El “debate minero” no es nuevo. Decir que Chubut iniciará en estos días una profunda discusión por la puesta en marcha de la actividad representa, al menos, esconder parte de la historia. Es que hace más de una década que el tema, con intermitencias, forma parte de la agenda provincial.
El antecedente más relevante se registró el 23 de marzo de 2003, cuando se desarrolló el plebiscito impulsado por los habitantes de la zona cordillerana ante el avance de la extracción de oro en el aquel entonces denominado yacimiento El Desquite. También se avanzaba sobre Navidad, de plomo y plata, y Cerro Solo, el reservorio de uranio más grande del país. El rechazo a esos proyectos marcado en el resultado de la votación derivó, primero, en un debilitamiento político del entonces gobernador José Luis Lizurume y, luego, en la sanción de la Ley 5.001.
Más acá en el tiempo, pocos días antes de entregar el cargo en 2011, el gobernador Mario Das Neves le dejó una pequeña bomba a su sucesor Martín Buzzi: el Ministerio de Ambiente publicó en la página oficial del Gobierno un mapa con la zonificación minera de la Provincia. No era otra cosa que un indicativo de dónde estaban (están) enclavados los proyectos, dando un fundamento más a los operadores del oficialismo y de las empresas que venían reclamando la puesta en marcha de una explotación sectorizada de los minerales que enriquecen el subsuelo chubutense en demérito de la Ley 5.001
Ese mapa determinaba cinco áreas de “sensibilidad socio-ambiental” dividiéndolas en “muy baja”, “baja”, “media”, “alta” y “muy alta”. Allí indicaba que el sector de “menor sensibilidad” se ubica en la zona del centro hacia el este de la provincia, la más sensible en cordillera y alrededor de cuencas hídricas.
También daba cuenta que la mayor cantidad de proyectos mineros estaban localizados en la meseta central: 40 en Gastre, 34 en Paso de Indios, 27 en la zona que comparten Gaiman y Mártires y otros 12 en Telsen. Además del despliegue mencionado en la zona central, el departamento de Escalante agrupaba seis iniciativas mineras, otras cinco se arraigaban en Cushamen, cuatro en Biedma y tres en Futaleufú. Un total de 135 proyectos, de los cuales 105 se encontraban en etapa de prospección (reconocimiento del mineral) y 30 en exploración (reconocimiento detallado del depósito mineral).
En ese momento, 53 de los proyectos tenían sus permisos vencidos, a la espera de renovación. La información dada a conocer establecía, también, que esos emprendimientos estaban repartidos entre 35 empresas.
Buzzi, recién acomodándose en el sillón de Fontana 50, tuvo que salir a desactivar el misil. Y el 13 de diciembre de 2011 subrayó que se encontraba en plena vigencia la Ley 5.001, que es la única normativa en aplicación. “Y no hay ninguna modificación a lo que claramente se expresa allí”, argumentó.
Con el correr de los meses, el 19 de junio del año siguiente, Buzzi dio a conocer lo que denominó “Marco regulatorio de las actividades mineras e hidrocarburíferas” en el que planteó dos ejes básicos: “la necesaria asociación de los privados interesados en explotar yacimientos mineros y petroleros con Petrominera, y el detalle de cómo será el proceso de extracción que incluya un plan de remediación ambiental” y, además, que “es necesario el consenso social; que esa comunidad en donde se va a aplicar diga claramente que vale la pena que ese proyecto y ese proceso productivo tiene que ser hecho”. Y fundamentó sus ideas al asegurar que “hace 30 años que no tenemos ningún sector económico nuevo en la provincia del Chubut. Esta es una fantástica oportunidad para que, de la mano de nuestro generosísimo subsuelo, tengamos una provincia y municipios que no dependan tanto del petróleo”.
“Consenso social”. Estas dos palabras fueron utilizadas a lo largo de estos últimos tres años en varias oportunidades. Las pronunció el mandatario al rechazar operaciones que daban cuenta de la inminente modificación de la Ley 5.001 y, también, las asambleas de vecinos que se conformaron a lo largo de la provincia para impedir la explotación a cielo abierto con la utilización de elementos nocivos para la población. Aunque soterrado, el “debate minero” siempre existió. Tanto eco tuvo (tiene) que finalmente Buzzi decidió desdoblar el marco regulatorio y sólo se instrumentó el de los hidrocarburos.
En estos días la Legislatura vuelve obligatoriamente a recoger el guante, apurada por la presentación de la iniciativa popular avalada por 13.000 habitantes de la provincia e impulsada por la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut para que, entre otros puntos, se prohíba “la actividad minera de sustancias metalíferas correspondiente a la primera categoría establecidas en el inciso a) del artículo 3° del Código de Minería con la utilización de cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico, xantatos, alquil xantatos, detergentes o espumantes químicos y toda otra sustancia química, tóxica o peligrosa” y cerrarle la puerta a “toda actividad minera metalífera, la de minerales nucleares tales como el uranio y el torio”, y pide “el cierre de las minas actualmente concedidas y la inmediata aplicación de acciones de remediación, recomposición y restitución necesarias”.
