Por Guido Braslavsky.

Cristina Kirchner anunció ayer que el Gobierno promovió la aplicación de la ley antiterrorista contra la empresa estadounidense Donnelley que el lunes, sorpresivamente, se declaró en quiebra y cerró sus puertas, dejando a 400 trabajadores en la calle. En un discurso desde la Casa Rosada, vinculó el cierre de esa empresa gráfica multinacional con la disputa con los fondos buitre, a los que apuntó por estar detrás de lo que calificó como una “maniobra”. “Hemos formulado denuncia penal ante la Justicia federal por alteración al orden económico y financiero”, sostuvo la Presidenta con los lentes puestos para leer el artículo invocado de la llamada ley antiterrorista, sancionada en diciembre de 2011 en medio de fuertes polémicas por su supuesta utilización en conflictos sociales.

La Presidenta fustigó a los diarios que informaron lo que pasó el lunes cuando cientos de trabajadores encontraron la puerta cerrada de la planta de Escobar con una nota avisando que podían llamar a un 0800. Para Cristina Kirchner, hubo “titulares para sembrar pánico en la población de que habían cerrado”. Aunque no se difundió el texto completo de la presentación judicial, más adelante dejó dudas de si el Gobierno incluyó en la denuncia a los medios de prensa, cuando acusó a “ciertos medios que se plegaron decididamente a la maniobra y que con grandes titulares anunciaban que se quedaban 400 personas en la calle”.

Cristina dijo que hubo “un acto preparatorio” del cierre de Donnelley (líder en la industria gráfica mundial, con 55 mil empleados en todo el mundo) y lo ligó con los fondos buitre que, aseguró, “ no quieren arreglar, no sólo por avaricia y codicia, sino por una decisión geopolítica de querer volver a endeudar a la Argentina ”. Su argumentación buscó develar un plan urdido, una conspiración que explicaría lo que pasó con Donnelley, donde no había “ninguna crisis”. Encadenó hechos tales como que el fondo que litigó contra la Argentina, NML (de Paul Singer) transfirió un 13% de una multinacional que está en la Argentina (no quiso decir cuál) al fondo de inversión Blackrock. Luego dijo que Donnelley está integrado “de un 60% a un 70% por fondos de inversión” y que uno era Blackrock. “Hay un entramado casi mafioso a nivel internacional”, aseguró.

La Presidenta cargó luego contra el juez comercial Gerardo Santiccia, que concedió la “quiebra express” de Donnelley el lunes. Ironizó: “El que quiera una quiebra rápida ya sabe adonde ir". Y dijo que el Gobierno pedirá que se revoque la quiebra y se investigue la “defraudación”. También anunció que irá a la SEC de Estados Unidos (la agencia que regula y controla Bolsas y valores de ese país) donde Donnelley informó de sus pérdidas por el cierre en Argentina.

El acto en la Casa Rosada tuvo como tema convocante la firma de un “compromiso” entre gobernadores, empresarios y Gobierno nacional para construir viviendas populares en todo el país, una iniciativa que busca revertir la crisis del sector, donde según los empresarios se han perdido 20 mil empleos en los últimos meses.

El anuncio de aplicación de la ley antiterrorista a una empresa estadounidense se dio en un contexto de sensibilidad de todo el arco empresarial por el proyecto de ley de Abastecimiento (Ver página 8). “No es un bando, es un proyecto, cámaras empresariales y consumidores van a tener espacio para discutir y modificar la ley” en el Congreso, buscó Cristina dar señales de tranquilidad. También habló de la nueva Ley de Hidrocarburos que empuja el Gobierno y que resisten las provincias petroleras. Cuando terminó el acto, la Presidenta salió a hablar en dos patios a sus simpatizantes. Volvió sobre la supuesta trama para perjudicar al país cuando agitó la idea de hablar del rol de “diplomáticos extranjeros”. Pero hasta allí llegó.

La presidenta Cristina Kirchner denunció esta tarde que fondos buitre están detrás de la quiebra solicitada por la gráfica Donnneley, ubicada en Garín, y sugirió que contó con la connivencia de la Justicia argentina, por lo que le aplicará a la empresa la "ley antiterrorista, porque buscan alterar el orden económico y financiero" del país.

En otro acto por cadena nacional, la presidenta sugirió que la quiebra de Donnelley, que amenaza dejar 400 despedidos, fue orquestada por los fondos buitre, y anunció que la AFIP se presentó ante el juez de la quiebra para que la revierta.

