La discusión en torno a la propuesta de Nación presentada a las provincias productoras para crear una nueva Ley de Hidrocarburos, que contemple la actividad no convencional y el potencial offshore, es qué nivel de injerencia tendrá el Estado nacional a la hora de establecer las licitaciones que pretenden convertirse en internacionales. También qué sucederá con las regalías extras y con el papel de las empresas provinciales de petróleo y gas. Chubut, Neuquén, Río Negro y Mendoza ya manifestaron la necesidad de mantener sin alteraciones la denominada Ley Corta, que les otorga dominio en la administración de los yacimientos situados en sus territorios.
Sólo cuatro provincias extraen la mayor cantidad de petróleo y gas que produce el país para sus refinerías o para la exportación. Chubut y Neuquén concentran todo el protagonismo, junto a Mendoza y Río Negro. Justamente estos distritos son los que manifiestan la necesidad de no modificar la Ley Corta.
La discusión de fondo, de acuerdo al borrador de la Ley Nacional de Hidrocarburos, es quién tendrá el control de dar concesiones de áreas, especialmente de aquellas que tienen potencial en áreas “no convencionales” (como en zonas de rocas de esquisto o areniscas).
La idea del Gobierno nacional es que las licitaciones sean internacionales para darle un perfil competitivo al sector y evitar que algunas áreas caigan en manos de empresas que no realicen las inversiones suficientes.
Ese es el eje central de la discusión entre las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) y el Gobierno nacional: cuál será el nivel de injerencia desde la Casa Rosada en cada una de las decisiones de las provincias en torno a los hidrocarburos.
Entre las cuatro provincias de la OFEPHI mencionadas más arriba, y que realizaron observaciones al anteproyecto de Ley, concentran el 70% de la producción de petróleo del país (un tercio del total sale de Chubut). Si se suman a Santa Cruz y Tierra del Fuego, llega al 93%.
Las cuatro provincias preocupadas por la reforma a la Ley Nacional de Hidrocarburos y la Ley Corta suman el 62% de la producción de gas natural de Argentina (casi la mitad del total, concentrada en Neuquén). Si a ellas se les suma los distritos de Santa Cruz y de Tierra del Fuego, se llega al 80% de la extracción de gas natural.
El Estado nacional, a través de ENARSA, tiene la potestad sobre los yacimientos en el mar, poco explorado con excepción de la cuenca Austral –compartida por el sur de Santa Cruz y la isla de Tierra del Fuego–. Allí produce un 9% del gas a nivel nacional.
UN PROYECTO EN DEBATE
El borrador del proyecto de Nación se titula “Acuerdo Federal para el Autoabastecimiento de Hidrocarburos: Complemento Normativo a las Leyes 17.319 y 26.197 para la Explotación no Convencional y la Promoción de la Exploración y Explotación de Hidrocarburos”. Ese fue el que el Gobierno nacional e YPF mostraron a las empresas petroleras en una reunión en el Ministerio de Planificación Federal.
Los puntos que no encajan con la visión de la OFEPHI, además de las licitaciones, son aquellos que establecen límites a la captación de renta por otros medios que no sean las regalías (se entendería que no ajustarían aquí el canon de ingreso o las “regalías extra” que se acuerdan en renegociaciones) y que no se puedan reservar áreas a favor de empresas estatales como Petrominera Chubut o Gas y Petróleo Neuquén.
“Las Provincias y el Estado nacional, cada uno con relación a la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos de su dominio, no establecerán en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas o con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica”, dice el artículo 91 bis que pretende incorporarse a la 17.319.
FIEBRE NO CONVENCIONAL
En total hay 40 artículos que impulsan cambios a la actual Ley Nacional de Hidrocarburos. Uno de los más relevantes es el que propone la incorporación del artículo 27 bis sobre explotación no convencional de hidrocarburos líquidos o gaseosos “mediante técnicas de estimulación no convencionales.
Los yacimientos comprendidos en ese artículo serían los ubicados en formaciones geológicas de rocas de esquisto o pizarra (shale gas o shale oil), areniscas compactas (tight sands, tight gas, tight oil), capas de carbón (coal bed methane) o caracterizados, en general, por la presencia de rocas de baja permeabilidad.
Además, incorpora un “artículo 27 ter” que reduce las regalías hasta la mitad a los proyectos que apliquen técnicas de recuperación terciaria, incluyendo a aquellos que requieren un tratamiento especial como los crudos extrapesados (de calidad inferior a los 16 grados API y con alta viscosidad, que se encuentran en abundancia en Mendoza).
Desde que comenzó la producción de shale gas y shale oil en distintos yacimientos de Neuquén, tratando de aprovechar el potencial de Vaca Muerta, fueron varios los inversores interesados en tener la misma suerte de YPF. Si bien la mayor parte de las tareas están concentradas en esa provincia, también hay objetivos en Chubut.
