La Multisectorial por la Problemática del Plomo de San Antonio Oeste, derivada de los residuos tóxicos provenientes de la ex fundición de la Mina Gonzalito, tiene un plazo de 15 días corridos a partir de la notificación para designar un veedor titular y un suplente que participen en forma coordinada con personal de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro en tareas de fiscalización y control ambiental de la ejecución de las obras de remediación.
Así lo establece el artículo 4 de la resolución 489, emitida el 24 de julio y difundida oficialmente el lunes pasado.
La documentación gubernamental aprobó el estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto denominado “Disposición final de los residuos provenientes de la ex fundición de la Mina Gonzalito SAO – URS Corporation”, presentado por el subprograma II Gestión Ambiental Minera de la Secretaría de Minería de la Nación”.
Se estipuló que se deberá cumplir con las siguientes observaciones ambientales, bajo apercibimiento en caso de verificarse su incumplimiento, de aplicarse las sanciones vigentes en las leyes M N° 3266 y Nº 4741:
• Incluir un plan de transporte y contingencias operativas para residuos especiales, el cual deberá adecuarse y cumplir acabadamente con la gestión establecida en la Ley Provincial M N° 3250 de Residuos Especiales.
• Elaborar y presentar ante la Secretaría un plan de monitoreo de la celda de disposición final que permita detectar posibles pérdidas.
• Informar y brindar detalle del equipamiento de descontaminación a utilizar para la limpieza de los vehículos involucrados en las tareas de extracción y transporte.
• Elaborar y presentar ante esta Secretaría un plan de monitoreoç de emisiones gaseosas y material particulado (PM 10) durante todo el proceso, poniendo especial énfasis en la remoción y traslado de las escorias.
• Implementar un programa de monitoreo sobre las aguas superficiales y subterráneas durante la fase de extracción, y con posterioridad a la disposición final de las escorias, en los principales sitios impactados.
• Elaborar y presentar un plan de divulgación de información y establecer un protocolo de comunicación entre las autoridades locales y las empresas contratistas, como también desarrollar un mecanismo para recabar las opiniones, quejas o consultas de la comunidad en relación al proyecto.
