En medio de las fuertes críticas al proyecto de ley de abastecimiento por parte de casi todas las entidades empresarias, ayer a las 18, el secretario de Comercio, Augusto Costa recibió a una delegación de la UIA. A la reunión fueron Héctor Méndez, Daniel Funes de Rioja, Martín Etchegoyen y uno de los abogados de la entidad, Lucas Piaggio.

Costa les tenía reservada una sorpresa. Cuando ingresaron a su despacho encontraron pizarrones y pantallas que resaltaban las declaraciones de las entidades con críticas al proyecto. Y Costa no estaba solo sino rodeado de un amplio equipo. Les llamó la atención que no estuviese Paula Español.

Siempre en tono amable, Costa les preguntó por qué “querían tirar el proyecto de ley de abastecimiento”. Funes de Rioja, según pudo reconstruir Clarín, tomó la palabra. “Nosotros no tiramos, decimos que es un proyecto inconveniente que es una norma que no es adecuada con un impacto negativo en la inversión y el empleo ”.

“Ustedes quieren que retiremos el proyecto, se oponen”, les reprochó entonces Costa. Los industriales respondieron que se trata de una ley que fue pensada para el mundo de los años 70 y que choca en muchos de sus aspectos con la reforma de la Constitución de 1994. Costa reiteró que el proyecto sigue.

“Nosotros estamos contra el poder concentrado ”, les dijo. Los industriales le aseguraron que tienen una visión empresarial y que se trata de un proyecto inconveniente. En ese momento Costa habría tratado de bajar los decibeles sobre los alcances del proyecto, hasta deslizando que es difícil que se llegue a utilizar. A lo que Méndez soltó: “ Nadie carga un arma para no usarla”. Ya eran las 19, de uno y otro lado señalaron; “No hay más nada que hablar” y se dio por terminada la reunión.

A la salida la UIA difundió un duro comunicado: “Este proyecto, además de los cuestionamientos legales, por implicar una delegación extraordinaria no habilitada en la Constitución Nacional, representa una fuerte interferencia del Estado en la actividad privada”, puntualizó la entidad.

El secretario Costa también dio su versión. Dijo a periodistas, entre ellos Clarín, que los empresarios “se negaron a discutir artículo por artículo”. Según Costa, el Gobierno solo intentó “suavizar” una ley obsoleta, al erradicar la figura de la cárcel para los empresarios que no cumplan con la ley. Desde el Gobierno, suponen que la movida de los empresarios pasa por “generar ruido político” y que lo que más les molesta es la actualización de las multas.

En la misma línea se había expresado el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. El funcionario defendió “la capacidad regulatoria del Estado” para evitar “la apropiación indebida e incorrecta” de los “excedentes de la cadena” y planteó que quienes se manifiestan lo hacen en defensa de “los intereses de grupos concentrados”. También se mostró extrañado que “ningún pequeño o mediano productor, ninguna asociación de consumidores, tenga visibilidad respecto a esta iniciativa”, ya que la reforma apunta a “impulsar el fuero del consumidor”, dijo.

Desde temprano el rechazo de las cámaras empresarias no se hizo esperar y salieron al ruedo Adeba y ABA que agrupan a los bancos, Luego la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa y la Cámara de Comercio que sumaron sus expresiones a las que habían realizado la Asociación Empresaria Argentina, la Rural, IDEA y el Centro Azucarero. Todas coinciden que, lejos de defender los consumidores, es un “grave avasallamiento” al sector privado en medio de una economía en crisis. La iniciativa que lleva el sello de Cristina establece precios máximos y mínimos, obliga a compartir información confidencial sobre la estructura de costos y duplica multas que ya eran millonarias.

Referentes de los principales espacios de la oposición en el Congreso criticaron ayer la reforma a la ley de abastecimiento que impulsa el kirchnerismo y coincidieron en que generará “incertidumbre” y perjudicará al mercado. Así, de no conceder modificaciones en la iniciativa, el oficialismo parlamentario deberá intentar aprobarla en soledad, en momentos en que sus bloques de senadores y diputados viven tensiones internas. El primero por la situación del vicepresidente Amado Boudou, y el segundo por la discusión de una nueva ley de hidrocarburos (de lo que se informa aparte). La discusión, que comenzará la semana próxima en el Senado con la exposición del viceministro de Justicia, Julián Álvarez, promete ser álgida.

