(Foto: El Comercio)
La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez, minimizó la difusión de supuestos correos electrónicos intercambiados entre los integrantes del Gabinete. "No les hagamos juego a quienes, violando el derecho de las comunicaciones, quieren plantear la agenda nacional", dijo a la prensa esta mañana.
La semana pasada el ex primer ministro René Cornejo denunció el hackeo de su cuenta personal de correo electrónico.
Los correos filtrados han revelado las desavenencias entre los ministros de Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, y de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga. En una de las comunicaciones, Pulgar-Vidal dice que la petrolera Karoon expuso a los funcionarios de su ministerio y del de Energía y Minas el sustento técnico de un reglamento que acabó favoreciéndola.
En otro de los correos, la directora de una empresa pesquera pide al ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, ampliar plazo de captura.
Ana Jara dijo que la interceptación de estas comunicaciones está siendo investigada por la Policía Nacional y adelantó que solo conversará con los ministros implicados. "Hoy voy a solicitar a los ministros que están siendo señalados en tracendidos [explica] cuál es el alcance de los mismos, pero no vamos a darle validez al contenido de esos correos electrónicos", dijo la ministra y parlamentaria oficialista. "Haríamos mal en convalidar que, sobre la base de un delito, una ministra de estado tenga que pronunciarse", añadió.
Más correspondencia entre marzo y junio, incluida en los más de 3 mil correos hackeados al ex jefe de la PCM René Cornejo, hace evidente la incomodidad del ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, ante las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, sobre la información que él o representantes de su sector emitían respecto a los términos del Reglamento de Hidrocarburos que planteaba eliminar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de las actividades de exploración sísmica de hidrocarburos.
El 6 de marzo Pulgar Vidal envió un mail en el que reclamaba ante Cornejo por la sustentación del expediente técnico del Reglamento de Hidrocarburos, realizada por la petrolera Karoon Energy Internacional (KEI), en un evidente conflicto de intereses. Entre ese día y el 9 de marzo, Pulgar Vidal dirigió varias quejas a Mayorga con copia a Cornejo debido a las reacciones generadas por sus declaraciones. Cornejo convocó una reunión para el lunes 10 a fin de que todos "estén en la misma línea".
"Hola Lolo. Quizás el viaje me tiene confundido pero me parece que no es esto en lo que hemos quedado. Con respuestas como las que das en la que señalas que tú crees "a" pero depende de mí, estás llevando las cosas al ánimo confrontacional que es poco saludable", dijo el 14 de marzo a propósito de una entrevista en la que Mayorga dice que es necesario exonerar del EIA la actividad sísmica para la explotación petrolera.
El 18 de junio acusó a Mayorga de filtrar información y notificó que suspenderán sus reuniones de coordinación técnica. El colmo llegó el 13 de junio, cuando copió un mensaje a Cornejo y al ministro Luis Castilla sobre Mayorga en que dice: "¿Qué debo hacer con este we-bonn. Por cuánto tiempo más me quedo callado?".
La cita del 9 de marzo se frustró, pero Mayorga adelantó algo. El documento pretendía convencer a Cornejo de la necesidad de un nuevo reglamento que flexibilice la normatividad ambiental en exploración y explotación petrolera.
Para convencerlo, argumentó que "la inversión está casi paralizada" porque no se ha firmado ningún contrato petrolero desde hace 4 años.
Hasta hoy, cualquier actividad petrolera de exploración o explotación necesita de un EIA. La propuesta de Mayorga, según se ve en los mails, es eliminarlo por completo para la exploración y convertir los EIA en "semidetallados" en el caso de la explotación.
Según el documento enviado por Mayorga a Cornejo el 9 de marzo, Ambiente y Energía y Minas ya se habían puesto de acuerdo en eliminar los EIA en la exploración sísmica en costa y sierra y, en el caso de la selva, reducirlos a "semidetallados". El conflicto viene por la perforación exploratoria: Mayorga pretendía eliminar estos estudios con la excepción de la selva, y Ambiente sólo admitía reducirlos a semidetallados.
Hasta hoy es un misterio quién ganó la confrontación, pues la versión final del Reglamento Nacional de Hidrocarburos aún no es pública y sobre el tema persiste el silencio.
La premier Ana Jara evitó pronunciarse sobre el contenido de los correos hackeados y pidió esperar la investigación de la Policía, pero adelantó que hoy solicitará las explicaciones a los ministros involucrados.
