El gobierno de Paco Pérez entró esta semana en zona de alarma al confirmarse que Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (Impsa) fue condenada a quebrar por la justicia brasileña, por no cumplir con sus obligaciones comerciales.

La alarma no es casual, Impsa es la mayor empresa mendocina. Emplea a más de 1.500 trabajadores en forma directa, pero a su vez, unas 950 pymes metalúrgicas le prestan servicios para los diferentes proyecto que realiza alrededor del mundo.

Es por esto que cuando se conoció la noticia la noche del lunes que un juez brasileño había decretado la "bancarrota" de Wind Power, filial dedicada a la energía eólica que el conglomerado mendocino instaló en Recife, las alarmas sonaron en el gobierno de Pérez.

“Estamos monitoreando la situación, que ha generado preocupación, pero nos dicen desde la empresa que está todo bajo control”, confió a LPO un funcionario muy cercano al despacho del gobernador.

En tanto que desde la propia Impsa, en las últimas horas sólo hubo un escueto comunicado que hizo llegar a algunos periodistas el gerente de Comunicaciones Institucionales, Ismael Jadur. “Nuestras operaciones en Brasil son normales”, sostuvo. “Estamos haciendo todas las gestiones para sobrellevar la situación, aunque no hemos recibido nada oficialmente”, agregó un tanto contradictorio.

El juez de Pernambuco Rafael José de Menezes, decretó el 30 de julio pasado la quiebra de Wind Power ante un pedido de las empresas Libra Terminal Valongo SA y Libra Terminais SA, quienes reclaman el pago de una deuda de 4,7 millones de dólares. Según el fallo del juez, la renuencia de Pescarmona a pagar“es declaración indirecta de insolvencia”, aunque esto es difícil de creer, cuando según ha dejado trascender la empresa, en Brasil tiene contratos por casi 900 millones de dólares en parques eólicos y concentra el 30% de los parques que explotan ese tipo de energía ecológica.

Como era esperable los abogados del mendocino le bajaron el tono a la decisión del juez y explicaron que se trata apenas de un primer paso del proceso de quiebra. Señalaron que hay incluso posibilidades de apelar o llegar a un acuerdo con los acreedores.

“Solucionaremos esto lo antes posible”, agregó Jadur en su comunicado.

Dudas

No obstante, la noticia de la quiebra agravó las dudas sobre la real fortaleza económica del grupo, que ya en junio pasado disparó las primeras alarmas cuando Impsa bordeó el default al atrasarse una semana en el pago de un bono, demora que en su momento atribuyó “a problemas adminisrativos”. Según se indicó en aquella oportunidad, el reatraso se debió a que la empresa no recibió un pago desde Venezuela, donde también tiene importantes negocios. En setiembre tiene otro vencimiento, que según fuentes de la empresa se afrontará “como siempre hemos hecho, pagando”.

Según confirmaron a LPO empresarios Pymes del sector metalúrgico mendocino, Impsa bajó el nivel de actividad desde principios de año, despidió a algunas decenas de empleados y encargó trabajos a menor ritmo que el año pasado.

El esquema de trabajo de Impsa se basa en la contratación de medianos y pequeños talleres metalúrgicos que en Mendoza proliferan justamente por el monumental volumen de negocios de Pescarmona.

A este panorama se suman las versiones que corrieron hace unos tres meses sobre las intenciones de Enrique Pescarmona, en CEO de Impsa, de deshacerse de sus activos en Brasil para concentrarse en otros proyectos, sobre todo en África y Asia.

También fue noticia Pescarmona en julio pasado, cuando se conoció el interés de la empresa mendocina en construir la central hidroeléctrica Chiuido I, en Neuquén, cuyo costo sería de unos 2.100 millones de dólares y que tras el default como tantos otros grandes proyectos de obra pública, su finaciamiento ingresó en zona de riesgo.