Por Diego Cabot 

El suelo fue, es y será determinante para la economía argentina de todas las épocas. Sin necesidad de hacer historia, la década kirchnerista estuvo marcada por la soja, el cultivo estrella al que la presidenta Cristina Kirchner definió como un "yuyo". Fue la oleaginosa la que lubricó la exigida caja del Gobierno en los últimos años. El suelo argentino dio sus frutos 

Tan determinante fue para unos y otros que el principal conflicto con el que se topó la Casa Rosada lo protagonizó con "el campo", el dueño del cultivo. Aquella crisis, que marcó la gestión de la Presidenta, estalló por una disputa en la renta de la soja: de quién serían los dólares que producía la venta de los porotos millonarios.

Hoy ha comenzado en la Argentina otra discusión por otro fruto del suelo, en realidad, del subsuelo: el petróleo. El origen del asunto es un proyecto que se propone modificar la ley de hidrocarburos vigente. El borrador está impulsado por el Gobierno y se preparó con la mirada atenta de los técnicos de YPF.

En total, son 18 artículos los que levantaron polvareda federal: 14 que modifican la ley de hidrocarburos vigente (17.319) y cuatro que se incorporan. El borrador ya da vueltas por los escritorios de los gobernadores de las provincias petroleras, y no son pocos los distritos que fruncieron el ceño. Mendoza, Río Negro, Chubut y Neuquén se plantaron cuando vieron que puede estar amenazada la negociación directa con las empresas productoras, una de las principales fuentes de financiamiento de los gobiernos locales.

La ley avanza sobre dos puntos centrales: uniformidad impositiva e incentivos a las compañías que apuesten al subsuelo del país. Se pelea por el futuro de los petrodólares argentinos. El dinero es poder e independencia en la política argentina. Y nadie está dispuesto a ceder la más mínima porción de ninguno de ellos.

La Argentina tiene tres normas que dan forma al esquema general de los hidrocarburos. La más importante está en la Constitución Nacional, que en 1994, y con un fuerte lobby del entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, consagró en el artículo 124 el principio rector del mundo del petróleo y el gas. "Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio", dice la norma.

Aquel precepto se completó con la llamada "ley corta", que en 2006 traspasó el poder concedente de los yacimientos a las provincias. Estos dos preceptos, más la ley 17.319, son el marco general con el que se negocia con las petroleras cada vez que se entrega un permiso de exploración o explotación.

Pero ese entramado envejeció ante la aparición de nuevas tecnologías que permiten extraer petróleo con fricción hidráulica, llamada exploración no convencional. Pero la tecnología no fue todo. La "década ganada" no logró tornar atractivo al país para convertirlo en receptor de inversiones energéticas. Las petroleras quieren incentivos económicos a la hora de poner una ficha en el país. Y finalmente hubo consecuencias no deseadas de aquella federalización de concesiones. A ocho años de vigencia de la ley corta en la Argentina conviven tantos regímenes de contratación como provincias petroleras hay. Cada una establece sus condiciones, negocia regalías, pone la vara de los impuestos donde quiere -o puede- y concede los plazos de explotación que le parecen adecuados.

A medida que el tiempo pasó, las provincias ganaron autonomía, mejoraron sus finanzas con estos contratos y, claro está, restaron peso a la Nación en materia de concesión de yacimientos.

YPF fue la primera que se topó con las limitaciones de ofrecer beneficios para atraer un socio que aporte capital para desarrollar Vaca Muerta. La Argentina no es atractiva tal como están las condiciones generales. Hubo que hacer un acuerdo particular y secreto y forzar un decreto presidencial para mejorar aquellas condiciones. Menos control a las importaciones de equipos, posibilidad de disponer de los dividendos y un esquema de acceso al mercado cambiario diferencial fueron algunos de los pedidos que hubo que atender para que Chevron llegara a un acuerdo con YPF.

Pero esa experiencia fue suficiente. Desde las oficinas de YPF se empezó a cocinar un nuevo marco general. Y así salió el proyecto de ley que ahora recorre el país y que se ha convertido en motín de intercambio entre gobernadores, legisladores y funcionarios nacionales.

El proyecto nació como una manera de modernizar el antiguo esquema y tornar atractivo el país con un solo objetivo: atraer inversiones petroleras. La idea es sumar un tramo más al camino pro mercado que el Gobierno ha dado en materia energética: aumento de precios para toda la cadena del petróleo y gas y el pago a Repsol. Con esto se llena, evalúan en el Gobierno y en YPF, el casillero que falta en este mercado.

Varias de las críticas que se escuchan tienen que ver con la oportunidad de una discusión como ésta. Los ex secretarios de energía -un grupo compuesto por Emilio Apud, Julio César Aráoz, Enrique Devoto, Roberto Echarte, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raúl Olocco- rescatan la necesidad de un cambio en el actual sistema, pero advierten que se oponen a "la forma, al modo y al tiempo en que se intenta llevar a cabo la reforma".

Rubén Etcheverry, un ex titular de la empresa petrolera estatal neuquina, fue contundente: "No tiene sentido que un gobierno que llevó al país a perder el autoabastecimiento energético y un año antes de irse, quiera establecer reglas a futuro, sin consensos previos, para intentar resolver problemas coyunturales macro y particulares de YPF".

Las modificaciones son varias. En principio se bajan los plazos para otorgar permisos exploratorios como una manera de acelerar la inversión. También se uniforman las licitaciones de áreas y se prohíbe hacer reservas de áreas, una práctica bastante difundida en las provincias. Los defensores del proyecto dicen que esto pondrá en igualdad de condiciones a todos: "El que más inversiones oferte ganará", comentan cerca de YPF.

