En Neuquén se escuchan consignas de guerra. Por un lado, el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, presentó ayer en la Legislatura un proyecto de declaración para rechazar la nueva Ley de Hidrocarburos. Por otro, el gremialista petrolero y senador Guillermo Pereyra afirmó que quienes intentan restringir los poderes provinciales “no pasarán” y amenazó con movilizar a su gente. En tanto, el ministro de Energía, Guillermo Coco, anunció que podría iniciar juicio contra del CEO de YPF, Miguel Galuccio, por “deslealtad comercial”.
La iniciativa de Sapag, similar a la impulsada con éxito por la Legislatura de Chubut días atrás, será tratada la próxima semana y contará con el apoyo del MPN por lo que se descuenta su aprobación. Sapag pretende dejar sentado que tanto su Gobierno como la Legislatura provincial, la misma que hace un año exacto aprobó en medio de la polémica el acuerdo con YPF/Chevon para la explotación de Vaca Muerta, no permitirá que se limiten sus poderes institucionales. “Del mismo modo que dimos el respaldo legislativo al acuerdo YPF-Chevron, queremos opinar respecto de estas cláusulas conflictivas que, creemos, ponen en tela de juicio nuestra propia competencia jurisdiccional”, afirmó el presidente del Bloque del MPN, José “Pino” Russo, uno de los más fuertes defensores que tuvo el acuerdo petrolero firmado en 2013.
Pereyra volvió a atacar fuertemente al Gobierno Nacional. “Están apretando a las provincias para aprobar una ley que limitará sus facultades y desfinanciará las arcas provinciales. El gobierno nacional viene por todo. El proyecto está hecho para las empresas”, señaló. Por primera vez el líder petrolero dejó traslucir que su gremio actuará en caso de progresar la ley. “Vamos a movilizarnos para formar una barrera para decirles que no van a pasar”, aseguró.
Coco, que piensa en la gobernación, anunció que podría iniciar acciones legales en contra del Galuccio por “deslealtad comercial”. Días atrás el diputado provincial kirchnerista Rodolfo Canini criticó a la empresa provincial GyP. Coco dice que es el CEO de YPF quien está detrás de estos reclamos y de una campaña que afecta la imagen de la petrolera local.
El proyecto de reforma a la ley de hidrocarburos presentado por el Ejecutivo sigue generando polémica entre gobernadores de las provincias petroleras y el gobierno nacional. Jorge Sapag, de Neuquén, y Martín Buzzi, de Chubut, aparecen en público como la cara visible del cuestionamiento, mientras que ayer el mandatario santacruceño Daniel Peralta expuso una postura opuesta a la de sus pares patagónicos. “Politizar la ley de hidrocarburos beneficia a intereses que no son los de YPF, las provincias o de la Nación”, advirtió desde Río Gallegos.
El proyecto de reforma, que fue impulsado por el CEO de YPF, Miguel Galuccio, busca actualizar la ley en función de las llamadas explotaciones no convencionales, a fin de adecuar las condiciones para las inversiones y las concesiones respectivas. Además busca devolverle al Estado nacional la plena facultad para fijar las políticas sectoriales. Este enfoque es resistido por algunas autoridades locales, que consideran que tanto la Constitución Nacional como la ley vigente otorgan “la propiedad de los recursos naturales a los Estados provinciales”. Este punto es el eje de la mayor controversia, dado que la letra escrita habla de “dominio”, pero no de “propiedad”, conceptos jurídicamente diferentes.
La semana pasada, la Legislatura de la provincia de Chubut aprobó un proyecto de declaración, rechazando el proyecto oficial nacional “en defensa de los intereses de las provincias petroleras”. Ayer, el bloque de legisladores del Movimiento Popular Neuquino impulsaba una declaración similar para acompañar la posición del gobernador Jorge Sapag.
Martín Buzzi, quien además es el titular de la Organización de Provincias Hidrocarburíferas (Ofephi), manifestó ayer públicamente su disidencia con las opiniones de Miguel Galuccio, y se quejó de que en las sucesivas reuniones con funcionarios del gobierno nacional, éstos “no se corren un centímetro” para alcanzar una posición de consenso. “Siempre estamos abiertos al diálogo”, afirmó en declaraciones radiales. “Comenzaremos la semana número 12 desde que nos entregaron el primer borrador (de reforma de le ley), hace 12 lunes que no se corren un centímetro y cada vez que se quieren mover, es en contra nuestro”, se quejó. Advirtió que “no se está decidiendo sólo sobre si van dos o tres puntos” más de regalía a las arcas de las provincias sino, fundamentalmente, sobre “quién toma las decisiones” en torno de las áreas energéticas. “Y yo no voy a dejar de decidir”, advirtió.
