Por Joaquín Morales Solá.

La  Argentina está desde ayer en default. La segunda cesación de pagos en 12 años y siete meses. ¿Será esta vez un default de días, de meses o de años? La respuesta está en el "acuerdo entre privados", de cuya posibilidad habló ayer el ministro de Economía, Axel Kicillof. Fue un relámpago dentro de su catarata verbal, durante la cual repitió muchas cosas y no anunció casi ninguna. Sin embargo, ese acuerdo entre privados, fundamentalmente bancos locales y holdouts, seguía siendo anoche la única y más seria perspectiva, aunque las palabras del propio ministro habían frenado en seco esas negociaciones.

El conflicto tiene claramente dos caras. Una es la que muestra el Gobierno. Intransigencia, dureza, pertinacia.

Su vocero fue Kicillof. En su conferencia de prensa en Nueva York, hizo un largo recorrido de las posiciones del gobierno argentino y de las pretensiones de los fondos buitre. Pero omitió introducir en su análisis un aspecto fundamental del conflicto: esos fondos tienen a su favor una sentencia del juez Thomas Griesa, confirmada por una Cámara de Apelaciones y respaldada indirectamente por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Sólo mencionó esos fallos para criticarlos políticamente, pero les negó la importante participación jurídica que tienen en la conformación de la crisis.

En otras palabras, Kicillof recurrió al manual básico del kirchnerismo: ignoró lo que no le conviene. Hasta ese momento sucedía la habitual y previsible construcción de un relato épico. Cristina se quedaba con la patria y despreciaba a los buitres. En otro lugar de Nueva York, los bancos locales negociaban, empujados por el Gobierno, con los buitres. La negociación estaba muy avanzada. Ya no se trataba sólo de una garantía de 250 millones de dólares que los bancos argentinos depositarían en el juzgado de Griesa; también se negociaba la compra del total del juicio ganado en los tribunales neoyorquinos. Se estipuló, incluso, una primera entrega de 600 millones de dólares. El juicio ganado es por 1330 millones de dólares, aunque con los intereses acumulados llegará a fin de año a 1660 millones. Es una cifra importante para cualquier gobierno, empresario o grupo de empresarios.

En medio de su torrente verbal, cuando mostraba una intransigencia sin fin, Kicillof hizo mención de la ley 26.886 (aunque no la nombró específicamente), que les prohíbe a los funcionarios públicos argentinos pagar más que lo que el Gobierno concedió a los bonistas que refinanciaron sus deudas. Las conversaciones entre banqueros y holdouts se pararon de inmediato, quedaron congeladas en ese momento crucial. ¿Cómo? ¿Bancos y empresarios argentinos comprarían bonos al 100 por ciento de su valor para recibir luego sólo el 35 por ciento? Griesa ordenó que se les pagara a los holdouts el total del valor de los bonos en default más los intereses acumulados. Los fondos podían hacerles a los bancos una quita en los intereses a cambio de un pago en efectivo en plazos rápidos, pero no renunciarían al beneficio de una sentencia favorable.

Para peor, un borrador del acuerdo preveía que los bancos se harían cargo de los primeros pagos (600 millones de dólares) hasta diciembre y que luego el Gobierno saldaría el resto de la deuda. En caso de incumplirse los pagos posteriores, las entregas anteriores quedarían en manos de los fondos y el acuerdo se reduciría a nada. Kicillof los previno a los bancos, tal vez involuntariamente, que podrían quedar con 600 millones de dólares en el aire.

Aquella ley, la 26.886, es de octubre del año pasado. Plena era cristinista. Fue la ley que levantó la ley cerrojo, que prohibía al Gobierno hacer nuevas ofertas de canje de deuda. Levantó un cerrojo y puso otro. Esa ley puede cambiarse, como toda ley.

Su modificación requeriría, no obstante, un trámite parlamentario y su consiguiente costo político. Los banqueros podrían reclamar en el futuro el pago de esa deuda y pedir el cambio de la ley. ¿Qué diría el kirchnerismo en ese caso? ¿Aceptaría la deuda? ¿O se encerraría en que sólo hubo un "acuerdo entre privados"? Los representantes de las entidades financieras ya se imaginaban con el anatema de "vendepatrias", "cipayos" o "traidores a la patria". Los típicos insultos del cristinismo cuando carece de argumentos. Los banqueros prefirieron levantarse de la mesa, saludar y dar por concluidas las negociaciones.

