Diputados de la oposición tratarán de emitir mañana un dictamen en la Comisión de Legislación Penal para derogar la Ley Antiterrorista, que el Gobierno busca aplicar contra la empresa estadounidense Donelley, por el cierre de su planta en Escobar.

La diputada de Unión Pro, que es titular de Legislación Penal, Patricia Bullrich, declaró que “mañana sacaremos dictamen para derogar la abusiva y discrecional Ley Antiterrorista, una herramienta para perseguir trabajadores, periodistas, como el caso de Pablo Suárez de Santiago del Estero”.

La reunión de la comisión fue citada para las 15. Bullrich logró incluir los proyectos de derogación de la Ley en el temario a tratar. Aunque el kirchnerismo anticipó que no dará quórum, los opositores esperan poder reunir a un tercio de los legisladores que la integran, para poder sesionar y avanzar igual con el dictamen. Para eso, necesitarán 11 diputados presentes. La comisión tiene 31 miembros y 14 son opositores, que ya fueron sondeados por Bullrich para garantizar el número y avanzar con la objeción a la norma.

Además de Bullrich, los integrantes de la Comisión, miembros de la oposición son: Margarita Stolbizer, Victoria Donda (FAUNEN); Luis Petri, Oscar Aguad, Manuel Garrido, María Gabriela Burgos, María Soledad Carrizo (UCR); Pablo Javkin (CC ARI); Ivana Bianchi (Compromiso Federal); Nicolás del Caño (Frente de Izquierda); Eduardo Cáceres (Unión Pro); Oscar Martínez y Gilberto Alegre (Frente Renovador).

Las modificaciones que el Gobierno busca realizar sobre la ley de abastecimiento que incluye proyectos sobre defensa del consumidor, puso en alerta a la oposición que buscará bloquear en el Congreso cualquier cambio que el kirchnerismo quiera realizar sobre estas medidas. Los empresarios ya encendieron las alarmas al señalar que quieren trazar precios máximos y establecer márgenes de ganancias en lo que calificaron como un “avasallamiento al sector privado”.

La decisión del Frente Renovador y UNEN se suma a la derogación que intentará con la Ley antiterrorista aplicada por el Gobierno ante la quiebra presuntamente fraudulenta de la imprenta estadounidense Donnelley.

En el Gobierno califican a la oposición de “oportunista” y de “avanzar con medidas mediáticas”, indicó a Clarín un alto funcionario. La preocupación está centrada en la presión gremial por temas vinculados a la inflación y a los puestos laborales y en la reacción del empresariado ante la Ley de Abastecimiento. “No queremos otra corrida especulativa del empresariado y está haciendo mucho lobby para impedir que se modifique esta ley”, indicó un dirigente K.

El empresariado no ocultó su preocupación por estas medidas, señalando que el Estado “amedrenta” con estas políticas y temen una intervención de forma directa “con precios máximos, márgenes de utilidad y hasta disponer de la distribución”, dijeron casi todas las cámaras sectoriales.

El martes comenzará el debate en el Congreso con un plenario de comisiones a las 17, para tratar la reforma de la Ley de Abastecimiento y otros proyectos vinculados a la Defensa del Consumidor. En este escenario la oposición se prepara. El presidente del bloque radical en la Cámara de Diputados, Mario Negri anticipó que pedirá sobre tablas en la sesión del 27 de agosto la derogación de la reforma en la que busca avanzar el Frente para al Victoria. Negri pidió “desacelerar las campañas electorales lanzadas y poner como prioridad, acciones conjuntas para frenar estas locuras erráticas y peligrosas del Gobierno, estos manotazos que provocan más recesión e inflación. Si no actuamos nos llevarán puestos”.

Sergio Massa, líder del Frente Renovador señaló que no se trata de una legislación impulsada “pensando en la Argentina porque es una copia del proyecto venezolano”.

Reiteró además que buscarán derogar la iniciativa de reforma del Gobierno.

El jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, fue más duro sobre el tema y dijo que la reforma “viene a poner por escrito las barbaridades que hacía Guillermo Moreno sin tener ley. Si nosotros hacemos leyes que no existen en ninguna parte, que no existen en Brasil, en Chile, en países hermanos con los cuales competimos para que las fábricas vengan a instalarse acá, lo que vamos a lograr con leyes que asustan es que no haya inversiones ”, dijo el Jefe de Gobierno en declaraciones radiales.