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, advirtió que “no es atacando empresas la forma de cuidar el trabajo de la gente” y señaló que “está bien que se tengan herramientas de defensa del consumidor, pero la ley de abastecimiento tiene una serie de errores que pueden producir más daño”. Según consideró, el proyecto es perjudicial y se agrega “a la incertidumbre que genera la tensión cambiaria, el crecimiento de la inflación, la situación de creciente emisión monetaria”.

“No es atacando pequeñas, medianas o grandes empresas, como se va a defender el trabajo en este momento, al contrario. El desafío del Estado tiene que ser tomar cada una de las cadenas de valor y revisar dónde tiene alta presión tributaria”, señaló Massa.

Por su parte, el titular del Partido Socialista, Hermes Binner, calificó directamente al proyecto de “disparate”. “Hay una responsabilidad indelegable del Estado, es velar por una macroeconomía que ayude a creer que es posible salir adelante. Generar una posibilidad cierta de inversión y desarrollo que son vitales para la construcción de una Argentina de nuevo tipo”, afirmó Binner. Además, agregó: “Creemos todavía en la mano invisible del mercado porque es la que en definitiva sigue en la historia, con las décadas y sigue presente como una forma de seguir arreglando las cuestiones”.

Por la UCR, el titular del bloque de diputados nacionales, Mario Negri, evaluó que como el Gobierno “no puede arreglar lo que en años vienen desarreglando y tapando, creen que el mercado es el único responsable de los males, y el mejor remedio que encontraron es el control político de la economía”. “El populismo y los tecnócratas del mercado siempre tienen un punto convergente, que es dejar a un costado los problemas de la gente”, sostuvo el radical y denunció que el oficialismo está buscando “un intervencionismo impracticable”.

En tanto, el diputado de la Unión Celeste y Blanco, Francisco de Narváez, afirmó también que una norma de este tipo “creará mayor incertidumbre” y enfatizó que la cuestión de la defensa del consumidor “no es un problema de estadísticas”. Para el legislador, el rumbo actual del país es “incorrecto” y “los resultados son tremendamente negativos”. En ese sentido, le recomendó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “cambiar al ministro de Economía”, Axel Kicillof.

Por el PRO, el titular del bloque de diputados, Federico Pinedo, sostuvo que el proyecto “producirá mayor inflación, más recesión y más desempleo”. “Que un funcionario del Gobierno pueda decidir qué producir y qué no, cómo hacerlo y fijar el precio de un bien, es un delirio”, afirmó el legislador y sostuvo que la iniciativa “es contraria al artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece la prohibición de toda forma de distorsión de los mercados”.

Los presidentes de la UIA, Héctor Méndez, y de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, se fueron con las manos vacías ayer de las oficinas del secretario de Comercio, Augusto Costa.

La expectativa generada sobre un posible giro en la posición oficial a raíz de las fuertes y masivas críticas de los empresarios quedó trunca y el único camino que le queda al sector privado es intentar frenar la iniciativa en el Congreso, donde ya ingresó a tres comisiones vía el Senado.

El repudio al proyecto sumó ayer más actores empresarios y los miembros del Grupo de los 6 (G6) –que nuclea a la UIA, las Cámara de Comercio y Construcción, la Bolsa, la Asociación de Bancos argentinos (Adeba) y la Sociedad Rural Argentina (SRA)– preparan un encuentro extraordinario para la semana próxima, indicó una fuente del grupo. Más allá de la mayor o menor cercanía con el Gobierno, todas las cámaras coinciden en que se trata de un proyecto inconstitucional y que genera una fuerte incertidumbre para el desarrollo de los negocios en el país.

Durante un acto en el que anunció más fondos para viviendas, la presidenta Cristina Fernández minimizó el proyecto, señaló que “no se pretende imponer nada” y que los empresarios podrán participar de los debates en el Parlamento para modificar la norma.

De todos modos, disparó: “No queremos fundir a ningún empresario, pero que tampoco fundan a los argentinos”.

Sin acuerdo
“No hubo acuerdo. Costa comenzó la reunión intentando discutir artículo por artículo, pero le planteamos que la objeción, más allá de cada artículo, es que el proyecto implica un modelo que no compartimos. La posición empresarial no es la de tener una ley de abastecimiento mejorada”, señaló Funes de Rioja. El funcionario confirmó que los empresarios “se negaron a discutir punto por punto” y que la oposición privada es “a toda la ley sancionada en 1974”, que las empresas consideran que no está vigente. También consideró que la UIA “está usando de una manera malintencionada el proyecto para instalar temor y angustia en la población”.