YPF presentó a mediados de este año los resultados de la exploración en El Trébol, el único proyecto de ese tipo en marcha en la cuenca del Golfo San Jorge. Si bien el plan incluía cuatro pozos, utilizando la tecnología conocida como fracking o estimulación hidráulica, un amparo ambiental en Río Mayo (por un pedido de uso de agua dulce que realizó la compañía) hizo bajar las expectativas.
El Parlamentario
El jefe de la bancada del Frente para la Victoria (FPV) en la Cámara de Senadores, y senador por Río Negro Miguel Angel Pichetto, respaldó las modificaciones del marco regulatorio del sector hidrocarburífero que impulsa la Casa Rosada.
Criticó la postura en contrario de los gobernadores Buzzi y Sapag, recordándoles que deberían explicar porqué “firmaron contratos de renegociación de áreas, en algunos casos por 30 años. Acá lo que se está discutiendo es una ley marco para alentar la inversión”, aseguró el senador rionegrino en diálogo con El Inversor Online.
Defendiendo que YPF fue la única operadora del upstream local que logró incrementar la producción de petróleo y gas, recalcó que las demás bajaron y apuntó principalmente a Petrobras. “Se trata de una empresa que prácticamente no ha invertido en Río Negro. Sólo se dedicó a explotar los pozos perforados por la petrolera de Pérez Companc (PeCom). El nuevo contrato (de prórroga firmado con la gobernación) prevé una inversión genuina de sólo 31 millones. El objetivo es quedarse con las áreas para en algún momento replegarse hacia Brasil”, advirtió.
Pichetto aclaró que “el proyecto oficial (para modificar la ley petrolera) no contradice los preceptos de la Ley Corta (de Hidrocarburos) ni de la reforma constitucional de 1994 (que transfirió la titularidad de los recursos a las provincias)” y que “tampoco va en contra de que las provincias puedan cobran un bono, un fee. Pero sí establece que las áreas petroleras deben concesionarse a través de una licitación pública internacional. Hay que terminar con la especulación financiera en la industria petrolera”, resaltó.
Al reconocer que aspira ser gobernador de su provincia, dijo “Río Negro sólo será un distrito petrolero cuando las empresas inviertan en las áreas, hoy muchas sólo buscan hacer un negocio inmobiliario”, cuestionó.
Se mostró a favor de dejar de lado el acarreo a favor de las empresas provinciales, considerando que “perjudica a los intereses nacionales” e insistió en que “la adjudicación de las áreas debe realizarse en el sentido de la inversión productiva para evitar la especulación financiera”.
De todas maneras abogó por seguir discutiendo los puntos de la nueva ley. “Hoy se está hablando de un anteproyecto que aún no tiene su versión final. Hay que tener paciencia para seguir conversando a fin de alcanzar una ley marco” concluyó.
Las críticas de Costa
Para el diputado nacional Eduardo Costa el cambio en la legislación será perjudicial para Santa Cruz, considerando que con ésta la provincia “no será autónoma” en torno a las decisiones sobre el tema.
El legislador se mostró totalmente en contra de las modificaciones a la ley de hidrocarburos que se impulsan desde el Gobierno Nacional. “Es un tema que me preocupa muchísimo porque un tercio de los fondos que recibe Santa Cruz proviene de regalías” destacó, agregando que la ley “pretende bajar estos ingresos y dejar a la provincia sin margen de acción ni decisión sobre sus propios recursos”.
Sostuvo que de prosperar el borrador que circula de la modificación, aclarando que el proyecto no ingresó al Congreso aún, “se dejaría sin efecto la legislación provincial (ley 3.117) que establece las condiciones para la concesión y negociación de áreas que permite a la provincia establecer cánones especiales, determinar el monto de las regalías y establecer tanto el compre provincial como cláusulas para proteger a los trabajadores santacruceños” sostuvo, al igual que tampoco “Santa Cruz podría reservar áreas para que sean explotadas o concesionadas por Fomicruz y perdería todo el manejo de la cuestión hidrocarburífera”.
Aclaró que “el dinero que Santa Cruz recibe en concepto de regalías es el dinero con el que se deben gestionar los hospitales, la salud, la educación, la Policía, los Bomberos, el agua, la luz… ¿con qué plata se va a llevar adelante esa gestión si se nos reducen los ingresos?”, sostuvo en referencia a la posibilidad que quedaría abierta de que el Gobierno Nacional reduzca el porcentual de regalías a percibir por las provincias de acuerdo al tipo de proyecto de explotación.
Reclamó que ni los diputados ni el Gobierno hagan algo para frenar el proyecto “porque nos afecta directamente a todos los santacruceños” aseveró.
