Con el default declarado desde el miércoles, el Gobierno comenzó a delinear una estrategia política y judicial que buscará ganar tiempo para llegar a fin de año con los menores costos posibles. Mientras tanto, un grupo de bancos internacionales mantiene avanzadas las negociaciones con los fondos buitre para comprarles el 25% de los títulos que tienen en default y, de esa manera, lograr que el juez Thomas Griesa restablezca el “stay” y permita a la Argentina pagarle a los bonistas reestructurados.

Altas fuentes cercanas a la negociación aseguraron que hasta el viernes a la noche el acuerdo estaba prácticamente cerrado para que el JP Morgan, Citibank, Deutsche Bank y HSBC adquieran un cuarto de la deuda total que tienen los fondos buitre que ganaron el juicio contra la Argentina, cuyos principales exponentes son el NML Capital y Aurelius Capital. Aunque el monto del litigio ganado alcanza los u$s 1.600 millones, estos y otros fondos tienen títulos en default por unos u$s 5.000 millones, por lo que la negociación gira en torno a la compra de la deuda por u$s 1.250 millones más una prima que sería del 10%, indicaron las fuentes consultadas.

En el mercado también descuentan un acuerdo en el mediano o largo plazo, ya que los inversores no se están desprendiendo de los títulos Par y Discount. Luego de la suba de más de 8% de la semana pasada, cuando parecía que un acuerdo entre privados –con bancos argentinos– era inminente, cayeron pero no perforaron el piso del que habían partido.

En declaraciones radiales, el viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, se refirió a un eventual acuerdo entre privados y se mostró a favor de “cualquier solución por parte de terceros que contribuya a una solución”, aunque remarcó que la propuesta no debe contar con “ningún tipo de participación” oficial para “no arriesgar que se dispare la cláusula RUFO”.

Mientras que avanzan estas negociaciones, el Gobierno intenta despegarse de este eventual acuerdo y avanza en su estrategia política y judicial para seguir demonizando a los fondos buitres, acusarlos de maniobras ilegales por usar información privilegiada e insistir en el desplazamiento del mediador impuesto por Griesa, Daniel Pollack.

Al mismo tiempo, el equipo económico que conduce Axel Kicillof intentará minimizar los efectos que el default está ocasionando sobre la economía real e insistirá en que no habrá impacto alguno en la vida cotidiana, como dijo ayer Álvarez Agis.

El pedido de investigación a los buitres será realizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), que le pedirá esta semana a la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos que indague acerca de la existencia de algún tipo de delito económico o financiero por uso de información privilegiada en el litigio con fondos buitre. El titular del organismo, Alejandro Vanoli, quien coordinó durante todo el fin de semana el documento que presentará ante la agencia del gobierno norteamericano, sospecha que agentes del mercado financiero y bursátil contaban con información de primera mano provenientes de los negociadores que representaron a los fondos buitre en la discusión con la Argentina por la deuda en default. Incluso, el fondo NML es uno de los miembros del consejo que decide si se dispara el cobro de los seguros anti default, como comenzó a ocurrir la semana pasada. También, curiosamente, el JP Morgan integra ese órgano.

En paralelo, la CNV avanza con la investigación abierta en el país sobre la operatoria de bonos, particularmente los reestructurados, para ver si había uso de información privilegiada o manipulación de mercado.

Por otro lado, trascendió que el Gobierno también prepara una demanda para impugnar el contrato con el Bank of New York (BoNY), con el argumento de que no cumplió con la efectivización del pago del servicio de interés de los bonos Discount a sus tenedores, luego de que el país depositara u$s 539 millones de dólares para cubrir el vencimiento.

Recurrir a la Corte Internacional de la Haya es otra de las estrategias que circula por los pasillos de la Casa Rosada, aunque el Gobierno primero buscará apoyo internacional en la ONU.

El juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni , aseguró cuestionó con dureza la sentencia del magistrado de Nueva York, Thomas Griesa, que obliga a la Argentina a pagarles a los denominados fondos buitre. Además, criticó al máximo tribunal de Estados Unidos por no haber tomado el caso argentino. "Esto es un escándalo jurídico", remarcó.

Durante una entrevista con el diario Página 12, el ministro de la Corte Suprema consideró que Cristina Kirchner debería "explorar la posibilidad de demandar" a los holdouts. "Hay pruebas de que no son adquirentes originarios de bonos, sino que los compraron para interferir o desbaratar negociaciones como medio extorsivo. Esto no será delito, pero en sede civil es una conducta dolosa. El daño de esta conducta inmoral se produce en el país. No sé si se podría demandar aquí, en Estados Unidos o en algún otro lado", explicó Zaffaroni.

