HidroAysén ingresó un recurso de reclamación ante el Tribunal Ambiental de Santiago con el objeto de impugnar la decisión del Consejo de Ministros que en junio resolvió por unanimidad revocar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, otorgada en mayo de 2011 por la Corema de Aysén.

Además el Comité acogió en esa oportunidad los recursos de reclamación presentados por diversas organizaciones en contra de la iniciativa.

De este modo el  Tribunal Ambiental deberá pronunciarse sobre la legalidad del actuar de la autoridad administrativa. 

El Comité de Ministros rechazó el proyecto, controlado por Endesa y Colbún, principalmente debido a la  la inexistencia de un plan de relocalización como medida de compensación para un impacto significativo declarado por el propio titular.

Además el Comité consideró que tampoco existe una cuantificación adecuada de los impactos ambientales por efectos de cambios en la hidrología de los cursos alterados en términos del ecosistema acuático y que también hay una inconsistencia con respecto a la línea base declarada y levantada por el titular en fauna terrestre lo que no permite configurar ni cuantificar impactos ambientales y por ende tampoco establecer medidas de mitigación, reparación y compensación con respecto a estos impactos.

En la sesión del comité, que es encabezado por el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, participaron los ministros de Agricultura, Carlos Furche; de Salud, Helia Molina; de Economía, Luis Felipe Céspedes; de Minería, Aurora Williams, y de Energía, Máximo Pacheco.

La instancia resolvió sobre las 35 reclamaciones -34 por parte de comunidades y opositores a la iniciativa y una por la empresa- presentadas a la RCA del proyecto.

Con casi una década en planificación, HidroAysén contemplaba la construcción de cinco centrales en los ríos Baker y Pascua, en la XI Región, para tener 2.750 megawatts (MW) de potencia instalada. La construcción de las plantas costaría unos US$5.000 millones, a lo que se agrega el valor de la línea de transmisión, calculada en US$4.000 millones.

Al borde del plazo, ayer HidroAysén presentó ante el Tribunal Ambiental de Santiago el primero de los recurso con los cuales Endesa Chile y Colbún buscan revertir las últimas decisiones de la autoridad en torno a su proyecto.

En este caso, y a través de un recurso de reclamación, la firma impugnó la decisión del primer Comité de Ministros del actual gobierno, que en marzo invalidó la resolución tomada por la administración Piñera.

En un escrito de 34 carillas, el presidente ejecutivo de la firma, Daniel Fernández, argumentó contra dicha decisión que anuló la resolución parcial tomada durante el gobierno de Piñera sobre las reclamaciones presentadas por opositores y la compañía al permiso ambiental de la iniciativa hidroeléctrica.

El argumento del recurso es que el Comité de Ministros no tiene facultades para ello y además, actuó fuera de plazo.

“El Comité de ministros ejerció en forma ilegal una facultad que se encontraba caducada, causando con ello un perjuicio irreparable a esta parte, que puede y debe ser enmendado con la correspondiente declaración de ilegalidad de dicha resolución”, dijo HidroAysén.


Primera fase


Esta es la primera fase de una estrategia legal que llevaría a la firma a presentar otro recurso ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia para impugnar la resolución de junio pasado, en la que el Comité de Ministros anuló el permiso ambiental y luego rechazó el proyecto de las generadoras, que consiste en instalar cinco centrales (2.750 MW) en los ríos Baker y Pascua.

Fernández añade que la tesis de base del comité -que los recursos debían ser resueltos en su totalidad y no de forma parcial- no tenía sustento legal y además “contravenía el ordenamiento jurídico”, ya que el procedimiento ambiental, al igual que el administrativo, sólo cuenta con tres etapas: iniciación, instrucción y finalización.

“El argumento central de la resolución reclamada representa una solución artificiosa creada discriminatoriamente por el Comité de Ministros (...) nunca antes aplicada”, dice el recurso, cuyos apoderados son los abogados Mario Galindo y Gonzalo Cubillos.

Agrega que en la resolución del 30 de enero no hubo infracciones al procedimiento al resolver sólo 18 de las 35 reclamaciones y que el comité debía, a su vez, confirmar estos actos, por lo que solicitaron retrotraer el proceso hasta esa fecha, aunque dejando sin efecto los estudios solicitados.