Por Claudio Andrade.

El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, viajó ayer a Buenos Aires con la expectativa de un llamado del Gobierno para invitarlo al acto por la refinanciación de deudas. “La silla quedo vacía. No recibimos invitación ni llamado de explicación sobre si estaremos en otra reunión.

Estamos firmes en nuestras observaciones al borrador sobre la Ley de Hidrocarburos. Estamos convencidos de la justicia de nuestras observaciones”, le dijo anoche el mandatario a Clarín.

Antes de su viaje, el neuquino había vuelto a arremeter contra la nueva ley petrolera. Llamativamente, por primera vez Sapag hizo una alusión negativa al acuerdo de su provincia con YPF/Chevron en Vaca Muerta. Dijo que el “ precio político” por el millonario convenio le costó “sangre, sudor y lágrimas”. Y agregó: “Se me dice que los gobernadores tenemos que firmar el proyecto para elevarlo al Congreso. Si no estoy de acuerdo no firmo”, dijo. Durante la discusión sobre Chevron en la Legislatura, con una protesta de fondo, Sapag se mostró como un aliado de Cristina y del CEO de YPF, Miguel Galuccio.

Pero las reformas a la Ley de Hidrocarburos terminaron ubicándolo en la vereda de enfrente. Y ayer le llegó el castigo. No obstante, Sapag considera que podría afrontar la deuda de $ 2.000 con la Nación sin que cruja el barco.

Los gobernadores de las cuatro provincias petroleras que se oponen a la reforma en la Ley de Hidrocarburos que impulsa el Gobierno fueron excluidos ayer de la convocatoria presidencial a firmar convenios para el nuevo refinanciamiento de deudas del Programa Federal de Desendeudamiento.

A diferencia de la anterior convocatoria a la Casa Rosada por el mismo motivo, el 28 de abril, no participaron representantes de Neuquén, Mendoza, Río Negro y Chubut.

Sin hacer mención a esas provincias, la jefa de Estado admitió en un mensaje por cadena nacional que “en este caso son trece” las invitadas a refinanciar las deudas. Pasaron a poner su firma los mandatarios de Buenos Aires, Daniel Scioli; de Catamarca, Liliana Corpacci; de Corrientes, Ricardo Colombi; de Entre Ríos, Sergio Urribarri; de Jujuy, Eduardo Fellner; de La Rioja, Luis Beder Herrera; de Misiones, Maurice Closs; de Salta, Juan Manuel Urtubey, y de Santa Cruz, Daniel Peralta.

También lo hicieron los vicegobernadores de San Juan, Sergio Uñac; de Tierra del Fuego, Roberto Crocianelli, y de Tucumán, Regino Amado, además del presidente de la Cámara de Diputados del Chaco, Darío Bacileff Ivanoff.

La refinanciación de las deudas representa un alivio financiero para la mayoría de las provincias, tanto por las restricciones de acceso al mercado de capitales como por el aumento del gasto de sus administraciones. Según estimó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en su habitual conferencia matutina, el ahorro total por el programa de desendeudamiento, que se viene refinanciado trimestralmente desde enero pasado, alcanza unos $ 10 mil millones de pesos.

Tanto Francisco “Paco” Pérez (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Martín Buzzi (Chubut) como Jorge Sapag (Neuquén), suelen ser presencias habituales en los actos de Cristina. Pero esta vez, el Gobierno quiso hacerles pagar su oposición a la ley que propone reformar el marco de producción de hidrocarburos. Los mandatarios, cuyas provincias concentran casi un 70% de la producción de petróleo y gas, rechazan un proyecto que impulsa el Gobierno para modificar el rol de las provincias en las explotaciones petroleras.

Sapag, Buzzi y Pérez se reunieron ayer en Buenos Aires, en las oficinas de la Ofephi, la asociación de provincias petroleras de la que Buzzi es titular, para analizar la situación que los mantiene distanciados del Gobierno nacional. Insisten que hay cambios legales que propone Cristina que no están dispuestos a aceptar.

El Ejecutivo quiere que las empresas provinciales no puedan aplicar un derecho de “carry” (acarreo) sobre sus áreas. Para las estatales provinciales, representa la posibilidad de quedarse con un porcentaje de áreas petroleras sin tener que poner efectivo. “Las provincias y el Estado nacional (…) no establecerán en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas con participación estatal”, marca el borrador en el párrafo que más molesta a estas provincias. La reforma fue impulsada por YPF y alentada por el secretario Carlos Zannini y el ministro Julio de Vido.

