Aún no se da a conocer el informe del Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos, todavía no ingresan las indicaciones al proyecto de ley que regula los Servicios Sanitarios Rurales y todo indica que no alcanzarán a presentar sus modificaciones al Código de Aguas.

Este lunes 4 de agosto se cumplió el plazo de dos meses solicitado por el Ejecutivo para incorporar indicaciones sustitutivas y complementarias al proyecto que modifica el Código de Aguas, texto que ha sido preparado y discutido por los parlamentarios que integran la Comisión de Recursos Hídricos.

Es el proyecto emblemático de la comisión creada recién a mediados de 2012. El trabajo ha sido intenso. El documento ha sido revisado numerosas veces y sólo faltan un par de artículos por votar, así está desde el gobierno anterior, sin embargo aún no se sabe cuándo podría pasar al Senado.

La presión está en las manos del ministro de Obras Publicas Alberto Undurraga, quien asumió la vocería en este tema por parte del Ejecutivo y a cuya cartera corresponde, junto a la Secretaría General de la Presidencia, coordinar los tiempos y procedimientos de este proyecto que es fundamental dentro del programa de Michelle Bachelet, quien anunció en el discurso del 21 de mayo cambios sustanciales al Código y una garantía constitucional que se incorporaría en una eventual Nueva Constitución.

El Ejecutivo está atrasado y surgen indicios de que este debate podría ser postergado para el próximo año. Mientras los especialistas afirman que la solicitud de plazo se transformó en una acción dilatoria,  los parlamentarios aseguran que independiente de lo que hagan en La Moneda, la comisión retomará la tramitación del proyecto en Agosto.

Aún por comenzar la semana clave en que se definirían las modificaciones al Código de Aguas, la tensión entre la comisión parlamentaria y el Ejecutivo está instalada. En paralelo, las negociaciones son acompañadas por protestas en defensa del agua como derecho humano garantizado por la Constitución, un bien de uso público  que aseguran es “insalvable” sólo con cambios a algunos artículos. “El Código de Aguas simplemente hay que derogarlo”, reclaman los activistas.

La solicitud de Undurraga y Rincón

El miércoles 4 de junio, los parlamentarios integrantes de la Comisión de Recursos Hídricos tenían agendada la votación de los artículos faltantes para finiquitar la revisión en particular del proyecto que modifica el Código de Aguas.

Ese día llegaron a la sesión los ministros de Obras Públicas, Alberto Undurraga, y de la Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón, quienes pidieron parar la votación y congelar el debate. En compañía del director de la Dirección General de Aguas (DGA), Calos Estévez, solicitaron un plazo de dos meses para presentar una indicación sustitutiva que incorporara la visión del Gobierno en la moción parlamentaria.

Los parlamentarios aceptaron la solicitud. Junto con retrasar la votación, los secretarios de Estado solicitaron que se diera prioridad a la tramitación del proyecto de ley de regula los Servicios Sanitarios Rurales. Todo esto a fin de que Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos, Reynaldo Ruiz, tuviera más plazo para terminar su informe sobre la situación del sector. El compromiso fue claro y quedó consignado en el acta de la sesión.

Consultada por las indicaciones que serían presentadas la próxima semana, la ministra Rincón respondió a Radio Universidad de Chile que el compromiso no fue ese, sino que sólo “presentar una propuesta de trabajo a la comisión”, documento en el que trabajan equipos técnicos del Gobierno y asesores de los parlamentarios.

La ministra indicó que están trabajando sobre el proyecto de los parlamentarios para “hacer armónico lo que ellos estaban haciendo con la mirada global”. Los detalles, pidió, que fueran consultados al ministro Undurraga, a quien apuntó como el encargado de liderar este proceso.

El atraso del comité

El presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, Luis Lemus (PS) se reunirá este lunes con el ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga (DC) para conocer un adelanto de lo que presentará el Ejecutivo. Así se lo aseguró el secretario de Estado vía telefónica, mencionó el diputado.

“El lunes me van a adelantar algunas cosas”, afirmó Lemus. “Ya tienen adelantado el informe y las indicaciones que se tienen que hacer”, le aseguró Undurraga, quien lo recibirá este lunes en su despacho. Lemus reconoció que “ha costado acordar las indicaciones”, pero reafirma que el plazo se cumplió. “La próxima semana tienen que llegar con esas indicaciones, de lo contrario el acuerdo es continuar con el proyecto que nosotros teníamos”, sostuvo el diputado.

