El Gobierno ecuatoriano le pagó 6,4 millones de dólares a una agencia de relaciones públicas en Nueva York para descalificar y hostigar a Chevron en medio de la disputa judicial por la que un grupo de abogados y financistas le reclaman una indemnización por daño ambiental de 18.000 millones de dólares.
El contrato entre la consultora MC Square y la secretaría de Comunicaciones de Ecuador, firmado hace más de un año, salió a la luz esta semana, según informaron medios estadounidenses, que revelan que los socios de la empresa tienen o han tenido vínculo directo con la Administración del presidente Rafael Correa.
Los mismos medios señalaron que MC Square contrató a una agencia NYCastings, de Nueva York, para que reclutara “extras” para actuar de manifestantes, ataviados como indígenas ecuatorianos, durante la última asamblea anual de Chevron, celebrada el pasado 28 de mayo en Midland, Texas.
Existen evidencias de que el “Día Internacional Anti-Chevron” realizado una semana antes en Nueva York, al que asistieron activistas de grupos como Amazon Watcvh y ToxicEffect, junto a líderes políticos ecuatorianos, habría contado con una convocatoria semejante de NYCastings.
Chevron consiguió en marzo pasado un fallo favorable de una corte federal estadounidense contra Steven Donziger y un grupo de demandantes ecuatorianos, a quienes acusó de los delitos de asociación ilícita, fraude y extorsión.
Luego de este fallo judicial, cuatro peritos y varios estudios de abogados y financistas que apoyaban la demanda contra Chevron en Ecuador, renunciaron a continuar participando de esa acción legal.
En el caso de Lago Agrio, que dio pie al comienzo de la disputa, los demandantes acusan a la petrolera estadounidense por daño ambiental.
Uno de los peritos que declaró en la causa en Estados Unidos, Charles Cambacher, negó ser el autor de una auditoría ambiental que Donziger le atribuyó en el expediente judicial en Ecuador, lo que justifica la acusación de fraude en su contra.
Las pruebas de que Quito financia en la actualidad a los demandantes ecuatorianos alrededor del mundo es que lo hace a través de sus legaciones diplomáticas, desde las cuales se invita a dirigentes políticos y sociales a participar de “toxics tours” a la zona en litigio, en Lago Agrio.
Tras el fallo de febrero, Burford Capital, un fondo que invierte en demandas judiciales, acusó a los abogados ecuatorianos contra Chevron de haberlo engañado para que invirtiera en la demanda contra la compañía estadounidense.
En marzo de 2013, directivos de Stratus Consulting, la principal consultora ambiental de los demandantes, expuso en detalle a través de las declaraciones juradas de Ann Maest y Douglas Beltman, las “conductas inapropiadas” de los letrados de los particulares damnificados en Ecuador.
David Russell, otro experto de los demandantes, declaró bajo juramento el 8 de mayo de 2013 que sus abogados “corrompieron el proceso judicial en Ecuador” y que descubrió que las pruebas medioambientales de Lago Agrio “no respaldaban ni respaldan los reclamos de los demandantes”.