"Estamos ante un caso fraudulento para intentar atemorizar a la población", denunció la jefa de Estado.

Durante un acto en la Casa Rosada, la mandataria vinculó a la empresa con el fondos de inversión ‘Black Rock‘ vinculado -dijo- a Paul Singer y denunció que "su situación patrimonial era buena y sin embargo pidió la quiebra", por lo que consideró el cierre de la firma como un hecho "casi mafioso", un caso "de manejo fraudulento, de intento de aterrorizar a la población".

En ese contexto, denunció a quienes quieren "crear un clima de temor, de pérdida de trabajo" y aclaró que el caso de la multinacional Donnelley "no tiene nada que ver con el tema de (la autopartista) Lear, que es un problema vinculado a un tema gremial".

Luego explicó cómo la empresa solicitó la quiebra. “Lo hizo el viernes 8 de agosto y salió la quiebra express el lunes siguiente. Ese mismo día la compañía hace una presentación ante la SEC (Comisión de Valores de EE.UU.) debido a condiciones de negocios insostenibles. Entonces la AFIP se presentó ante el juez de la quiebra para que la revoque. Por esto el Gobierno aplica la ley antiterrorista por alteración del orden económico y financiero y vamos a ir a la SEC para que los accionistas de Donnelley justifiquen cómo perdieron u$s 20 millones. Conmigo de Presidenta de rodillas no nos van a ver”.

La presidenta detalló que la Ley Antiterrorista se aplica por primera vez y contra una empresa multinacional. Recordó que cuando se sancionó “muchos decían que se iba a utilizar contra los trabajadores”.

Sin embargo, se puso en práctica inicialmente contra Juan Pablo Suarez, un periodista de Última Hora, de Santiago del Estero, que registró una agresión brutal contra el cabo Nelson Villagran, un efectivo que reclamó una mejora salarial la noche del 9 de diciembre de 2013. En la redacción, Suarez fue detenido sin orden de allanamiento por policías encapuchados y luego recibió una denuncia penal por el fiscal Pedro Simón.

Al respecto, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) condenó la presentación de Simón que hizo ante el fuero federal de Santiago del Estero dentro de la Ley antiterrorista. La emparentó con “sistemas políticos totalitarios” y exhortó a los protagonistas de la vida pública a que “se abstengan de introducir cuñas, fruto de la intolerancia” y a ejercer “la coerción legal o la violencia encubierta”.

En un comunicado, la entidad señaló que “atribuir a un periodista un comportamiento delictivo, tipificado en la llamada ley de antiterrorismo, por haber informado sobre hechos de violencia que se habrían producido en la provincia con motivo del conflicto suscitado en sus fuerzas policiales” constituye “un precedente sumamente grave para el futuro desenvolvimiento de la prensa libre en la Argentina”.

Por Mariana Verón.

La presidenta Cristina Kirchner anunció ayer que promovió la aplicación por primera vez de la llamada ley antiterrorista, sancionada a instancias de su gobierno, contra la imprenta multinacional Donnelley por "alteración del orden económico y financiero".

La denuncia ya la presentó la AFIP después de que la compañía que cerró la semana pasada consiguió que la Justicia le declarara la quiebra. La Presidenta dijo que esa quiebra es "falsa" y vinculó a esa empresa gráfica con el fondo buitre NML, de Paul Singer, al que responsabilizó de tejer un "entramado mafioso" para perjudicar al país y querer "verlo de rodillas". "Es un intento de atemorizar a la sociedad", definió Cristina Kirchner, quien varias veces llamó a la sociedad argentina en su conjunto a defender los intereses nacionales.

Con un encendido discurso, la Presidenta cargó contra los empresarios que criticaron al Gobierno por el nuevo proyecto para modificar la ley de abastecimiento y los convocó a debatir la iniciativa en el Congreso.

"Los problemas no se discuten desde los diarios", les advirtió a los empresarios tras las críticas que hicieron las principales cámaras, entre ellas la industrial y los sectores financieros, que consideraron que había un exceso de intervención del Estado en las compañías. Sin dar nombres, la Presidenta le respondió al titular de la UIA, Héctor Méndez , y apuntó al empresariado en general por considerar que pretendía "minar las expectativas" económicas para perjudicarla. En la primera fila la escuchaba el vicepresidente de la UIA, José Urtubey. "Vamos a ir a discutir la ley al Congreso. Me parece bien, siempre dentro del ejercicio democrático respetuoso", dijo ante la consulta de LA NACION cuando dejaba la Casa Rosada.

