Por Pablo Fernández Blanco.

Julio De Vido y sus más cercanos colaboradores sorprendieron a los empresarios del sector eléctrico en el último verano. Mientras la crisis en la prestación del servicio promovía protestas, piquetes y reclamos de todo tipo, el ministro de Planificación les transmitía un mensaje que tenía que ver más con el futuro que con la difícil coyuntura de ese momento. El temor del funcionario no era, según sus interlocutores, la situación de los últimos meses de enero y febrero, sino el verano y el invierno de un año electoral como 2015.

Ahora, el Ministerio de Planificación está dispuesto a gastar todos los cartuchos que le quedan para llegar a las elecciones del año próximo con el sistema eléctrico a flote. Para eso, ensayó en las últimas semanas algunas jugadas arriesgadas y, cuanto menos, polémicas desde el punto de vista del sector privado.

Enarsa, la compañía estatal que fue creada con el objetivo de participar de la renta del negocio energético, pero se convirtió en el brazo del Gobierno para paliar la crisis del sector, convocó a varias licitaciones para instalar equipos generadores móviles en diversos puntos del país, bajo la modalidad conocida como energía distribuida. Por la falta de interesados, relanzará una de las compulsas en los próximos días bajo el nombre Energía Distribuida VII.

COSTOS POLÉMICOS

El método de generación de energía distribuida es mucho más costoso que las centrales de ciclo combinado (que funcionan con gas o combustibles líquidos) y más aún que las generadoras hidroeléctricas; fue utilizado en ocasiones anteriores para salir del atolladero energético. Pero esta vez Enarsa fue mucho más lejos: en total, pidió ofertas para instalar casi 1000 megawatts (Mw), que equivalen a aproximadamente un 4% de la producción doméstica de electricidad.

La cifra, según los empresarios del sector, ameritaría la construcción de una nueva central de generación antes que la diseminación de equipos de menor porte, en especial por su conveniencia económica. Sin embargo, una obra de ese tamaño demandaría años de construcción, algo que no se adapta a las necesidades del Gobierno.

El costo de esta nueva generación es difícil de establecer, pero de acuerdo con todos los especialistas es mucho más oneroso que el de la producción eléctrica más frecuente, como la de los ciclos combinados.

De acuerdo con un informe privado, en el primer semestre del año pasado el precio de la energía producida bajo la modalidad "distribuida" era de 2764 pesos por mega/hora, más de 30 veces más que los $ 81,25 que recibe una unidad turbo gas con una potencia menor a 50 Mw como remuneración de costos fijos y variables.

El programa Energía distribuida VII es heredero del fracaso de sus antecesores. En las últimas licitaciones hubo pocas empresas interesadas en proveer el servicio y muchas de ellas fueron descalificadas, algo que derivó en reclamos cruzados.

Entre las que presentaron ofertas están Río Energy, Uensa, Secco, Sullair, Turbodiesel, Agrekko y Sirj. El Comité de Evaluación de Enarsa realizó objeciones a todas ellas. A principios de mes se aprobó la quinta licitación, pero sólo algunos tramos. El directorio descalificó a la mayor parte de las ofertas.

CRUCES EMPRESARIOS

El procedimiento generó diversos chispazos. La firma Agrekko, por ejemplo, le envió un duro texto a la empresa estatal de energía con fecha 21 de mayo. Enarsa le había objetado que no garantizaba el ingreso de los equipos. La empresa le respondió que, como es "de conocimiento, la Dirección General de Aduana opera con un amplio margen de discrecionalidad, en el que rara vez cumple los tiempos procedimentales impuestos por la legislación vigente. Agrekko, en el marco de la buena fe precontractual, optó por exteriorizar tal circunstancia".

La empresa también criticó las propuestas de sus competidores. Por ejemplo, sostuvo que Uensa, Río Energy y Power Solutions ofrecen condiciones de financiación "imprecisas", que "no responden a las condiciones del pliego".

Agrekko, además, sostuvo que sus ofertas "suponen violar la normativa del Banco Central con respecto al límite de financiación que las entidades bancarias y financieras pueden otorgar a sus clientes", ya que en algunos casos suponen obtener un préstamo por un monto tres veces mayor al de su patrimonio.