Los mandatarios de Neuquén, Jorge Sapag; de Chubut, Martín Buzzi; y de Mendoza, Francisco "Paco" Pérez, quedaron virtualmente en pie de guerra con el Gobierno nacional por la decisión de Cristina de Kirchner de dejarlos fuera de la renegociación de las deudas que éstos tienen con el Estado, en supuesta represalia por la postura de las tres provincias en contra de la ley de hidrocarburos que impulsan la Presidente y el titular de YPF, Miguel Galuccio.

Sapag, Buzzi y Pérez se reunieron ayer al mediodía en la Casa del Chubut de la Ciudad de Buenos Aires para analizar la compleja situación, y mantuvieron al tanto del cónclave al mandatario rionegrino, Alberto Weretilneck, que también ingresó al grupo de distritos castigados. Todos sintonizan en mayor o menor medida con la Casa Rosada.

Si bien por la mañana, el jefe de Gabinete nacional, Jorge Capitanich, dejó entrever que los cuatro distritos refinanciarán sus deudas "en una segunda etapa", el malestar fue evidente en los tres gobernadores.

"Estamos con mucha preocupación. No puede ser que por defender los derechos de las provincias tengamos que soportar esto. No es justo", aseguraron desde el entorno de los mandatarios a Ámbito Nacional.

Las cuatro provincias forman parte de Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), que preside Buzzi, y que también integran Santa Cruz, Tierra del Fuego, Formosa, Jujuy, La Pampa y Salta.

Tras la reunión de ayer, un funcionario disparó: "Más de la mitad de la OFEPHI está en contra de la ley, pero algunos gobernadores no lo van a decir. El problema del Gobierno es que quiere ir por todo y nosotros no podemos volver a las provincias con ese proyecto sancionado. Es un hundimiento electoral para una carrera hacia 2015 que en realidad ya comenzó".

Por la tarde, algunas llamadas entre los tres mandatarios provinciales y funcionarios nacionales aliviaron un poco las elevadas temperaturas que corrían por los pasillos de la Casa del Chubut. No obstante, y con la invitación totalmente negada, los gobernadores retornaron con caras largas a sus distritos.

"Nosotros nos comportamos como un señor inglés y nos corren con esto. Ni me quiero imaginar lo que haría en esta situación -el gobernador de Córdoba, José Manuel- de la Sota", ironizaron desde el entorno de una de las provincias.

Según pudo saber Ámbito Nacional, en los últimos días se dieron varias reuniones entre gobernadores y gremialistas petroleros que apoyan la postura de estas provincias y desconfían de la iniciativa que defiende Galuccio. Inclusive, dejaron claro que analizarían, en caso de sancionarse el proyecto, la paralización de las actividades.

"El otro día, con una medida de fuerza se dejó de producir por 17 millones de dólares, así que no me quiero imaginar si no trabaja nadie durante una semana o un mes", expresó un funcionario de una de las tres provincias.

Para los distritos ahora "díscolos" y en penitencia, esta penosa situación es el inicio de un camino mucho más largo y que, en concreto, se traducirá en una batalla más encarnizada cuando la iniciativa sea debatida en las comisiones del Congreso nacional. Por caso, ya comenzaron a generarse llamadas entre gobernadores y legisladores.

El proyecto además pondrá en una misma senda a diputados y senadores que, en sus provincias, son enemigos de internas o que mantienen una rivalidad histórica por pertenecer a partidos opuestos. Un funcionario sostuvo: "Los gobernadores ya manifestaron su posición, ahora no vengan a preguntar la de los legisladores. Están en juego los derechos de las provincias, así que si ellos reciben un llamado y votan con el Gobierno, que lo expliquen cuando regresen".

Por: Silvina Kristal

Cristina de Kirchner selló ayer con trece gobernadores una nueva prórroga de tres meses en el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias, que representará para esos distritos un alivio clave en los pagos a Nación de

$ 1.596 millones.

La renovación del período de gracia era esperada con ansiedad por los Ejecutivos, ya que la última tregua en el cumplimiento de los compromisos por la deuda con la Casa Rosada expiró el pasado 30 de junio.