En 45 minutos, ninguno de los actores políticos y económicos del país quedó fuera de los cuestionamientos presidenciales. Uno de los blancos fueron los gobernadores de provincias petroleras que resisten la nueva ley de hidrocarburos que impulsa la Casa Rosada (ver página 15). También dedicó advertencias a los sindicatos, a quienes les pidió responsabilidad para cuidar el empleo, y dejó un mensaje para los mandatarios del resto del país, que recibieron nuevos fondos para la construcción de viviendas y a quienes les exigió mayor gestión bajo la amenaza de quitarles los recursos si no cumplían con lo acordado. Buena parte de los protagonistas apuntados estaba sentada en las primeras filas del Salón Mujeres de la Casa Rosada.

El acto había sido convocado para anunciar el relanzamiento de un plan de viviendas sociales que implicará para el Estado duplicar los recursos que les enviará a las provincias, por un total de 16.285 millones de pesos. Pero el principal anuncio de la Presidenta estuvo relacionado con la denuncia contra Donnelley en el fuero federal por el delito de alteración del orden económico y financiero. Según detectó el Gobierno, la empresa multinacional presentó ante el Juzgado Comercial N° 19, a cargo de Gerardo Santicchi, el pedido de quiebra sin antes demostrar una situación económica crítica. Lo hizo el viernes 8 de agosto y el lunes siguiente el magistrado le dio la razón. "Decretó una quiebra exprés. Ni [Thomas] Griesa hizo eso", se quejó, con relación al juez de Nueva York a cargo del juicio contra los fondos buitre por la deuda no reestructurada.

La denominada ley antiterrorista fue sancionada a instancias del Gobierno para los casos en los que se busque "aterrorizar a la sociedad". Fue invocada por primera vez a fin del año pasado contra el periodista santiagueño Juan Pablo Suárez, porque un fiscal federal consideró que con sus reportes buscó generar inestabilidad social. Sin embargo, después ese cargo fue desechado.

Cristina Kirchner hilvanó ayer el caso Donnelley con los fondos buitre, al sostener que NML, de Singer, había tenido participación accionaria en Donnelley y que la había transferido al fondo de inversión Blackrock. Detalló, además, que el Gobierno había iniciado una investigación interna para determinar qué empresas radicadas en el país pueden estar relacionadas con alguno de los fondos buitre. Y allí saltó la vinculación con Singer, que comparte sociedades con fondos inversores dueños de Donnelley. En forma paralela, la AFIP pidió al juez de la quiebra que revoque la sentencia. Además hará una presentación ante la SEC (Securities and Exchange Commission) de los Estados Unidos.

Cristina Kirchner defendió la sanción de la ley antiterrorista que en los partidos de izquierda e incluso dentro del propio oficialismo generó un fuerte debate ante la sospecha de que el Gobierno la aplicaría para reprimir la protesta social. "Éste es un gobierno que jamás sancionó una ley para perseguir al pueblo", agregó.

"Quieren ver al país de rodillas. Pues conmigo de presidenta, de rodillas nunca", lanzó para recibir los aplausos desde los dos patios repletos de militantes. Esta vez incluyó a trabajadores de la Uocra, el gremio de la construcción, que se hicieron espacio con sus banderas verdes para disputar su lugar con los ya habitués de Unidos y Organizados.

Por Lucio Fernández Moores

Los directivos de la firma Donnelley podrían recibir hasta cuatro años de cárcel si se aplica la ley antiterrorista como pretende el Gobierno. Así surge de la polémica normativa aprobada hace dos años y medio.

El inciso a del artículo 309 del Código Penal citado ayer en la denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dice que será reprimido con prisión de uno a cuatro años de cárcel “el que “ realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio”.

La denuncia de la AFIP apunta a demostrar que la imprenta de origen norteamericano pidió su propia quiebra, la que obtuvo pocos días después, para valerse de esa situación y que algunos de sus accionistas negocien de determinada manera y a determinado precio, según dijeron fuentes judiciales.

Pese a las quejas de anoche de la presidenta Cristina Fernández sobre la “rapidez” de la Justicia argentina, fuentes de los tribunales comerciales aseguraron que el proceder del juez que decretó la quiebra de la firma, Gerardo Santicchia, es el habitual para este tipo de situaciones. Es decir, actuar con celeridad para preservar los activos de la firma cuando es ella misma la que pide su propia quiebra.

