Un material publicado por una revista local revela que la investigación que se está llevando a cabo contra la petrolera fue manipulada en el Congreso.
Un nuevo escándalo amenaza a la política brasileña. Los directivos de la estatal brasileña Petrobras que declararon ante una comisión parlamentaria (CPI) que investiga denuncias de corrupción en el ente recibieron de antemano las preguntas que les serían realizadas, incluso las respuestas “correctas”, aseguró la revista Veja.
En su edición de este fin de semana, el semanario divulga el contenido de un vídeo con la grabación de una reunión en la que participaron el jefe de la oficina de Petrobras en Brasilia, José Eduardo Sobral Barrocas y el abogado de la estatal Bruno Ferreira.
De acuerdo con el medio, Sobral fue el encargado de enviar las preguntas que harían los senadores al ex presidente de Petrobras, Sergio Gabrielli, a la actual presidenta del organismo, Graca Foster, y a otros directivos muy comprometidos.
Lo que se investiga son los pormenores de la compra, por Petrobras, de una refinería en Pasadena, Texas, en 2006. La operación era por la mitad de la planta que había sido adquirida un año antes por el grupo belga Astra Oil por 42,5 millones de dólares. Pero a la postre, el gasto se elevó a casi 1.200 millones de dólares. Las denuncias contra la empresa golpearon de lleno a la presidenta Dilma Rousseff, quien buscará la reelección en las elecciones de octubre. Rousseff aprobó la compra de la refinería estadounidense en 2006, en su calidad de presidenta del Consejo de Administración de la estatal.
Un nuevo escándalo por corrupción sacude al gobierno de Dilma Rousseff. Según consignó la revista Veja, los directivos de la empresa estatal petrolera Petrobras, quienes debieron declarar ante una comisión parlamentaria (CPI) que investiga hechos de corrupción, recibieron de antemano las preguntas que debía afrontar e, incluso, sus respectivas respuestas.
Tras lo sucedido, la oposición pidió la nulidad de las declaraciones. Los partidos PSDB, DEM y PPS analizan también accionar ante el Consejo de Ética contra los parlamentarios que estuvieron envueltos en el fraude.
Para el arco opositor, los responsables deben ser investigados por los delitos de obstrucción de la justicia, robo, engaño, fraude, uso de los servidores para fines privados, falso testimonio, y por la posible violación de la confidencialidad, entre otros cargos.
El medio brasileño, además, divulgó un video en el que altos funcionarios de la petrolera organizan la estrategia para encarar las declaraciones.
En ese material participan el jefe de la oficina de Petrobras en Brasilia, José Eduardo Sobral Barrocas y el abogado de la compañía, Bruno Ferreira. El primero fue quien se hizo cargo de enviar las preguntas que debieron enfrentar el ex presidente de la estatal, Sergio Gabrielli, la actual presidenta del organismo, Graca Foster, y otros directivos, según reveló Veja.
Los hechos recaen directamente contra el gobierno de Dilma Rousseff, quien buscará la reelección el próximo mes de octubre, luego de que los documentos presentados por el medio de ese país revelaran que miembros del Partido de los Trabajadores (PT), montaran una estrategia para capacitar los principales testimonios de la comisión de investigación.
Lo que se está investigando es la compra de una refinería en Pasadena, Texas, en el año 2006. La operación debía ser por 42,5 millones de dólares, por la mitad de la planta, que había sido adquirida en 2005 por el grupo belga Astra Oil. No obstante, el gasto fue elevado a 1.200 millones de dólares.