Sin embargo, cuatro distritos que sintonizan en mayor o menor medida con Balcarce 50 -Mendoza, Chubut, Neuquén y Río Negro- quedaron sorpresivamente afuera de los convocados, lo que generó fuerte malestar en esas gobernaciones (ver aparte).

"La de ayer fue una primera etapa en la firma del convenio, y habrá una segunda", intentaron argumentar desde la Rosada, frente a las sospechas sobre una virtual represalia por el rechazo de esas provincias a la ley nacional de hidrocarburos que impulsa Nación.

"Este año suma cerca de 10.000 millones de pesos lo que ahorran nuestras provincias", enfatizó por de pronto la Presidente.

De la mano de sucesivas prórrogas del plan lanzado en 2010 -atadas al envío desde las provincias de los números finos de las cuentas locales para el cumplimiento de metas fiscales-, los Ejecutivos pudieron dejar de pagar $ 2.081 millones en el primer trimestre y $ 1.789 millones en el segundo, que se suman al ahorro de $ 1.596 millones de ayer.

Por eso, la primera mandataria recalcó la foto de una "Nación ayudando a desendeudar a las provincias".

La jefa de Estado encabezó pasadas las 18.30 un acto en la Casa Rosada, el que se rodeó de las autoridades de las provincias beneficiadas: los gobernadores justicialistas Daniel Scioli (Buenos Aires), Sergio Urribarri (Entre Ríos), Eduardo Fellner (Jujuy), Juan Manuel Urtubey (Salta), Lucía Corpacci (Catamarca), Luis Beder Herrera (La Rioja) y Daniel Peralta (Santa Cruz), además del radical Ricardo Colombi (Corrientes) y Maurice Closs (Frente Renovador de la Concordia, Misiones).

Además fueron de la partida los vicegobernadores de San Juan, Sergio Uñac; de Tierra del Fuego, Roberto Croccianelli, y de Tucumán, Regino Amado, y el presidente de la Cámara de Diputados a cargo del Ejecutivo de Chaco, Darío Bacileff Ivanoff.

Fellner fue el más crudo al graficar la importancia que para algunos distritos tiene la extensión del Programa.

"Si no firmamos el acuerdo de refinanciación no estaremos en condiciones de pagar los sueldos", se sinceró en las últimas horas.

Las renovaciones trimestrales de la tregua en los pagos de los vencimientos de la deuda que 17 provincias mantienen con Nación se inauguraron a fines de diciembre pasado.

Por esas horas, el stock de deuda vigente ($ 77.300 millones) fue nuevamente reprogramado, con una quita de $ 11.000 millones sobre el capital, por aportes del Tesoro adeudados.

El mecanismo implica un control más exhaustivo de los números de las provincias desde Balcarce 50, de la mano de la obligación de los distritos de enviar cada tres meses datos sobre su desempeño fiscal y financiero durante ese trimestre, entre otros ejes.

Por Pablo Fernández Blanco.

Francisco "Paco" Pérez, de Mendoza; Jorge Sapag, Neuquén; Martín Buzzi, Chubut, y Alberto Weretilneck, de Río Negro, se reunieron de urgencia el lunes pasado en la Capital Federal. El motivo del encuentro entre esos gobernadores, que habitualmente responden a las órdenes del kirchnerismo, no tenía que ver con el inminente default argentino. Su inquietud era mucho más terrenal: estaban preocupados por su propia crisis de deuda, que les impedirá pagar los salarios.

En un giro inesperado, los gobernadores no culpaban al juez Griesa, padre de los males domésticos por estos días para los funcionarios del Gobierno, sino a la presidenta Cristina Kirchner. Ella es la última responsable de haberlos dejado fuera de la refinanciación de pasivos provinciales que la mandataria firmó ayer por la tarde en la Casa de Gobierno junto con otras 13 provincias que ahora respiran aliviadas.

Los gobernadores sólo encuentran un motivo para merecer ese castigo: son los únicos que se oponen a la nueva ley petrolera que propone el presidente de YPF, Miguel Galuccio, apadrina la Presidenta y promocionan Carlos Zannini, de la Secretaría Legal y Técnica, y Julio De Vido, del Ministerio de Planificación.