La denuncia penal, que quedó a cargo del juez Daniel Rafecas (ver recuadro) detalla la composición accionaria de la firma y destaca que participan de la misma grupos inversiores socios de Paul Singer, del fondo Elliott Management Corporation, el principal demandante de los juicios tramitados en Estados Unidos para el cobro de los bonistas que no entraron en los canjes de la deuda argentina.

También menciona vinculaciones de esos fondos en otras cinco firmas, entre ellas una brasileña, la Compañía de Saneamiento Básico del Estado de San Pablo. Además, se sostiene que la pérdida de US$ 20 millones alegada por Donnelley no está reflejada en sus balances, por lo que se hará una presentación ante la Security Exchange Commission (SEC) estadounidense.

El artículo 309 del Córdigo Penal por el que deberá manejarse esta denuncia penal es una consecuencia de la ley antiterrorista sancionada a fines de 2011 en medio de fuertes críticas de la oposición y organizaciones de izquierda. Se lo veía como una amenaza a las protestas sociales. En este caso, el Gobierno tomó el discurso de los delegados de los 400 trabajadores perjudicados para hacerlo propio y llevarlo a los tribunales en su pleito con los “fondos buitre”. Pero el artículo 5to. de la ley antiterrorista que aplica para el nuevo 309 del Código Penal nada dice sobre “atemorizar a la población”, como afirmó anoche la Presidenta.

Al terminar el discurso de la Presidenta, anoche, un alto ejecutivo de una de las mayores empresas del país llamó a la jefa de abogados de la compañía. Quería tener hoy sobre su escritorio una informe sobre qué imputaciones podrían hacerle a él en vistas de la ley antiterrorista. Ese es el grado de preocupación que provocó el anuncio de Cristina Kirchner sobre la denuncia a Donnelley. “Un día de estos no les gustan los precios que puse y me acusan de terrorista”, decía el ejecutivo.

La preocupación que marcaban anoche los privados se potenciaba con el tema que alarmó esta semana a la mayoría de las cámaras empresarias, la recuperación oficial de la ley de Abastecimiento, que permite en determinadas circunstancias al Gobierno definir precios, volúmenes de producción, márgenes de ganancia, etc. Para ellos, la suma de una y otra ley es una combinación explosiva, que implica un avance fuerte en el control estatal y la discrecionalidad de los funcionarios.

Y que además va acompañado, en ambos casos, con penas que incluyen la cárcel.

Con las menciones a ambas leyes, el discurso presidencial terminó de definir un clima al que debe sumarse el lema “Patria o Buitre”, con el que el oficialismo coloca del otro lado de la raya (en la antipatria) a cualquiera que cuestione su estrategia en el manejo de la crisis con los fondos buitre. La Presidenta retomó también ayer esa línea de argumentación. Aunque la política oficial hoy esté generando una profundización del default que genera grave alarma en los mercados y pone tensión (y precios record) al dólar, el indicador habitual de los nervios de los argentinos.

La recesión y los crecientes problemas de empleo (más la iniciativa de reprimir la protesta social) terminan de armar el cuadro. Si faltara una pincelada, serían los empujones a Juan Carlos Fábrega, titular del Central, un funcionarios al que los empresarios sienten como un dique a desbordes oficiales.

La presidenta Cristina Kirchner anunció que aplicará la ley antiterrorista a la empresa Donnelley que cerró esta semana y que implicó el despido de 400 empleados.

La ley antiterrorista (26.734) fue aprobada en el Congreso y promulgada por Ejecutivo en diciembre de 2011 bajo fuertes cuestionamientos de la oposición, movimientos sociales y organismos de derechos humanos.

Esta norma es la derogación del artículo 213 del Código Penal (incisos ter y quater, incorporados en 2007) que penaba la participación en una asociación ilícita destinada a generar terror en la población y el financiamiento de organizaciones terroristas, respectivamente.
Incorpora como agravante de todos los delitos del Código Penal su comisión con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.
Luego aclara que las agravantes no se aplicarán cuando "los hechos que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional".
"Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo. Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional", establece el artículo 3 de la ley 26.734.
El artículo 306 al Código Penal que establece que será "reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intención de que se utilicen" para "financiar la comisión de un delito" o una "organización delictiva".
Por otra parte, la norma habilita a la Unidad de Información Financiera (UIF), manejada por el Poder Ejecutivo, a disponer el congelamiento de activos con el único requisito de comunicárselo a la Justicia.

