El 11 de agosto el directorio de la compañía que integran Endesa y Colbún decidirán si recurrirán a la Justicia para invalidar el fallo del Comité de Ministros.

Ya sería una decisión tomada. Daniel Fernández, ex timonel de ENAP y TVN y actual vicepresidente de la sociedad HidroAysén -que integran Endesa y Colbún- ya habría tomado la determinación -según fuentes cercanas a la compañía- de abandonar el proyecto  en las próximas semanas.

Ello, según trascendió, independientemente de la decisión que tome el directorio de la compañía, que exactamente en una semana más deberá decidir si apela o no al fallo del Comité de Ministros que el 10 de junio pasado le quitó el permiso ambiental al proyecto, luego de detectar falencias en su estudio de impacto ambiental.

Hace ya meses, Fernández abandonó sus actividades full time y pasó a una modalidad de medio tiempo. Incluso, según comentan conocedores de su situación, durante algunos días no va a la oficina y ya tiene otras actividades y directorios, 

La escisión de Fernández de la compañía no estaría relacionada con la determinación que tome el directorio de la sociedad respecto de la apelación, sino que sería más bien de carácter personal y relacionada con el término de una etapa clave  para el polémico proyecto.

Apelación.

Para analizar la apelación, el próximo lunes el directorio de la compañía, presidido por Joaquín Galindo, se reunirá y el principal tema de la tabla sería definir el futuro del proyecto hidroeléctrico.

Esto, considerando que el 27 de agosto vence el plazo legal para que la compañía apele a la resolución del Comité de Ministros que revocó el permiso ambiental del proyecto, que considera una inversión estimada de unos US$9 mil millones.

HidroAysén tendrá antecedentes adicionales con los que hoy no cuenta, por cuanto el 8 de agosto vence el plazo que la Contraloría le otorgó el MOP para pronunciarse sobre la petición de la empresa para obtener derechos de agua adicionales, que tras varios años de tramitación fue inicialmente aprobada en 2011 por las autoridades de la DGA del gobierno anterior.

No obstante, esta decisión fue posteriormente objetada por el organismo contralor, que detectó errores en su tramitación. La demora del MOP llevó a la empresa a solicitar un pronunciamiento.

Ya el pasado 30 de julio, el directorio de la empresa -en la que son socias Endesa y Colbún- se reunió para escuchar las alternativas que se manejan frente a la decisión del comité interministerial.

En la ocasión, según varias fuentes consultadas, quedó en evidencia las discrepancias que habría al interior del directorio respecto a las medidas y estrategias a seguir: unos están por apelar y otros no. Estos últimos, en todo caso, tienen algunas dudas respecto a dos puntos. El primero, una eventual demanda de algún accionista minoritario en contra de los directores, lo cual se podría fundamentar en el Artículo 41 de la Ley de Sociedades Anónimas: “Los directores deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios y responderán solidariamente de los perjuicios causados a la sociedad y a los accionistas por sus actuaciones dolosas o culpables”.