Al comienzo de este año, las provincias contaban con poder financiarse en 2014 en los mercados internacionales. La decisión del Gobierno nacional de resolver la deuda con Repsol y acordar con el Club de París indicaba que sería posible tomar deuda en dólares en el segundo semestre. Pero el revés con los fondos buitre complicó el escenario y hoy los gobernadores saben que tendrán que cuidar sus escasos recursos para que no se agiganten los déficits.

Las provincias cuentan con tres fuentes básicas de financiamiento: los recursos propios, los que le gira la Nación y el financiamiento. A nivel de recaudación propia, el economista Guillermo Giussi, de Economía y Regiones (E&R), cuenta que los ingresos pasaron de crecer 39% en promedio en el primer trimestre a un promedio de 34% en el segundo. “Para el tercero esperamos una desaceleración que lleve el aumento al 31%. Estas subas están determinadas por la inflación en medio de un contexto recesivo. Cuanto más se crece por inflación y menos por crecimiento real, menor es la capacidad de reacción de la recaudación”, advierte Giussi.

La recesión pega especialmente en los distritos más chicos. “Los ingresos de las provincias dependen mucho más de la actividad económica de lo que dependen los ingresos de la Nación”, sostiene el jefe de Investigaciones Económicas de Ecolatina, Juan Pablo Paladino.

Desde 2008, las provincias vienen subiendo la presión tributaria para obtener más recursos. “Este año, la presión no aumentó más porque no hubo margen. Buenos Aires quiso subir el impuesto inmobiliario para el sector rural y no pudo avanzar porque la oposición amenazó con bloquear la aprobación del presupuesto en el Congreso provincial. Fue un caso simbólico para que el resto de las jurisdicciones no intentaran introducir reformas”, indica Giussi.

Por el lado de los recursos que envía la Nación, la coparticipación se viene frenando. Pasó de una expansión del 38,9% en marzo a 31,9% en julio. El 85% de la coparticipación lo aportan el IVA y Ganancias. Y el gravamen sobre el consumo va menguando mes a mes (ver aparte). “Es el quinto mes consecutivo con caídas de la coparticipación en términos reales –descontando de la suba el impacto de la inflación–. En julio cayó 5,6%”, dice Giussi.

Para financiarse, las provincias hoy sólo pueden recurrir al Gobierno y al mercado local (ver recuadro). En el caso del Gobierno, el financiamiento está atado a la cercanía política del gobernador con Cristina. El panorama quedó en evidencia la semana pasada, cuando la Presidenta convocó para refinanciar las deudas con la Nación sólo a 13 de las 17 provincias incluidas en el programa. Las cuatro que se quedaron afuera (Mendoza, Río Negro, Chubut y Neuquén) son las que cuestionan la Ley de Hidrocarburos que el oficialismo busca aprobar en el Congreso. “Esto es parte de la negociación política; en algún momento van a entrar”, vaticina Giussi. “Lo que está cerrado son todas las emisiones externas, que se necesitan más que nada para el año que viene”, plantea. Y detalla que Buenos Aires tiene un vencimiento en 2015 de US$1.200 millones, mientras que la Ciudad de Buenos Aires requiere US$500 millones. “Si el default no se soluciona en el corto plazo, no van a poder emitir a tasas razonables”.

Según Ecolatina, este año las provincias deberán cubrir necesidades de financiamiento cercanas al 1,5% del PBI ($45.000 millones). Por esta razón, el endeudamiento es central en la programación fiscal. “La mayor parte de los presupuestos provinciales cerró con déficit a ser financiado (en más de un 80%) con emisión de deuda”, plantea la consultora. Río Negro, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires estimaban emitir bonos por US$200 millones, US$250 millones y US$890 millones respectivamente. El distrito de Daniel Scioli planeaba una emisión de al menos US$500 millones que también fue postergada.

Paladino ratifica que “el default impide momentáneamente colocar deuda en los mercados externos”. Estas jurisdicciones tampoco cuentan con fuentes adicionales. “A diferencia de la Nación, que es asistida por el Banco Central y se ve beneficiada por el efecto de la devaluación en los recursos del comercio exterior, las provincias no pueden emitir para financiar su déficit. Sus gastos son muy inflexibles a la baja –el 50% corresponde a salarios– y el efecto positivo de la devaluación alcanza a sólo 2% de sus ingresos totales”.