Buzzi hizo referencia a declaraciones de Galuccio respecto de la ley y de la producción de YPF. Con respecto a la primera, opinó que “sus declaraciones no fueron buenas”. Defendió la vigencia de la denominada “ley corta”, una modificación parcial al régimen entonces vigente que se dispuso durante el gobierno de Néstor Kirchner, buscando acomodar en favor de las provincias cuestiones que habían quedado desacomodadas por la privatización y apertura del sector, que fue el escenario del desmembramiento del sector y hundimiento de la producción. Pero, al producirse la renacionalización de YPF, cambió el cuadro de situación y ahí es donde Galuccio planteó que hacía falta una nueva ley para un nuevo escenario.
Buzzi le respondió que si YPF logró ampliar la producción es “por la extensión que le hemos dado (a la petrolera) en el marco de la propia ley, de la plena aplicación de la ‘ley corta’. Y si esto funciona de esta manera, no hay que cambiar nada”.
Peralta, gobernador de Santa Cruz, se diferenció de su par de Chubut al sostener, a través de un comunicado que distribuyó ayer, que el proyecto oficial “de ninguna manera afecta la vigencia, la autonomía, la ‘ley corta’, ni el dominio sobre los recursos naturales, que constitucionalmente es de las provincias” y que, en cambio, lo que se busca es “reformar por consenso una ley de hidrocarburos de la dictadura”. Peralta le recordó a su par chubutense que los derechos de las provincias que dice defender “fueron todos impulsados por la presidenta Cristina Kirchner”.
También se refirió al probable retiro del representante provincial de Chubut del directorio de YPF. “No creo que sea positivo para las provincias perder a un representante en el directorio por una disputa política, porque es como esconder la cabeza como el avestruz, y los debates deben darse donde corresponde”, subrayó Peralta.
En respuesta directa a los dichos de Buzzi, el santacruceño señaló que “es insustancial en un tema tan central y estratégico cuántas semanas lleva el debate, no hay tiempos cuando de lo que se trata es de alinear y armonizar los intereses de las provincias productoras y la Nación para conseguir las inversiones que nos permitan poner en valor las reservas de hidrocarburos”. Afirmó además que “varias propuestas de los gobernadores fueron incorporadas a la discusión”.
Peralta, por último, tomó distancia de la organización de provincias productoras que preside Buzzi, expresando: “No me siento representado por una Ofephi que busca politizar y partidizar debates estratégicos para el desarrollo de nuestro país, y que olvida que en YPF, por primera vez, todas las provincias productoras somos socias (...). Esta politización beneficia a intereses que no son los de YPF, las provincias o los de la Nación”.
El Patagónico.
En Santa Cruz la discusión por la ley petrolera es una de peronistas y radicales: los diputados nacionales alineados al Frente para la Victoria adhieren a abordar cambios a la Ley Nacional de Hidrocarburos, mientras que los de la Unión Cívica Radical se oponen a cualquier reforma al considerar que afectan la autonomía de las provincias sobre los recursos.
Esta vez fue Mauricio Gómez Bull, representante santacruceño en la Cámara baja, el que confirmó que la postura de los tres diputados por el kirchnerismo será unificada en el caso de que el borrador para modificar la legislación petrolera ingrese al Congreso para su tratamiento. Esa postura será en apoyo a Nación.
“Entendemos que es una ley que va a hacer pie en las inversiones, que va a generar que se reactiven las inversiones en el sector”, manifestó Gómez Bull. “Si la Presidenta necesita herramientas, la vamos a apoyar. A los santacruceños nos parece que es una buena herramienta”, añadió.
Para Gómez Bull, el rechazo de los gobernadores de Neuquén y Chubut se debe a que tienen empresas petroleras provinciales con intereses de asociatividad en las distintas áreas. Sin embargo, el diputado señaló: “esta no es una ley que beneficia solamente a YPF; entendemos que beneficia a la industria en sí”.
De esta manera, Gómez Bull, Mario Metaza (que es el presidente de la comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados de la Nación) y Ana María Ianni votarán a favor. Por el contrario, Eduardo Costa y su par Susana Toledo consideran que el debate de fondo es la autonomía de las provincias.