Dar por concluidas las negociaciones tiene un sentido diferente para el mundo de las finanzas. Para cualquier otro mortal significa cerrar definitivamente una página, clausurar una etapa, olvidarse de que existió una contraparte en un conflicto específico. Para los banqueros, todas las cosas son más relativas. Significa que la negociación se cayó ayer, y tal vez hoy. Pero nadie descarta que pueda retomarse en los próximos días, sobre todo después de que han estado tan cerca de un acuerdo.

La actitud del Gobierno es inexplicable. Los banqueros estaban en Nueva York porque el Gobierno los espoleó. Una versión asegura, incluso, que el propio jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, estuvo reunido en Puerto Madero con algunos dueños de bancos hasta la madrugada de ayer. Es imposible la versión de que existió sólo la posibilidad de "un acuerdo entre privados". ¿Acaso puede imaginarse a un grupo de banqueros ofreciendo cientos de millones de dólares sin la garantía de que les serían devueltos? Al revés, los banqueros retrocedieron cuando advirtieron que las promesas verbales podrían no cumplirse. "El dinero de los bancos no es nuestro, sino de los depositantes. No podemos ir hacia un quebranto garantizado", dijo ayer uno de ellos, después de escuchar a Kicillof.

El problema es que el Gobierno no es uno solo. Una línea une a Capitanich con el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega. Fábrega fue el que negoció con los bancos. Otra línea fusiona a la Presidenta con Kicillof. También es inverosímil que Fábrega y Capitanich hayan llegado tan lejos sin el consentimiento de Cristina Kirchner. ¿Influyó más Kicillof, al final, que Fábrega y Capitanich? ¿O, quizás, a Kicillof se le escaparon palabras de más en la construcción de un discurso heroico? ¿Fue, en cambio, la propia Presidenta la que modificó su opinión sobre la marcha del proceso que ella misma instigó?

Todo puede ser, pero el primero que vio la condición inevitable del default fue Daniel Pollack, el facilitador nombrado por el juez Griesa. Lo dijo en párrafos claros y precisos. Era la única persona que contaba con toda la información, la que provenía del gobierno argentino, la que le suministraban los banqueros y la que recibía de los fondos buitre. El aparente fracaso no puede dejar las cosas como estaban. Fábrega tambaleaba anoche. Dicen que se quiere ir. Capitanich quedaba otra vez desautorizado. ¿Qué dirán los bancos desde una situación política ciertamente incómoda, a la que los condenó el Gobierno? Silencio. Nadie habla, por ahora.

El país ingresó en un territorio imposible de predecir. Un default es un default, aunque sólo durara pocos días. Será mucho peor mientras más dure. El argumento de Kicillof sobre que no habrá default porque la Argentina les paga a sus acreedores vuelve a ignorar la sentencia de Griesa. Ese fallo anticipó que embargaría los pagos a los bonistas que entraron a los canjes para saldar la deuda del juicio perdido por el gobierno argentino.

En los próximos días podría caer, además, toda la deuda reestructurada ante la falta de pago. Una cláusula de los canjes dice que un incumplimiento puede derrumbar toda la reestructuración. La Argentina volvería a las condiciones que vivió en 2002. La muy mala situación actual de la economía (recesión, inflación, déficit fiscal, creciente desempleo) podría empeorar. El recorrido del kirchnerismo se parecería, en tal caso, a un círculo perfecto: terminaría en el mismo lugar donde todo empezó.

Por Néstor Scibona

El gobierno de Cristina Kirchner ingresó finalmente anoche en un innecesario default selectivo de la deuda bajo jurisdicción extranjera, para desconcierto de los mercados, que habían celebrado por anticipado un resultado inverso y hoy se enfrentarán con el peor escenario, que hasta ahora venían descartando.

La única salida rápida sería el "acuerdo entre privados" que limitara la cesación de pagos a pocos días o semanas y que el propio ministro Axel Kicillof no descartó en su conferencia de prensa, sin aportar ningún detalle. Pero se trata de un arreglo complejo, para que los bancos privados argentinos les compren la deuda del juicio a los holdouts mediante tres pagos parciales y sucesivos hasta fin de año, con recompra posterior por parte del Gobierno y garantías cruzadas.

Por eso no pudo cerrarse ayer, en medio de versiones confusas y contradictorias, alimentadas por las duras declaraciones posteriores de Kicillof y del mediador, Daniel Pollack. Otra vez aquí el Gobierno quedó entrampado entre su relato y los hechos.

