Por Juan Carlos Guajardo
Un informe del directorio de Codelco al Ministerio de Hacienda evidencia la compleja realidad de la empresa y la urgencia de contar con aportes de capital que permitan dar viabilidad a los proyectos estructurales. Si bien desde hace años se veía venir el escenario actual, sorprende haber llegado a este punto, sin holguras de tiempo ni recursos, y sin la adecuada preparación, considerando lo importante que es Codelco para el país.
El debate público se ha centrado en si la empresa está en crisis financiera, lo cual es accesorio. El tema de fondo no es si los 200 millones de dólares anunciados para capitalizar a la empresa son suficientes, pues se trata de una medida parcial a la espera de una ley de financiamiento prevista para la segunda parte del año. Lo central es cómo el Estado es capaz de conseguir un objetivo de gran trascendencia y dificultad, esto es, lograr una administración eficiente de una empresa pública que garantice un adecuado uso de recursos y maximice la generación de renta para los objetivos sociales del país.
La discusión pública sobre Codelco se centra en cuántos recursos debe aportar su dueño y cómo y cuándo hacerlo, pero el financiamiento debe ser parte de un diseño mayor de gobernabilidad para una empresa estatal. Si el país quiere establecer un mecanismo permanente y posiblemente plurianual de financiamiento debe estar seguro que esta decisión se enmarque en criterios de alto nivel en la gestión de ellos. Para esto se requiere un gobierno corporativo de alto nivel, que garantice la administración profesional de la empresa, así como mecanismos de evaluación de inversiones y control que ofrezcan plenas garantías. La discusión de la ley de financiamiento debe contemplar estos elementos como pilares centrales.
Conviene preguntarse por qué se llegó a este punto, ya que no es fruto de la casualidad que Codelco deba invertir 25 mil millones de dólares en los próximos años, en varios proyectos complejos y simultáneos, para mantener su viabilidad. Sin duda, el entendimiento que los gobiernos han tenido de Codelco como fuente de recursos, descuidando su financiamiento, explica en parte esta coyuntura.
Sin la confianza de todos los sectores en cuanto a la idoneidad con que la empresa es administrada, resulta difícil pensar en una política distinta de entrega de recursos de todos los chilenos. Es por esto que la ley de gobierno corporativo fue importante en su minuto, ya que surgió de un esfuerzo por avanzar con visión de Estado a lo que Codelco y el país requerían. Hoy puede resultar fácil criticar esta reforma, y es cierto que debe perfeccionarse, pero que no se olvide lo difícil que fue romper el statu quo que tenía condenado a Codelco al inmovilismo, y cuyos defensores hoy reaparecen empoderados.
El desafío para Chile es establecer una forma de gobierno corporativo para una empresa del Estado prácticamente inédita en el mundo, que ofrezca garantías a todos los chilenos, que conjugue gestión profesional, una relación clara con los sindicatos, que potencie la colaboración, excluyendo la cogestión, y mecanismos de financiamiento acompañados por evaluación y control de recursos. Así podrá primar una visión de largo plazo acorde a lo que requiere una compañía minera, por sobre el peso del corto plazo derivado de la preeminencia de la política contingente. Se requerirá un esfuerzo nacional amplio para alcanzarlo.
