La aplicación en México de la reforma energética a ritmo acelerado, con el ánimo de que empiece a dar frutos en el corto plazo, supone riesgos por la complejidad de las licitaciones anunciadas en la "Ronda Uno" y la creación de dos ventanillas para los inversores interesados.

En una entrevista con Efe, el analista de la industria energética David Shields señaló que las áreas de exploración y extracción adjudicadas a Petróleos Mexicanos (Pemex) en la "Ronda Cero" eran previsibles, dado que la empresa estatal está trabajando en esos campos desde hace años.

Un mes antes de lo previsto en la legislación, la Secretaría de Energía anunció el miércoles que otorgaba a Pemex el 83 % de las reservas probadas y probables (2P) de petróleo del país, y el 21% de los recursos prospectivos.

Ello representa una superficie de 90.000 kilómetros cuadrados y un estimado de 20.600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, lo que garantiza 20 años y medio de operación a su actual ritmo de producción de 2,5 millones de barriles diarios.

Pemex recibió el 100% de lo que pidió en marzo pasado en reservas 2P y el 67 % de lo que solicitó en recursos prospectivos, es decir, el 31% del total del país.

El titular de la petrolera, Emilio Lozoya, consideró una "gran noticia" lo adjudicado a Pemex. "Ya quisieran muchas empresas en el mundo tener esta solidez de reservas", afirmó convencido de que México tiene "oportunidades muy promisorias" a partir de la reforma energética.

Sin embargo, Carlos Elizondo, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró "mucho" lo concedido a la petrolera y advirtió en declaraciones a una radio local sobre el riesgo de que "no lo pueda procesar".

"Le están dando demasiadas responsabilidades a una empresa que tiene muchos problemas", señaló el experto, quien también criticó que dejaran en manos de Pemex la elección de sus asociaciones con terceros, si bien bajo ciertas reglas de la Secretaría de Energía (Sener).

"Las empresas que quieran entrar van a tener dos ventanillas", la de Pemex y la de las licitaciones, lo que puede generar, "en el ánimo de acelerar las cosas", "cierta confusión" e "incentivos distintos" para las compañías interesadas.

Shields consideró que lo realizado hasta ahora es la parte "fácil"; lo más complicado, dijo, será realizar en solo ocho meses las licitaciones de los 169 bloques anunciados en la "Ronda Uno", que representan una superficie de 28.500 kilómetros cuadrados.

Las licitaciones petroleras son "sumamente complejas" y la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) "van a requerir capacidades muy grandes", apuntó.

Salvo en Pemex, no hay personal con experiencia para cumplir esta "inmensa" tarea, que incluye generar y compartir con las compañías interesadas en explorar y extraer hidrocarburos toda la información geofísica de las áreas a licitar, que "entendemos está incompleta, dispersa y es heterogénea", comentó.

"Si los datos están desordenados o no están completos, las empresas van a protestar, o si el concurso está mal integrado no van a participar", advirtió Shields, quien ha participado en licitaciones petroleras.

Dijo que en el camino las licitaciones se complican, incluso cuando hay gente detrás con experiencia y más aún cuando se está hablando de áreas enormes involucradas en los concursos.

Según el calendario oficial, el proceso comenzará en febrero próximo con la venta de bases y la apertura de los cuartos de datos, y concluirá ocho meses después con la adjudicación escalonada a partir de mayo de todos los bloques.

Destacó que el presidente Enrique Peña Nieto está "metiendo prisas" porque "está bajo presión de la opinión pública, sobre todo internacional", para mostrar "avances rápidos".

Sin embargo, "por mucha buena voluntad del Gobierno de hacer las cosas bien y rápido, no puede" porque en el camino el proceso "se complica", insistió el experto, quien estimó que en el mejor de los casos las primeras adjudicaciones se estarán haciendo al final de 2015.

Y aunque la actual Administración ha sido "muy cauta" en sus promesas, Peña Nieto se está jugando "todo su sexenio" con esta reforma, apuntó Elizondo.

Este semana, el mandatario admitió que "el camino no será fácil ni los resultados llegarán de inmediato", pero apuesta todo a que la reforma energética impulse el crecimiento económico del país a tasas superiores al 4 %. En 2013, el PIB mexicano apenas aumentó el 1,1 %.

Esperan que la apertura del sector energético al capital privado tras más de siete décadas de monopolio estatal represente inversiones por 50.000 millones de dólares hasta 2018, año en que termina el sexenio de Peña Nieto.

