china Gezhouba y financiamiento de bancos de ese país.

La firma de Gerardo Ferreyra afirmó que los costos de inversión “son los más bajos”, en relación con otras represas construidas en Latinoamérica. Y que su construcción permitirá “diversificar la matriz energética”. El proyecto, afirmó Electroingeniería, “ocupa el tercer lugar entre las hidroeléctricas del país, porque su aporte de 1740 MW es imprescindible para afianzar el desarrollo nacional”.