Río Negro
Es muy probable que el titular de YPF no haya imaginado -al igual que muchos otros argentinos- el actual escenario financiero, económico y político de la Argentina cuando, hace apenas tres meses, propuso la reforma de la Ley de Hidrocarburos para uniformar el régimen, atraer nuevos socios extranjeros y mayores inversiones directas.
El actual default de la deuda bajo legislación neoyorquina -señalado como hipótesis por esta columna semanas atrás- complica ahora toda la perspectiva de corto plazo para el sector petrolero en materia de financiamiento externo, tanto para las inversiones de YPF como de otras compañías. Pero, además, se resquebrajó el frente interno. No sólo porque cuatro de las principales provincias productoras de hidrocarburos rechazaron el acuerdo propuesto por Miguel Galuccio y que la Casa Rosada había hecho suyo. También porque la reacción del gobierno de Cristina Kirchner a los cuestionamientos que -con mayor o menor dureza- formularon los gobernadores de Neuquén, Chubut, Mendoza y Río Negro, consistió en dejarlos por ahora al margen del esquema de refinanciación de deudas con la Nación que se viene aplicando desde comienzos de este año y sí incluyó al resto de las provincias. Más leña al fuego para que negocien bajo presión.
Con las urgencias fiscales de las provincias, se hace más ardua la discusión de los puntos más controvertidos de la denominada "ley Galuccio". O sea, la distribución de la renta petrolera entre la Nación y las provincias (a través del tope a regalías e impuestos locales); el manejo de las actuales y futuras concesiones de áreas (mediante prórrogas o licitaciones) y, dentro de ellas, la proyectada exclusión de las figuras del canon de ingreso y del "acarreo" (carry) que, en este último caso, amenaza dejar fuera de juego a las empresas energéticas provinciales. En base a la estrategia de repartir palos y zanahorias, el gobierno de CFK estaría dispuesto ahora a reconsiderar la eliminación del canon. Pero aún dentro de las provincias "rebeldes" hay discrepancias en otros puntos (como el reemplazo del carry por aportes porcentuales de las empresas en base a su inversión y del Estado nacional para obras de infraestructura que manejarán los gobernadores) e incluso entre aceptar o no el acuerdo.
Para la Casa Rosada esta última cuestión es crucial, ya que sin consenso será difícil la convalidación exprés de la nueva ley por el Congreso nacional, así como la posterior adhesión de las legislaturas provinciales.
En medio de esta tensión, los 8 exsecretarios de Energía de anteriores gobiernos agregaron hace una semana más ingredientes a la polémica. Por un lado, reclamaron a todas las fuerzas políticas que rechacen el pacto que negocia la presidenta con los gobernadores de las provincias petroleras, bajo el argumento de que sus mandatos vencen en poco más de un año. Por otro, que posterguen hasta 2016 la sanción de una nueva ley de hidrocarburos que reemplace a la actual (ley 17319) a través de un amplio debate en el Congreso nacional con la convocatoria a sectores académicos, empresarios, gremiales, ambientales, científicos y tecnológicos.
Así, la conferencia de prensa que ofrecieron cuatro de ellos en Buenos Aires, abundó en definiciones de alto voltaje para alimentar de antemano ese debate, que se sintetizan a continuación:
• Jorge Lapeña: "Un pacto con los gobernadores para la reforma parcial de la ley 17319, que la mayoría oficialista en el Congreso aprobará sin discusión, no es el método correcto ni servirá para recuperar el autoabastecimiento que tuvo la Argentina en el período 1989/2010". "Se trata de una solución conservadora del orden existente, que permitirá a las empresas petroleras prorrogar las actuales concesiones que vencen en 2017 a cambio de un muy moderado aumento de regalías, además de otorgarles el derecho de pedir la explotación de recursos no convencionales en el subsuelo de las mismas áreas, sin licitación y así prolongar las concesiones hasta el año 2060". "Necesitamos nuevos actores en las áreas que se están explotando".
• Daniel Montamat: "Al producirse el default, la reforma de la ley de hidrocarburos dejó de formar parte del 'Plan A' del gobierno para reemplazar financiamiento inflacionario por acceso al mercado de capitales. Por lo tanto, no se justifica ofrecer a las petroleras condiciones excepcionales en materia de derechos sobre recursos no convencionales a cambio de inversiones directas". "La Argentina no puede seguir manejándose con criterios de cortísimo plazo en una cuestión tan relevante".
• Alieto Guadagni: "La ley 17319 es un traje viejo, sobre todo desde la Constitución de 1994 y no tiene sentido reformarla parcialmente". "Las prórrogas de concesiones matan la idea de la competencia". "Cuando se pretende renovar concesiones así nomás, estamos más cerca del capitalismo de amigos". "Nos oponemos a cualquier prórroga que no sea por licitación, incluyendo a YPF que también debe competir y tiene condiciones para hacerlo". "Algunas empresas se apropian de derechos para después no hacer nada". "Las provincias deben fiscalizar las inversiones comprometidas en los contratos de adjudicación". "Una Agencia Nacional de Hidrocarburos puede ayudar a las que no disponen de estructuras técnicas para hacerlo".
