El canon de ingreso podría ser el camino para que Nación y las provincias petroleras vuelvan a sentarse a discutir la nueva ley petrolera.

Los técnicos de la Casa Rosada e YPF elaboraron un nuevo borrador -el cuarto dentro de la extensa saga- donde se incluyen las consideraciones de los distritos petroleros. Según pudo averiguar "Río Negro", la principal concesión será la autorización para cobrar un canon a la hora renovar u obtener nuevas concesiones.

El mecanismo seguirá los mismos preceptos que los que se aplicaron para la aprobación del proyecto Loma Campana, cuando YPF tuvo que pagar 24 millones de dólares a modo de compensación por el remanente de hidrocarburos en formaciones convencionales que quedaban bajo tierra.

El nuevo articulado, que todavía no fue entregado a los gobernadores, aún está en proceso de análisis por parte de los abogados de la Casa Rosada, a cargo del secretario Legal Carlos Zannini. Se trata de un documento con intenciones conciliadoras, aunque aún nadie se anima a aventurar que resolverá todas las inquietudes planteadas por los gobernadores, que criticaron 21 de los 40 artículos y directamente censuraron una decena.

Pero la posibilidad de establecer un canon de ingreso sería por estas horas la prenda más preciada. Los gobernadores están dispuestos a ceder en otros aspectos, como el carry o la reserva de áreas, pero no en la posibilidad de cobrar una suerte de "pase" para conseguir extensiones.

Así lo admitió Jorge Sapag en varias entrevistas radiales que realizó ayer por la mañana, en las que criticó duramente el proyecto y lo relacionó con la no convocatoria a la renegociación de deuda (ver aparte).

"El tema más importante es el canon", reseñó el gobernador. Argumentó que por este concepto a través de la ley de renegociación de contratos petroleros Neuquén obtuvo 4 mil millones de pesos y que ese grifo se cerraría si prospera el proyecto tal cual estaba estipulado.

Lo mismo le ocurriría a Río Negro, por ejemplo, que perdería el dinero que va directo a las arcas provinciales si finalmente prospera el acuerdo con Petrobras.

Fuentes de la Casa Rosada aseguraron a este medio que el tema está en consideración. Sin embargo, se estudia poner algún tipo de limitación al canon. Señalaron que podrían ponerse topes en relación a la inversión prometida, aunque no está muy claro de qué forma algo así podría instrumentarse.

Aunque no lo dice públicamente, el CEO de YPF, Miguel Galuccio, es el primer enemigo del canon. Entiende que todo dinero que haya que poner a modo de llave de ingreso se descuenta de las inversiones reales de un proyecto. Cree que en una etapa de capital intensivo como ésta cada dólar que pueda sumarse a los pozos es necesario.

El acuerdo alcanzado entre el Estado y Repsol fue sin duda el inicio de un sendero orientando a generar un nuevo ambiente de inversión. Que es necesario terminar con las erogaciones que le insume al Gobierno abastecer la alta demanda interna, nadie lo duda. Hoy, el país invierte cerca de u$s 5.600 millones anuales para permitir ingresar gas natural líquido a ser regasificado en Bahía Blanca.
La cuestión más relevante en este contexto se presenta respecto si la Nación podrá alcanzar consenso suficiente con las provincias petroleras, para introducir los cambios necesarios que conviertan a Vaca Muerta y otros proyectos en un atractivo de inversiones. En esa línea, el Gobierno presentó un proyecto de ley de hidrocarburos, que cuenta con el impulso principal de YPF, interesado en llevar a la realidad el potencial. Un modelo en que los beneficios impositivos se presenten claros y uniformes en la oferta de permisos exploratorios y más cerca de lo que fue el exitoso modelo brasileño. Las condiciones de las ofertas, con independencia de otros factores financieros que el Gobierno negocia, requieren de cambios comerciales y legales.

En 2006, el Congreso propició un régimen promocional impositivo, emulando a Brasil. En 2013, el Decreto PEN Nro. 929, que creó un régimen de promoción de inversiones e introdujo la vuelta a la disponibilidad de capitales en el exterior en inversiones mínimas de u$s 1.000 millones y bajo ciertos requisitos, tendría hoy una ampliación en el proyecto, que puede representar hasta el 60% de disponibilidad de dividendos. Medidas, como un único criterio impositivo para limitar tributos confiscatorios; una especial restricción a la creación de tasas municipales, que hoy coexisten; más alícuotas uniformes en ingresos brutos; son algunos de las bases para la reforma. Otro principio del proyecto es la uniformidad de criterios de adjudicación de permisos y concesiones en licitaciones competitivas. El uso de un modelo acordado entre todas las provincias, previa aprobación de la Comisión de Planificación, sería otro de los principios que se introduciría.

Tratándose de proyectos de alto riesgo, que involucran largos períodos, se incorporarían además mayores plazos por los que, una concesión de explotación no convencional se otorgaría por unos 35 años, incluyendo un plan conductor de cinco. Asimismo, se evaluaría la posibilidad de reducciones en alícuotas de regalías respecto de proyectos de producción; recuperación terciaria y aquellos relacionados a petróleo extra pesado.