“Resulta increíble que algunos defiendan los cambios propuestos que claramente van contra el discurso que tuvieron todos estos años”, dijo el empresario radical en declaraciones periodísticas la semana pasada. “Si prospera este borrador seremos dueños del recurso pero no podes fijar el precio ni cómo lo vamos a manejar ni vender porque se va a decidir a nivel nacional”, añadió.
La situación resulta más dividida que en la provincia del Chubut, donde los senadores y diputados nacionales dijeron que se opondrán a cualquier intento de modificación a la ley nacional que altere la potestad de las provincias y, en especial, de la Ley Corta -que transfiere la propiedad de los yacimientos a los estados provinciales-.
Así, Santa Cruz se parece a nivel legislativo con este tema a Neuquén donde los representantes del Movimiento Popular Neuquino acompañarán al gobernador Jorge Sapag, en tanto que los alfiles del gobierno serán quienes ocupan la bancada del Frente para la Victoria.
El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, respaldó el proyecto de Nación y cuestionó a la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).
“No me siento representado por una OFEPHI que busca politizar y partidizar debates estratégicos para el desarrollo de nuestro país y que olvida que en YPF, por primera vez, todas las provincias productoras somos socias”, afirmó el mandatario santacruceño en un comunicado.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, intentó apaciguar la tensa relación entre el Gobierno nacional y Neuquén, Chubut, Mendoza y Río Negro por la postura contraria de los cuatro distritos al proyecto petrolero impulsado por Cristina de Kirchner y el titular de YPF, Miguel Galuccio. El funcionario aseguró ayer que si bien la iniciativa del Ejecutivo es "absolutamente compatible" con "la estrategia de autoabastecimiento estratégico" de la Argentina, las "consideraciones particulares de las provincias pueden ser sujeto de análisis".
Según Capitanich, el Gobierno nacional busca con el proyecto "generar las condiciones para conjugar los intereses nacionales con los provinciales, para maximizar el volumen de producción y alcanzar el autoabastecimiento energético". Como un guiño hacia los distritos díscolos, señaló: "Nadie se salva solo; o lo arreglamos entre todos, o no lo arregla nadie".
La disputa entre estas provincias y Nación se acrecentó hace dos semanas tras conocerse que, debido al rechazo a la ley petrolera, el Gobierno las dejaba fuera de la renegociación de sus deudas. Según Capitanich, los cuatro distritos ingresarán en una "segunda" etapa de dicho proceso.
Los cuatro distritos, forman parte de la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), que preside el gobernador chubutense, Martín Buzzi, y que también integran Santa Cruz, Tierra del Fuego, Formosa, Jujuy, La Pampa y Salta.
Ahora, desde Santa Cruz, el mandatario Daniel Peralta rechazó la "politización" del debate por la reforma a la Ley de Hidrocarburos y dejó en claro que no se siente representado por el planteo que lleva adelante la OFEPHI.
Para Peralta, "de ninguna manera se afecta la vigencia, la autonomía, la Ley Corta, ni el dominio sobre los recursos naturales que constitucionalmente son de las provincias".
Ante la amenaza concreta de Neuquén de dejar el directorio de YPF, el gobernador santacruceño dijo que dicha acción sería "esconder la cabeza como el avestruz", ya que "los debates deben darse donde corresponde".
En tanto, Mendoza se convirtió ayer en el primer distrito con un Sistema de Medición Hidrocarburífera, que permite la transmisión y el procesamiento de datos de los más de 2.292 pozos petroleros de la provincia.
La batalla por la nueva ley petrolera abandonó el secretismo y se convirtió en una guerra pública de trincheras. Los gobernadores petroleros salieron a criticar duramente la propuesta nacional y la Casa Rosada les respondió dejándolos fuera del plan de refinanciación de deuda.
Pero la pompa política, alimentada además por el clima preelectoral, podría dar paso a un principio de acuerdo esta semana. Tal como adelantó "Río Negro" esta semana, el gobierno nacional e YPF delinean un borrador más "amigable" a los pedidos de los mandatarios de la Ofpehi.
Hay al menos una decena de retoques aunque la principal zanahoria será la autorización del cobro de un canon inicial en caso de renegociación, algo que en el texto anterior no estaba contemplado. De esta forma, los gobernadores podrán cobrarles a las petroleras un monto por el hidrocarburo remanente que no haya sido extraído en el período anterior.
