SOLO de energía dice estar dispuesto a conversar el presidente de Colbún, Bernardo Larraín Ma-tte. Nada de política, advierte de entrada. “Estoy focalizado en otra causa”, explica. ¿Cuál? HidroAysén y el debate que continúa en torno al aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del país. Esta semana, el megaproyecto volvió al centro del debate público, luego que el consorcio, que integran las generadoras Endesa y Colbún, anunciara su decisión de recurrir al Tribunal Ambiental de Santiago para apelar a la decisión del Comité de Ministros, órgano que en junio pasado rechazó el proyecto eléctrico.  “Hay que desdramatizar esta apelación. Es parte del proceso y de cómo hoy funciona la institucionalidad”, comenta el empresario.                                   

Lo verdaderamente relevante a nivel país, añade, debe ocurrir fuera de los tribunales.“El desafío energético de Chile es trascendente, de amplio consenso. Hidro-Aysén, por supuesto, es parte de ese desafío. Y Chile debe enfrentar esa discusión”, sostiene. Ese análisis, plantea, debe hacerse de cara a la sociedad y con todos los actores incorporados en el debate.                

 ¿Por qué decidieron apelar al Tribunal Ambiental? 

Nadie aspira a que la discusión sobre el desarrollo hidroeléctrico de Chile transcurra en los tribunales, ni tampoco que el desarrollo de un proyecto de la magnitud y complejidad de HidroAysén se resuelva en tribunales. Lo hemos dicho siempre: el proyecto no se desarrollará si el país no hace suya la importancia estratégica de desarrollar el potencial hidroeléctrico de Chile y, en particular, de la Región de Aysén. Pero, con igual fuerza, creemos que hemos hecho un buen trabajo, que el trabajo técnico y ambiental ha sido apegado a estándares internacionales y que la tramitación ambiental con la obtención de la RCA, consagrada por la Corte Suprema, fue hecha en estricto apego a la legalidad del marco regulatorio. Desde ese punto de vista, consideramos completamente legítimo y razonable que HidroAysén haya decidido recurrir a las instancias institucionales disponibles. Es natural que una empresa que considera que hizo un buen trabajo, como lo creemos nosotros, lo defienda. Precisamente, al término del primer gobierno de la Presidenta Bachelet, se hizo una reformulación de la institucionalidad ambiental y se completó a través de los tribunales ambientales, para que empresas y organizaciones ciudadanas recurrieran a una instancia de alta competencia técnica y jurídica, en caso de diferir con resoluciones de las instancias administrativas. ¿Quién puede objetar una decisión como esta?    

¿Con esta acción ustedes quieren revivir el proyecto? 

A través de este recurso no pretendemos luchar contra viento y marea. Lo que creemos debe estar muy viva es la discusión a nivel país del desarrollo hidroeléctrico de Chile, incluido el gran potencial que tiene la Región de Aysén, lo que debe residir en los procesos que se han incluido en la agenda energética. Me imagino que ningún actor se restará de esta discusión, ahora que el debate será a través de procesos institucionales.                        

¿Cuáles son esos procesos de los cuáles podría depender el desarrollo de HidroAysén? 

El país tiene que hacer una discusión respecto de cómo quiere desarrollar su potencial hidroeléctrico. Y esta discusión la tenemos que hacer, porque estamos quedando atrás respecto de los países vecinos en el triple desafío de bajar los costos energéticos, reducir nuestras emisiones y aumentar nuestra autonomía energética. En los próximos siete años, en Colombia habrán ingresado 3.500 MW de nueva capacidad hidroeléctrica, en Perú más de 2.500 hídricos, en Ecuador otros 4.000 MW hidráulicos y en Brasil, unos  28.000 MW. ¿Y en Chile? Sólo 800 MW hidroeléctricos.        

Esa discusión se debe canalizar a través de procesos que tienen reglas del juego, que tienen plazos y cierta institucionalidad detrás. Como el proceso de ordenamiento territorial para el desarrollo de cuencas y el de política energética de largo plazo.                 

El gobierno ya rechazó el proyecto. ¿Cómo esos procesos podrían viabilizar HidroAysén? 

El gobierno se pronunció a través del Comité de Ministros, que es una parte de la institucionalidad ambiental.  Falta que se pronuncie  otra etapa, como son los tribunales ambientales.  En relación a los procesos, según cómo se han hecho en otros países, pueden surgir de ellos definiciones, como por ejemplo, priorizar ciertas cuencas para el desarrollo hidroeléctrico, de una forma tal, que equilibre el desarrollo energético, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social y la convivencia con otras actividades, como el turismo. También podrá surgir que se conservarán otras cuencas. Esta es la discusión moderna, no una donde se reduce la complejidad a dicotomías inexistentes entre desarrollo, cuidado del medio ambiente y desarrollo social.                       