En materia de off shore, se contemplarían principios mas competitivos. Uno de los interrogantes es cuál será el rol de Enarsa, en esta etapa. Cuestiones como: desventajas impositivas respecto de los vecinos, así como el libre ingreso de equipos y tecnología, sumada a la acotada oferta, que los operadores deben sortear, deberían ser resueltas en procura del éxito en mar. El viejo Registro de Empresas Petroleras se ve limitado respecto de aquellos que se encuentran operando en el Atlántico Sur. Ello genera -por imperio de la nueva normativa- una reducción en la oferta y mayores costos, al obligar al operador a buscar firmas de servicios que no están presentes en la región.

Con independencia de la forma definitiva del proyecto, es claro que los principios contenidos marcan uniformidad y consistencia en materia impositiva. La posible luz respecto de beneficios nos posicionaría no solo por lo atractivo de los recursos que el país promete, sino, por que brindaría más transparencia en todas las jurisdicciones, beneficios en materia de impuestos e importaciones y plazos exploratorios mejorados.

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, consideró ayer que es "antidemocrático pedir que se postergue el debate sobre la ley de hidrocarburos de la dictadura" y destacó que el gobierno nacional no busca "imponer sino discutir una reforma de la ley para atraer inversiones y poner en valor los hidrocarburos descubiertos durante la última década".

El ministro salió de esta manera al cruce de las declaraciones realizadas el lunes por los ex secretarios de Energía Daniel Montamat, Jorge Lapeña y Alieto Guadagni, entre otros, quienes rechazaron la discusión que impulsa el gobierno nacional y pidieron postergar el debate para el año 2016.

"En democracia no hay tiempos para debatir los temas estratégicos ya que las discusiones surgen del impulso que pueden darle en forma legítima los actores políticos, en este caso el oficialismo, y se resuelven en el ámbito legislativo", afirmó el ministro.

Además se preguntó: "¿Por qué tienen miedo al debate? A qué mayoría aspiran Montamat y los otros ex secretarios para discutir una ley de hidrocarburos? ¿Querrán una que vuelva a favorecer la depredación de nuestras empresas nacionales?".

En ese sentido, De Vido recalcó que se está "discutiendo un acuerdo federal con las provincias petroleras que impulse una indispensable reforma a la ley de hidrocarburos para que las nuevas áreas se liciten con un pliego transparente".

Mientras públicamente sostienen su posición resistente, los gobernadores de las cuatro provincias petroleras “rebeldes” estarían buscando algún acercamiento al CEO de YPF, Miguel Galuccio, para retomar las negociaciones por la redacción final de la nueva ley de hidrocarburos. Así al menos lo deslizaron desde Chubut y Mendoza, aunque por ahora las diferencias siguen siendo amplias.

“Con Galuccio vamos encontrando la posible salida a un proyecto de ley que es lo que queremos todos”. Así de optimista se mostró ayer el gobernador de Mendoza, Francisco “Paco” Pérez, horas antes de recibir a la presidenta Cristina Fernández. Y llama la atención: fue uno de los tres mandatarios que el jueves se atrincheró en la sede de la provincia de Chubut en Capital, junto a sus pares Martín Buzzi (Chubut) y Jorge Sapag (Neuquén), para analizar el cuadro político y económico general de los “rebeldes” de la Ofephi, mientras trece provincias acordaban la refinanciación de sus deudas con el Estado nacional. El restante es el rionegrino Alberto Weretilneck, quien participó de ese cónclave vía telefónica.

Lo que buscarían ahora es conseguir que Galuccio tome, al menos, algunos de los pedidos que le hicieron sobre el articulado del proyecto, para analizarlo en la próxima reunión de los gobernadores de provincias petroleras. Buzzi fue uno de los que más duro se puso después de enterarse que el Poder Ejecutivo dejaba a los “rebeldes” fuera del plan de refinanciación. El sábado aseguró que “esto obedece a que no firmé ni voy a firmar la Ley de Hidrocarburos que están impulsando”. “Si es ese el motivo, se los agradezco. Hace diez semanas que empezaron a circular los borradores y no los firmamos”, agregó.

Ayer, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dio a entender que la exclusión de estas cuatro provincias respondía a cuestiones administrativas y que su refinanciamiento quedará “para una segunda etapa”. Sapag no tuvo contemplaciones a esta explicación: “es muy ingenuo pensar que las cuatro provincias que producen el 70% del gas y del petróleo no asistieron por la falta de presentación de documentos”.

El ex secretario de Energía Jorge Lapeña cuestionó este martes los cambios a la ley de Hidrocarburos que impulsa el Gobierno Nacional, así como también la prórroga de concesiones, y pidió que se postergue el debate hasta 2016.

“Lo que se propone es una prórroga automática de todas las concesiones, que deberían vencer en 2017, para extenderlas hasta el 2062”, advirtió Lapeña, y opinó que la nueva normativa será un fracaso para atraer nuevas inversiones.