Desde las 18, junto con otros anuncios, desfilaron frente a Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Axel Kicillof, 13 mandatarios provinciales. El primero fue el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli. También estuvieron Lucía Corpacci, de Catamarca; Sergio Urribarri, Entre Ríos; Eduardo Fellner, Jujuy; Ricardo Colombi, Corrientes, y Daniel Peralta, de Santa Cruz, entre otros. A los gobernadores invitados, la firma de la reestructuración de la deuda les permitió postergar pagos al Estado nacional por casi $ 1600 millones.

Motivo suficiente para aplaudir, minutos después, los anuncios sobre nuevos proyectos de leyes que se enviarán al Congreso. "Esto va a ayudar a desendeudar a las provincias", celebró Cristina.

PERTENECER TIENE SUS PRIVILEGIOS

Los gobernadores excluidos intentaron de todo para sumarse al convite. Pérez, que tenía previsto volver a Mendoza, se quedó en Buenos Aires intentando sumarse al acto y así postergar el pago de más de $ 150 millones. Sapag también permaneció en la ciudad. Pero las gestiones fueron en vano, hasta tal punto que en los equipos técnicos de los gobernadores les reprochan haberse opuesto con tanta vehemencia a los deseos de Cristina Kirchner.

Desde principios de año, el Gobierno trabaja en la elaboración de una nueva ley de hidrocarburos. El proyecto oficial contempla una serie de estímulos a la inversión privada, pero también obliga a las provincias a disminuir su injerencia sobre el manejo de la actividad, algo que consideran va en contra de la reforma Constitucional de 1994, según la cual las provincias son las titulares de los recursos del subsuelo.

Hay varios puntos que les molestan. El proyecto de ley establece que la única forma de acceso a la renta petrolera será a partir del cobro de regalías, que se limitarán al 12 por ciento. Eso deja afuera la eventual participación en el negocio de las empresas provinciales, como la neuquina GYP, así como el manejo del porcentaje de regalías, una mala noticia para las gobernaciones, que en las últimas licitaciones petroleras agregaron algunos puntos a la fórmula. También limita la alícuota para el cobro de ingresos brutos.

Los gobernadores discutieron el tema personalmente con Cristina Kirchner. Luego, siguieron las conversaciones con De Vido y con Zannini. Les reclamaron a los funcionarios que en su proyecto el esfuerzo era de las provincias antes que de la Nación, y les enviaron otro texto que el Gobierno rechazó.

Ante la falta de un acuerdo, Buzzi, que comanda la Ofephi (representa a las provincias petroleras) le pidió al jefe de Legal y Técnica que pusiera el proyecto en el freezer. Zannini le respondió con enojo. El gesto siguiente fue la exclusión de ayer.

El gobierno rionegrino objeta 21 de los 40 artículos que tiene la nueva ley de hidrocarburos que impulsan la Nación e YPF. Así consta en un borrador al que accedió "Río Negro", donde el gobernador Alberto Weretilneck delineó los principales puntos de su rechazo a la normativa.

El cuestionamiento central es que el texto nacional prohíbe la obtención de un bono fijo o de renta extraordinaria por producción, algo que, aseguran, "afecta directamente el proceso de renegociación que estamos desarrollando".

En referencia directa al acuerdo con Petrobras, hoy en medio de una fuerte puja política para su aprobación, sostienen que a la luz de la ley nacional la provincia perdería entre 130 y 430 millones de dólares, según escenarios de mínima y de máxima.

Además, tal como se plantea en el proyecto, se afectaría todo el proceso de renegociaciones de Río Negro.

A Weretilneck y sus asesores también les preocupa el manejo discrecional de las regalías que tendrá Nación según los artículos 6, 16 y 17 del borrador, que faculta a la Casa Rosada a bajar los 12 puntos en algunos casos excepcionales. Esta consideración, sin embargo, ya está contenida en la vieja ley nacional de hidrocarburos y en la práctica jamás se aplicó.

El otro punto caliente es el que limita el accionar de las empresas provinciales (artículo 18), algo que para la provincia implica "liquidar Edhipsa". Según ellos, "quedará sin ningún tipo de margen de participación en la industria".

Por otro lado, el gobierno de Weretilneck observa como un problema que la ley otorgue beneficios a la producción no convencional, un negocio que aún no se vislumbra en la provincia. En particular, se critica la adjudicación directa de áreas para proyectos shale.

"Sólo al comparar los beneficios de la 4818 -que regula al sector en Río Negro- con esta ley, y como ejemplo está el contrato de Petrobras, será difícil defenderla a propios y extraños", concluyen.