Por Néstor Scibona.
Las cuentas fiscales de junio corroboraron que el gasto público sigue subiendo por el ascensor mientras los ingresos tributarios van por la escalera. En el primer semestre del año, los gastos crecieron en promedio (44,3%) muy por encima de la inflación anual y la recaudación lo hizo por debajo (35%). Con este desborde fiscal, el déficit primario se multiplicó casi por cinco en el primer semestre del año. Y si las cifras oficiales aparecen más presentables, es porque incluyen los aportes del Banco Central y la Anses al Tesoro, que a su vez realimentan la inflación.
Dentro del gasto hay dos rubros que demuestran además que la devaluación aislada de enero, sin otro complemento que la posterior suba de las tasas de interés para frenar la escalada del dólar paralelo, sólo sirvió para deteriorar las cuentas fiscales. Al elevar los costos de importación de gas y combustibles, autopropulsó los subsidios a la energía y el transporte, pese a los fuertes ajustes de tarifas de gas y colectivos. También la combinación de dólar y tasas más altas catapultó los intereses de la deuda pública en moneda local y extranjera (además de elevar el déficit cuasifiscal del BCRA).
Pero eso no es todo. En la primera mitad del año, el gasto en remuneraciones subió más de 40% interanual. O sea, mucho más que los aumentos otorgados en las paritarias del sector público, que, por lo demás, fueron fraccionados. De ahí cabe deducir que hubo más agentes contratados, incrementos de sueldos en cargos políticos o ambas cosas a la vez. La creación de un nuevo ministerio (Cultura) o las designaciones a granel de "coordinadores" en distintas áreas, con sueldos que van de 30.000 a 50.000 pesos mensuales, seguramente contribuyó a incrementar los gastos. La mayor inflación hizo el resto.
Hasta ahora, el récord de aumento del gasto público se había registrado en 2007, año de la elección de Cristina Kirchner, con 47% interanual. Cuando faltan 18 meses para las próximas elecciones presidenciales, la magnitud de la actual suba es muy cercana a ese registro. Con un agravante: en 2007 había superávit primario (los ingresos genuinos superaban a los gastos), pero ahora la situación es inversa. Con una presión tributaria que también es récord, todo aumento del gasto se financia con la "maquinita" del BCRA.
Para lo que resta del año la tendencia es más preocupante. De un plumazo, a fin de julio el gobierno de CFK amplió en casi 200.000 millones de pesos el gasto por un decreto de necesidad y urgencia. Así volvió a demostrar que el presupuesto 2014 -al igual que los anteriores- es como una "pizarra mágica", que puede borrarse y reescribirse a cada momento. También lanzó planes "a dedo" y créditos a tasas subsidiadas con partidas presupuestarias para atenuar la recesión y sus efectos sobre el empleo.
Todo esto agrega más presión al gasto y, por ende, a la inflación futura. Máxime cuando, tras el default "selectivo" de la deuda, el Gobierno fracasó en su intención de colocar deuda en los mercados externos para financiar obra pública y reforzar las reservas del BCRA. De ahí que las estimaciones privadas apunten a una emisión récord del orden de 150/160.000 millones de pesos para cubrir el agujero fiscal.
Con este panorama, y a falta de un plan económico, el Gobierno recurre a la única receta que conoce. Pero extremar la política fiscal (y monetaria) expansiva para tratar de contrarrestar el parate de la actividad económica, en un marco de déficit fiscal, reservas escasas, caída del salario real y del consumo, ya no puede arrojar los resultados del pasado. Mientras hace todo lo posible para ahuyentar la inversión privada, lo único que logra aumentar son la incertidumbre y las presiones inflacionarias y cambiarias.
Cristina Kirchner fue la impulsora ideológica del cambio en la ley de abastecimiento, para fijar un fuerte criterio intervencionista sobre la economía y las decisiones de las empresas.
La Presidenta tomó la iniciativa como represalia contra sectores económicos que objetan la marcha de la economía y no se alinean con el Gobierno Para ese objetivo, la Casa Rosada tomó los antecedentes del llamado Plan de Desarrollo Endógeno Bolivariano, un modelo económico dirigista de Hugo Chávez que tiene ahora en Venezuela un final poco feliz. El programa chavista estableció –como la ley que propone Cristina– una fuerte intervención estatal en las compañías y terminó con resultados funestos: c ierre de 4.000 empresas fabriles, desabastecimientos populares y una brecha cambiaria del 1.200%.
La ofensiva enlaza con el relato oficial sobre la crisis de la deuda y contra Estados Unidos, por causa de los fondos buitre.