En tanto, Ojo Público confirmó una reunión de cuatro horas entre un representante de la empresa Karoon, Julio Estrada, y un funcionario del MEM, Edwin Regenre Ocmin, el mismo 6 de marzo.
ENFOQUE
No es una “feliz coincidencia”
Verónika Mendoza
Congresista
Las políticas públicas y las normas se deben definir en función de los intereses del país, con una perspectiva de mediano y largo plazo y garantizando los derechos de todos los sectores. Pero nuestro Estado ha claudicado en su rol y ha privatizado la planificación, supeditando las políticas públicas a los intereses de grupos empresariales. Esto era un secreto a voces, pero los mails hackeados nos lo confirman de la manera más procaz. Ahora resulta que una empresa petrolera elaboró el Reglamento de Hidrocarburos, pero no solo eso, sino que lo sustentó ante funcionarios del MINAM en las oficinas del MINEM. Resulta además que esta petrolera tiene concesiones en el mar norperuano donde se tenía previsto crear una Zona reservada, proceso hoy bloqueado por el “paquete reactivador” de Castilla. Imposible pensar ahora que solo se trata de una “feliz coincidencia”. Al ministro Mayorga todo esto le parece de lo más natural. ¡Mejor que les ceda el fajín ministerial a los directivos de estas empresas!
Uno de los hechos impactantes de la revelación de más de tres mil correos electrónicos del ex premier René Cornejo fue la vulnerabilidad exhibida por los ministros peruanos en sus comunicaciones. El Ministerio del Interior fue objeto de una penetración masiva en diciembre del 2013, sin que se conozcan resultados de las investigaciones. Un año atrás, fue un periodista de Perú 21, Rudy Palma, hoy procesado, quien ingresó a las cuentas del ex ministro de Comercio Exterior José Silva para extraer material periodístico. ¿Algo en común entre los tres casos? Ninguno de los contenidos extraídos figuraba en la clasificación de secreto o reservado.
De acuerdo con la Ley de Transparencia, las dependencias públicas deben tener una relación de datos cuya revelación es inconveniente para el Estado. Para confeccionarla requieren argumentar en cada caso cuáles son las razones que justifican el veto, según excepciones permitidas. Por ejemplo, porque compromete el éxito de la lucha contra la delincuencia, o afecta la seguridad nacional, o porque es preciso proteger alguna intimidad personal. Hecho esto, la información no incluida en la lista negra es pública. Sin embargo, los responsables de las oficinas estatales no hacen su relación de material secreto y reservado.
A PEDIR PERMISO
En el juicio contra Rudy Palma, producido porque el periodista ingresó a mails de la bandeja de entrada de funcionarios públicos para publicar contenidos que son materia del proceso, ya fue demostrado que ninguno estaba clasificado como secreto o reservado. No obstante lo cual el procurador público obtuvo que fuera procesado por el delito de revelación de secretos nacionales.
¿Cuáles eran? Señaló dos, aunque solo uno fue publicado: referencias a un futuro convenio comercial con Venezuela anunciado meses atrás por la agencia Andina. El otro, la agenda de una reunión de gabinete. Uno de los temas era la autorización de ingreso de personal militar extranjero, gestión que se hace anualmente para entrenamientos navales y que no se ha escondido jamás. Por eso un juez desestimó contra Palma el cargo tremendista de revelación de secretos nacionales, dejando a salvo los de intrusismo informático y violación de correspondencia. Sin embargo, la Corte Superior de Lima rechazó este criterio. Emitió un documento aberrante que merece la mayor atención, y que demuestra la esquizofrenia legal en la que se desenvuelven estos asuntos en el Perú.
La resolución, suscrita por las juezas Rosa Amaya y Doris Rodríguez, con el voto en discordia de Carlos Escobar, asume que las informaciones secretas o reservadas no tienen que estar clasificadas como tales, y que para no incurrir en el delito de revelación de secretos de Estado la prensa debe solicitar permiso a las entidades que tienen en su poder los datos. La resolución se zurra con bastante descaro en la Ley de Transparencia. Al sustentar su desacuerdo, el juez Escobar sostuvo que el concepto de secreto de Estado alude a toda información formalmente catalogada como tal que se sustente en razones de protección a la seguridad de la nación. La causa contra Palma está en manos del Ministerio Público, que debe formalizar su acusación antes del juicio oral. La fiscal superior Mirtha del Carmen Chenguayén debe decidir si a los delitos de intrusismo y violación de correspondencia le añade —o no— el de revelación de secretos nacionales.
