La Rural, AEA e IDEA emitieron comunicados con objeciones al proyecto de una nueva Ley de Abastecimientos que reformaría a la Ley de Abastecimientos de 1974, una norma concebida en los últimos días de vida de Juan Domingo Perón. La UIA se reúne hoy con Costa.
Por Natalia Muscatelli.
Prácticamente todo el arco empresarial se sumó, ayer, a las encendidas críticas que cosechó el nuevo proyecto de ley de Abastecimiento que impulsa el Gobierno y que lleva el sello del ministro Kicillof. Los primeros en manifestar su rechazo a la iniciativa, bajo el argumento de que la ley afecta a la actividad productiva y comercial, fueron los industriales nucleados en la Union Industrial (UIA) y en la Cooridnadora de las Industriasl de Productos Alimenticios (COPAL). Después se sumaron los integrantes de la Sociedad Rural, de la Cámara de la Construcción (CAC), y los empresarios nucleados en IDEA y en AEA (Asociación Empresaria Argentina). Por la mañana, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, defendió la iniciativa oficial: dijo que es un proceso de “transformación revolucionaria” y “una garantía reparadora para el consumidor”.
Los principales cuestionamientos apuntan a las atribuciones que la ley confiere a la “autoridad de aplicación”. Ya que es capaz de establecer -entre otras cosas- márgenes de utilidad, precios de referencia y niveles máximos y mínimos en la comercialización. Y también puede disponer la continuidad en la producción, industrialización o comercialización de los distintos productos.
Por su parte, también en un comunicado, la CAC, destacó que la nueva versión de la ley de Abastecimiento prevé sanciones para “quienes obtuvieren ganancias abusivas, siendo la autoridad de aplicación la encargada de definir qué rédito es abusivo y cuál no”, señaló la entidad. También a través de un comunicado, los integrantes de IDEA, manifestaron su preocupación. “La ley evidencia un marcado espíritu intervencionista que, de convertirse en ley, afectará seriamente derechos cuyo ejercicio se encuentra amparado por nuestra Constitución Nacional”, apuntó.
Finalmente, IDEA exhortó a los legisladores que van a debatir el proyecto a “abrir un amplio proceso de debate previo al tratamiento de la ley”. Para los integrantes de AEA, “el proyecto constituye un grave avasallamiento al ámbito de decisión propio de las empresas privadas, claramente inconstitucional”. La Asociación también advirtió sobre lo “particularmente inoportuno” de la ley, “en momentos de dificultades en la actividad económica, y de graves problemas en las relaciones financieras internacionales de nuestro país; con efectos fuertemente negativos en la producción, las inversiones y el empleo”, alertó.
Luego de las críticas de los empresarios que habían lanzado la UIA y la Copal el martes, ayer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, salió a defender el proyecto al destacar que es un proceso de “transformación revolucionaria” y “una garantía reparadora para el consumidor”. En su habitual rueda de prensa, el funcionario dijo que el proyecto “no puede ser inconstitucional”, ya que hace cumplir “el artículo 42 de la Constitución Nacional. Consideramos que uno de los grandes problemas de la economía argentina tiene que ver con el proceso de concertación económica en la formación de precios”, indicó Capitanich.
Al respecto el funcionario agregó: “Entendemos claramente que la cadena de valor adolece de capacidad regulatoria por parte del Estado para generar un equilibrio entre la compensación de precios al productor y la garantía que el consumidor debe tener con respecto a la provisión de insumos y bienes finales”.
Ayer, el presidente de la COPAL, Daniel Funes de Rioja, dijo que, a la reunión que van a mantener los empresarios hoy con el secretario de Comercio Augusto Costa, por este tema, “ vamos con la expectativa de conseguir consenso para lograr la modificación del proyecto del Ejecutivo”.
La Asociación Empresaria Argentina (AEA), hizo público su rechazo al proyecto de reforma a la ley de Abastecimiento, a la que consideró "un grave avasallamiento al ámbito de decisión propio de las empresas privadas, claramente inconstitucional".
