Una nueva demostración de fuerza de los trabajadores de Chuquicamata se ha dado recientemente. Los sindicatos se han contactado a alto nivel político para frenar el proyecto subterráneo, incluso antes de que el nuevo presidente ejecutivo asuma el cargo.

¿Es un abuso que al trabajador le reconozcan todos los años trabajados y no solo los 11 años que plantean las leyes? ¿Es un abuso cuestionar la aplicación del despido por necesidades de la empresa? ¿Debemos eliminar de la población económicamente activa a los trabajadores mayores de 65 años?

Con estas tres preguntas, Jeremías Olivares, presidente de uno de los sindicatos de Chuquicamata, encabeza una carta enviada a “El Mercurio” en la que defiende los beneficios de los mineros de Chuquicamata e, indirectamente, reconoce que en ese yacimiento hay condiciones laborales que sobrepasan lo que garantiza la ley para los trabajadores que se desempeñan en otras empresas.

Esta situación ya había sido advertida por el ex director de la cuprera, Andrés Tagle, quien —también a través de cartas enviadas a este diario durante una semana en que el peso de los sindicatos en la administración de la estatal ha estado bajo tela de juicio— advirtió que en ese yacimiento se mantiene a trabajadores que largamente superan los 65 años, a pesar de que reciben pensiones; que los mineros tienen indemnizaciones por años de servicio sin los límites legales que rigen para todos los chilenos y que la única forma de disminuir dotaciones es a través de planes de egreso visados por los sindicatos.

¿Qué hay detrás de este debate? Las distintas visiones que existen sobre el peso que ha adquirido durante décadas el mayor de los sindicatos de Codelco.

El Sindicato Uno de Chuquicamata es la organización de base más grande de las diez que están afiliadas a la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) que dirige Raimundo Espinoza. Nació en 1930, como heredero del Sindicato Profesional Único de Empleados Particulares de Chile Exploration Company y, desde entonces, ha ido sumando beneficios a su extenso convenio colectivo. 

Hoy tiene 2.056 socios activos, quienes reciben beneficios que van desde bonos por asistencia, por cambio de turno, becas, hospital, medicamentos, etc.

Además, los sindicatos Número 2 y Número 3 de ese mismo yacimiento tienen entorno a 1.500 afiliados activos cada uno. 

Otras divisiones

Fuentes de la industria señalan que las distintas administraciones que han pasado por la estatal durante los últimos años han contribuido a mantener prácticamente inalterados los beneficios de los trabajadores de este yacimiento, a diferencia de lo que han hecho con otras divisiones de la empresa.

Entre los años 2010 y 2013, Codelco desarrolló 28 negociaciones colectivas con 35 sindicatos, y en la mayoría de los casos logró remover de los convenios las condiciones que limitan las facultades de la administración. 

Pero donde no logró sus objetivos, señalan estas fuentes, fue en Chuquicamata. Los sindicatos de esta división consiguieron mantener inalterado un esquema de administración en que hasta las medidas más simples, como un cambio de turno, tienen un costo. Tal es así, que si un supervisor modifica el turno de un trabajador, sin avisarle con 24 horas de anticipación, debe pagarle 8 horas de tiempo extra.

Esta situación vinculada con los costos laborales del yacimiento no solo ha generado roces de los dirigentes de Chuquicamata con los directivos de la empresa, sino también con otros sindicatos.

Los dirigentes de Radomiro Tomic, Gabriela Mistral y Ministro Hales publicaron a principios de año inserciones en los diarios de Calama, manifestando su total rechazo a una eventual fusión de estas tres divisiones con Chuquicamata.

Las razones que esgrimieron los dirigentes en esa oportunidad fueron que los sindicatos de Chuquicamata, en lugar de asumir su nueva realidad productiva, pretenden aprovechar las condiciones de otras divisiones, donde los costos son menores.

Una nueva demostración de fuerza de los trabajadores de Chuquicamata se ha dado durante las últimas semanas. Los sindicatos se han contactado a alto nivel político para frenar el proyecto subterráneo, incluso antes de que el nuevo presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, asuma el cargo.