Tras semanas de análisis, el Ministerio de Minería estaría pronto a dar con la fórmula definitiva para corregir el error que quedó en la Ley de Cierre de Faenas, que comienza a regir en noviembre.

La norma establece que todas las empresas mineras deben constituir garantías financieras para asegurar la implementación y el financiamiento de las obras de recuperación tras el fin de las operaciones.

El problema radica en el plazo para contar con estos montos, ya que la vida útil de las minas se basa en las “reservas” de los yacimientos. Sin embargo, este concepto no se utiliza en todas las mineras, especialmente las medianas, por lo costosas que son las campañas de exploración.

Así, es usual que las firmas medianas tengan reservas para 2 ó 3 años y, a medida que avanza la explotación, van recategorizando recursos para seguir operando.

Sin embardo, la ley actual no se hace cargo de esto y obliga a estas firmas a constituir toda la garantía en uno o dos años y, dada la cercanía del fin teórico de la vida útil del yacimiento, deberían utilizarse instrumentos líquidos para ello, restándoles capacidad de endeudamiento.

El subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, explicó hace unos días, que han estado trabajando y conversando con distintos actores para encontrar una buena salida. “Estamos viendo cómo ampliar el horizonte de explotación”, dice Moreno.

Así, la idea sería incluir el término “recursos económicamente extraíbles”, lo que permitiría dar más plazo para lograr los instrumentos económicos a las firmas con un plazo de término cercano.

Según explicaron otros conocedores del tema, esto permitiría introducir este nuevo concepto en la norma (ya que no existe como tal), haciendo una distinción entre mineras medianas y grandes, según sus niveles de producción. El fin, de todos modos, es que puedan constituir la garantía en un plazo más realista de su vida útil.

Según explicó Moreno, la intención es que estuviera afinada la modificación durante las próximas semanas.