La entidad indicó en un comunicado que la iniciativa "afecta el derecho de propiedad y a «ejercer toda industria lícita» garantizados por nuestra Constitución, generando un fuerte disuasivo a la actividad empresaria, las inversiones productivas y el empleo".
La asociación encabezada por Jaime Campos señaló además que "atribuye a una dependencia del Poder Ejecutivo, el derecho de intervenir desmesurada y discrecionalmente en la actividad y las decisiones de todas las empresas establecidas en el territorio nacional, lo cual implica un drástico cambio en el régimen económico de la Argentina".
"Esto es particularmente inoportuno en momentos de dificultades en la actividad económica, y de graves problemas en las relaciones financieras internacionales de nuestro país; con efectos fuertemente negativos en la producción, las inversiones y el empleo", finalizó AEA.
AEA es una de las cámaras empresarias más importantes del país. Está integrada principalmente por los dueños y accionistas mayoritarios de las mayores compañías de la Argentina.
El secretario de Comercio, Augusto Costa, vuelve a recibir hoy a los empresarios tras la reunión que sostuvo el último lunes. El principal tema de agenda es el proyecto de ley de Abastecimiento, que lleva el sello del ministro Axel Kicillof, quien junto al secretario de Justicia Julián Álvarez, diseñaron la idea de un nuevo fuero judicial destinado a la regulación de las relaciones de consumo. El proyecto consiste en una reforma a la Ley 20.680, conocida como “de abastecimiento”.
Los empresarios sostienen que no sólo “propone mecanismos de regulación de precios, márgenes, cantidades, que pueden ser perjudiciales”, de acuerdo al titular de la UIA, Héctor Méndez. También implica, dicen, suministrar información confidencial de las empresas sobre su estructura de costo que puede ser utilizada por sus competidores. El lunes Costa defendió el proyecto señalando que pretende “transparentar la cadena de comercio”.
iProfesional
El secretario de Comercio, Augusto Costa, recibirá este jueves a dirigentes empresarios para tratar de contener el fuerte rechazo que causó entre entidades y asociaciones la reforma de la ley de Abastecimiento, a la que calificaron de "inconstitucional".
La Asociación Empresaria Argentina (AEA), hizo público su rechazo al proyecto al que consideró "un grave avasallamiento al ámbito de decisión propio de las empresas privadas, claramente inconstitucional".
Los cambios en la norma facultan al Estado para determinar la tasa de rentabilidad de las empresas, precios en todas las cadenas productivas y hasta obligar a una empresa a continuar con una línea de producción aun a pérdida.
AEA indicó en un comunicado que la iniciativa "afecta el derecho de propiedad y a -ejercer toda industria lícita- garantizados por nuestra Constitución, generando un fuerte disuasivo a la actividad empresaria, las inversiones productivas y el empleo".
La Sociedad Rural Argentina (SRA) consideró que la iniciativa es "inconstitucional" y "sólo profundizará la caída de la producción, la inversión y el empleo".
"Desde la Sociedad Rural Argentina rechazamos el proyecto de -regulación de las relaciones de producción y consumo- que el Poder Ejecutivo presentó en el Congreso. Se trata de una medida inconstitucional que lleva a la intervención total de la economía", consideró la entidad.
El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) tildó al proyecto de "intervencionista" y que "en nada ayuda a generar un buen clima de negocios".
La entidad exhortó a los legisladores a "abrir un amplio proceso de debate previo" a su tratamiento en el Congreso.
"El articulado del referido proyecto evidencia un marcado espíritu intervencionista que, de convertirse en ley, afectará seriamente derechos cuyo ejercicio se encuentra amparado por nuestra Constitución Nacional, tales como el de la libre administración de las empresas por parte de sus dueños y la inviolabilidad de la propiedad privada", advirtió.
Por su lado, los industriales del sector alimenticio esperan poder acordar una modificación del proyecto de Ley de Abastecimiento enviado por el Gobierno al Congreso, durante la reunión que mantendrán mañana con Costa.
En declaraciones a DyN, el presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, señaló que "el proyecto nos preocupa".