Cristina también habría consultado en secreto sobre la estructura del programa a Guillermo Moreno.
El polémico agregado en la Embajada en Italia aportó las ideas que no pudo implementar en sus tiempos de secretario de Comercio, para permitir que los funcionarios tuvieran poder de fijar márgenes, precios y decisiones de inversión de las empresas.
Clarín confirmó que Moreno fue consultado directamente por Cristina. El ahora diplomático recibió varias llamadas de la Quinta de Olivos para hablar del tema y también sobre la alicaída marcha de la economía.
Así lo admitieron en una reunión secreta de la cúpula fabril, donde se intercambió información confidencial sobre el origen de la ofensiva de la Presidenta contra los hombres de negocios. En la Unión Industrial se insiste en que Cristina quiere amplios poderes para condicionar y presionar a grupos económicos nacionales como Techint y Clarín, y empresas multinacionales que abastecen alimentos.
Los primeros datos los aportó Héctor Méndez y, después, el vice Adrián Kaufmann Brea confesó lo siguiente : “Tengo información precisa y testigos de que Cristina llamó a Moreno para hablar del proyecto.” Moreno le otorgó desde Roma un aval a la gestión de Axel Kicillof, a quien ahora considera un buen heredero de sus políticas económicas.
“Yo lo formé”, se jacta. Y recuerda las reuniones que ambos mantenían con fuertes hombres de negocios en las que Moreno empezaba con este discurso: “Te recibo con Axel, porque él va a ser el próximo ministro.” Moreno también aprovechó los contactos con la Presidenta para pedir un apoyo político y frenar el avance de las causas judiciales en su contra. El tema lo tiene preocupado, porque en mayo, cuando viajó a Buenos Aires, su gestión cosechó un fracaso: Carlos Zannini le dijo que ningún magistrado quería ser condescendiente con sus atropellos. Y ahora agregó nuevos problemas a la foja: sus modos prepotentes generaron una crisis en la Embajada en Roma y cinco funcionarios de carrera ya pidieron el retiro voluntario. Se trata de ciudadanos italianos que trabajan desde hace años en la delegación argentina.
El ministro Kicillof utilizó esos aportes de Moreno y completó la letra del proyecto intervencionista con la colaboración del camporista Julián Alvarez, quien sugirió copiar buena parte de los lineamientos del chavista Plan de Desarrollo Endógeno.
Ambos funcionarios plagiaron los aspectos más duros y estatistas del programa de Chávez, con la intención de complacer a Cristina y darle un arma al Gobierno para castigar a los hombres de negocios que no se alinean con la Casa Rosada.
Fue eso lo que generó una inusual acción unida de todas las entidades empresarias, reclamando la anulación de la propuesta. La UIA lideró y se sumaron AEA y Copal. La semana próxima se reúne el Foro de Convergencia Empresaria y también habrá un inusual encuentro político de urgencia del Grupo de los 6. El miércoles, los técnicos del G-6 ya estuvieron elaborando un documento.
Augusto Costa –por orden de Kicillof– intentó frenar la escalada de los hombres de negocios. Ayer los reunió y les dijo: “No está en nuestro espíritu aplicar la ley como hizo Venezuela.” Méndez, furioso, respondió: “¿Y entonces para qué la quieren aprobar?” En la Unión Industrial le encomendaron una misión a Luis Betnaza. El vice de la central fabril mantuvo diálogos reservados con varios popes en el Senado.
La sorpresa la tuvo cuando le pidió una opinión a Miguel Pichetto.
El jefe del bloque del Frente para la Victoria afirmó: “Esto es una locura.” Varios líderes de holdings también mantuvieron reuniones con Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa. Pretenden una definición política sobre el proyecto oficial.
La CAME convocó a todos los candidatos presidenciales a exponer en el Día de la Industria. Va a ser una jornada de fuertes definiciones económicas.
Los hombres de negocios están inquietos, además, por el deterioro económico y la desorientación de Kicillof para enfrentar los problemas.
La pelea entre el ministro y Juan Fábrega le agrega incertidumbre a las turbulencias que comenzaron a afectar el mercado del dólar.
Fábrega perdió un round con Kicillof, pero decidió dar batalla. El titular del Banco Central confió esa estrategia a los “popes” de los principales bancos locales. Estuvo reunido esta semana y les confió para sorpresa de ellos: “Yo voy hacer todo lo que pida y quiera Axel.” Fábrega está convencido y quiere jugar con fuego: dice que no ponerle objeción a las ideas de Kicillof llevará la economía a una inestabilidad que obligará a la Presidenta a reaccionar a tiempo.
