Bear Creek anunció su intención de iniciar un procedimiento de arbitraje contra la República del Perú de conformidad con el artículo 824 del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y el Perú. La minera ha presentado la solicitud formal el 11 de agosto y está completando los trámites necesarios para iniciar el procedimiento de arbitraje. Bear Creek está comprometido a continuar las conversaciones con el gobierno peruano para resolver la controversia en relación con el proyecto minero de Santa Ana, e iniciar el proceso de arbitraje con el fin de preservar los derechos de la Sociedad bajo el TLC Canadá-Perú.

El 6 de febrero de este año, Bear Creek entregó al Ministro de Economía y Finanzas (MEF), un aviso sobre la intención de someter el reclamo a un arbitraje ("Aviso de Intención"). La presentación del Aviso de Intención inició un período de consulta de seis meses entre las partes durante el cual la empresa intentó resolver de forma amistosa la controversia. Pero no se llegó a un acuerdo. La controversia se plantea, entre otras cosas, por del Decreto Supremo 032 del 25 de junio de 2011,  por el cual se rescindían los derechos de la Compañía para operar el proyecto minero de Santa Ana y que dio lugar a una paralización total de las actividades en este proyecto provocando daños significativos a la empresa.

Andrew Swarthout, CEO de Bear Creek, declaró que "las prolongadas discusiones aún no han producido un acuerdo final dentro del plazo ordenado por el Tratado y la Sociedad, y nos vemos obligados a tomar esta medida que protege plenamente los derechos de Bear Creek. El gobierno de Perú continúa enviando un mensaje claro de que desea resolver este asunto y se ha comprometido a mantener el impulso en nuestras negociaciones. Nosotros también seguimos comprometidos a trabajar hacia una resolución final amistosa en esta controversia que esperamos que ocurra en el corto plazo".

Por otra parte, el CEO explicó que el proceso de permisos en el proyecto de plata, plomo y zinc Corani, que representa la mayor parte del valor de la empresa, continúa avanzando a buen ritmo. La ingeniería de detalle, incluyendo la optimización de proyectos, avanza sin problemas y se espera la obtención de los permisos a principios de 2015. Asimismo, resaltó la buena relación que mantienen con las comunidades aledañas.  “La interacción con el Gobierno peruano con respecto a Corani sigue siendo positiva”, concluyó Swarthout.

Por Mariangel Marcos*

En junio de 2011, estallaba un conflicto en Puno que dejaría muertos y heridos. La situación era incontrolable para el entonces mandatario Alan García, que ante los violentos disturbios, decidió cancelar los permisos a la minera Bear Creek que estaba desarrollando el  proyecto Santa Ana, en la frontera con Bolivia.

Las protestas no venían de este lado de la provincia de Puno. Eran promovidas por líderes opositores “a todo” y empresarios ilegales. Todo sucedía muy lejos del Proyecto Santa Ana, que avanzaba a paso firme y sin contratiempos. A punto de obtener la licencia social y mientras realizaba pacíficamente la Audiencia Pública presentando el EIA, la minera se vio envuelta en un conflicto de intereses en el que no tenía nada que ver, y que ahora está a puertas de convertirse en un conflicto internacional.

El gobierno de Alan no podía controlar la escalada de conflictos y no tuvo mejor idea que buscarle la quinta pata al gato, y decidió quitarle los derechos sobre las concesiones mineras a Bear Creek, aduciendo que “la compañía obtuvo sus derechos regularmente, habían cambiado las condiciones”. ¿Y cuáles eran esas condiciones? El gobierno nunca lo supo explicar.

Ese mismo año, mientras veían desplomarse las acciones de US$12 a US$3 dólares, la minera interpuso una acción de amparo que el Gobierno peruano no resolvió. La empresa en ese entonces tenía un valor cercano a los US$ 1.200 millones, hoy vale apenas US$ 200 millones.

Luego de tres años, Santa Ana tuvo su revancha. En mayo de este año, el Primer Juzgado Constitucional de Lima dictó una resolución sobre el recurso interpuesto por la empresa contra el gobierno peruano el 13 de julio 2011, cuestionando la constitucionalidad del Decreto Supremo N° 032-2011-EM. La decisión estableció inequívocamente y sin condiciones que se violaron los derechos constitucionales de Bear Creek y que éstos son devueltos a la empresa. Además, reconoce a Bear Creek como el titular de las concesiones mineras de Santa Ana y por lo tanto, está habilitado para realizar todos los derechos derivados de dicha títulos. Y como si fuera poco, la Corte reitera que el proyecto de Santa Ana es de interés nacional.

“El fallo es muy claro. Deja sin efecto el decreto supremo que anulaba los trabajos que se hacían o que se podían hacer en la zona”, expresó Andrés Franco, vicepresidente de Desarrollo Corporativo de la de Bear Creek.

El gobierno peruano tenía dos opciones: apelar o no el fallo. Y sin mayores fundamentos, apeló. Fuentes allegadas al gobierno, que por obvias razones prefieren el anonimato, afirmaron que la respuesta del gobierno fue “es que somos el Gobierno y por eso tenemos que apelar la medida”. Este capricho le puede costar muy caro al Perú. El plazo para una solución amistosa terminaba este 7 de agosto, de acuerdo a lo que se requiere para la negociación en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Canadá. De no ser así, esto puede derivar en el CIADI. El plazo está vencido.

“Bear Creek adquirió las concesiones mineras en el pleno cumplimiento de la legislación peruana, como lo confirma el Decreto Supremo 083-2007-EM. Tenemos la voluntad de completar el proceso de ESIA, incluida la licencia social, y llevar a cabo todo lo que sea necesariospara poner en marcha Santa Ana” indicaron desde Bear Creek. Santa Ana tiene el respaldo de las comunidades locales y creará 2.500 puestos de trabajo directos e indirectos en la Región de Puno. De acuerdo a los números de la empresa, Santa Ana podría aportar a las arcas fiscales más de US$ 330 millones en impuestos.

Franco aseguró que si bien en sus planes está desarrollar la mina de plata Santa Ana, lo harán si cuentan con el respaldo y aceptación de la población. “Para ello haremos un trabajo social para explicar a la población sobre nuestras propuestas, porque esto es clave y fundamental para nosotros, aseguró Franco.

“Queremos dejar muy en claro, que si las personas que están muy cerca al proyecto no están de acuerdo con el proyecto, nos vamos a ir, si bien se hizo justicia a través del Poder Judicial con respecto a nuestros derechos, también consideramos que la empresa debe ser aceptada por la población primero, explicó el empresario.

 *Directora de Mining Press Perú