"Vamos con la expectativa de conseguir consenso para lograr la modificación del proyecto", señaló el empresario, quien es además vicepresidente cuarto de la Unión Industrial Argentina (UIA).
La Cámara Argentina de Comercio afirmó que la iniciativa "consolida el intervencionismo del Estado en el mercado" y abogó por un "debate amplio", según informó DyN.
"La reforma planteada a la ley de abastecimiento no sólo no es superadora de la actual legislación, sino que, en vez de mejorar las condiciones de negocios y la seguridad jurídica para fomentar la inversión en la economía, consolida el intervencionismo del Estado en el mercado", cuestionó.
En tanto que el titular de la UCR y precandidato presidencial por UNEN, Ernesto Sanz, acusó al kirchnerismo de querer tener "una economía totalmente controlada por el Estado" y aseguró que la prioridad para el país es "crear empleo genuino y sanear la economía".
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) pusieron de manifiesto su preocupación por el contenido del proyecto de modificación de la Ley de Abastecimiento recientemente enviado al Congreso por parte del Poder Ejecutivo de la Nación.
"El articulado del referido proyecto evidencia un marcado espíritu intervencionista que, de convertirse en ley, afectará seriamente derechos cuyo ejercicio se encuentra amparado por nuestra Constitución Nacional, tales como el de la libre administración de las empresas por parte de sus dueños y la inviolabilidad de la propiedad privada", apuntó IDEA.
A través de un comunicado, criticó "las facultades que el proyecto otorga a la Autoridad de Aplicación para que pueda establecer en cualquier etapa del proceso económico márgenes de utilidad; disponer la continuidad en la producción y/o prestación de servicios dentro de los niveles o cuotas mínimas que decidiere; proceder al secuestro de sus libros, documentos y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios; multas millonarias como así también la posibilidad de disponer la clausura del establecimiento".
"Medidas de esta índole no sólo resultan contrarias a derecho sino que en nada ayudan a generar un buen clima de negocios, condición básica necesaria para promover inversiones y más fuentes de trabajo en beneficio de la ciudadanía toda", expresó la entidad empresaria", agregó IDEA.
En ese aspecto, el foro empresario exhortó "a los legisladores tengan a bien abrir un amplio proceso de debate previo en el que la sociedad toda pueda ser partícipe del análisis de una materia tan importante y sensible para el desarrollo de nuestra economía".
Por su parte, AEA señaló que el proyecto oficialista es "inoportuno" y "constituye un grave avasallamiento al ámbito de decisión propio de las empresas privadas, claramente inconstitucional, ya que afecta el derecho de propiedad, y a "ejercer toda industria lícita" garantizados por la Constitución.
En un comunicado, esa asociación consideró que con las modificaciones a la ley se generará "un fuerte disuasivo a la actividad empresaria, las inversiones productivas y el empleo". Apuntaron además contra el Poder Ejecutivo por querer "intervenir desmesurada y discrecionalmente en la actividad y las decisiones de todas las empresas establecidas en el territorio nacional, lo cual implica un drástico cambio en el régimen económico de la Argentina".
La Unión Industrial Argentina (UIA) cerró filas internas para confrontar con la iniciativa del Ejecutivo nacional de sancionar en el Congreso un proyecto que modifique la actual Ley de Abastecimiento, que implica fuertes restricciones para la iniciativa privada, según analizan desde la entidad fabril. Pero, sobre la hora, hubo una decisión de evitar un choque frontal y por los medios de comunicación antes del encuentro que mantendrán los empresarios con el secretario de Comercio, Augusto Costa.
De hecho, fuentes de la UIA confiaron a BAE Negocios que “se paró” un comunicado crítico hacia el proyecto de ley con la idea de no cortar el diálogo abierto con el Gobierno. En estricto off the record, uno de los integrantes de la mesa chica de la central manufacturera afirmó que “existen varias alternativas para enfrentar este proyecto, pero antes queremos hablar con el Gobierno e intentar un acuerdo”.