Luego de que la Argentina entrara en default por el fracaso de las negociaciones con los fondos buitre, Zaffaroni apuntó contra la Justicia norteamericana. "Griesa parece ser un personaje omnipotente, cuando en realidad es un juez casi municipal, de trocha muy angosta. No es un juez federal siquiera, sino algo así como un juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y salta a la fama mundial como el único ogro de la historia. Esto plantea dos cuestiones diferentes. Primero, el actor principal de todo esto no es Griesa, sino el Poder Judicial norteamericano, en última instancia, su Suprema Corte", afirmó.

Y agregó: "Fue la famosa y muchas veces citada Suprema Corte de Estados Unidos la que hizo el despropósito jurídico de patear una cuestión que pone en jaque a un país entero. Ni siquiera tuvo el coraje de darle la razón a Griesa, sino que simplemente, en el equivalente a lo que nosotros en la jerga llamamos «un 280», dijo «esto no me interesa tratarlo»".

En el plano jurídico, el juez de la Corte Suprema consideró que se debería "declarar imprescriptible la administración fraudulenta en perjuicio de los intereses nacionales en toda negociación internacional que comprometa sustancialmente la economía" de un país.

Por: Guillermo Laborda.

Comenzará hoy el capítulo argentino del plan de los bancos extranjeros para comprar un porcentaje del reclamo de los fondos buitre en los tribunales de Nueva York. Las entidades que participan de la transacción tomarán contacto con empresarios locales a lo que pueden sumarse contactos con las cámaras de reúnen a los principales sectores de la economía. La mayoría de los ejecutivos de las entidades que participan, el Citibank, el HSBC y el JP Morgan, ya están en Buenos Aires. Unos pocos permanecieron en Nueva York. El viernes, voceros de entidades informaron que se había sumado el Deutsche Bank a ese grupo, al tiempo que había un par de bancos por ser sumados a la transacción. Una fuente cercana a las negociaciones consultada por este diario el viernes por la noche aseguró que "el lunes (por hoy) iban a efectuarse reuniones con empresarios y entidades" siempre con el mismo fin: sumar fondos para adquirir parte del reclamo en poder de los fondos buitre.

El mismo viernes desde EE.UU. se efectuaron ya algunos llamados telefónicos a importantes empresarios locales para tantear la predisposición existente. No están totalmente acordados con Elliott todos los detalles. Las propuestas y contrapropuestas van y vienen. Incluso en el fin de semana. El plan no incluye contactos con el Gobierno dado que cualquier intervención directa o indirecta gatillaría la cláusula RUFO (la que impide efectuar mejores ofertas que las de los canjes de 2005 y 2010 y que vence el 31 de diciembre próximo). Obviamente las entidades locales agrupadas en ADEBA que habían mostrado interés en participar serán nuevamente contactadas esta semana. El único limitante en este sentido son las restricciones que impone el Banco Central, las que no pueden ser salvadas porque, de nuevo, se la vería como un disparador de la cláusula RUFO. Precisamente ello fue la traba insalvable al plan de ADEBA, adornadas con las cuestiones de la participación de SEDESA (la sociedad creada para dar garantía a depósitos de ahorristas). La Bolsa de Comercio, el Merval y el Banco de Valores ya anticiparon que está en condiciones de sumarse a este nuevo capítulo.

Hay desconfianza en el mercado financiero en la viabilidad de esta alternativa dado que los bancos extranjeros deberían contar con alguna garantía al recupero de lo invertido al comprar el reclamo en poder de Elliott. Este plan, o la esperanza en paralelo de que haya un canje de deuda que habilite el pago en Buenos Aires, o bien que en enero el Gobierno negocie una salida al default, son los que crean cierta resistencia a una mayor caída de los papeles argentinos. Un informe del JP Morgan difundido ayer elaborado por Joyce Chang y Vladimir Werning refleja los escenarios posibles en lo que se refiere a los títulos públicos argentinos: "Vemos un ascenso posible a u$s 108 o un descenso a u$s 75 si el conflicto con holdouts se arregla o no se arregla en el corto plazo". Cielo o infierno. Y eso es lo que en definitiva puede dar pie a la concreción del plan de los bancos extranjeros. Un arreglo mejora automáticamente la situación de los participantes en el plan (los que poseen papeles argentinos en cartera).

Paralelamente, del otro lado del mostrador la esperanza de pronto cobro de los fondos buitre puede alejarse sin una solución "entre privados". Grandes dudas surgieron en acreedores y en el mercado en general sobre la real voluntad del Gobierno de solucionar el diferendo. Concretamente si la RUFO es el problema, ¿por qué el Gobierno directamente no lanza la operación para que se borre esa cláusula, operación para la cual necesita el 85% de adhesión? Se está en un escenario, también para los acreedores, no imaginado. Cobró Elliott el CDS (seguro contra el default). Resta hacer cash la sentencia de Griesa. Lo único cierto es que enero es larguísimo plazo. En el actual statu quo no se llega. Antes habrá novedades. Cielo o infierno (financiero).