Según los empresarios, el Gobierno plantea que los tres proyectos girados al Congreso proponen la defensa del consumidor y que, por ende, el sector privado no los protege. “No es el camino por el que creemos que puede lograrse. Existe una ley de defensa de la competencia para evitar distorsiones”, agregó el presidente de Copal.

Luego de las exposiciones de Funes de Rioja, Méndez y el director ejecutivo de la UIA, Martín Etchegoyen, Costa les preguntó, irónicamente: ¿Ustedes quieren que retiremos el proyecto, no? Y la respuesta del empresario del plástico fue que aspiraba a que se hubiera discutido cuatro meses antes. No había mucho más para dialogar, por lo que la reunión terminó sin consenso y con un sector privado mucho más irritado.

Rápidamente, Méndez dio la orden de enviar el comunicado que habían preparado el martes, luego del encuentro de junta directiva, y cuyo giro a los medios dependía del resultado de la reunión con Costa. La nota expresa el rechazo de la totalidad de los representantes sectoriales y territoriales que integran la junta al proyecto y objeta que “además de los cuestionamientos legales, por implicar una delegación extraordinaria no habilitada en la Constitución Nacional, representa una fuerte interferencia del Estado en la actividad privada”.

“La potestad de imponer precios máximos, márgenes de utilidad, incluso la posibilidad de establecer volúmenes de producción y canales de distribución en forma discrecional, repercutirán muy negativamente en los niveles de inversión y empleo, agravando el delicado contexto productivo que vive el país”, remarcó la UIA.

La declaración de los industriales se sumó así a comunicados emitidos por los bancos nucleados en ABA y Adeba, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), Federación Agraria, la Unión Industrial de Córdoba (UIC), CAME y cámaras que nuclean a pymes, como CGERA.

Costa: "Los industriales no quisieron discutir"

Ámbito Finaciero. Por: Liliana Franco

"La evaluación de la reunión de la Secretaría de Comercio es muy positiva porque la UIA ratificó su consenso respecto de los proyectos de la nueva justicia del consumidor y del Observatorio de Precios de Bienes, Insumos y Servicios", aseveró el secretario de Comercio, Augusto Costa, a los periodistas acreditados en el Palacio de Hacienda.

El Gobierno considera fundamentales las iniciativas vinculadas a la defensa de los derechos del consumidor, por esta razón Costa estaba realmente satisfecho con el apoyo empresario. Sin embargo, no sin sorpresa, admitió que "los industriales no quisieron discutir el tema para el cual nos habíamos reunido. Ante nuestra propuesta de discutir artículo por artículo decidieron que les parecía todo mal. Que no estaban cuestionando la reforma sino la Ley de Abastecimiento de 1974", afirmó.

Esta actitud explica que la UIA emitiera un comunicado manifestando el unánime rechazo a la Ley de Abastecimiento y que fuera emitido antes de abandonar el despacho del secretario "La Junta directiva de la UIA rechazó en forma unánime el proyecto de ley de abastecimiento", lleva como titulo el comunicado.

A juicio de los industriales la normativa "representa una fuerte interferencia del Estado en la actividad privada". Insisten en que "la potestad de imponer precios máximos, márgenes de utilidad, incluso la posibilidad de establecer volúmenes de producción y canales de distribución en forma discrecional, repercutirán muy negativamente en los niveles de inversión y empleo, agravando el delicado contexto productivo que vive el país". La respuesta oficial, es que estas atribuciones ya están vigentes.

Queda claro que los empresarios concurrieron al despacho de Costa a los efectos de no ser "descorteses al convite" pero no tenían la menor intención de modificar algún artículo. Esto explicaría que casi todo el espectro empresario desde el campo hasta el comercio, se plegó en el rechazo total a la futura norma.

Es más, para el funcionario las modificaciones que introdujeron a la Ley de Abastecimiento está lejos de ahuyentar las inversiones. "Por el contrario, la hicimos market friendly" (amistosa con el mercado), dijo, y afirmó que "incluso les quitamos la pena de cárcel para los empresarios". Sin embargo, los industriales "decidieron que estaba todo mal, porque no estaban cuestionando la reforma, sino la propia Ley de 1974", aseveró Costa.

A juicio del Gobierno, ahora los empresarios deben reclamar en el Congreso, como lo sintetizó la propia presidenta Cristina de Kirchner, que les recordó: "No es un bando lo que firmé sino un proyecto de Ley. No hay ningún bando imponiendole nada a nadie".

"Los empresarios están en contra de la vieja Ley de Abastecimiento", que data de 1974. Recordó que este Gobierno hizo uso de esta ley en tres oportunidades: contra Shell, contra un frigorífico y recientemente contra la industria farmacéutica, quienes curiosamente no salieron sus entidades a pronunciarse sobre este proyecto de ley.