Los industriales se quejan, en particular, de uno de los tres proyectos que integran la nueva Ley de Defensa del Consumidor. La modificación en la Ley de Abastecimiento prevé penalidades económicas sobre los empresarios, pero además avanza en la regulación de las iniciativas privadas, como el establecimiento del margen de utilidades para establecer un máximo de ganancia, el ordenamiento de la continuidad de líneas de producción o de la puesta en marcha de un producto.
Las objeciones de las autoridades empresarias serán presentadas, junto a un grupo de técnicos que los acompañarán, a Costa en un encuentro que se realizará en Comercio en la tarde del jueves próximo. Pero los industriales además analizan pedirle al ministro de Economía, Axel Kicillof, una reunión en la sede de la UIA para “hablar de cuestiones técnicas y políticas”.
Si fracasan las negociaciones con el Ejecutivo, los industriales desplegarán su poder de lobby en el Congreso para frenar o postergar el debate legislativo. Pero la carta que tienen en mano es la inconstitucionalidad de la iniciativa.
El presidente de la UIA, Héctor Méndez, hizo público su rechazo al proyecto y afirmó que una medida así puede “afectar la inversión y el financiamiento” de las empresas. “Queremos discutir algunas cosas, como el proyecto oficial para aprobar una nueva ley de abastecimiento que puede afectar a la inversión y al financiamiento. Por eso pedimos que esa propuesta no se debata rápidamente”, enfatizó en declaraciones radiales.
Por su parte, el vicepresidente industrial y CEO de Celulosa Argentina, José Urtubey, le dijo a este diario: “Es razonable que se trabaje en pos de los consumi dores, pero no puede ir en detrimento de la iniciativa privada y no se puede afectar los principios de libertad empresaria”.
El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y la Cámara Argentina de Comercio sumaron su preocupación por el contenido del proyecto de modificación de la Ley de Abastecimiento que el Poder Ejecutivo envió recientemente al Congreso.
La iniciativa también había sido rechazada por la Unión Industrial Argentina (UIA) y la COPAL, que habían alertado por el "avance" del Estado sobre las empresas privadas.
Para IDEA, el articulado de esa iniciativa "evidencia un marcado espíritu intervencionista que, de convertirse en ley, afectará seriamente derechos cuyo ejercicio se encuentra amparado por nuestra Constitución nacional, tales como el de la libre administración de las empresas por parte de sus dueños y la inviolabilidad de la propiedad privada".
En ese sentido, destacó a modo de ejemplo las facultades que el proyecto otorga a la Autoridad de Aplicación para que pueda establecer en cualquier etapa del proceso económico márgenes de utilidad; disponer la continuidad en la producción y/o prestación de servicios dentro de los niveles o cuotas mínimas que decidiere; proceder al secuestro de sus libros, documentos y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios; multas millonarias así como también la posibilidad de disponer la clausura del establecimiento.
"Medidas de esta índole no sólo resultan contrarias a derecho, sino que en nada ayudan a generar un buen clima de negocios, condición básica necesaria para promover inversiones y más fuentes de trabajo en beneficio de la ciudadanía toda", se advirtió desde IDEA.
La CAC, en tanto, dijo que la reforma planteada a la Ley de Abastecimiento "no sólo no es superadora de la actual legislación, sino que, en vez de mejorar las condiciones de negocios y la seguridad jurídica para fomentar la inversión en la economía, consolida el intervencionismo del Estado en el mercado".
Otra de las críticas hacia el proyecto tiene que ver con que la propuesta "afirma querer evitar abusos por parte de grupos económicos concentrados, pero parece olvidar que es la competencia libre la mayor garantía de defensa del consumidor", opinó la entidad que agrupa a comerciantes en un comunicado.
"Alta calidad"
En defensa de la iniciativa, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, salió al cruce ayer de las críticas planteadas por la UIA al proyecto de reforma de la Ley de Abastecimiento, al señalar que se trata de una iniciativa de "alta calidad" que busca "hacer cumplir el artículo 42 de la Constitución nacional".
El funcionario precisó que se trata de "una propuesta que involucra la modificación de cuatro leyes: la de Defensa del Consumidor, la de Defensa de la Competencia, la de Abastecimiento y la de Lealtad al Consumidor", y que por su importancia merece "un debate abierto".