DOS EXTREMOS
De modo que vivimos entre dos extremos. Por un lado, las instituciones públicas no tienen una lista de información reservada, manteniendo un velo indiscriminado sobre el material informativo que poseen.
Por otro, de cuando en cuando los hackers barren con todo —no es el caso de Palma—, ejerciendo el intrusismo informático de acuerdo con una agenda desconocida. El sistema judicial, por su parte, va de tumbo en tumbo, con tendencia a mantener la oscuridad de los asuntos públicos. Vale la pena preguntarse si en este contexto es posible conocer por medios legales, sin hackeo ni intrusión, el contenido de algún correo electrónico cuyo titular fuera un alto funcionario público, y que contuviera información de interés para los ciudadanos. Por ejemplo, el mail que algún experto le debe haber enviado al ministro del Interior Daniel Urresti, con las cifras inverosímiles que presentó sobre la seguridad pública.
Un grupo de expertos coordinado por Carlos Basombrío ha puesto en cuestión que en su primer mes de gestión Urresti incautara 56 toneladas de droga, más del doble que en 2013, y que haya sacado de circulación 15 mil vehículos, ocupando treinta cuadras de depósitos por ahora fantasmas, y que sus decomisos de madera alcanzaran 28 millones de pies, para transportar los cuales hubiera debido emplearse una flota inexistente de 2.300 camiones. El grupo lo emplazó para que muestre evidencias, pero las cifras invitan a una mayor interrogación. Hay derecho a conocer los mails internos que, dentro del Ministerio del Interior, hicieron circular las cifras pronunciadas por Urresti y Humala. ¿Quiénes las hicieron? ¿En qué reportes se basaron? ¿Con qué términos fueron enviadas?
OTRAS REALIDADES
No existen precedentes de que el Estado haya entregado correos electrónicos con información de interés público en el Perú. Pero si una dependencia niega una solicitud informativa que cumple los requerimientos de la ley, un juez debería concederla. No hay unanimidad de criterios al respecto. En México, Canadá, Inglaterra y los Estados Unidos, entre otros países, los correos electrónicos serían entregados. Bajo el principio que toda la información de una computadora del Estado es un documento público, salvo excepciones predeterminadas, en 2011 el Estado de Alaska reveló 24.000 correos electrónicos de Sarah Palin, la candidata a la vicepresidencia por el Partido Republicano, correspondientes a los años de su gestión como gobernadora. Fueron solicitados por los medios de comunicación. Con una idea de la misma naturaleza en 1974 la Corte Suprema norteamericana entregó a un juez algo que se considera más privado aún: las grabaciones de entrevistas sostenidas por el presidente Richard Nixon con diversos interlocutores. Luego se convertirían en pieza fundamental del caso Watergate. Aunque no era un caso de acceso a la información, los magistrados supremos consideraron que una protección tan alta como la inmunidad presidencial merecía levantarse ante la necesidad de conocer lo que ocurrió.
En Chile, el Consejo para la Transparencia resolvió entregar la información contenida en mails del Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, pero este recurrió al Tribunal Constitucional, que lo impidió en votación dividida. El fundamento del Consejo fue que toda información enviada o recibida desde la casilla de un funcionario estatal es pública si no hay causa legal de excepción. El Tribunal Constitucional, en cambio, respaldó al gobierno en la idea de que los emails, por definición, son reservados: una comunicación inviolable.
¿Cómo se resolverá el conflicto en el Perú? Ayer lunes, el Centro Liber solicitó al MEF la copia de los correos electrónicos recibidos por el ministro Miguel Castilla de parte de representantes de compañías o gremios empresariales desde el 28 de julio de 2011 a la fecha, con sus respectivas respuestas.
Como el mail enviado a Castilla por Cecilia Blume, miembro del directorio de Exalmar —uno de los revelados por Anonymous la semana pasada— nada tienen de secreto o reservado, son lícitos, y su publicación ayudaría a la transparencia. También pedirá los mails que fundamentan las audaces cifras del ministro Urresti sobre seguridad ciudadana. La lista de peticiones informativas podría aumentar con el mismo pedido que fue controversial en Chile: los mails recibidos y enviados por la Secretaria General de la Presidencia de la República, María Elena Juscamaita. Muchos más interesantes habrán sido los de su antecesor durante el gobierno de Alan García, el pudiente Luis Nava. Pero es seguro que ninguno de sus mails habrá quedado guardado en las computadoras.