• Emilio Apud: "Un pacto con cuestionamientos de las principales provincias productoras es arbitrario y más aún si se las excluye de la refinanciación de deudas con la Nación". "Hay muy pocos países de Sudamérica donde cada gobernador va con su libreto de reglas propias para la exploración y explotación de petróleo. Por eso se necesita una política de Estado". "Atraer inversiones y poner en valor enormes recursos no debe limitarse a Vaca Muerta". "Si la Argentina quiere jugar en Primera, debe destinar más recursos a la inversión en energía y menos al gasto corriente". "YPF es un importantísimo actor, pero no puede ser exclusivo y obstruccionista". "Aunque pueda invertir 10.000 millones de dólares, no puede acometer el desafío de los 200.000 millones que se necesitan en 20 años"
La réplica oficial llegó desde el ministro Julio de Vido, que acusó a los ocho exsecretarios de oponerse a "una nueva ley democrática y de la democracia que reforma una ley de la dictadura" (de Onganía), aunque omitió reconocer que es la que también rigió durante la era K. Pero en este terreno Apud remarcó que todos los precandidatos presidenciales que competirán en las PASO, con excepción de Scioli y Macri, adhirieron a una declaración anterior de los ocho ex para reformular la estructura legal vigente y conciliar los intereses de las provincias y la Nación con un amplio consenso político. "No se puede sancionar ahora una ley que después deba ser reformada por el próximo gobierno", advirtió Guadagni.
Aunque las empresas con concesiones de áreas ya manifestaron su apoyo a la iniciativa de YPF y aguardan el desenlace de las negociaciones, hay consenso en que las futuras inversiones también deberán esperar. No sólo qué ocurra con el default sino, a más largo plazo, con la modificación de políticas nacionales en las que no participan las provincias, como el régimen de precios y subsidios para gas y petróleo, el cepo cambiario, las trabas para importar, la prohibición de repatriar utilidades y el desmesurado intervencionismo sobre el sector.
Néstor o. Scibona
El gobierno nacional trabaja sobre modificaciones a su borrador de proyecto de ley de hidrocarburos, según confirmó el gobernador neuquino, Jorge Sapag, quien estimó a su vez que “es posible” que el texto corregido sea enviado directamente al Congreso Nacional.
La novedad, y la certeza transmitida por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, de que Neuquén será llamada a discutir la refinanciación de la deuda –en una “segunda ronda” con el resto de las provincias inicialmente excluidas- fue confirmada a este diario por Sapag, durante la gira que realiza por el norte de la provincia.
Sapag también confirmó que “no hay novedades” respecto de la situación de las pequeñas refinerías instaladas en Neuquén, y deploró que una de ellas –Renesa, del grupo MAS Energía- haya cerrado sus puertas. “Es lamentable que cierren pequeñas y medianas empresas” por condiciones macroeconómicas que “dependen de decisiones del gobierno nacional”, sostuvo el mandatario.
Sapag estuvo en contacto telefónico, en las últimas horas, con gobernadores de las provincias petroleras, en particular, con Martín Buzzi de Chubut y Francisco Pérez de Mendoza, y lo concreto es que más allá de la explicación de que están trabajando desde Nación e YPF en la modificación del texto de algunos artículos de la “ley Galuccio”, los mandatarios no tienen respuesta oficial a su propio borrador, por lo que “seguimos esperando”, dijo el neuquino.
El gobernador también se refirió a lo que puede suceder en la sesión del miércoles, donde el senador por Neuquén, Guillermo Pereyra (MPN), tiene previsto interpelar a Jorge Capitanich por la ley petrolera y la relación con la provincia. “Puedo anticipar que Capitanich explicará el no llamado al encuentro de refinanciación con la existencia de una segunda ronda a la que seremos convocados”, dijo.
El gobierno provincial enviará mañana a la Legislatura un proyecto de declaración que plasmará institucionalmente la postura del oficialismo sobre la disputa con Nación por el control del petróleo. Este nuevo paso profundiza las marcadas diferencias que mantiene el Ejecutivo respecto del cambio de reglas para el sector. Al mismo tiempo, asoma como el inicio del camino que había deslizado el gobernador Jorge Sapag: aquello de que, ante la falta de acuerdo, las “discusiones”, ya no los debates, deben darlas los diputados provinciales y el Congreso de la Nación.
El encargado de anticipar la iniciativa fue el presidente del bloque del MPN, José Russo. Mencionó que los borradores que puso en circulación formal e informalmente Nación podrían colisionar con el articulado de la ley provincial 2615, que autorizó prórrogas petroleras y estableció una serie de parámetros que deben cumplirse respecto de cánones y regalías, por ejemplo, al margen de regulaciones ambientales y de responsabilidad social empresaria.