Un acuerdo privado, con cobertura oficial no explícita, significa jugar las pocas fichas que quedan a que el juez Thomas Griesa reponga la medida cautelar (stay) para ganar tiempo, sortear la cláusula RUFO y patear el problema hacia 2015. O sea, una apuesta similar a la apuesta que ya había fracasado con la frustrada apelación ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Pero también implica flexibilizar la postura intransigente ante el juez y los fondos buitre que Kicillof exhibió ayer ante los periodistas de todo el mundo en el consulado de Nueva York.

Mientras tanto, la situación queda en una suerte de limbo (al igual que el último giro de fondos para pagarles a los bonistas), con la amenaza de complicarse financiera y judicialmente cuanto más se demore algún tipo de acuerdo.

El riesgo más cercano es que los tenedores de bonos Par -que en los últimos tiempos tuvieron fuertes movimientos especulativos- reclamen la cláusula de aceleración para cobrar el valor total de la deuda reestructurada, por un monto del orden de los 6000 millones de dólares. Para eso necesitan un 25% de adhesiones y debería resolverse en un plazo de 60 días.

Técnicamente, la Argentina ya entró en default con los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010, al vencer ayer el período de gracia de 30 días para que cobraran el vencimiento del bono Discount el 30 de junio pasado. Pese a que el Gobierno había girado los 539 millones de dólares al Bank of New York Mellon (BoNY), el pago no llegó a destino porque el juez Griesa ya había dejado sin efecto la medida cautelar (stay) que permitió a la Argentina seguir cumpliendo con los vencimientos de la deuda reestructurada bajo legislación de Nueva York.

Esto ocurrió el 16 de junio, cuando la Corte Suprema de los EE.UU. dejó firme el polémico fallo del juez que en febrero de 2012 reinterpretó la cláusula pari passu a favor de los fondos buitre y, en un exceso jurídico, impidió que los bancos les pagaran a los bonistas bajo otras legislaciones extranjeras. O sea que, si no se reponía el stay, el gobierno de Cristina Kirchner cumplía con todos o defaulteaba con todos.

Por eso resultó desconcertante que anoche Kicillof no hiciera ninguna alusión al incumplimiento del fallo y lo presentara como si fuera un problema que recién comenzaba, cuando en realidad es la culminación de un proceso judicial que lleva dos años y medio. Durante todo ese lapso, el gobierno de Cristina Kirchner se negó a entablar cualquier tipo de negociación y, además, se dedicó a enfrentarse con el juez Griesa.

Más inexplicable aun es que insistiera en su consigna de "pagamos, pero nos llevan al default", cuando todavía no se descontó de las reservas del Banco Central el giro de 539 millones de dólares al BoNY, como sí acaba de hacerlo con el primer pago de 650 millones tras el poco ventajoso acuerdo con el Club de París.

Lo mismo ocurrió con la reiteración de la oferta a los fondos buitre para que ingresaran al canje de deuda, cuando era obvio que con un fallo en firme no iban a aceptarla y eso impediría reponer el stay, que era la única posibilidad de evitar el default, y quedar a cubierto de la cláusula RUFO hasta el 1º de enero de 2015. Así podía alejar el riesgo de demandas judiciales de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010.

Esta posición es contradictoria con la salida "entre privados" que el propio Gobierno terminó empujando a último momento con los bancos nacionales que integran Adeba, después de 45 días de un encendido e inútil relato épico. Ese tiempo se desperdició en palabras cuando podría haberse aprovechado para armar una ingeniería financiera que resulta demasiado compleja para ser resuelta en menos de 24 horas.

En tren de reducir daños, otra apuesta del Gobierno es que los bancos extranjeros que actúan como agentes de pago, presionen ante el juzgado de Griesa para que permita girar los fondos a los bonistas de la deuda reestructurada bajo legislación británica y japonesa. De esta manera podrían evitar quedar entrampados entre incumplir el fallo del juez y los contratos con el gobierno argentino y, por ende, la extensión del default a otras jurisdicciones.

Paradójicamente, el mismo día del fallecimiento de Julio Grondona, quedó demostrado que la máxima del "todo pasa" no es aplicable al interminable conflicto por la deuda.

Por Mariano Grondona .