Este proceso permitirá sostener, por ejemplo, políticas como las que creó la ley 2615 en Neuquén, que con el canon conformó un fondo destinado a la obra pública.
También podría haber una zanahoria en cuanto a cuestiones de forma: muchos de los artículos donde el Ejecutivo Nacional se reservaba el derecho a accionar, ahora incluirá a las provincias, verdaderos titulares del derecho.
De todas formas, los gobernadores aún no leyeron ni una sola línea del nuevo texto. Por estas horas, son los técnicos de la Secretaría Legal que conduce Carlos Zannini quienes afinan el lápiz. También trabajan en la torre de YPF, donde pretenden acelerar los tiempos para destrabar inversiones que, según ellos, aguardan a esta ley.
Por Juan Carlos Albornoz.
Mendoza no ha sufrido hasta aquí ningún efecto económico como consecuencia de no haber firmado la prórroga del programa de desendeudamiento con la Nación y es por ello que, de Francisco Pérez para abajo, todos se ilusionan en el Gobierno provincial con la posibilidad de normalizar la relación política con la Casa Rosada.
La expectativa crece debido a que Pérez hará un viaje a Buenos Aires entre miércoles y jueves de esta semana. La agenda no ha sido detallada, por en el elenco oficial señalaron ayer que sólo hay dos temas para discutir en la Casa Rosada de manera urgente: el desendeudamiento y la ley de Hidrocarburos, que fue lo que originó el cortocircuito.
El propio Pérez se encargó de señalar este fin de semana que Mendoza no sufrió aún "ningún descuento" de coparticipación en virtud del pago de deudas con la Nación. No obstante, a la vez, el gobernador admitió que el Gobierno Nacional no ha confirmado cuándo la Provincia podrá firmar la prórroga que, en los hechos, se está produciendo, pero sin quedar confirmada en los papeles.
Limbo
El estado de las cosas refleja así un "limbo" en el que las relaciones con la Nación no se han roto, pero tampoco se acomodaron aún del todo.
A nadie escapa que Mendoza no firma el acuerdo de prórroga de deudas por su rechazo a la nueva ley de Hidrocarburos que el CEO de YPF, Miguel Galuccio, está impulsando desde hace unos meses.
Pero también es cierto que ese tema evoluciona y cambia todos los días, al punto de que ya hay un nuevo borrador sobre el que el gobernador no tiene malas impresiones. El fin de semana, en cambio, Pérez se encargó de hacer conocer algunos aspectos positivos de este borrador reformado, como la posibilidad de que Mendoza acceda a regalías petroleras que van del 12 al 18 por ciento y que existan compensaciones en lugar del acarreo, que en el marco actual permite a las empresas de energía provinciales hacerse con un porcentaje de la renta petrolera sin realizar inversiones.
En contacto permanente
El "limbo" de la pelea por el petróleo obliga a los gobernadores petroleros rebeldes (además de Pérez, en esta pelea están comprometidos los mandatarios de Neuquén, Chubut y Río Negro) a estar en contacto permanente.
Es así que en los últimos días hubo cruces de llamados entre la gobernación de Chubut y la de Mendoza, ya que parecía haber saltado un faltante en la caja del mandatario Martín Buzzi. Hubo suspenso por unas horas, hasta que el propio Buzzi llamó a Mendoza para avisar que se había equivocado al sacar la cuenta y que no había recibido ningún descuento de coparticipación.
Pérez señaló que a él tampoco le ha pasado. Ayer, en el primer día de la semana, un ministro mendocino ratificó que todo sigue así. Resta saber en qué momento la prórroga será confirmada en los papeles y el Gobierno provincial podrá desentenderse de los pagos, que para el tramo en cuestión rondan los 160 millones de pesos, según precisó la fuente oficial.
Para todo el año, el programa de desendeudamiento implica evitar el pago de 320 millones de pesos en total. Las implicancias políticas, no obstante, van más allá.
Mendoza también depende de la autorización del Ministerio de Economía de la Nación para poder emitir un bono por 800 millones de pesos, cifra de endeudamiento acordada con el radicalismo en el presupuesto 2014. El bono podría ser emitido cerca de fin de año, momento en el que es probable que Hacienda deba hacer frente a otra obligación: el pago de Letras, para las cuáles hay un límite de 750 millones de pesos en la pauta de gastos.