Esta ley también sentó las bases para que, a través de Fiduciaria Neuquina, la Provincia coparticipara parte de los ingresos por renegociaciones en obras acordadas con los intendentes.
Neuquén será la segunda provincia en trasladar el debate a su Legislatura. Chubut hizo lo mismo el viernes. Se trata de las dos jurisdicciones que mantienen las más severas objeciones ante las nuevas regulaciones, que implican un cambio de paradigma y que en el caso neuquino implicaría perder a futuro su excepcional rango de maniobras en operaciones sobre Vaca Muerta a través de su estatal GyP.
El Gobierno llega a esta instancia luego de, según informó, no obtener una respuesta oficial a un borrador que elaboró con algunas correciones sobre una de las propuestas de Nación. Sapag y Galuccio tuvieron una breve tregua en Loma Campana, durante la visita de Daniel Scioli a Vaca Muerta, pero fue cuestión de un día.
Uno de los puntos que promueve más resquemor localmente es la imposibilidad de reservar áreas a futuro que recaerá sobre las petroleras provinciales. Otro, que el único mecanismo de distribución de la renta petrolera llegara a ser el de las regalías.
En la última semana, referentes de uno y otro sector fueron endureciendo los discursos, a tal punto que el ministro de Energía, Guillermo Coco, insinuó ayer la posibilidad de ir a la Justicia en contra de YPF, a la que le atribuyó “operar” contra la Provincia presionando a las petroleras para que avalen el borrador nacional. En la Legislatura se prevé un debate que ponga en escena esta suerte de fractura en la relación con Nación, con los diputados del PJ apuntalando a YPF y el oficialismo y sus aliados cerrando filas con el Ejecutivo.
Coco dijo que Neuquén evalúa salirse de YPF
NEUQUÉN
El ministro de Energía de la provincia, Guillermo Coco, planteó ayer la posibilidad de que Neuquén saque a sus representantes del directorio de YPF.
Lo hizo en declaraciones radiales en las que cargó muy duramente contra el presidente de la empresa, Miguel Galuccio, al que acusó de “operar” con las operadoras petroleras para que avalen el borrador nacional que modifica las reglas para el sector de los hidrocarburos.
“Hay un ataque directo de YPF a la empresa Exxon (socia de GyP). Galuccio visitó al presidente de Exxon y lo ha hecho con otras compañías para solicitar directamente el apoyo de Exxon y ponerse a favor de la propuesta”, dijo Coco en declaraciones realizadas ayer a LU5.
En la misma línea, señaló que es un caso que “estamos estudiando con los abogados de GyP, porque esto indudablemente es una deslealtad comercial a un socio nuestro a partir de otro socio que es YPF, así que es posible que llevemos esto a la Justicia”.
El ministro insistió en que “operan en contra de la Provincia” y en contra de las operadoras, y “lo está haciendo Galuccio personalmente”.
El funcionario provincial agregó que, por este motivo, “esto nos va a llevar a evaluar la continuidad o no de Neuquén en el directorio de YPF; son cosas gravísimas que están saliendo a la luz”.
Sus declaraciones surgen el mismo día en el que el gobierno provincial hizo conocer que llevará el debate de la nueva ley petrolera a la Legislatura (ver nota central).
Coco también cargó contra los aliados de Nación entre los legisladores provinciales, como el caso del diputado Rodolfo Canini (Upie), que plantea objeciones sobre el funcionamiento de GyP: “Tiene la información que le pasa el gobierno nacional e YPF, porque no es él el que hace la investigación sino que son los papers que le dan el gobierno nacional e YPF para que salgan los diputados provinciales o nacionales del FpV”, dijo.
Diariamente Neuquén
El ministro de Energía de Neuquén, Guillermo Coco, afirmó que el titular de YPF, Miguel Galuccio, solicitó a la empresa Exxon que apoye el proyecto de ley petrolera del gobierno nacional, y en ese contexto, cargó contra la empresa G&P y el sistema de acarreo, por lo que evalúa denunciarlo por “deslealtad comercial”.
“Estamos estudiando el tema con los abogados de G&P”, dijo el ministro en declaraciones a la radio LU5, “porque esto es indudablemente una deslealtad comercial a un socio nuestro, a partir de otro socio que es YPF”
“Es posible que llevemos esto a la justicia”, avisó Coco.
El ministro neuquino aseguró que “Galuccio en persona opera en contra de la provincia y en contra de las operadoras”, y que incluso el gobierno neuquino está evaluando “la continuidad o no” en el directorio de YPF.
Es posible que nuestros legisladores nacionales pidan un informe de cómo se están manejando y saber cuáles son los contratos publicitarios que tiene el sector de comunicación de YPF, porque hay cosas que nos llaman sobremanera a atención”, sostuvo Coco.