Por Laura Serra.

En Venezuela se la llama "ley de precios justos": se aprobó este año y ordenó crear una "Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socieoeconómicos", encargada de fijar los precios máximos de las cadenas de producción, importación, distribución y consumo "fundado en importancia económica en beneficio de la población".

Las empresas que infrinjan la norma sufrirán sanciones con multas; la suspensión temporal en el registro donde deben anotarse obligatoriamente todas las firmas; ocupación temporal con intervención de almacenes, depósitos, industrias, comercios y hasta transportes de bienes por un lapso de hasta 180 días, y confiscación de bienes.

Ésta es la ley que rige en Venezuela a instancias del presidente Nicolás Maduro . Cualquier coincidencia con el paquete de proyectos que envió el Poder Ejecutivo al Senado para modificar la ley de abastecimiento -que comienza a debatirse hoy en comisión- no parece ser una mera casualidad.

Estas iniciativas, que van de la mano de un nuevo proyecto de ley de hidrocarburos -que habilitaría una mayor injerencia de la Nación sobre la soberanía hidrocarburífera de las provincias petroleras- y la aplicación, por primera vez, de laley antiterrorista para castigar la quiebra de una empresa -la imprenta Donnelley- pusieron en estado de alerta máxima a la oposición y encendieron luces amarillas en el tablero del oficialismo,inquieto por primera vez por su tambaleante mayoría legislativa .

Se anticipa un segundo semestre intenso en la agenda parlamentaria, que estará teñido de iniciativas que auguran una mayor intervención del Gobierno y del Estado en la economía. Además de los proyectos ya mencionados, está en gateras una nueva ley de regulación de la producción y comercialización de los medicamentos, una propuesta cuyos promotores kirchneristas alientan en la Cámara de Diputados para evitar abusos en los precios de estos productos esenciales.

CAMBIO DE PLANES

Con esta agenda, el Gobierno parece haber virado rotundamente sus planes para el Congreso: en un segundo plano quedaron la sanción de los nuevos Códigos Civil y Penal, la discusión de una nueva ley antipiquetes e, incluso, la polémica estatización de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Ahora, la prioridad será contener el alza de precios por vía de mayores controles y sanciones a las empresas, como así también frenar la sangría de divisas que provoca la importación de combustibles con nuevas inversiones extranjeras en el sector hidrocarburífero. Pero, para ello, la Nación propone recortar importantes potestades tributarias a las provincias petroleras.

"El Gobierno no quiere achicar el gasto público y por eso pretende trasladar el ajuste al sector privado. Hay que impedir que avance toda ley que distorsione las reglas de juego de la actividad económica", enfatizó el radical Oscar Aguad .

Como telón de fondo, la ley antiterrorista se cristalizó en una amenaza real para empresarios con la aplicación de la norma a la firma Donnelley. La oposición intentará hoy, en la Comisión de Legislación Penal, aprobar un dictamen para derogar la polémica norma.

El cuerpo, si bien es presidido por la oposición, tiene mayoría oficialista, por lo cual es difícil que la derogación de la ley prospere. No obstante, la jefa de la comisión, Patricia Bullrich (Unión Pro) hará el intento.

"Es una ley abusiva y discrecional, una herramienta para perseguir trabajadores, periodistas (como el caso de Pablo Suárez, de Santiago del Estero) y ahora usada como pantalla para evitar discutir los graves problemas económicos que tiene el país y querer endilgarlos a una empresa que, si cometió una quiebra fraudulenta, deberá ser condenada por ello en el marco de la ley vigente", dijo.

Hasta ahora, Bullrich cuenta con el apoyo de la UCR, del Partido Socialista, Pro, la Coalición Cívica y Libres del Sur. Sin embargo, el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, no cree que la derogación sea la mejor alternativa.

"En lo que hay que trabajar es en «cerrar» el tipo penal incluido en la ley, que es demasiado amplio y por eso se permiten estas arbitrariedades", enfatizó Graciela Camaño (Frente Renovador). En ese espacio, al igual que en círculos judiciales y empresarios, se teme que la derogación perjudique al país en momentos en que está por arribar una nueva misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que recientemente sacó a la Argentina de la "lista gris" de países "en capilla" tras la sanción de la norma hoy cuestionada.