Lapeña, junto a otros siete ex secretarios de Energía, firmó ayer un documento para reclamar que la nueva normativa no sea votada "de apuro", sino que se trate cuando haya asumido el nuevo presidente.

“Los ex secretarios tenernos una posición reformista respecto de la legislación actual”, indicó Lapeña, y consideró que la nueva normativa debe ser “moderna” para que el país pueda “cumplir los grandes desafíos que tiene pendiente”, “revertir la caída crónica de petróleo y gas que es la más grande en toda la historia argentina”, y “descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos para recuperar el abastecimiento energético”.

En declaraciones a radio El Mundo, el exsecretario de Energía, sostuvo que el Gobierno “propone consolidar el orden existente” y aseguró que la normativa “perjudica a las provincias” que son las dueñas de sus recursos.

Además, señaló que las reformas impulsadas por el oficialismo consolidan el “status legal y de posición de los actuales tenedores que son los mismos que están en decadencia productiva”, y añadió que “constituye un gran bloque a todo intento de reforma posterior”.

“Pareciera que esto está hecho a la medida de YPF y muy en contra de los derechos de las provincias”, advirtió Lapeña, y sostuvo que la legislación debería inspirarse en las “modernas leyes mundiales”.

Por último, consideró que debido a los modos de gestión “populista” y “autoritaria”, el país “no va a hacer ninguna gesta importante en materia de infraestructura”, y llamó a modificar la realidad “en un plazo que no sea demasiado largo”.

Rechazaron un potencial recorte de poderes para las provincias en el manejo de los recursos hidrocarburíferos. “Creo que todos los chubutenses tenemos la enorme responsabilidad de defender los intereses que tiene esta provincia”, dijo el sarmientino Sebastián Balochi.

En el puerto de Comodoro Rivadavia, mientras ayer a la mañana se descargaban los equipos para incorporar al yacimiento de Cerro Dragón, los intendentes de Comodoro Rivadavia, de Sarmiento y de Rada Tilly manifestaron su defensa a la Ley Corta, que determina la soberanía del subsuelo a las provincias productoras de petróleo, y opinaron que éstas tienen que tener autonomía sobre sus recursos naturales.

La discusión de fondo que preocupa a las gobernaciones que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) es si las modificaciones que se pretenden implementar en la Ley Nacional de Hidrocarburos les restaría poder a las provincias en la toma de decisiones como autoridad de aplicación, frente a una nueva legislación que contemplará a los yacimientos no convencionales.

Respecto a la discusión en torno al proyecto de Nación (que en Neuquén el gobernador Jorge Sapag llamó “Borrador Galuccio” o “Proyecto Galuccio”, por la influencia del CEO de YPF en la elaboración de la legislación), el intendente comodorense Néstor Di Pierro respaldó al Gobierno de Chubut en su oposición a que esa normativa signifique para las provincias productoras resignar aspectos de la soberanía del subsuelo que les otorga la Ley Corta.

“En el año 2006, después de esa facultad que le dio Néstor Kirchner a la provincia de ser las que manejen los recursos naturales y en una crisis profunda del golfo San Jorge, yo era interventor en Petrominera y se inició un trabajo con los sindicatos para avanzar en la renegociación con PAE para firmar un nuevo convenio que permitiera aumentar la producción y generar más fuentes de trabajo, con la idea de poder llegar al autoabastecimiento”, argumentó.

POTESTAD DE LA PROVINCIA
El intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi, fue uno de los que opinó ayer acerca del debate en torno a las modificaciones de la Ley Nacional de Hidrocarburos, donde algunos puntos del borrador pueden interpretarse como una quita de poder a las provincias en tanto autoridades de aplicación.
“Como chubutense, creo que todos los chubutenses tenemos la enorme responsabilidad de defender los intereses que tiene esta provincia. Creo que hay una unidad importante en la dirigencia, tanto la sindical como la política, en defender los intereses de todos los chubutenses. Defender los intereses de Chubut, defender la autonomía que le ha dado la Ley Corta, el respeto a la Constitución”, dijo el jefe comunal sarmientino.

El intendente de Rada Tilly, Luis Juncos, se calificó defensor de la Ley Corta, que transfirió a las provincias el dominio de los recursos petroleros y gasíferos haciendo valer así el artículo 124 de la Constitución Nacional.

“Soy defensor de la Ley Corta y defensor de nuestra Ley (provincial) de Hidrocarburos. Desde que se comenzó a debatir la ley provincial, tuvimos participación activa, así que por supuesto que somos absolutos defensores de esta ley que le da potestad a la provincia respecto de esto tan importante que son el manejo de sus recursos”, dijo Juncos.

A través de la Ley Provincial de Hidrocarburos (un marco regulatorio posible por la Ley Corta), estos municipios reciben renta adicional de la producción de las operadoras petroleras. Es entre 3 y 4 puntos extra repartidos un 50% para la Provincia y el otro 50% para las ciudades de la cuenca, de acuerdo a la cantidad de habitantes.