La inversión sigue pasando por un mal momento en el país. Según el último Catastro de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), un total de 
US$ 73.025 millones suman las iniciativas privadas cuya puesta en marcha y desarrollo se han visto frenados por distintos obstáculos, generando con ello la paralización, postergación y, en algunos casos, el desistimiento.

El análisis indica que el stock de capital físico detenido aumentó 31,9%, desde su última medición en junio del año pasado. 
La Sofofa identificó 44 proyectos inmovilizados, que representan el 27,2% del global general de la cartera de inversión, evaluada actualmente en US$ 268.600 millones.

Del total de iniciativas que registran dificultades en su desarrollo, doce corresponden a proyectos clasificados como postergados (equivalentes a US$ 39.935 millones en inversión), 18 proyectos están considerados como paralizados (US$ 18.779 millones) y otros 14 se registran definitivamente como desistidos (US$ 14.311 millones).

Entre los problemas que han debido enfrentar los proyectos se observan factores externos, como la “judicialización de proyectos y fuerte oposición de comunidades”, “alto costo de la energía”, “falta de certeza jurídica” y “excesiva demora en el proceso de evaluación ambiental, fiscalización y sanciones de la autoridad, por no cumplir con la normativa ambiental”.

La expectativa del mercado es que la inversión privada seguirá paralizada mientras no se despeje el escenario, no sólo en el tema tributario, sino en aspectos diversos como los anuncios que ha hecho la autoridad en materia regulatoria y normativa.


Proyectos paradigmáticos


De los postergados, destaca la iniciativa más cuantiosa del catastro denominada “Ampliación IV Los Pelambres”, de Antofagasta Minerals. La minera, que apunta a duplicar su actual producción y superar el millón de toneladas de cobre anual, aplazó en tres o cuatro años la decisión de invertir unos 
US$ 10.000 millones. El alza en el costo de la energía es la causa principal de la decisión, aunque también aducen razones operativas debido al gran aumento de la capacidad de producción de la mina, lo que demandaría su realización en dos fases, describe la Sofofa.

En tanto, en el grupo de los paralizados destaca HidroAysén, iniciativa que contempla cinco centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua, región de Aysén, para producir unos 2.750 MW, bajo una inversión de US$ 3.200 millones. En junio, el Comité de Ministros resolvió acoger los recursos de reclamación presentados por la comunidad y dejar sin efecto la RCA emitida en el año 2011 por la autoridad.

Como desistido se encuentra el proyecto termoeléctrico “Central Castilla”, el cual generaría 2.100 MW a un costo de US$ 5.000 millones. A pesar de que su EIA fuera aprobado en marzo de 2011, la Corte Suprema revocó el permiso ambiental que se le había otorgado, exigiendo a la firma presentar un nuevo estudio que incluya, en conjunto, la central y el puerto.

La lista de iniciativas que enfrentan diferentes dificultades para su realización se concentra, esencialmente, en los sectores de minería y energía. En el primer caso, los proyectos que se encuentran afectados llegaron a 14, con una inversión de US$ 44.773 millones, cifra que representa el 61,3% de la inversión detenida.

Las obras asociadas al rubro energético alcanzan a 26 por un monto de US$ 27.332 millones, equivalentes al 37,4% de los recursos retenidos.


Factores de detención


De acuerdo al análisis de la Sofofa, la judicialización es el principal obstáculo que enfrentan las empresas. En este grupo se cuentan las iniciativas Cerro Casale (US$ 6.000 millones), Central Castilla, proyecto El Morro (US$ 3.900 millones) y Central Termoeléctrica Punta Alcalde (US$ 1.400 millones), los cuales, pese a contar con su “aprobación ambiental”, trasladaron su desarrollo a tribunales.

El complicado escenario en torno al desarrollo de nuevas fuentes energéticas y el alto costo que hoy representa este ítem en el proceso de producción, también está frenando a la inversión, en especial al rubro minero. Este obstáculo afecta a seis obras y totaliza US$ 18.700 millones de inversión detenida.

En el frente de incerteza jurídica, hay seis iniciativas inmovilizadas, que suman US$ 15.798 millones. Destaca el proyecto “Nueva Andina Fase II” de Codelco, de US$ 7.000 millones, que actualmente está en etapa de evaluación ambiental y durante este año la firma estatal hará sus descargos a la autoridad.

INICIATIVAS PRIVADAS DETENIDAS EN LAS REGIONES

La medición de la Sociedad de Fomento Fabril, que considera aquellas iniciativas que registran algún grado de dificultad en su realización y que se agrupan en proyectos postergados, paralizados y desistidos, reveló que las tres regiones con mayores niveles de inversión "detenida" son Atacama, Coquimbo y Valparaíso, las que en su conjunto totalizan US$ 50.894 millones, cifra que equivale al 69,7% del total inmovilizado.

La región que lidera esta lista es Atacama, con doce proyectos y US$ 28.318 millones, monto que representa al 38,8% de los recursos detenidos. Al desagregar los datos de esta región, se observa que los proyectos obstaculizados se encuentran principalmente en las comunas de Copiapó
(US$ 6.100 millones), Tierra Amarilla (US$ 6.000 millones) y Vallenar (US$ 4.500 millones).

Le sigue la zona de Coquimbo, con cuatro obras por US$ 12.760 millones, cifra que es el 17,5% del total detenido. De este resultado, US$ 10.000 millones se ubican en la comuna de Salamanca y los restantes US$ 2.760 millones en la localidad de La Higuera.

En tercer lugar se encuentra la región de Valparaíso, que tiene otras cuatro proyectos y US$ 9.816 millones en inversión obstaculizada, recursos que constituyen el 13,4% del total de esta medición. Esta cantidad se distribuye, principalmente, en las comunas de Los Andes con US$ 7.000 millones, Quintero con US$ 1.700 millones y Puchuncaví con US$ 1.081 millones.

Posteriormente, se ubican las zonas de Tarapacá, con dos proyectos por US$ 6.067 millones, y Aysén que tiene dos iniciativas, las que suman US$ 4.233 millones.

Mientras tanto, los proyectos multicomunales concentraron US$ 4.573 millones, cifra que equivale al 6,3% del total de la inversión privada detenida en el país.