Por Alfredo Sainz.

El proyecto oficial para reformar la ley de abastecimiento sumó más críticas de empresarios de distintos rubros que alertaron que, de prosperar, la iniciativa implicaría una "verdadera estatización del mercado".

Un día después de la reunión con el secretario de Comercio, Augusto Costa, en la junta directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) hubo un consenso muy amplio a la hora de criticar con dureza el proyecto de Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo, que impulsa el Poder Ejecutivo para reemplazar a la ley de abastecimiento.

La sensación generalizada entre los industriales es que detrás de esta iniciativa no hay un problema técnico sino una definición ideológica, y los más críticos afirman que el proyecto no desentonaría en la Venezuela de Nicolás Maduro. "Así empezaron", se oyó ayer por la noche en la central fabril, donde ya están buscando que juristas como Jorge Vanossi o Alberto García Lema se expidan sobre la constitucionalidad de la cuestión.

Para mañana está programada una nueva reunión entre los hombres de la UIA con Costa, que en principio iba a ser técnica, y en la que los hombres de negocios prevén plantear todas las objeciones.

El presidente de la UIA, Héctor Méndez, venía de definir por la mañana, en Radio Nacional Rock, a la iniciativa como "peligrosa". Según el empresario del plástico, ese proyecto "puede afectar muy negativamente la inversión y el empleo". Méndez reclamó en esa comunicación que el texto se debatiera "profundamente y no en forma rápida, que se dé tiempo para analizarla". "El proyecto propone mecanismos de regulación de precios, márgenes, cantidades que, desde nuestra perspectiva, pueden ser perjudiciales", insistió.

En la misma línea, el vicepresidente de la entidad, José Urtubey, señaló ayer que "esto no lo vamos a acompañar. Es inconsistente con la iniciativa privada", mientras que Daniel Funes de Rioja, líder de la Copal, cámara que reúne a las empresas de alimentos, expresó que "hay una gran preocupación en el sector por el proyecto".

El malestar se extendió al presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, que destacó que la reforma presentada hace un par de semanas por Cristina Kirchner elimina la pena de prisión para los empresarios, pero "mantiene la letra que permite al Estado hacer una fuerte intervención sobre los mercados". De la Vega alertó que el proyecto incluye la posibilidad de "clausuras que estamos estudiando si afectan a los derechos individuales".

Desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se manifestaron a favor de una modificación de la ley de abastecimiento que data de 1974, durante la gestión de José Ber Gelbard, pero advirtieron sobre los riesgos de los precios máximos. "La ley de Gelbard ya demostró que no sirvió porque, siempre que se aplicó, terminó generando más desabastecimiento. Con el nuevo proyecto, vemos como algo positivo que se agilicen los mecanismos de resolución, pero estamos en contra de los precios máximos, que no son necesarios cuando los mercados funcionan normalmente", señaló Osvaldo Cornide, líder de CAME.

Concretamente, los empresarios alertaron sobre algunos puntos del proyecto que impulsa el Gobierno y que aún no tiene giro de comisión en el Senado. El que genera más preocupación es la posibilidad de que la Secretaría de Comercio, "en caso de ser estrictamente necesario", pueda "establecer para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios" y "volúmenes de producción, fabricación, ventas o prestación de servicios". En otro artículo se establece además que la Secretaría que encabeza Augusto Costa podrá "requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico" y la autoriza "disponer la cancelación de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales" y "a incautar, consignar e incluso vender bienes y servicios escasos o en infracción, sin juicio de expropiación previo".

También critican que en el nuevo proyecto se autorice a los gobernadores y al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires para "fijar en sus jurisdicciones precios máximos".

En el caso de las penas para las empresas, si bien se elimina la posibilidad de ir a la cárcel, se elevan las multas hasta llegar a los $ 10 millones y se autoriza para clausurar un comercio o una empresa por un plazo de 90 días. Otro punto que preocupa a los empresarios es que en el artículo 6° se dispone que "en caso de segunda reincidencia podrá llegarse a la clausura definitiva del establecimiento".

Héctor Méndez, presidente de la Unión Industrial Argentina, salió a hablar el día después de la reunión con el secretario de Comercio Augusto Costa, a raíz del proyecto para modificar la ley de abastecimiento, que preocupa a los empresarios.

El titular de la UIA se refirió a las iniciativas, que se enviarán al Congreso, y afirmó que "hay algunas cosas que tenemos que discutir porque son peligrosas como la nueva ley de abastecimiento, que puede afectar a la inversión y financiamiento".

