El reclamo de un “bono de altura” y la revocación de los telegramas de despidos de San Antonio fueron los temas que se trataron en la tercera asamblea de delegados petroleros de Caleta Olivia, efectuada este viernes.
Comenzó a las 20 horas en el Quincho del gremio, en la costanera local, y finalizó cerca de las 23 horas. Algunos delegados consultados mostraron cierta “extrañeza” por la poca cantidad de concurrentes, recordando que en la primera reunión participaron todos, es decir los 70 representantes de petroleros de Caleta; pero que ya en la segunda asamblea fueron menos: 50; y en esta, el bajón se notó: sólo fueron 25 delegados.
Como representante de la comisión directiva, estuvo Ricardo Gallardo, pero algunos participantes pidieron “más presencia” del secretario general Claudio Vidal.
De todas maneras, esto no impidió la discusión sobre el reclamo de hace varios meses, que es el pago a las compañías de un “bono de altura” para los trabajadores de los rubros “producción” y “servicios especiales”. Se redactó una nota en donde se deja asentado un ultimátum: si en diez días no se paga ese bono se iniciarán medidas de fuerza que podrían ser retenciones de servicios.
Además, le exigirán a SINOPEC y, por ende a sus contratistas, “que deje sin efecto el recorte de horas, y que permita que los operarios vuelvan a trabajar diez horas, como antes”.
Sobre el tema de San Antonio, lo que exigirán es que se revoquen los telegramas de despidos a los cinco delegados.
Y pidieron que la Comisión Directiva actúe con más fuerza en el reclamo, sobre todo porque el secretario general se había comprometido, en la asamblea de Las Heras, a trabajar para que se dejen sin efecto esos telegramas. Los telegramas habían sido remitidos por la empresa San Antonio a los 5 delegados y a 15 operarios, durante una huelga realizada en mayo. A los quince les dejaron sin efecto los telegramas, pero los que quedaron en el aire fueron los delegados.
Los sindicatos de petroleros jerárquicos del país se declararon en estado de alerta y movilización al no llegar a un acuerdo con las operadoras y empresas de servicios petroleros para resolver un conflicto laboral que podría costarle más de US$ 1000 millones anuales a los privados.
El disparador fue la sentencia favorable a un grupo de 130 empleados jerárquicos de la empresa San Antonio, que exigían el cobro de horas extras mal liquidadas desde 2010. Con ese antecedente, los sindicatos argumentaron que la sanción en junio de 2010 de la Ley 26.597 –de Modificación de la Jornada Laboral, impulsada por el diputado Héctor Recalde (FPV)- derogó el artículo 3° de la Ley 11.544, que determinaba qué actividades podían superar la jornada de ocho horas diarias sin liquidar horas extras. En esa lista figuraban las tareas de los trabajadores abocados a los equipos torre (perforación, pulling y workover) que utiliza la industria petrolera, que permanecen activos durante todo el día en los yacimientos.
Como resultado de la eliminación de las excepciones previstas en ese artículo, los gremios de trabajadores petroleros jerárquicos las cinco cuencas productoras de hidrocarburos empezaron a exigir el pago de horas extras en caso de que la jornada laboral supere las ocho horas diarias. En la práctica, eso implicaría comenzar a pagar extras a los supervisores.
Las empresas del sector, en tanto, indican que si bien por la naturaleza de la operación en los campos petroleros tienen un régimen de horas extras diferencial, compensan el ingreso de los trabajadores mediante el pago de adicionales que posicionan al salario de los trabajadores de la industria de Oil & Gas al tope del ranking de los mejores remunerados.
El Ministerio de Trabajo intentó acercar a las partes, sin demasiada suerte hasta ahora. “El escenario es muy complicado porque no veo voluntad de parte de las empresas de discutir el tema. Continuamente están tratando de alargar el debate y de estirarlo”, cuestionó José Llugdar, secretario general del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, a El Inversor Online.
Los cinco sindicatos jerárquicos del país se reunirán el martes que viene en Santa Cruz o Chubut (aún no está definido) para tratar la cuestión en comisión directiva, antes de definir en asamblea los próximos pasos a seguir. Llugdar no descartó implementar una medida de fuerza (podría ser una jornada de trabajo a reglamento, retención de tareas o hasta un paro) si no hay avances en post de una solución.
Si la situación es de por sí muy compleja, esta semana sumó un componente que la tensionó todavía más. Es que Guillermo Pereyra, líder del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, que hasta ahora se mantenía al margen del reclamo de los jerárquicos (el régimen de horas extras ya está definido en el convenio de trabajo firmado por su gremio), decidió terciar en la pelea.
En esa dirección, presentó una denuncia en el Ministerio de Trabajo solicitando a Tomada que, de prosperar el pedido de los sindicatos jerárquicos, los trabajadores beneficiados sean reafiliados en el Sindicato de Petroleros Privados. “Quedarían alcanzados por el artículo 60 del convenio de trabajo firmado con nuestro gremio”, explicó un colaborador directo de Pereyra, que además es senador nacional por Neuquén.
La jugada, inesperada, le cayó pésimo entre a Llugdar, el principal impulsor del reclamo con respaldo de su abogado, el diputado Mario Pais. “Lo de Pereyra es impresentable, pero ya estoy acostumbrado. A esta altura, no sé si es un dirigente sindical o un empresario. Un dirigente gremial nunca debe juzgar a un trabajador, a un par. Por eso creo que Pereyra ya piensa más como empresario que como sindicalista”, fustigó el santacruceño.
Mientras tanto, el conflicto de fondo sigue latente. “Lo único que le pedí a Tomada es que dictamine cuántas horas tiene que trabajar (un operario jerárquico) y que aplique la Ley 26.597 que aunque no está reglamentada, sí está vigente”, agregó Llugdar. “Yo voy a seguir apoyando a este modelo y a la YPF estatal, porque nunca hubo más trabajo en esta región, pero eso no quita llevemos un reclamo que es justo”, añadió.
Por el lado de las empresas, alegan que los supervisores de un equipo de perforación están, en rigor, más cerca de ser un gerente que un operario jerárquico. “Tienen a cargo cerca de 20 personas, su remuneración está atada a un bono por productividad y cobran, en promedio, $ 80.000 por mes. Deben tener un régimen laboral especial que debe ser definida en la reglamentación de la ley”, explicaron allegados a las empresas petroleras.
“En caso de que el reclamo de los sindicatos prosperen, la industria en su conjunto debería pagar alrededor de US$ 1000 millones más por año en concepto de salarios. Es un 25% más de lo que se abona actualmente”, cuantificaron./
(El inversor)