Cristina Kirchner tuvo una noche de furia, visiblemente enojada por la decisión de los buitres y la justicia norteamericana de investigar la procedencia y verdadera propiedad de los millones de dólares que el empresario Lázaro Báez habría camuflado en una compleja red de paraísos fiscales.

"Ya que son tan investigadores los periodistas, que les gusta tanto hacer grafiquitos con flechitas ¿Porqué no investigan quienes están detrás de la imprenta Donelly", dijo la Presidenta en obvia referencia a la investigación que hoy publicó el periodista Daniel Santoro en Clarín sobre la red de sociedad que ocultan los supuestos fondos de Báez, tema que pareció desestabilizarla.

Furiosa anunció que iba a aplicar por primera vez la Ley Antiterrorista con la insólita intención de hacerlo sobre la imprenta estadounidense Donnelley por "alterar el orden económico y financiero" del país.

Durante un acto en la Casa Rosada, la Presidenta vinculó a Donnelley, la empresa que el lunes cerró su planta de Garín y dejó a más de 400 empleados en la calle, con el fondo de inversión Black Rock al que vinculó a Paul Singer. Explicó que el cierre de la imprenta habría sido una maniobra de amedrentamiento y boicot de la economía de los buitres para obligarla a negociar.

Sin embargo, omitió explicar que ese fondo también posee un porcentaje minoritario de acciones en la petrolera estatal YPF. Además, Larry Fink, el CEO de Black Rock fue una de los pocas figuras de primer nivel de Wall Street que apoyaron expresamente a Argentina en el conflicto con los buitres. Fink llegó incluso a presentarse como "amicus curiae" de la Argentina ante los tribunales neoyorkinos en defensa del país y en contra del fallo del juez Thomas Griesa.

"Lo hicieron porque se repartieron con Paul Singer el rol de Policía Bueno y Policía malo", intentó explicar la Presidenta, tamaña contradicción.

Hoy se concretó en Nueva York una reunión para avanzar sobre estrategias de embargos de los fondos buitres, ante la caída de las negociaciones con los bancos internacionales y la certeza que al menos hasta el año que viene, el gobierno de Cristina no negociará.

En ese encuentro estuvieron representantes de NML de Singer, como el abogado Robert Cohen y de la American Task Force Argentina que nuclea a bonistas defaulteados. Allí hubo fuertes amenazas de investigar en todo el mundo los bines de Báez y burlas por el impactante crecimiento patrimonial de la propia Cristina, como bien reveló la periodista Silvina Sterin Pencil que siguió el debate.

Furiosa, Cristina consideró esas expresiones ampliamente difundidas por los medios Una "amenaza" y un mensaje "casi mafioso" y se cuidó de aclarar que "no es contra esta Presidenta sino contra la Argentina".

"Quieren poner de rodillas al país, no mientras esté esta Presidenta", agregó.

Luego de anunciar en consecuencia que "hemos formulado denuncia penal ante la Justicia federal por alteración al orden económico y financiero", pidiendo por primera vez que se aplique la ley antiterrorista contra Donelly, la Presidenta reveló además que la AFIP se presentó ante el juez de la quiebra para que la revoque y “se extraigan testimonios para el delito de defraudación".

La Jefa de Estado dijo que la empresa no presenta problemas económicos y que, curiosamente, el viernes 8 de agosto presentó un pedido de quiebra en el juzgado comercial 19, secretaría 37, a cargo del juez Gerardo Sandiglia, y que el auto de quiebra salió el lunes 11. "Una quiebra express", afirmó. "Nuestros Griesa son más rápidos que Griesa, que es bastante lento", agregó irónica. 

La denuncia del Gobierno quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, casualmente un magistrado especializado en el tema de quiebras fraudulentas. 

Cristina también se refirió a las declaraciones del titular del fondo buitre Aurelius, Mark Brodsky, quien dio por cerrada las negociaciones con bancos privados. Enfatizó que "los fondos buitre no quieren arreglar, no solamente por avaricia, sino por una decisión política y geopolítica. Quieren volver a endedudar a la Argentina y que se caiga toda la reestructuración de la deuda". 

Y elaboró otra confusa teoría conspirativa, según la cual detrás del intento de reabrir el problema de la deuda externa argentina, está la intención de Estados Unidos de quedarse con las reservas de gas y petróleo de la Argentina, porque "Medio Oriente está viviendo una situación muy complicada" y ya no pueden extraerlo de allí. "Es una nueva ruta de la Seda", agregó, remixando el viejo colonialismo en versión petrolera con objetivo de Vaca Muerta.