Los cuatro gobernadores, entre ellos Martín Buzzi, que quedaron afuera del acto de refinanciación de deudas con Nación, interpretaron que fue un claro castigo presidencial por no acompañar el borrador de la nueva Ley de Hidrocarburos.
El jefe de Gabinete nacional, Jorge Capitanich, prometió que habrá una segunda tanda en la rúbrica que ya concretaron otros 13 mandatarios provinciales. Desde Neuquén amenazan con abandonar el directorio de YPF. Hoy llega Buzzi de Europa y se espera una pronta reunión de la Ofephi. «Hemos dividido por instrucción de la Presidenta dos etapas la refinanciación.
Una de trece provincias y otra de cuatro», explicó Capitanich en la Casa de Gobierno de Mendoza donde estuvo esta semana. Tratando de justificar lo obvio, el jefe de Gabinete de Cristina Kirchner explicó así el motivo de la ausencia de Chubut, Mendoza, Neuquén y Río Negro en el acto en la Casa Rosada donde otras 13 provincias firmaron el acuerdo por las deudas con el Estado nacional. Casualmente, los gobernadores de esas cuatro provincias son los más duros en su oposición a la nueva ley petrolera que impulsa Nación y redactada por la pluma del CEO de YPF, Miguel Galuccio, acusado por los mandatarios provinciales de querer concentrar el manejo del recurso.
BAJAR EL TONO Luego de advertir que los gobernadores díscolos estarán próximamente firmando el acuerdo por las deudas, Capitanich afirmó en relación a la controversia surgida por la nueva ley petrolera, que «nosotros consideramos que todas las opiniones de la provincias son válidas». Agregó en declaraciones tomadas por el portal de noticias MDZ de Mendoza, que desde el Gobierno nacional «estamos a favor de las soberanías de las provincias», aunque los gobernadores no están advirtiendo esa posición en las negociaciones.
Respecto a las regalías que le corresponderán a las provincias por la extracción de petróleo, Capitanich dijo: «Están todas las condiciones dadas de perfeccionamiento de la norma para que perciban los recursos que les corresponden y para que se de un número más alto del esperado, es decir que llegue a un 18%».
ADVERTENCIA PROVINCIAL El ministro de Energía de Neuquén, Guillermo Coco, dijo que esa provincia evalúa abandonar el directorio de YPF, debido a que Galuccio opera en contra de la provincia pidiendo a las empresas petroleras que se muestren a favor del borrador «que impulsa Nación e YPF» sobre la nueva ley hidrocarburífera. «Galuccio visitó al presidente de Exxon para solicitarle apoyo en la propuesta de ley que propone YPF y ponerse en contra de los carry de Gas y Petróleo. Por lo tanto, estamos estudiando si vamos a tomar algún tipo de acción (judicial) porque esto indudablemente es una deslealtad comercial», expresó el funcionario neuquino en declaraciones al diario Río Negro.
Continuó Coco apuntando contra el presidente de YPF y dijo que «opera en contra de la provincia y de las operadoras, y lo está haciendo Galuccio personalmente. Esto nos va a llevar a evaluar la continuidad o no de Neuquén en el directorio de YPF».
VUELVE BUZZI Hoy regresa a la provincia el gobernador Buzzi luego de una gira por Gran Bretaña y Francia encabezando una misión vinculada a la organización de los festejos por los 150 años de la llegada de los colonos galeses a Chubut. Por la tarde estará reasumiendo en el cargo, y se espera que el miércoles se puedan reunir todos los gobernadores que conforman la Ofephi y que preside el propio Buzzi.
«No creo que eso suceda», se limitó a responder un funcionario provincial que acompaña al mandatario en su gira europea, en relación a la advertencia de Neuquén de abandonar el directorio de YPF. De todos modos, la expectativa es poder avanzar esta semana en una alternativa que permita a los gobernadores acercar posiciones con Nación en torno al conflictivo borrador de la nueva Ley de Hidrocarburos.
En medio de la fuerte puja entre Nación y las provincias petroleras por el proyecto de Ley de Petróleo, el ministro de Energía de Neuquén, Guillermo Coco, aseguró que el propio presidente de YPF, Miguel Galuccio, “opera en contra de la provincia” visitando compañías del sector para pedirles que apoyen a la Nación.
“Ahora salió a la luz el área que tenemos con Exxon en Bajada del Choique. Creemos que es un ataque de YPF. Días atrás fue el propio Galuccio el que visitó Exxon para pedirles apoyo y que se manifiesten a favor de la Nación sobre la propuesta de Ley. Hizo lo mismo con otras compañías”, indicó Coco en declaraciones a LU5. Adelantó que la Provincia evalúa tomar “algún tipo de acción judicial” porque consideró la acción como “una falta comercial” a un socio de Neuquén. “Operan en contra de la Provincia y lo está haciendo Galuccio personalmente”, sentenció.