A todo esto hay que agregar que Pérez pretende ser oído por la Nación en su reclamo para cambiar el destino de los fondos que produce la exportación de soja, que de acuerdo con el decreto original que Cristina firmó en 2009, sólo pueden tener como finalidad la realización de obra pública.
El gobernador quiere que la Nación conceda a las provincias "discrecionalidad", lo que permitiría que la Provincia y los municipios utilicen unos 1000 millones de pesos (promedio anual del Fondo de la Soja) en subsidios y planes para la producción y el empleo.
A pesar del cruce por el petróleo, el diálogo nunca se cortó del todo y pareció reactivarse más el viernes, cuando el jefe de gabinete Jorge Capitanich vino a Mendoza. En esa ocasión, Capitanich ratificó que Mendoza, Neuquén, Chubut y Río Negro entrarán en la "segunda tanda" del plan de desendeudamiento.
Pero además, le hizo conocer gestiones de la Nación para que la Provincia pueda ubicar su excedente de stock de vinos en el exterior. Paco está entusiasmado con esa idea. Cree que en la operación con Rusia podría meter 100 millones de litros de vino, lo que representa varios meses de excedente de stock en un momento de crisis para la industria madre de Mendoza. Que los planetas se vuelvan a alinear con la Nación sigue siendo el único plan político que tiene para lo que resta de su gestión.
El bloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN) presentará hoy en la Legislatura el proyecto de declaración en rechazo a la reforma de la ley petrolera que impulsan la Nación y el presidente de YPF, Miguel Galuccio.
La idea es ingresarlo por mesa de entrada a las 11, pero no sin antes buscar la firma de la mayor cantidad de diputados posible. Ayer, el proyecto fue girado a los diputados Manuel Fuertes (Nuevo Compromiso Neuquino), Jesús Escobar (Libres del Sur) y Alejandro Vidal (Unión Cívica Radical). “Fue bien recibido”, explicó el presidente del bloque del MPN, José Russo.
El objetivo es que tome estado parlamentario en la sesión de mañana y, sobre la base del acuerdo que exista, pedir el tratamiento sobre tablas en el recinto. De lo contrario, la iniciativa será girada para su análisis en comisión.
La redacción preliminar del proyecto plantea una defensa de la Ley Corta y su anclaje en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que establece para las provincias el dominio de sus recursos naturales.
Neuquén y Chubut sumaron, en los últimos días, una dosis de virulencia a la disputa con Nación por la decisión del Gobierno de dejarlas fuera -junto con Mendoza y Río Negro- de la renegociación de sus deudas por la posición contraria de los cuatro distritos al proyecto petrolero impulsado por Cristina de Kirchner y el titular de YPF, Miguel Galuccio.
El jueves pasado, la Legislatura de Chubut plasmó su rechazo a cualquier cambio a la Ley Nacional de Hidrocarburos que altere la soberanía del Estado provincial sobre los yacimientos. Para ello, los diputados aprobaron una declaración conjunta en esa línea que fue apoyada por todos los bloques.
Ahora, el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, enviará al Parlamento local una iniciativa similar para que se avale la postura del Gobierno provincial en este conflicto. El mandatario siente, ante la falta de diálogo con Nación, que se debe trasladar el debate a las legislaturas locales y al Congreso Nacional.
La movida de Sapag incluye un movimiento más arriesgado que anticipó su ministro de Energía, Guillermo Cocco: que Neuquén saque a sus representantes del directorio de YPF.
Según Cocco, Galuccio busca que las operadoras petroleras aprueben el proyecto de Nación, lo que perjudicaría a la empresa provincial Gas y Petróleo (GyP). En ese sentido, detalló a una radio local: “Hay un ataque directo de YPF a la empresa Exxon -socia de GyP-. Galuccio visitó al presidente de Exxon y lo ha hecho con otras compañías para solicitar el apoyo de Exxon y ponerse a favor de la propuesta”.
El ministro además dejó en claro que dicha acción representa “una deslealtad comercial a un socio nuestro a partir de otro socio, que es YPF”, y disparó: “Esto nos va a llevar a evaluar la continuidad o no de Neuquén en el directorio de YPF. Son cosas gravísimas que están saliendo a la luz”.
Poroteo
Neuquén y Chubut cuentan además con una movida todavía más potente, según pudo confirmar Ámbito Nacional desde que comenzó el conflicto: el compromiso de los gremios petroleros de evaluar la posibilidad de frenar las actividades en caso de que la iniciativa de Nación consiga el aval del Congreso Nacional.