Podría determinarse, también, que se requieren proyectos más pequeños que HidroAysén. ¿Están disponibles para adaptarlo?                      

Si de estos procesos participativos surgen rearticulaciones o modificaciones en, por ejemplo, la forma de desarrollar el potencial hidroeléctrico de Aysén, y en particular de los ríos Baker y Pascua, estamos 100% disponibles a efectuarlos. Siempre hemos sido flexibles. Estamos completamente disponibles para tener una discusión constructiva, tanto en cuanto a modificaciones y reformulaciones del proyecto, como a incorporar a otros actores a su desarrollo.          

¿Por qué esa señal no la dieron antes? 

Porque precisamente no existían los procesos. Lo que se requiere son procesos institucionales participativos, con reglas del juego, que combinen tres cosas: participación, análisis técnico y capacidad resolutiva. Al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) se le pedían cosas para las cuales no estaba diseñado y, por eso, es un buen complemento para el SEA el concepto de ordenamiento territorial y la política energética como gran marco que guíe las acciones de todos los actores.         

Pero igual podrían haber dado  una señal pública. 

Esas señales son relevantes cuando existe un proceso para canalizarlas. Somos muy conscientes de que este proyecto, por su complejidad, ha causado mucho debate público y oposición, fue así al inicio y hubo una reformulación del proyecto, cuando se redujo la superficie a inundar. Lo relevante es que ahora se produzca esta discusión en un marco institucional.   

Pero ese debate tampoco puede ser eterno. ¿HidroAysén puede esperar otros 10 años para definir si se hace o no y/o cómo se hace?

Los procesos que se han anunciado en Chile tienen sus plazos, no hay que anticipar cuál va a ser el resultado de esos procesos. Lo más relevante respecto de HidroAysén es lo que hemos sostenido: más que forzar plazos, ser conscientes de que un proyecto de esa magnitud y complejidad sólo va a ser desarrollado si es que el país lo hace suyo, a través de procesos como los descritos.              

Si les va mal en el Tribunal Ambiental, ¿habrá valido el esfuerzo?

No hay que especular. Volviendo a los posibles resultados del proceso de ordenamiento territorial de cuencas, como dije antes, podría implicar una definición de cómo se desarrolla el potencial hidroeléctrico de una determinada cuenca y, por lo tanto, la reformulación de un proyecto. Si fuera el caso de un desarrollo hidroeléctrico en las cuencas del Baker y Pascua reformulado, todo lo que se ha hecho en relación al desarrollo de HidroAysén, donde han participado la empresa, servicios públicos, tribunales de justicia, la ciudadanía e instituciones académicas, tiene valor y no tiene sentido partir de cero. Por eso es tan relevante defender en la institucionalidad que lo que hemos hecho está bien hecho y ajustado a la legalidad. Para eso existe en la institucionalidad ambiental la posibilidad de introducir modificaciones a los proyectos, precisamente, para que frente a una reformulación no se parta de cero.      

Entonces, ¿todo lo hecho e invertido con HidroAysén lo ven como un antecedente previo de lo que podría venir?   

Es lo mismo que una empresa minera que hace una exploración, porque considera que hay una reserva minera que es relevante. No sabe si será viable desde el punto de vista económico, técnico, ambiental o social, ni el plazo que tomará su desarrollo. Pero sigue siendo valioso invertir en esa opción y asumir los riesgos. En el mundo energético pasa lo mismo: hay que tener un portfolio de opciones.  Algunas se desarrollan en el corto plazo, otras en el largo y habrá proyectos que no se desarrollen. HidroAysén es una de esas opciones en nuestro portfolio. Una de largo tiempo de desarrollo y de alta complejidad técnica, social y ambiental. Es de responsabilidad mínima de cualquier empresa privada mantener en valor esa opción, y para ello hay que asumir costos y riesgos.  Y por eso es tan importante que la institucionalidad otorgue seguridad jurídica. Y por eso consideramos natural recurrir a las instancias institucionales disponibles.      

¿Estuvieron de acuerdo con su socio de Endesa para recurrir al Tribunal Ambiental? 