En este contexto, adelantó que la Provincia está evaluando la posibilidad de abandonar el directorio de YPF ante las “cosas gravísimas que están saliendo a la luz”.
“No es casualidad que Canini, quien jamás investigó aparezca justo con un contrato de Exxon cuando Galuccio visitó días atrás a su presidente y le pidió que se expresara en contra de la provincia y contra GyP”, aseguró.
También cargó contra el diputado Canini, de quién aseguró que la información “se la pasa el Gobierno nacional”. “No es que Canini hace una investigación sino que le pasan papers de Nación para que los diputados salgan a confundir a la ciudadanía, lo cual es menospreciar a GyP”, indicó.
Además, Coco denunció que hay una “campaña mediática” contra la Provincia. “Directamente hay una búsqueda de ensuciar y desprestigiar a los funcionarios neuquinos”, dijo. Adelantó que los legisladores provinciales del MPN podrían pedir informes sobre cómo se manejan y cuáles son los contratos que tiene el sector de Comunicación de YPF porque resaltó que hay “cosas que extrañan sobremanera”. “Tenemos operaciones mediáticas permanentes y esto raya con lo inconstitucional”, aclaro.
El jefe de la bancada del Frente para la Victoria (FPV) en la Cámara de Senadores, Miguel Ángel Pichetto, quizás el hombre del peronismo con más experiencia en el Congreso, respaldó las modificaciones del marco regulatorio del sector hidrocarburífero que impulsa la Casa Rosada.
El senador por Río Negro se despegó, así, de los gobernadores de Chubut, Martín Buzzi, y de Neuquén, Jorge Sapag, que se oponen de forma unilateral a la iniciativa del Gobierno nacional, al igual que el mandatario de su provincia, Alberto Weretilneck. “Buzzi y Sapag deberían preguntarse por qué firmaron contratos de renegociación de áreas, en algunos casos por 30 años. Acá lo que se está discutiendo es una ley marco para alentar la inversión”, descargó Pichetto en diálogo con El Inversor Online.
Contra Petrobras
En esa línea, analizó que YPF fue la única operadora del upstream local que logró incrementar la producción de petróleo y gas. “Todas las demás bajaron, especialmente Petrobras”, cuestionó. El senador se opone a la prórroga por 10 años de las concesiones de la petrolera brasileña en Río Negro, en la vereda contraria a la del gobernador Weretilneck, que impulsa el acuerdo. Por la extensión de las concesiones, Petrobras se comprometió a pagar US$ 100 millones, pero el convenio debe ser ratificado por la Legislatura y es complicado que el Ejecutivo provincial logre el aval para imponerse en esa votación.
“Se trata de una empresa que prácticamente no ha invertido en Río Negreo. Sólo se dedicó a explotar los pozos perforados por la petrolera de Pérez Companc (PeCom). El nuevo contrato (de prórroga firmado con la gobernación) prevé una inversión genuina de sólo 31 millones. El objetivo es quedarse con las áreas para en algún momento replegarse hacia Brasil”, advirtió.
Licitación internacional
El senador rionegrino aclaró que “el proyecto oficial (para modificar la ley petrolera) no contradice los preceptos de la Ley Corta (de Hidrocarburos) ni de la reforma constitucional de 1994 (que transfirió la titularidad de los recursos a las provincias). Esas iniciativas fueron apoyadas por Néstor y Cristina Kirchner”. “Tampoco va en contra de que las provincias puedan cobran un bono, un fee. Pero sí establece que las áreas petroleras deben concesionarse a través de una licitación pública internacional. Hay que terminar con la especulación financiera en la industria petrolera”, resaltó.
Candidato a gobernador
Pichetto trabaja en su candidatura con vistas a ser electo gobernador de Río Negro en los comicios del año que viene. “Aspiro a gobernar mi provincia, que sólo se va a convertir en un distrito petrolero cuando las empresas inviertan en las áreas. Hoy, en cambio, hay firmas que se quedan en los bloques para hacer un negocio inmobiliario”, cuestionó.
A su vez, en línea con la postura del Gobierno nacional, se mostró en contra de la aplicación del acarreo (carry) a favor de las petroleras provinciales, que permite a compañías mantener un porcentaje de los campos sin desembolsar inversiones. Fue la estrategia elegida por Gas & Petróleo (G&P), la compañía estatal de Neuquén, para conservar una participación en los proyectos no convencionales en Vaca Muerta.
Contra Pereyra
“Creo que es un sistema que perjudica a los intereses nacionales. La adjudicación de las áreas sebe realizarse en el sentido de la inversión productiva para evitar la especulación financiera. G&P distorsiona el mercado”, señaló. “Lo que diga (Guillermo) Pereyra (que critica la iniciativa de la Casa Rosada) no me preocupa. No tenemos por qué comprarnos la estrategia neuquina”, agregó.
