La justicia peruana ordenó a la empresa estadounidense Doe Run el pago de 163 millones de dólares al Estado por incumplir compromisos de inversión para proteger el medio ambiente en la ciudad La Oroya, una de la más contaminadas del mundo.

La Corte Suprema de Justicia falló a favor del Estado peruano en el proceso que interpuso Doe Run para evitar el pago de 163 millones de dólares al ministerio de Energía y Minas por no haber construido una planta de tratamiento destinada a reducir la contaminación, informó el Poder Judicial el sábado.

Indicó que monto la indemnización al Estado se justifica porque la obra no construida hubiera permitido la adecuación a los estándares ambientales exigidos por las leyes peruanas.

Doe Run, de propiedad del estadounidense grupo Renco, tiene en La Oroya, en los andes centrales, un complejo metalúrgico con una refinería de metales que ha contaminado durante años a la ciudad y sus habitantes.

"No sólo el aire ha sido contaminado durante años por emanaciones de plomo y otros metales pesados que arrojan las chimeneas de refinería, sino que la calidad del suelo y del agua pone en peligro los alimentos que consumen las personas", según un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos, publicado el año pasado.

Doe Run paralizó su actividad en junio de 2009 por incumplir el proceso de restructuración y el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental. La empresa estaba además con problemas por deudas, pues un grupo de bancos cortó sus líneas de crédito tras una crisis financiera que la llevó al borde de la quiebra.

En julio del año 2012 un sector del complejo metalúrgico reinició sus operaciones tras estar tres años cerrado.

La empresa, que controla el complejo metalúrgico de La Oroya desde que se privatizó en 1997, debe más de 200 millones de dólares a proveedores y a las autoridades fiscales.