En la antesala de que el directorio de HidroAysén defina una eventual apelación al rechazo de su permiso ambiental, la Dirección General de Aguas (DGA) habría optado por analizar una eventual reserva de caudales, a solicitud del Ministerio de Medio Ambiente, lo que sería otro duro golpe contra la central hidroeléctrica. 

El organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP) respondió la orden de la Contraloría General de la República, en la  que ordena pronunciarse sobre la tramitación de derechos de agua adicionales en los ríos Baker y Pascua efectuada por HidroAysén. 

Si bien la empresa aún no ha sido notificada, a última hora del viernes el servicio entregó un comunicado en el que señala que han “respondido dentro del plazo legal a la Contraloría, informando sobre las gestiones relacionadas con la tramitación de las solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas asociadas al proyecto Hidroaysén” 

El servicio añadió “que tomó nota de los antecedentes que le entregó el Ministerio de Medio Ambiente, cartera que le solicitó realizar las gestiones necesarias para eventualmente proceder a resguardar reserva de agua basado en razones de preservación del ecosistema y humedales de importancia nacional y regional”.

Para el ex director de la Dirección General de Aguas (DGA) y actual socio del estudio Puga Ortiz, Rodrigo Weisner, la interpretación del enunciado entregado por la DGA implicaría no acoger la petición de la compañía.

“Mi interpretación del texto es que se está dando una señal política de que en definitiva el Ministerio de Medio Ambiente le ha pedido a la DGA que el MOP haga uso de la facultad contenida en el artículo 147 bis del Código de Aguas, que permite reservar caudales por circunstancias excepcionales y de interés nacional, lo que en términos prácticos quiere decir que van a terminar denegando los derechos de agua”, opina Weisner.

Esta determinación tomada por el gobierno implicaría  ir en la misma línea con lo resuelto por el Comité de Ministros que anuló el permiso ambiental del proyecto en junio pasado aludiendo que no se hacía cargo de sus impactos significativos.

Según añade Rodrigo Weisner, si el gobierno opta por la reserva de caudales la resolución final del tema puede tomar varios meses “ya que para ejercer esa facultad, se requiere de numerosos y profundos estudios que demuestren si efectivamente existen para los Ríos Baker y Pascua circunstancias excepcionales y de interés nacional que ameriten denegarle los derechos solicitados por Hidroaysén”.

Tras la respuesta emitida por la DGA, la entidad encabezada por Ramiro Mendoza deberá determinar si esta réplica cumple con lo solicitado por la resolución del 14 de julio, donde el ente contralor pide resolver conforme a derecho las solicitudes del recurrente.

Con esta nueva interrogante sobre la mesa, hoy se llevará a cabo un directorio clave para el futuro de la compañía donde, entre otras cosas, se debería definir la opción de apelar a la anulación del permiso ambiental.

Si bien una alternativa es apelar a la justicia ambiental -en el Tribunal Ambiental de Santiago o en el de Valdivia-, algunos no descartan que se deseche la iniciativa.

Sin embargo, esta alternativa, dicen fuentes, podría generar que accionistas minoritarios presenten demandas, incluso contra los directores de la compañía, por las pérdidas que los accionistas tendrían que asumir por la inversión que ya se ha realizado en HidroAysén, que supera los US$300 millones.

Otros dos caminos, en caso que se decida apelar, son reclamar de manera simultánea en tribunales ambientales de Santiago y Valdivia.