Por su parte, Ivana Bianchi (Compromiso Federal), también miembro de la comisión, indicó a LA NACION que recién hoy definirá su postura tras el debate en la comisión.

EL ESCENARIO PARLAMENTARIO QUE VIENE

El Gobierno fijó como prioridad para lo que resta del año contener el alza de precios por vía de mayores controles y sanciones a las empresas, como así también frenar la sangría de divisas que provoca la importación de combustibles con nuevas inversiones extranjeras en el sector hidrocarburífero.
De esta manera dejó en un segundo plano aquellos proyectos de ley de tinte político que tenía previsto llevar al CongresoLa Casa Rosada postergará así la sanción de los nuevos códigos Civil y Penal, la discusión de una nueva ley antipiquetes e, incluso, la polémica estatización de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.
El primer paso de esta estrategia se dará desde hoy en el Senado, donde comenzará el debate para la modificación de la ley de abastecimiento que prevé sanciones a empresas y la imposición de precios en el mercado.
Por otra parte, la oposición intentará derogar en la Comisión de Legislación Penal de Diputados la ley antiterrorista por la que el Gobierno busca sancionar a la empresa Donnelley, de capital norteamericano, que se declaró en quiebra y despidió a 400 trabajadores.
El oficialismo tiene allí mayoría, por lo cual es difícil que la derogación de la ley prospere. No obstante, la oposición hará un intento e instalará el debate.

Por Diego Cabot.

Primero se sancionó; después se derogó parcialmente; más tarde se modificó; luego se aplicó, y finalmente la Justicia decidió no sustentar sus fallos en la norma.

Éste es el derrotero que tuvo en los últimos 40 años la ley cuya modificación empezará a tratarse hoy en el Congreso. Se trata de una de las normas sobre las que menos coincidencia hay respecto de su vigencia o no. Bajo el número 24.680, fue sancionada en 1974, poco antes de la muerte del entonces presidente Juan Perón, con el nombre de "ley de abastecimiento y represión del agro". El artículo 12 prevé que los funcionarios podrán allanar comercios o empresas y requerir el apoyo policial si fuera necesario; secuestrar documentación; intervenir la mercadería en infracción; clausurar establecimientos, y citar a los ejecutivos de una empresa.

En su redacción original le da la posibilidad al Gobierno de pedir a un juez la "detención preventiva de los presuntos responsables por el término de hasta 48 horas, cuando sea necesario para el esclarecimiento de la infracción", así como fijar precios máximos o márgenes de utilidad.

Pero la discusión sobre la vigencia o no empezó años después. En 1991, cuando se promulgó el decreto de desregulación económica, después ratificado por el Congreso, se dispuso la derogación de esta ley. "Se suspende el ejercicio de las facultades otorgadas por la ley 20.680, el que solamente podrá ser restablecido para utilizar todas o cada una de las medidas en ella articuladas, previa declaración de emergencia de abastecimiento por el Congreso", dice el decreto. Para que vuelva a tener vigencia la ley se debe promulgar, previamente, la emergencia de abastecimiento, requisito que jamás se dio.

Pero aquella derogación no fue total: quedó en pie el inciso "C" del artículo 2° donde "el Poder Ejecutivo podrá (...) dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución o producción", dice. Ésa fue la base que utilizó en abril de 2006 el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, cuando dictó una resolución mediante la cual intervino en el mercado de la carne vacuna fijando precios de referencia.

Unos años antes, en 2002, el entonces presidente Eduardo Duhalde también desempolvó la vieja ley como una suerte de amenaza a los empresarios por si se producían distorsiones en el convulsionado mercado interno. Duhalde actualizó las penas por infracción a la ley de abastecimiento y las llevó a un mínimo de $ 500 y a un máximo de un millón de pesos. Ese decreto de Duhalde fue criticado, ya que fue dictado pese a un dictamen de la Procuración del Tesoro que concluía que no estaba vigente esa norma. Pero la Justicia no se expidió sobre la legalidad o no de actualizar montos en una ley ya derogada.

En octubre de 2006, Moreno intervino en el mercado de los combustibles mediante una resolución que obligaba a las petroleras a vender un mínimo que contemplara lo que había expedido el mismo mes del año pasado más el crecimiento del PBI. Sólo en el último párrafo hace referencia a la ley de abastecimiento.