Sobre un posible retraso del Ejecutivo, el diputado Daniel Núñez (PC) afirmó que “si producto del trabajo se requieren una, dos o tres semanas más, bienvenido sea, pero en agosto si o si nosotros retomamos en la comisión la discusión de la reforma al Código de Aguas (…) no vamos a congelar la discusión”, enfatizó Nuñez.

“El gobierno está atrasado en este y otros temas”, señaló la directora de la Fundación Chile Sustentable, Sara Larraín, quien ha participado como asesora de los parlamentarios en el comité de trabajo que levantó Undurraga. La especialista indicó que en dos meses hubo sólo tres reuniones que no fueron concluyentes y que en la última reunión del lunes 21 de junio, Undurraga se comprometió a que llegaría con la “sustancia del proyecto”, es decir con la indicación “redactada en forma de articulado”. Según Sara Larraín, Undurraga “no alcanza a presentar el texto finalizado”.

La ex candidata presidencial reclama que el Gobierno tampoco a entregado sus observaciones e indicaciones al proyecto de Servicios Sanitarios Rurales, y que por aún, pidieron que la iniciativa se votara antes que terminaran las mesas técnicas con la Federación Nacional de Agua Potable Rural. Según la especialista, el delegado presidencial ya entregó su propuesta para que el agua sea efectivamente un bien de uso público, “pero parece que a alguien no le gustó”, deslizó, ya que aún no se publicita.

“Rincón y Undurraga están en deuda”, criticó Sara Larraín. “Hay descoordinación, desproloijidad y falta de compromiso con los plazos pedidos al Parlamento”, agregó. Más categórica aún, “el gobierno está dilatando y entorpeciendo el avance del poder legislativo”.

Según los plazos y por la información que maneja la diputada Cristina Girardi, en el Comité de Ministros de este martes se presentaría el documento preparado por Undurraga para luego ingresar oficialmente al Parlamento. A este comité asisten, además del jefe del MOP, Carlos Furche (Agricultura), Aurora Williams (Minería), Pablo Badenier (Medioambiente), Máximo Pacheco (Energía) y Ximena Rincón (Segpres).

¿La reforma se podría postergar hasta 2015?

El pasado lunes 28 de julio, en plena celebración del Día del Campesino, el Ministerio del Agricultura publicó en su cuenta oficial de Twitter: “Los cambios al Código de Aguas será un tema que debatiremos el próximo año, cuando hablemos de la Nueva Constitución” Michelle Bachelet.

La publicación, que fue eliminada rápidamente de las redes sociales, alertó a las distintas organizaciones que han seguido el debate parlamentario. El dirigente social Rodrigo Mundaca, secretario general de Modatima (organización que lucha por la recuperación del agua en el valle de Petorca), quien también estuvo en la sesión en que Undurraga pidió más plazo, señaló: “Asistí una vez más, el lunes de esta semana, en el marco del Día del Campesino, a un anuncio presidencial que señala que los cambios al Código de Aguas se van a discutir el próximo año cuando se inicie la discusión de la Nueva Constitución”.

La situación es confusa, pero pone en duda el compromiso de dar “mayor premura“ a esta modificación sustancial que estipuló Michelle Bachelet en el Mensaje Presidencial 2014. “Una vez más se le miente al país, una vez más se engaña y una vez más no toma la decisión de terminar con el oprobio de que seamos el único país del mundo que tiene privatizada sus fuentes y la gestión del agua”, apunta Mundaca.

“Eso exige una explicación”, dijo el diputado RN, Gaspar Rivas.“Postergarlo para el próximo año no es una decisión prudente ni adecuada en función de la urgencia de este tema”, sostuvo.

“El compromiso de los dos ministros fue promover la reforma este año”, indicó el diputado Daniel Núñez. Para el parlamentario, si el Ejecutivo llegara a postergar la discusión “sería un error garrafal, profundo”. “El problema de la sequía acá continúa, este es un problema que tiene que tener solución y no puede llegar en cuatro, en cinco, en seis meses o en un año, es ahora y nosotros vamos a velar porque se cumpla con ese compromiso” , argumentó el diputado comunista.

La moción parlamentaria

Restituido el régimen democrático, el Ejecutivo presentó 1992 el primer proyecto que buscaba modificar el Código de Aguas, decretado en agosto de 1981. Recién en 1997 se aprobó en la Cámara de Diputados y sólo ocho años después, en 2005, se decretó la única reforma lograda hasta el momento.

El nuevo documento incorporó la facultad de que la Presidenta pueda retirar recursos hídricos del mercado cuando se trate de proteger intereses públicos, la evaluación ambiental de la DGA previa entrega de derechos de aprovechamiento, y el pago de patente a quienes no utilizaran sus derechos de agua para consumo o generación de electricidad.

