A fines de este mes deben entregarse las indicaciones del gobierno al proyecto de ley que reforma el Código de Aguas y que buscan establecer una prioridad para el uso del agua y resolver situaciones de conflicto estableciendo limitaciones al ejercicio de los derechos de agua en situaciones puntuales. 

Si bien el plazo inicial era el 4 de agosto, las implicancias medioambientales de la propuesta hacen necesario que pase por el Comité de Ministros de Sustentabilidad. Aunque la próxima sesión ordinaria de este comité está programada para el 30 de agosto, el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, planteó la posibilidad de realizar una sesión extraordinaria el 18. Eso permitiría ingresar las indicaciones el 20, que es lo que espera el Comité de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, presidido por Luis Lemus (PS).

Este comentó que a la sesión del 6 de agosto “vino el director general de Aguas, Carlos Estévez, y explicó que el proyecto tiene que pasar a un comité de sustentabilidad y nos pidió ampliar el plazo para las indicaciones hasta el 20 de agosto”.

El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, explicó que las indicaciones que enviarán implican un cambio sustantivo en el Código de Aguas que permita resolver conflictos y asegurar el desarrollo de actividades económicas. 

Las limitaciones al ejercicio de los derechos, resaltó, se usarán en tres casos: sequía, disputas, en particular en aquellas que involucran a tenedores de derechos aguas arriba y aguas abajo, y especulación. En los dos primeros casos, suponiendo que el caudal sea insuficiente para satisfacer todos los derechos concedidos, se plantea priorizar el consumo humano y distribuir el resto a prorrata entre los distintos tenedores de derechos. En el tercero, son derechos que no se asocian a ninguna actividad específica y tampoco tienen como objetivo usarlos, sino que venderlos.

“Estamos planteando artículos que den certeza jurídica y certeza en el uso de agua en actividades productivas que estén aprovechando correctamente el agua”, dijo. Hoy, precisa, el gobierno, a través de la Dirección General de Aguas, no tiene atribuciones para hacer cumplir una prorrata y quienes están aguas arriba tienen en la práctica una ventaja sobre los titulares de derecho que se encuentran más abajo.

¿Cuándo esperan tener aprobada la reforma del código? “Queremos concordar un cronograma con los miembros de la Comisión de Recursos Hídricos. Esto partió como una moción parlamentaria y ya llevan dos años de trabajo. Por eso les pedimos incorporar indicaciones y hacer un trabajo conjunto en adelante, de otro modo, era ingresar un proyecto de ley nuevo (…) hay muchas cosas en esa moción que son muy positivas y son avances significativos, como el uso prioritario de las aguas”, dice Undurraga. 

Este señaló que el comité de ministros del agua está revisando el informe del delegado presidencial para recursos hídricos, Reinaldo Ruiz.

El informe tiene tres ejes: jurídico institucional, infraestructura y gestión por cuencas. En el primero se enmarca la reforma al Código de Aguas, pero que también sugiere un reordenamiento que resuelva la dispersión de atribuciones que existe hoy y fortalezca la DGA. 

Fuentes cercanas al proceso dicen que ya existe la decisión de crear una Subsecretaría de Agua, lo que demandaría un cambio a la Ley Orgánica del MOP.