La ley fue la espada con la que Moreno atacó a Shell. Entre 2006 y 2008 inició alrededor de 119 sumarios. En 11 de ellos, la petrolera fue absuelta. En otros 83 Moreno le aplicó multas a la compañía y todas fueron apeladas a la justicia ordinaria.

Hasta octubre del año pasado, último reporte al que tuvo acceso LA NACION, hubo 42 sentencias en las que se falló con la ley de abastecimiento, pero en 37 la razón la tuvo la petrolera; 32 de esas ya estaban firmes a fines del año pasado. Alrededor de 60 causas más están aún en trámite.

Hoy los senadores iniciarán el debate sobre una ley que la Justicia jamás dijo si estaba vigente o no..

En un último intento para buscar frenar el proyecto que busca reinstalar la Ley de Abastecimiento y que comenzará a ser debatido en los próximos días en el Senado, los empresarios de todos los sectores agrupados en el Grupo de los 6 (G6) se reunirán en la sede de la UIA. Se espera una reacción conjunta contra la iniciativa a través de un comunicado, adelantaron fuentes privadas.

El encuentro será a las 11 y estarán presentes los presidentes de la central industrial, Héctor Méndez; de las cámaras de Comercio, Carlos de la Vega, y de Construcción, Gustavo Weiss; de la Bolsa, Adelmo Gabbi; de la Sociedad Rural (SRA), Luis Miguel Etchevehere; y de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Jorge Brito. Varias de las entidades expresaron la semana pasada su absoluto repudio al proyecto por considerar que es inconstitucional y que implica una “"estatización del mercado"”, según planteó la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) en la carta que le envió a los legisladores.

Desde las 17, en tanto, comenzará el debate del paquete de proyectos de defensa del consumidor en las comisiones de Derechos Humanos, Justicia e Industria del Senado, pero el arranque será con la discusión del que busca crear nuevos fueros judiciales para la protección del usuario. La iniciativa más cuestionada por el sector privado y la oposición quedará para los próximos días. Esta tarde expondrán referentes del Poder Ejecutivo en defensa del paquete y también lo harán referentes de asociaciones de consumidores. Hasta ayer, no habían sido invitadas las cámaras empresarias, pero se espera que les llegue la convocatoria en breve, tal como anunció la presidenta Cristina Fernández. “"No se pretende imponer nada"”, había sido la Presidenta, frente a las críticas del sector privado.

La potestad de imponer precios máximos, márgenes de utilidad y la posibilidad de establecer volúmenes de producción y canales de distribución en forma discrecional fue ampliamente rechazado por el establishment, que consideró que repercutirán muy negativamente en los niveles de inversión y empleo.

Diálogo frustrado
Además de transmitir su malestar con la iniciativa vía comunicados y cartas al Congreso, los hombres de negocios también apelaron al diálogo directo con el equipo económico para intentar convencerlos, con diversos argumentos. Pero no tuvieron éxito. Méndez y el titular de Copal, Daniel Funes de Rioja, visitaron al secretario de Comercio, Augusto Costa, el jueves pasado, pero no hubo acuerdo. El funcionario intentó discutir artículo por artículo, pero los empresarios le plantearon que no están de acuerdo con avalar un proyecto de ley de Abastecimiento. Hoy le tocará el turno a De la Vega, quien llegará a las oficinas de Costa con un listado de argumentos en contra de la propuesta del Gobierno.

El presidente de FIAT, Cristiano Rattazzi, se sumó ayer a las críticas al proyecto, al señalar que "“es retrógrado e inconstitucional”". El ejecutivo señaló que la iniciativa del oficialismo es un intento "“por copiar a Venezuela y esto no le hace bien al país”". En declaraciones a la radio Rock & Pop, Rattazzi sostuvo que “"querer reformar y aplicar esta ley me parece contra los tiempos"”.

El proyecto oficial fue criticado por la industria, el comercio, los bancos, el campo y hasta las cámaras pymes. Ayer se sumó la Cámara de Importadores (CIRA), que consideró que este tipo de iniciativas "“sólo ayudan a profundizar la crisis de confianza y el aislamiento internacional"”. "“Con acciones intervencionistas y persecutorias que impongan reglas extremas sobre las relaciones de producción y consumo, y de manera dudosamente constitucional, no se logrará el objetivo común de empoderar a los consumidores”", expresa el comunicado.