Éste es uno de los puntos más álgidos. El diputado Roberto Feletti, uno de los legisladores que han iniciado esta ronda de propuestas que recorre las provincias con el proyecto en la mano, así lo reconoce. "La homogeneización de los contratos y las licitaciones de las concesiones es uno de los puntos más polémicos. La uniformidad de los procesos de licitación es el proceso en el que más se discute. Y esto no quiere decir que lo vaya a hacer la Nación."

También se regulan nuevos plazos para las concesiones. Los yacimientos tradicionales tendrán 25 años de concesión, los no tradicionales, 35, y los offshore, 30. Todos tendrán posibilidad de 10 años más de prórroga. Además, se les da la posibilidad a los productores que estén en áreas tradicionales de pedir los permisos para sumar una explotación no convencional como una manera de inversión en las áreas ya entregadas a las petroleras.

Luego hay dos puntos que aún no tienen acuerdo. El primero se refiere a que en las prórrogas de los contratos sólo se puede negociar un incremento en las regalías existentes de tres puntos. El segundo es que las provincias se comprometen a uniformar las cuotas de ingresos brutos en 3% -hoy cada una cobra lo que internamente establece a tal punto que Mendoza impuso 6% como alícuota del impuesto- y, además, uniforma las regalías en 12 por ciento. Hay un compromiso adicional: lograr que los municipios no graven con tasas adicionales a la actividad.

Lapeña dice que el congelamiento de impuestos que comprometerían las provincias tiene que estar de la mano de uno similar de la Nación. "Un aspecto a tener en cuenta es la previsibilidad impositiva. Las condiciones vigentes al momento de la licitación y adjudicación de áreas deberán ser respetadas y mantenidas a lo largo del período, aun cuando en el ínterin haya habido modificaciones. Esto tiene mucha importancia en el caso de las licitaciones hechas por las provincias, y es uno de los puntos a convenir con la Nación, porque ésta tiene la facultad de modificar impuestos, retenciones y otros elementos que pueden descolocar lo acordado por las provincias", dice.

Apud, otro ex secretario, dice valorar la intención, pero pone varios reparos. "Valoro la intención de querer hacer económicamente más atractiva la inversión petrolera, pero no la forma imperativa que se utiliza para su aprobación." El ex funcionario, además, le pone cifras al territorio sobre el que influirá la ley. "Las cuencas petroleras abarcan una superficie en tierra firme de 1,35 kilómetros cuadrados; en la plataforma marina, hasta los 200 metros de profundidad, hay 400.000 más y si nos extendemos hasta el pie del talud oceánico, el doble."

De esa superficie, están exploradas o en producción sólo el 3%, alrededor de 55.000 kilómetros. Lo demás está por verse y a esos nuevos contratos se aplicaría la ley.

Pero eso no es todo. El real anzuelo para las petroleras que inviertan en las nuevas áreas petroleras es la posibilidad de disponer de los beneficios. La ley receptará varios puntos que forman parte del decreto 929, aquel que el Poder Ejecutivo sancionó para darle beneficios especiales a Chevron cuando se asoció con YPF para explotar Vaca Muerta.

Aquella norma estableció que quienes invirtieran 1000 millones de dólares podrían disponer del 20% de los dólares que generaran con sus exportaciones. Esta iniciativa baja la vara: el monto pasa a 250 millones de dólares y el plazo para poder acceder al beneficio se reduce a tres años desde que se planta la inversión. Aquí también hay un beneficio extra para los que quieran explorar o explotar la cuencaoffshore: podrán girar como dividendos el 60% de lo que exporten a partir del tercer año. "Éste es un incentivo para las empresas que vengan. Se bajó mucho el monto", dice Feletti.

Otro de los beneficios para los nuevos inversores se refiere a las trabas a las importaciones. Para ellos el Gobierno se compromete a remover uno de los trámites que tiene la industria en general. "Habrá un régimen especial de importación para equipos e insumos", dice el diputado oficialista.

Amalia Sáenz, abogada a cargo del departamento Oil & Gas del estudio Brons & Salas, conocedora de los gustos de los petroleros a la hora de invertir, confía en que estos cambios mejorarán la visión que se tiene de la Argentina petrolera. "Con independencia de factores financieros, un proyecto en el cual los beneficios impositivos se presenten claros, uniformes en la oferta de inversiones y más cerca del exitoso modelo brasileño, seguramente va a generar apertura en los campos convencionales y no convencionales", resume.

Pero la renta petrolera enciende los ánimos, y más los de los provincianos. Etcheverry, neuquino y conocedor de las negociaciones con las petroleras, cree que hay algunos motivos escondidos en los pliegues de la iniciativa. "Los verdaderos motivos por los cuales el Gobierno necesita con urgencia una nueva ley de hidrocarburos son dos. El primero es sanear los riesgos que le generan los burdos decretos 1277/12 [de soberanía hidrocarburífera que propició la estatización de YPF] y el 929/13 [que se aplicó a la negociación con Chevron], otorgándoles rango de ley. El segundo, otorgar prórrogas de prórrogas en forma directa, sin licitación ni control de todos los bloques petroleros de Vaca Muerta por los próximos 35 años, antes del final de la gestión", dice Etcheverry.

Todavía no hay una sola letra del proyecto en el Congreso. La ley de hidrocarburos está en plena discusión. Aún lejos de las bancas, donde se debatirá el nuevo sistema petrofederal argentino.