Colombia ha anunciado su voluntad de adherirse a Iniciativa por la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés). En la región, solamente el Perú y –desde hace poco Guatemala- son países miembros mientras que Honduras es país candidato y Trinidad y Tobago está buscando serlo.

Las reglas del EITI para aceptar la membresía de un país son –en resumen- que gobierno, sector privado y sociedad civil colaboren en la preparación de reportes que incluyan de manera detallada todos los pagos que las empresas hacen al gobierno. No es requisito obligatorio, pero se recomienda también que se divulguen los contratos firmados entre el Estado y las empresas que acceden a concesiones, los pagos que se hacen por derecho de paso de oleoductos o mineroductos, y los accionistas o beneficiarios reales de las empresas.

La representación de la sociedad civil colombiana al EITI está proponiendo que también se incluya información relativa al medio ambiente, incluyendo –entre otras cosas- la aprobación de los estudios de impacto ambiental, los informes sobre el impacto ambiental de estas actividades, e informes sobre licencias y pagos por uso de agua y de bosques.

Sus argumentos son que el proceso del EITI debiera generar algún valor agregado en una Colombia donde ya hay bastante transparencia fiscal; que la sociedad civil y las poblaciones locales están tan interesadas en saber sobre los temas fiscales y los temas ambientales; y que Colombia debería querer innovar el EITI a escala global, y no solamente ser un país cumplidor más.

Al mismo tiempo, la Contraloría General de Colombia acaba de denunciar que las grandes empresas mineras como Cerro Matoso, Drummond y Prodeco, habrían estado pagando menos regalías de las que les corresponde al sub reportar su producción. La pérdida estimada para el Estado sería de más de 160 millones de dólares. En respuesta, el gobierno está contratando una firma internacional para auditar la producción misma de las empresas y así asegurarse de que reporten lo que realmente producen y paguen lo que realmente deben pagar.

¿Cómo queda el proceso EITI Colombia, que se basa precisamente en suponer que la información sobre la producción –en base a la cual se estiman los pagos- es confiable? ¿Qué capacidad tiene el Estado para saber lo que las empresas mineras y petroleras realmente están extrayendo? ¿Se puede hablar de transparencia fiscal cuando no hay certeza de cuánto se está produciendo? En el Perú, ¿sabemos realmente cuánto mineral se extrae y se exporta?