Si bien el debate aún no comenzó allí, el senador kirchnerista y titular de la estratégica Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, Marcelo Guinle -hombre clave para la Presidente a la hora de enviar pliegos de embajadores, jueces y militares-, se reunió con Buzzi en la Ciudad de Buenos Aires para contar los porotos y así ver, con anticipación, si es viable un rechazo al proyecto.
Fuera del desendeudamiento
En medio de esta virulencia, Mendoza continuó en la fina cornisa de tejer una línea de diálogo con el Gobierno nacional y apaciguar la disputa. A la reunión que mantuvo el mandatario Francisco “Paco” Pérez con Galuccio hace 10 días se sumó, el último viernes, la presencia del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en la última despedida al intendente de la capital provincial, Víctor Fayad, que murió el jueves pasado.
Capitanich reiteró: “Hemos dividido por instrucción de la Presidenta en dos etapas la refinanciación. Una de 13 provincias y otra de cuatro. Mendoza entrará en la segunda etapa”.
Pereyra compite
En medio de esta pelea, Neuquén suma fuerzas para oponerse al proyecto, pero no descuida la interna en el propio oficialismo. A 14 días de las elecciones para designar a las nuevas autoridades del Movimiento Popular Neuquino -24 de agosto-, el senador nacional y titular del gremio de los petroleros de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra, que aspira a comandar el partido, expresó: “No he visto a Sapag convocar a la Junta de Gobierno o a la Convención para dar informes sobre un tema tan delicado como es el chantaje que está haciendo Nación con nuestra provincia”. Pereyra competirá contra el ministro de Economía local, Omar Gutiérrez, que cuenta con el apoyo del gobernador.
Daniel Peralta volvió a referirse a la reforma de la Ley de Hidrocarburos que plantea el Gobierno nacional y en ese marco, una vez más, se diferenció de su par de Chubut, Martín Buzzi, al sostener que “de ninguna manera se afecta la vigencia, la autonomía, la ley corta, ni el dominio sobre los recursos naturales que constitucionalmente son de las provincias”, recordando que “fueron todos derechos para las provincias impulsados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner” cuando fue convencional constituyente en 1994 y como legisladora nacional.
Días atrás, Buzzi manifestó a la prensa que “nos dieron el primer borrador y no se corren un centímetro, y cada vez que lo hacen es en contra nuestro”, por lo que “sólo vamos a apoyar lo que beneficie la autonomía de la provincia”.
Y fue ante estas declaraciones que Peralta sostuvo como “insustancial” fijarse en los tiempos que demande el debate “en un tema tan central y estratégico” como la reforma de la ley.
Sostuvo que no se trata de cuántas semanas lleve ponerse de acuerdo, sino que “se trata de alinear y armonizar los intereses de las provincias productoras y la Nación para conseguir las inversiones que nos permitan poner en valor las reservas de hidrocarburos”.
Y en ese sentido, rechazó que no haya cambios en el borrador porque “varias propuestas de los gobernadores fueron incorporadas a la discusión”, enfatizó Peralta.
Más adelante, al referirse a la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos, de la cual Santa Cruz forma parte, Peralta expresó que “no me siento representado por una OFEPHI que busca politizar y partidizar debates estratégicos para el desarrollo de nuestro país, y que olvida que en YPF, por primera vez, todas las provincias productoras somos socias, porque cuando la recuperó, la presidenta de la Nación nos dio el 25 por ciento de las acciones” y consideró que “esta politización beneficia a intereses que no son los de YPF, las provincias o la Nación”, remarcó.
Ante las informaciones que indican el retiro de directores provinciales del directorio de YPF, versión que surge de la provincia de Neuquén (ver aparte), Peralta sostuvo que “no creo que sea positivo para las provincias perder a un representante en el directorio por una disputa política, porque es como esconder la cabeza como el avestruz y los debates deben darse en donde corresponde”, subrayó.
Por último, el gobernador santacruceño consideró que “es muy importante que se pueda avanzar en un marco de consenso para reformar la Ley de Hidrocarburos de la dictadura”, a los efectos de “dotar al sector de una ley acorde a los cambios tecnológicos y de recursos no convencionales que se produjeron en nuestro país y en el mundo”, buscando “promover las inversiones que necesitamos y así poner en valor nuestros yacimientos” y con el objetivo de “alcanzar el autoabastecimiento que la presidenta trazó como meta cuando recuperó YPF”, finalizó.