Paralelamente, los representantes de las empresas mineras dejaron ver públicamente lo que venían realizando con bajo perfil y en forma sectorizada: pidieron ser recibidos por los diputados para expresar su obvia oposición a esa iniciativa y manifestar la “necesidad” de avanzar en la explotación de los minerales que contiene el subsuelo.
Más allá de las claras posiciones expresadas en estos años, tanto desde los sectores opositores a la actividad minera como desde donde se los avala, es necesario profundizar el debate despojándolo de tintes meramente panfletarios o economicista para que todos, absolutamente todos los habitantes de Chubut puedan comprender a qué se enfrentan. Un debate transparente, con argumentaciones sólidas; un debate horizontal, sin chicanas, promovido desde el Estado y abierto a la participación ciudadana, con datos concretos de la realidad social, ambiental y política que lleve a cada uno de nosotros a analizar todos los aspectos posibles.
Pero para avanzar en ese sentido, el Estado, todos los estamentos del Estado: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y también los ciudadanos deberían ofrecer un escenario acorde a esta discusión. Incluyendo, ordenando o promoviendo incluir, por ejemplo, el mapa hídrico de Chubut, los alcances del Código de Minería de la Nación, que es el que establece los sistemas de dominio respecto a las sustancias minerales, y cómo se adquieren, conservan y pierden los derechos mineros. Una detallada comparación de los sistemas de regalías que brindarán proyecciones económicas para una comunidad y, sobre todo, estudios que aporten luz en relación a las consecuencias ambientales que podría tener.
Los habitantes de la Cuenca del Golfo San Jorge tenemos conciencia de lo que genera la explotación hidrocarburífera, hace más de cien años convivimos con esta actividad minera. Esta experiencia sería de tener en cuenta en esos debates, como también la experiencia de quienes impulsaron el plebiscito once años atrás sin olvidar las voces de los habitantes de la Meseta Central. Y, lógicamente, la de quienes acuerdan e impulsan los proyectos.
Así, profundizando la discusión, abriendo los canales de participación, se podría establecer un verdadero “consenso social” que nos ayude a definir nuestro destino.
Alejandra Johnson Taccari, diputada que representa a la Meseta Central como parte del bloque del Frente Para la Victoria, criticó duramente la falta de respuestas al desarrollo de la Meseta Central y apuntó al actual gobernador Martín Buzzi reprochándole responsabilidades en esa situación.
Recordó la legisladora en la última sesión de la Legislatura Provincial que el 5 de diciembre del año 2005, el entonces diputado Javier Touriñan presentó el proyecto de Ley que estipulaba la creación de Unidades de Gestión Comarcal, una iniciativa que fue impulsada desde el Ejecutivo Provincial por el hoy Gobernador de la Provincia Martñin Buzzi quien, en ese entonces, ocupaba el cargo de Ministro de la Producción en el marco del programa “De Que va a Vivir Mi Pueblo”. También recordó que entonces se presentó un segundo proyecto de Ley que crea la Comarca de la Meseta Central con el objeto de implementar el programa antes mencionado, “y que implicaba buscar diferentes junto a presidentes de Juntas Vecinales, intendentes y funcionarios del Gobierno, estrategias de desarrollo comarcal para la Meseta Central”.
“Hoy mi preocupación es que han pasado 9 años de ese gran anuncio revolucionario para nuestra comarca y todavía seguimos sin respuestas. Todavía la gente se sigue preguntando “de que va a vivir””, dijo Taccari, “y si no es de minería. ¿de que vivimos?. ¿cuáles son las políticas que tiene este gobierno hoy?”.
Pidió que la dirigencia política, “deje de echarse las culpas de que yo estaba antes o vos estabas después” e insistió en remarcar que el hoy ministro de Gobierno Javier Touriñan fue quien presentó aquel proyecto, “y las comunas rurales del interior dependen políticamente y administrativamente”.
“¿Que política de desarrollo comarcal están pensando para mi zona?. Si hoy, después de 9 años seguimos esperando y planteándonos las mismas inquietudes; las demandas sociales continúan insatisfechas; los planes de infraestructura son nulos en el interior, la obra pública inexistente; los pequeños productores siguen esperando las perforaciones, el equipamiento para esas perforaciones o que arreglen las perforaciones que se hicieron y se equiparon mal por lo que las bombas se trabaron u no funcionan; los molinos eólicos que no funcionan porque no tienen reparaciones”.
“9 años estamos esperando. ¿Cuánto más tenemos que esperar?. 9 años desde la creación de esa ley. Sufrimos las inclemencias de la sequía; de la ceniza volcánica”, planteó la diputada antes de sostener que, “hemos buscado alternativas de desarrollo y hemos planteado, desde mi gestión, la continuidad de las reuniones comarcales. ¿Sabe cuántas se hicieron en esta gestión? Una sola y fue en Lagunita Salada donde participó el Gobernador junto a todo su gabinete de gobierno. Y seguimos sin respuestas”.
“De una vez por todas, la meseta tiene que salir adelante. Pero no a través de los funcionarios sino a través de los vecinos que planteen sus inquietudes y exigiendo a los funcionarios a que den respuestas, sea de la manera que sea”, concluyó la diputada su exposición que fue seguida desde los palcos de la Legislatura por pobladores de la meseta central que momentos antes habían pedido a los diputados que se habilite la actividad minera en esa zona.