A su vez, las jurisdicciones suman otro problema. La devaluación de principios de año elevó el pago de intereses de los bonos dollar-linked (pagaderos de acuerdo a la evolución del tipo de cambio oficial) durante 2012 y 2013. Sólo por la suba de la divisa norteamericana de ese mes, el pago de intereses de las provincias se incrementó en $3.700 millones.

“Buena parte de las necesidades las terminarán cubriendo con deuda flotante. Lo más probable es que posterguen los pagos a proveedores, ya hay indicios de que esto está pasando”, dice Paladino.

Para Nadín Argañaraz, director del IARAF, si bien el escenario que enfrentan las provincias se complejiza, no es tan grave como podría haber sido. “La situación de las provincias es mejor que la que uno esperaba. Estimamos que podrían haber tenido un superávit fiscal de $12.500 millones en el primer semestre. Esto se debe a que el crecimiento del gasto sigue siendo inferior al de los ingresos y así fueron disminuyendo el déficit, principalmente la provincia de Buenos Aires”. Para el economista, “esto muestra que han hecho el ajuste, lo que se espera es que los números sean reales y no dibujos contables”. De este modo, “es muy posible que el año termine con un bajo nivel de déficit, pero igual van a necesitar la plata y se les va a complicar juntarla”.

De no haber cambios en la dinámica judicial, y según anunció el juez Thomas Griesa, lo que cabe esperar en el futuro inmediato es una declaración de "desacato" para la Argentina, cuyos efectos concretos para el país abren dudas entre analistas.

"La figura del desacato es grave en la jurisprudencia norteamericana. Para un individuo puede significar presiones y castigos enormes para presionar el cumplimiento de un fallo. Es más difícil, sin embargo, determinar cómo podría traducirse eso en el caso de un Estado soberano", explicó a LA NACION uno de los abogados que siguen el caso.

En la audiencia del viernes pasado, el juez Griesa apeló a la figura del desacato: si no termina con sus "afirmaciones engañosas" y "no cumple con las obligaciones", se considerará que la Argentina "está en desacato", dijo el juez. Apenas conocidos sus dichos, el ministro Axel Kicillof replicó públicamente sin dejo alguno de inquietud por la amenaza. "El juez no resuelve nada y sólo siembra confusión", le espetó.

Con las dudas sobre lo que un eventual desacato podría significar, las opiniones apuntan a una decisión política del gobierno norteamericano. "Si el juez determina que hay desacato, una de las cuestiones para considerar es hasta dónde querrá llegar el gobierno de los Estados Unidos con un castigo a la Argentina", aventuró el abogado Eugenio Bruno, uno de los expertos que vienen siguiendo el expediente. "Tal como se la conoce, la figura del desacato podría ser abstracta para un Estado soberano. Salvo que el juez Griesa la comunique al Departamento de Estado y pida su intervención", agregó Bruno.

En forma más directa, podrían verse afectados funcionarios argentinos vinculados con el manejo de la deuda externa, o incluso abogados del estudio neoyorquino Cleary, Gottlieb, que asesora al país. De hecho, en la misma audiencia, el abogado Jonathan Blackman, que lleva la voz cantante en la defensa argentina ante Griesa, se distanció abiertamente de la campaña de solicitadas oficiales que disparó la advertencia del magistrado.

"No tuve nada que ver con esas publicaciones", dijo el letrado, en relación con los avisos en los que el Gobierno aseguró que "no está en default" porque "ya pagó", afirmaciones que el juez objetó por "engañosas".

UN AHORRISTA INTIMÓ AL BONY

Con el patrocinio del estudio Garrido, un ahorrista argentino intimó ayer al Bank of New York a que le pague los intereses por su tenencia de bonos Discount emitidos bajo ley británica "en un plazo perentorio e improrrogable de 48 hs". De no hacerlo, promete iniciar "acciones judiciales" contra la entidad en el país para liberar el pago. El dinero es parte de los fondos depositados por el Gobierno en el banco neoyorquino que fueron inmovilizados por Griesa.