En términos de proyectos, la petrolera estatal estima inversiones por 76.000 millones de dólares en el sector en los próximos 10 años, que permitirán revertir la tendencia a la baja de la producción de crudo, que en la última década pasó de 3,4 a 2,5 millones de barriles diarios.

Luego de un proceso legislativo que duró meses, el pasado 12 de agosto entraron en vigor las leyes de la reforma energética que constituye uno de los proyectos políticos y económicos más ambiciosos del presidente Enrique Peña Nieto.

El gobierno mexicano insiste en que las modificaciones constitucionales que conforman la reforma energética, más sus leyes secundarias, son compatibles con la expropiación petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938. Hace hincapié en que no fue entonces, sino veinte años más tarde, cuando se eliminó a través de una reforma constitucional la posibilidad de celebrar contratos con particulares en la explotación petrolera.

Uno de los pilares de la reforma energética impulsada por el mandatario es precisamente el levantamiento de la prohibición vigente desde 1958 para la celebración de contratos con empresas privadas en dicha explotación.

La expropiación petrolera de 1938 sufrió otras modificaciones que intentaron actualizar el marco jurídico de la explotación del hidrocarburo en México, pero nunca llegaron a ser tan profundas como la actual. Quizá la más relevante fue la del 3 de febrero de 1983, que creaba empresas y organismos para el manejo de áreas estratégicas de dicha industria.
Nuevas promesas. Décadas más tarde, el gobierno mexicano sostiene que el petróleo en particular, y la explotación energética en general, catapultarán una nueva era de progreso. Afirma, por ejemplo, que las reformas abrirán las puertas al crecimiento de la economía nacional, la creación de empleos, el desarrollo incluyente, la rendición de cuentas y la protección al medio ambiente.

Las autoridades mexicanas estiman que la producción de crudo pasará de los actuales 2,5 millones a 3,5 millones de barriles de petróleo en once años.

En el caso del gas natural, la producción aumentaría de 5.700 millones de pies cúbicos diarios a 8.000 millones de pies cúbicos diarios en 2018, según los cálculos oficiales.

Respuestas a Cuarón. En respuesta a las inquietudes planteadas por el cineasta Alfonso Cuarón en las redes sociales acerca de la transparencia y las consecuencias del proceso de aprobación de la reforma energética, el gobierno mexicano afirma que las modificaciones permitirán crear 500.000 empleos adicionales en 2018, y 2,5 millones de puestos de trabajo en 2015.

El Producto Interior Bruto del país crecería un 1% adicional en 2018 como producto de la reforma energética, y 2% adicional en 2025.

El gobierno mexicano espera un incremento de los ingresos fiscales que se destinarían a fortalecer el sistema de seguridad social para combatir la pobreza extrema, así como a mejorar el sistema educativo, impulsar el desarrollo tecnológico, e invertir en infraestructura.

A los consumidores, el gobierno mexicano les promete que los precios del combustible y la energía eléctrica se liberarán gradualmente, hasta ser regidos completamente por la ley de la oferta y la demanda, al igual que sucede en países como Alemania.

Preguntas ecológicas. Organizaciones ecologistas han cuestionado otros aspectos relacionados con la reforma energética. Uno es el procedimiento de explotación conocido como “fracking”, que implica la extracción de aceite y gas, y cuya aplicación será posible con la nueva ley. En dicha extracción se utilliza un mineral llamado lutita, que según Greenpeace es “un recurso no renovable, sucio y que contribuye al calentamiento global”.

En el "fracking" también se consume gran cantidad de agua, por lo que Greenpeace considera que “violenta el derecho humano de acceso” al vital líquido.

El gobierno de México reconoce que en este caso, “los retos técnicos y de capacidad de ejecución son significaticamente mayores” que en los yacimientos convencionales. La productividad por pozo es mucho menor, y los costos son considerablemente mayores. No obstante, se presenta al "fracking" como una oportunidad para mejorar la productividad en el sector energético.

Otro aspecto sin respuesta clara es el de las reservas de petróleo. “El petróleo de fácil acceso se está acabando”, afirmaba Peña Nieto al presentar al Poder Legislativo el texto de la iniciativa que hoy ya es ley. México cuenta con reservas probadas para 10 años de producción. Y aunque el documento afirma que hay “margen de tiempo suficiente para confirmar la existencia de reservas y recursos prospectivos de nuevos yacimientos”, no da evidencia concreta sobre alguno en específico.