Y agregó: "Pedimos que se debata y no se haga rápidamente, nos comprometimos que hoy va a estar en el temario de la comisión directiva de la UIA".

En declaraciones a Nacional Rock, el dirigente empresario también se refirió a los cruces y sus fuertes críticas para el Gobierno y en particular para el ministro de Economía, Axel Kicillof.

"Es cierto que nos pusimos picantes, suelo hacer autocrítica, no tengo discurso político encasillado ni un compromiso político, sino que digo lo que los empresarios quieren que diga", aseguró.

Méndez evaluó de forma positiva el encuentro con el secretario Costa y destacó que "el diálogo es positivo, sobre todo porque veníamos de una semana un poco álgida por mis declaraciones y las del ministro".

Y remarco que la inflación, es otro de los temas que preocupa al sector, debido a que "no sólo le hace daño al trabajador, sino también al empresario, es difícil trabajar con este mecanismo y se empiezan a ver los problemas de precios".

Por Fernando Bertello.

El sector agropecuario teme que el Gobierno intervenga más sobre su actividad con las modificaciones que impulsa a la ley de abastecimiento. El agro, que viene de tener en leche y trigo precios máximos establecidos de manera verbal, está preocupado de que los cambios puedan profundizar esa tendencia. En los últimos años, además, hubo cupos a las exportaciones que funcionaron como un tope a los valores locales.

La iniciativa del Poder Ejecutivo sostiene que se podrán "establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, o todas o algunas de estas medidas". Además, señala que "frente a una situación de desabastecimiento o escasez de bienes o servicios" el Gobierno podrá "disponer mediante resolución fundada su venta, producción, distribución o prestación en todo el territorio de la Nación".

Para Rubén Ferrero, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el proyecto puede tener consecuencias "perjudiciales".

"La ley de abastecimiento propone mecanismos de mayor regulación de precios, márgenes, cantidades, que desde nuestra perspectiva pueden ser perjudiciales. En el agro ya sabemos que estos mecanismos no terminaron bien, caímos en producción y exportación de trigo y carne, y en leche estamos totalmente estancados. Los precios al consumidor volaron desde 2007", expresó el directivo.

El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno aplicó precios máximos de manera verbal. En 2006, a poco de asumir su cargo pidió a los exportadores que no pagaran por el trigo más de $ 370 la tonelada. En 2007, ordenó a las industrias lecheras no abonar más de $ 0,73 el litro a los productores. Fue poco antes de que asumiera la presidenta Cristina Kirchner. Más tarde pisó los precios de la harina.

Por otra parte, en julio del año pasado, firmó una resolución para aplicar la ley de abastecimiento por el alto precio del trigo, aunque lo hizo sin imponer valores.

El sucesor de Moreno, Augusto Costa, también siguió parte de la receta: en mayo último, instruyó a la industria lechera a no superar los $ 3 el litro a los tamberos.

Aunque aclaró que debía leer las modificaciones antes de dar una opinión, Carlos Garetto, presidente de Coninagro, reflexionó que "todo lo que sea control" tiene un "componente político".

MÁS RUIDO

Raúl Dente, asesor de la Federación de Acopiadores de Granos, consideró que la iniciativa es para "temer".

"Me empieza a preocupar porque como viene la situación, con escasez de divisas, emisión monetaria y crecimiento de precios, quizá cuando haya más controles y desabastecimiento eso venga acompañado de medidas como obligación a vender o liquidar", afirmó. Dente cree que, no obstante, la norma no se podría aplicar a los granos porque toman precios internacionales.

Un exportador evaluó "difícil de aplicar" la ley. "Si te confiscan la soja, ¿qué hacen? El Gobierno tendría que tener un circuito comercial armado si quisiera venderla", señaló.

Según Juan Manuel Garzón, economista del Ieral, de la Fundación Mediterránea, un mayor control traería más inconvenientes a un sector ya intervenido por los funcionarios del Estado.

"Si el Gobierno fijara precios por debajo del ritmo que evolucionan los costos, eso puede generar problemas. La combinación de precios cuidados y ley de abastecimiento generaría un descalce entre precios y costos", subrayó Garzón.

Para el presidente de CRA, el proyecto "le va a traer más ruido a la economía". El ruralista remarcó: "Cuando te ponen precios políticos como ha hecho Moreno, y ahora Costa, cae la oferta y la inversión de esos productos".