A su vez, abogó por seguir discutiendo los puntos de una nueva ley de Hidrocarburos. “Hoy se está hablando de un anteproyecto que aún no tiene su versión final. Hay que tener paciencia para seguir conversando a fin de alcanzar una ley marco. Lo que está claro es que se acabó el negocio de algunas provincias que buscan resolver sus fuertes problemas salariales mediante aportes de empresas petroleras sin importar si esas compañías van a invertir o no”, concluyó.
El gobernador ratificó su concordancia en general con el proyecto que impulsa el Gobierno Nacional para reformar la ley de Hidrocarburos, sobre el que la provincia hizo una veintena de objeciones para ser tenidas en cuenta. Recordó que la norma deberá ser debatida en el Congreso y luego por las legislaturas provinciales. Al tiempo que dijo que “alineamiento” fue el que tuvo Buzzi en su momento “que abría licitaciones de Santa Cruz en Chubut”.
Daniel Peralta ratificó que mantiene su postura frente al debate que existe en torno a las modificaciones a la ley nacional de Hidrocarburos en el cual concuerda con el espíritu del proyecto que impulsa el Gobierno Nacional.
En declaraciones realizadas tras el acto llevado a cabo en Sala de Situación donde se presentó la licenciatura en Seguridad Pública, el gobernador se refirió a este tema y a otros como lo ocurrido con Goldcorp, Vieira, y destacó el incremento en materia de seguridad realizado por la provincia.
En relación a la posición de distintas provincias ante las modificaciones que se impulsan a la ley nacional de Hidrocarburos, Daniel Peralta sostuvo en el caso del gobernador de Chubut, Martín Buzzi, “sabe lo que hace” y recordó que el chubutense es “el mismo que abría sobres de licitaciones para Santa Cruz en Comodoro y quien llevó a la presidenta en avión a Las Heras, haciendo alarde de un alineamiento incondicional con el Gobierno Nacional”, en cambio sostuvo que con el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, “tengo la mejor de las opiniones ya que es un gobernador federal que no viene del peronismo y que tiene juego propio en la estructura nacional”.
Siguiendo con el reparo de las provincias que se oponen a los cambios de la norma, señaló que “de Mendoza no tengo nada que decir porque tiene muy poco de YPF y quienes hablan, en este caso, tienen muy poco que ver con YPF, dijo al enfatizar que nosotros mantendremos nuestro alineamiento” insistió, y recordó que “los senadores tendrán que debatir en el Congreso”.
Tampoco, sostuvo, comparte “para nada” la posición planteada por los ex secretarios de energía, encabezados por Daniel Montamat, “son los responsables de cómo quedó el país en 2001 y que ahora profetizan diciéndonos qué está bien y qué está mal”, sostuvo Peralta.
Inversiones
Peralta reconoció que “subió el índice de inseguridad”, razón por la cual se incrementaron las inversiones y medidas orientadas a revertir eso. “Si bien nuestras medidas basadas en el mapa del delito permitieron muchos esclarecimientos, no queremos ocultar el incremento en la tasa delictual y todo lo que hacemos al respecto apunta más allá del 2015, ya que los primeros técnicos que surjan de acá serán recursos humanos para los futuros gobiernos de Santa Cruz”, señaló.
Vieira y Goldcorp
Sobre la expropiación de la planta de Vieira, hoy en manos judiciales, y el pedido de la empresa española de que la misma se deje sin efecto, Peralta recordó que el Gobierno se limita simplemente “a cumplir con una ley sancionada por la Legislatura”, y sostuvo que “no todos están de acuerdo en volver a entregarle la planta al empresario que se declaró en quiebra”, por lo que reiteró que “nosotros haremos todo lo que la Cámara de Diputados disponga”, y sostuvo que “hay un montón de ofertas que están mejorando la situación y eso no implica descartar un proceso impuesto por la Legislatura”.
Respecto de los cuestionamientos de la minera Goldcorp a las multas que le fueran aplicadas por la Secretaría de Trabajo, que suman unos 55 millones de pesos (ver página 8) el gobernador sostuvo que “cuando fui funcionario de la Subsecretaría de Trabajo, yo apliqué una multa a REPSOL por más de tres millones de dólares, y aún cuando apelaron ante la Justicia terminaron perdiendo”, y que “en el caso de Goldcorp el trabajo minero es muy peligroso y si no se cumplen determinadas regulaciones hay que sancionar”.
Finalmente también se refirió a la situación de precariedad laboral presentada por CTA respecto de los trabajadores de (la empresa de limpieza) Guzmán, y del pedido de que esos trabajadores sean pasados a planta permanente, lo que fue rechazado por Peralta, por ser trabajadores privados, “nosotros apostamos a que la resolución se dé en el marco de la empresa y desde el Estado articularemos y gestionaremos al respecto”, concluyó.