La mayor preocupación en algunos sectores de la sociedad mexicana se refiere a posibles actos de corrupción generados por las nuevas posibilidades de negocio que se abren con la nueva reforma. Aquí, el gobierno mexicano ofreció en sus respuestas a Cuarón siete mecanismos de transparencia que incluyen distintas etapas, desde la licitación y asignación de nuevos contratos, hasta la rendición de cuentas.

La reforma crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que recibirá, administrará y distribuirá los ingresos generados a raíz de la reforma al artículo 27, con excepción de los impuestos.

Además, se instituyeron otros organismos como la Comisión Nacional de Hidricarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos tendrá a su cargo la supervisión de las normas industriales y ecológicas en los nuevos procesos de explotación energética.

Los contratos adjudicados, se dice, contarán con cláusulas de transparencia “para que los pueda consultar cualquier interesado”.

Una cosa es cierta: por la complejidad de sus consecuencias, la reforma energética cambiará profundamente el panorama económico y social de México. ¿Cómo lo hará? La respuesta depende de qué tanta diferencia exista entre las promesas hechas por la administración de Peña Nieto, y las realidades a las que se enfrentarán los mexicanos. La reforma puede reactivar a la economá mexicana. Pero la bonanza petrolera y energética, si es que se produce, también puede profundizar la desigualdad social y la corrupción. La crisis de los años ochenta así lo demuestra.

Esta asignación forma parte de la Ronda Cero de la Reforma Energética mexicana, en la que Pemex pudo elegir las zonas donde tendrá exclusividad de exploración y explotación.

La petrolera estatal Pemex obtuvo para su explotación exclusiva el 83% de las reservas probables de hidrocarburos de México, con lo cual asegura su operación por lo menos durante los próximos 20 años, según informó la secretaría mexicana de Energía.

Esta asignación contempla yacimientos que se encuentran en operación, así como los campos donde se ha determinado que existe un 50% de probabilidades de obtener petróleo y gas.  

Además, Pemex obtuvo el 21% de los recursos prospectivos del país, es decir, las regiones donde pueden encontrarse yacimientos pero que necesitan de mayor inversión y tecnología especializada para descubrirlos.

Tijuana, BC. En Baja California se tiene el interés de reactivar la minería como una opción productiva, por lo que se realizan diversas estrategias para atraer capital y acompañar en su operación a los cinco proyectos que están en construcción y que suman inversiones millonarias.

El coordinador Estatal de Minería de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado (Sedeco), delegación Ensenada, Víctor Nuza Montaño, comenta que las mayores oportunidades están en la región sur del estado, donde es factible encontrar yacimientos de oro, plata, cobre, fierro, entre otros.

Orientar, gestionar y dar seguimiento a los proyectos mineros ante otras instancias de gobierno, brindar asesorías técnico legales, apoyar en la gestión de trámites, ayudar en el acercamiento con los Programas de Apoyo Crediticios del Gobierno Federal para el Sector Minero (Fifomi) y reactivar el Consejo Estatal Minero son las principales líneas de acción para impulsar la actividad.

ARRANCAN

Víctor Nuza refiere que entre los proyectos en construcción destacan el de GI Canoas SA de CV, ubicado al Sur del poblado El Rosario, donde explora yacimientos de cobre.

“El avance de este proyecto es impresionante. Actualmente realizan trabajos de exploración en cuatro minas”, explica.

“Cuenta con una plantilla de personal de 80 personas y han invertido aproximadamente 40 millones de dólares, de una inversión total de 250 a 300 millones”.

Otro proyecto es Transpacific Mining Group, SA de CV que extraerá hierro de dunas de arena ubicadas al Sur de San Quintín. Ya terminaron de instalar la tubería de conducción de agua de mar para el proceso y se encuentran construyendo los módulos de separación del lavado de la arena.

“Han invertido aproximadamente 10 millones de dólares y estiman una inversión total de 50 millones”, indica.

El proyecto Lobo 4, situado en San Antonio del Mar, Punta Colonet, también extraerá hierro de las dunas de arena con una inversión de 30 millones de dólares.

Uno más se ubica al sur de El Rosario. Se trata del proyecto San Telmo Ónix, que se dedicará a la extracción de ónix, con una expectativa de 3,000 toneladas mensuales de la roca en bloque. Para ello se realizará una inversión de entre 4 y 5 millones de dólares, con siete personas laborando actualmente.

Y a finales del 2014 posiblemente dé inicio la construcción de la mina El Arco, de Grupo México, ubicado al Sur de Ensenada, el cual extraerá cobre a cielo abierto, con una inversión aproximada de 2,600 millones de dólares.