Respecto de los dos temas principales que he mencionado -que el proyecto no se desarrollará si el país no lo hace suyo a través de los procesos indicados y que es fundamental defender en la institucionalidad lo hecho y los permisos obtenidos, porque serán fundamentales para cualquier eventual desarrollo hidroeléctrico futuro en las cuencas de los ríos Baker y Pascua- había completo acuerdo. Cualquier empresa que estuviera en esta condición asumiría su responsabilidad de mantener vigente y en valor, elementos que serán esenciales para desarrollar un proyecto, en la forma y plazos que se determinen como parte de los procesos indicados.      

Es evidente que Colbún y Endesa tienen estrategias distintas para   referirse públicamente al proyecto. ¿Está definido que como socios  tengan roles diferentes? 

Cómo eso puede sorprender, si somos compañías totalmente distintas. Somos competidores con distintas estrategias y distintas formas de hacer las cosas. Hemos  competido en el mercado. Cuando Colbún se privatizó, representaba menos del 10% del mercado, hoy representamos el 21% del mercado. Hemos crecido. Antes teníamos tres a cuatro centrales y hoy tenemos 23 centrales...  

Mea culpa

Ustedes veían que el proyecto HidroAysén estaba teniendo resistencia ciudadana. ¿Ese movimiento social fue mal evaluado?

La sociedad chilena cambió y no hay ninguna institución privada ni pública que no se haya visto impactada por este cambio, y por supuesto que las instituciones tienen un período de adaptación gradual y eso no exime a las empresas. Cuando se inició este proceso, quizá lo que no anticipamos es que el desarrollo de un proyecto como HidroAysén podría transformarse en una temática nacional e internacional. Tenemos conciencia de que no previmos eso.      

¿Es un mea culpa que hacen por cómo se abordó el proyecto en el inicio? 

Todos tenemos que hacer un mea culpa, porque en una sociedad compleja con estas características, también tiene que haber un mea culpa, por ejemplo, del gobierno y del Estado. Hace mucho tiempo que se viene debatiendo sobre la importancia del ordenamiento territorial, de la participación temprana en un marco institucional y de mecanismos para descentralizar la tributación de los proyectos. Poco se avanzó.   

Pero ustedes son los dueños del proyecto... 

Las empresas en general hemos mejorado sustancialmente la gestión ambiental y social en los últimos años. En Colbún estamos orgullosos por la gestión ambiental y social en el desarrollo de nuestros proyectos Angostura y Santa María, ambos operando con plena normalidad e insertos en su entorno, nunca exento de complejidades, buscando ser un buen vecino. Nuestra gestión ambiental en Santa María, por ejemplo, fue validada por la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente, que recientemente nos absolvió de los cargos que se habían levantado. 

Pero por buena que sean esas gestiones de una compañía, hay ciertas materias que trascienden a las empresas. Los privados no pueden resolver todos los problemas que están en una determinada comunidad o región. También hay una autocrítica que debe hacerse de cómo ha funcionado el Estado y el gobierno, que tiene una labor relevante de articulación, más allá del otorgamiento de los permisos ambientales. No basta, para emprender un proyecto, tener la mejor gestión social y ambiental, son cosas esenciales, pero también hay demandas que trascienden el ámbito de las compañías. Y esas son responsabilidad del Estado. Hay múltiples actores que co-participan en el entorno de todos los proyectos y el Estado tiene un rol relevante de articulación de todos esos actores que no ha desempeñado suficientemente.    

Además del rol de las instituciones, ¿ustedes qué podrían haber hecho mejor? 

HidroAysén hizo una participación ciudadana temprana, ahora, siempre se pueden hacer mejor las cosas, siempre se puede ser más proactivo. Una empresa que legítimamente quiere emprender un proyecto, siempre tiene un cierto límite en su capacidad de informar a una audiencia nacional e internacional. Hay un rol de información, de articulación, de política energética y de ordenamiento territorial que son déficit que ha tenido el Estado.  

¿Ustedes consideran que HidroAysén realizó una buena gestión social y ambiental? 

Yo creo que sí ha hecho una buena gestión ambiental y social. El desarrollo de los estudios de terreno, de la ingeniería, de la socialización local y la tramitación ambiental, que se concluye con la RCA positiva, que es confirmada por la Corte Suprema, dan cuenta de un buen trabajo, que tiene estándares ambientales y técnicos internacionales. No tengo ninguna duda que el equipo de HidroAysén hizo un buen trabajo. Se puede haber cometido errores, pero creemos humildemente que se hizo un trabajo consistente con estándares internacionales en temas ambientales, sociales, técnicos y económicos.