La reunión comenzó pasadas las 17 y duró más de una hora. Concurrieron Héctor Méndez, Daniel Funes de Rioja y el director ejecutivo, Martín Etchegoyen y Costa estuvo acompañado por la subsecretaria de Comercio Exterior, Paula Español. Ayer, desde la Unión Industrial Argentina, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Privados de la Argentina (Adeba) y la Asociación de Empresarios de Argentina (AEA) criticaron la iniciativa. También se plegó la Sociedad Rural e IDEA (ver página 6). En los pasillos de la Rosada, este furibundo rechazo a este proyecto basado en una ley que esta vigente tiene un "trasfondo político" con el propósito de generar un clima enrarecido. En voz baja, más de un funcionario está convencido de que a este rechazo de los sectores "más concentrados de la economía", se suman el quiebre de la empresa Donnelley y los avisos agoreros de los fondos buitre externos e internos.

Conclusión y a pesar del rechazo empresario, "estas leyes seguirán su camino en el Congreso", dijo el funcionario.

Por Alfredo Sainz.

El Gobierno avanzará con su proyecto para reformar la ley de abastecimiento que ya despertó las señales de alarma entre los empresarios. Ayer, el secretario de Comercio, Augusto Costa, volvió a encontrarse con la plana mayor de la Unión Industrial Argentina (UIA) y les confirmó que no hay voluntad para introducir ningún cambio en el proyecto de ley que el martes ingresará en la Comisión de Derechos y Garantías del Senado.

Tras el fracaso de las negociaciones,los empresarios ya adelantaron que su próximo paso será dar batalla contra el proyecto en el ámbito legislativo, al aprovechar que ayer varias voces de la oposición ya se pronunciaron en contra del proyecto (ver página 18). "Estamos confiados de que muchos legisladores lo van a pensar bien antes de apoyar este proyecto que está en contra de lo que dice el artículo 76 de la Constitución y que expresamente prohíbe la delegación de este tipo de facultades al Poder Ejecutivo", señaló un miembro de la UIA.

Fuentes empresariales además no descartaron que en una futura etapa apelen a la vía judicial para frenar el proyecto. "Estamos convencidos de que se trata de una medida inconstitucional, pero recién vamos a abrir ese frente si el proyecto avanza en el Congreso", señalaron.

La reunión, que se extendió durante un poco más de una hora, volvió a mostrar que las relaciones entre el Gobierno y los empresarios no atraviesan precisamente su mejor momento y tras el encuentro los hombres de la UIA reconocieron que hubo varios empresarios muy vehementes con los funcionarios.

"Nos recibieron con pantallas en las que estaban destacados los párrafos de los comunicados que publicamos en estos días criticando a la ley", señaló un empresario.

Durante el encuentro, Costa intentó minimizar los alcances del proyecto oficial que busca reemplazar a la ley de abastecimiento sancionada en tiempos de José Gelbard, a mediados de los 70, por una "nueva regulación de las relaciones de producción y consumo". Y, con este argumento, destacó que el proyecto oficial elimina la pena de cárcel.

La respuesta de los empresarios fue que, más allá de aspectos técnicos, su oposición al proyecto pasa principalmente por un tema ideológico. "No es un problema de ajustar la letra chica de uno o dos artículos, sino de un modelo de ley que ya era discutible en 1974 y que ahora parece de otro planeta", señaló Daniel Funes de Rioja, que, junto con Héctor Méndez, encabezó la delegación de la UIA que se reunió con Costa y su segundo, Ariel Langer.

En la UIA además están convencidos de que la propuesta para modificar la ley de abastecimiento no es más que una formalización de la política que Costa y Langer están instrumentando desde su ingreso en la Secretaría de Comercio. "Hoy todo intento de sincerar precios para achicar la brecha con el incremento de costos es bloqueada por la Secretaría y, si de alguna manera un proveedor busca corregir la situación quitando descuentos a supermercados, es llamado por la Secretaría y hasta se le impone como castigo la no aprobación de las DJAI", afirmaron fuentes empresarias.

La inflexibilidad de los funcionarios fue la otra cara de la posición que casi en simultáneo dejó abierta Cristina Kirchner, cuando en un acto en Casa de Gobierno sostuvo que "no es un bando lo que se ha firmado. Simplemente es un proyecto de ley. Todas las instituciones van a tener, como siempre han tenido, todo el espacio en las cámaras".