Si bien la intención inicial fue regular el mercado y la transacción de derechos de aprovechamiento, en la práctica la modificación provocó que se concentrara la propiedad y se potenciara el lucro con el recurso. Según un informe de 2011 del Banco Mundial, solicitado por la DGA, entre 2005 y 2008 se realizaron 25 mil transacciones de compra y venta de derechos de agua por un monto anual de 1.2 billones de dólares.

Esto provocó que en mayo de 2011 se creara la comisión investigadora de extracción ilegal de aguas y áridos en los ríos del país, cuyo trabajo estuvo encabezado por la actual senadora Adriana Muñoz. A partir de este trabajo y de la creacion de la Bancada Transversal por el Agua, a fines de 2012 se concretó la comisión permanente de Recursos Hídricos, presidida por la misma parlamentaria. Su primera medida fue encargar un estudio comparado de los distintos proyectos presentados a la fecha.

En 2013 comenzó la tramitación del proyecto consensuado que incluye visiones de distintos sectores y estaba pronto a su votación, pero el cambio de gobierno atrasó nuevamente el debate. La nueva comisión presidida por el diputado Lemus retomó el trámite, hoy nuevamente postergado.

La moción parlamentaria busca limitar los derechos de propiedad, abriendo la posibilidad de caducar algunos derechos en caso que haya escasez hídrica, por ejemplo. En el fondo, la idea es priorizar los usos del agua y consignarlos en el Código a fin de resguardar el recurso de los vaivenes del mercado, explicó la diputada Girardi. “Que el Estado recupere el control sobre el uso y distribución del agua”, profundizó e diputado Núñez.

Además de la modificación al Código de Aguas, el Gobierno incorporaría una reforma constitucional al artículo 19, numeral 24, que establece el derecho de propiedad. El plan es reponer la iniciativa presentada por la Presidenta en 2009, a fines de su mandato, y cuya tramitación fue frenada por Sebastián Piñera y su ministro Cristián Larroulet.

Por último, parlamentarios y el Ejecutivo trabajan en la creación de una nueva institucionalidad que comprende la reestructuración de la DGA y la posible creación de una subsecretaría específica para la administración del agua como bien público, considerado así en el artículo 5 del actual Código de Aguas y en el 595 del Código Civil, pero no así en la Constitución.

La diputada Cristina Girardi señala que el nuevo texto tiene una definición mejorada del agua y se establecen tres usos prioritarios: su existencia en las cuencas, servicios sanitarios y consumo, aspectos en los que habría “pleno acuerdo con el Ejecutivo”. También se eliminaría el cobro de patentes por no uso, ya que esto afecta a las comunidades indígenas y a las pequeñas comunidades agrarias.

El debate tiene matices. Desde la Democracia Cristiana, el diputado Matías Walker reclama que caducar derechos podría tener un carácter “expropiatorio”, pero si está de acuerdo con que se regule en tiempos de crisis. “Voluntades hay, pero hay matices según el sesgo ideológico respecto al tema de la propiedad privada”, asegura el diputado Gaspar Rivas. “El agua es un derecho, un elemento vital para la existencia humana, y por lo tanto tiene que ser considerado como propiedad privada, pero dentro de su función social”, argumentó el abogado.

Para el diputado Daniel Núñez, el agua es un “derecho humano que tiene que estar garantizado en la Constitución para todos los chilenos”, recurso que por estos días es un bien escazo debido al aumento excesivo de la demanda desde el agro y la minería, y la evidente desregulación del mercado.

“El Código de Aguas no es modificable”

Las reformas propuestas son de forma y no de contenido, reclaman las organizaciones sociales.“Aunque modifiquemos cualquier artículo no lo salvamos”, agrega Teresa Armijo, vocera del Frente Amplio de Melipilla. “Nosotros los campesinos creemos que el agua debe volver a ser de la nación y de todos los habitantes”, indicó la dirigente.

“No hay que reformarlo, simple y llanamente hay que derogarlo”, afirma Rodrigo Mundaca, quien participará en París de la escuela de verano para movimientos sociales organizada por la red Attac Europa. El 21 y 22 de agosto, el secretario general de Modatima expone a la comunidad internacional sobre el modelo de lucro basado en el aprovechamiento del agua en Chile.

Las organizaciones que este sábado marcharon por Alameda en defensa del agua y los ríos del Maipo, demandan un nuevo instrumento legal que rija las aguas del país. No confían en los parlamentarios, ya que señalan, muchos de ellos tienen intereses creados en lucrar con el recurso.