Ni bien concluyó la reunión, la UIA emitió un duro comunicado que se venía postergando desde el último martes a la espera de que en el encuentro con Costa se produjera algún avance. "Este proyecto, además de los cuestionamientos legales, por implicar una delegación extraordinaria no habilitada en la Constitución nacional, representa una fuerte interferencia del Estado en la actividad privada", puntualizó la entidad.

Unas horas antes, se habían conocido los pronunciamientos de otras entidades empresarias. La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) manifestó su preocupación por el proyecto, y sostuvo que "la iniciativa, más allá de pretender solucionar aparentes problemas en los citados procesos, afectará la transparencia de los mercados y el clima de negocios que necesita el país para crecer".

En tanto, la Federación Agraria Argentina (FAA) afirmó que el proyecto oficial "es un paso más en la intervención distorsiva del estado kirchnerista", mientras que la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) alertó que la iniciativa "no sólo atenta contra la transparencia de los mercados, sino también contra la producción, la inversión y el empleo".

Asociaciones de bancos y cámaras de la construcción, el comercio, la industria y el agro se sumaron ayer al rechazo del proyecto del Gobierno para reformar la Ley de Abastecimiento, al que calificaron de "inconstitucional", y advirtieron que permitiría al Estado "tomar el control" de una compañía privada. Incluso desde la UIA se advirtió que esa entidad recurrirá a la Justicia para frenar su implementación.

Según la reforma que impulsa el Ejecutivo, que apuntaría a controlar la inflación y evitar ganancias abusivas, se le confiere a Secretaría de Comercio establecer "márgenes de utilidad, precios de referencia y niveles máximos y mínimos en la comercialización". Para la mayoría de las entidades empresariales, la reforma desalentará la llegada de inversiones y conspirará contra la creación de empleos.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, advirtió que la modificación impulsada por el Gobierno es "altamente riesgosa" para las empresas. "Creo que en este momento hay que tratar de incentivar que el sector privado invierta y esto no es un incentivo para ello".

Por su parte, el titular de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, dijo que la ley "nunca demostró su eficacia", mientras que también cuestionó la reforma porque tiene "expresiones vagas" y "difusas".

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en cambio, afirmó que el proyecto de reforma de la Ley de Abastecimiento "no se diferencia sustancialmente de las atribuciones que anteriormente se otorgaban a la Secretaría de Comercio Interior en la materia". La entidad que dirige Osvaldo Cornide, a través de un comunicado de prensa, sugirió que "a fin de salvaguardar los derechos de las pymes", el proyecto debería incluir un nuevo artículo "que prevea que para ejercer las acciones que la ley otorga a la autoridad de aplicación" se tengan en cuenta "la dimensión económica de la empresa, negocio o explotación".

"Es una intervención que no tiene ninguna razonabilidad", se quejó Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), quien consideró que el rol del Estado es "fijar las reglas por las cuales debe funcionar la economía, aplicarlas y controlar que se cumplan, dejando a las empresas con margen de actuación".

El presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, tildó de "inconstitucional" el nuevo proyecto y mostró su "preocupación" por el avance del Estado sobre la iniciativa privada. No obstante, se mostró esperanzado en la posibilidad de "encontrar una nueva normativa que no afecte el derecho a la propiedad y a la iniciativa privada".

Desde el sector financiero, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) expresó su "preocupación" por el proyecto del Ejecutivo y sostuvo que "la iniciativa afectará la transparencia de los mercados y el clima de negocios que necesita el país para crecer". Asimismo, advirtió que "desalentará inversiones privadas al no garantizar la previsibilidad, estabilidad y formalidad de las reglas de juego necesarias para su concreción".

En igual sentido, la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) manifestó su "rechazo" a la iniciativa oficial y aseguró que este proyecto "atenta contra principios constitucionales". La entidad conducida por Jorge Brito consideró en un comunicado de prensa que la intervención del Estado en el mercado interno "atenta contra principios constitucionalmente consagrados como el de libre empresa y la propiedad privada".

El presidente del Centro Azucarero Argentino, Fernando Nebbia, dirigió a los legisladores nacionales del NOA una carta pidiéndoles que reflexionen sobre el particular, por el "efecto muy negativo" que un cambio en la ley tendría para la región.

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), en tanto, opinó que el proyecto "tiene una tendencia intervencionista, vulnerando los derechos previstos en nuestra Constitución nacional".

Las cámaras empresariales nucleadas en la Confederación General Empresaria (CGERA) dijeron que apoyan los objetivos, pero que hay interrogantes sobre su efectividad y propusieron una ley antimonopolio.