Si el país llega a evitar el default, será en última instancia por decisión de los acreedores, que día tras día alargan la cuerda con la que nos podrían ahorcar, pero sólo unos centímetros hasta la próxima urgencia. Este mensaje en el fondo contemporizador de los acreedores se ha cruzado en los titulares de los diarios con el mensaje épico de Cristina, que dice de manera rotunda, a quienes quieran escucharlo, que los buitres no pasarán.

El conflicto en torno al default argentino se ha nutrido así con dos lenguajes incompatibles: el lenguaje calculado de los "buitres", que lo único que quieren es cobrar, y el lenguaje exaltado de la Presidenta, que aspira por su parte a conmover a la audiencia. Si los acreedores se salen con la suya, finalmente cobrarán. Si Cristina impone su criterio, finalmente, pague o no pague, podría quedar como la heroína del drama del default.

El gobierno argentino, ¿es un mal pagador? Los buenos pagadores pagan y punto. Los malos pagadores quizá también paguen, pero para hacerlo dan mil vueltas hasta que consiguen el segundo objetivo que también está en sus planes: quedar como los "buenos" de la película. Por razones culturales que vienen de lejos, el acreedor es visto como un usurero, como un abusador, en tanto que el deudor asume el papel de la víctima inocente que suscita la simpatía de la audiencia.

El problema de la Presidenta es que pretende expresar estos dos lenguajes simultáneamente. Querría pagar, pero también quiere promover la simpatía de la audiencia por el hecho de que no quiere pagar, sino bajo sus propias condiciones. De que quiere pagar "dignamente". Su dilema no es pagar o no pagar, sino, si tiene que pagar, hacerlo en cierto modo bajo protesta, en resguardo de su propia imagen.

La retórica de Cristina busca recorrer un término medio, porque de un lado no querría el conflicto abierto del no cumplimiento que significaría no pagar, pero del otro lado tampoco querría pagar mansamente, como si fuera un deudor complaciente. Este dilema de Cristina se le presenta, por otra parte, hacia el final de su mandato. A cargo de un poder declinante cuando termina su gestión, Cristina en cierta forma aspira a "terminar bien". Pero ¿qué significaría para ella "terminar bien"? ¿Irse para poder volver? ¿Designar un sucesor? Estas dos alternativas no le están, por ahora, disponibles.

Aquí se advierte una falla en nuestro sistema político. En un país "normal", habría un proceso interno a través del cual los partidos del gobierno y de la oposición elegirían a sus candidatos, entre los cuales el pueblo designaría finalmente al sucesor. Pero el nuestro no es, en este sentido, un país "normal", desde el momento en que Cristina pretendió un poder sin plazos. Su sucesión, así, es el símbolo del fracaso de su proyecto continuista; un proyecto autoritario, no republicano.

Lo que debería venir ahora, finalmente, es un sistema verdaderamente republicano. Es decir, la puja entre varios partidos, ninguno de los cuales tendría la pretensión ni la posibilidad que tuvo Cristina de monopolizar el poder. El país se encuentra así entre dos extremos. De un lado, una presidenta declinante que, si tuvo todo el poder, ya no podrá retenerlo, y del otro, una suerte de vacío entre sus presuntos sucesores.

Alguna vez Ortega y Gasset dijo: "¡Qué no diera por un sistema!". Lo que los argentinos necesitamos ahora no es tanto que alguien obtenga el poder después de Cristina, sino un sistema de poder que pueda perpetuarse a través del tiempo a partir de la sustitución de Cristina. ¿Cómo podríamos llegar a esta meta?

Tenemos dos modelos. Desde el Acuerdo de San Nicolás hasta 1930, tuvimos un sistema que a todos cobijaba. A partir de 1930, civiles o militares, peronistas o antiperonistas, uno tras otro quisieron cortarse solos y uno tras otro fracasaron. El sistema poskirchnerista será republicano o no será.

Pongámonos ahora, imaginariamente, en el papel de los sucesores de Cristina. Si continúan la ambición excluyente que ella albergó, no tendremos salida. Si deciden, en cambio, competir y convivir a lo largo del tiempo, tendremos sistema. Ninguno de ellos podrá pretender el monopolio. Todos ellos se beneficiarán, a su debido tiempo, de la rotación. Es lo que hacen los países civilizados.

A la Argentina se le ha creado, por lo visto, una gran oportunidad. Ser un país "normal" de pausados giros y rotaciones, sin esa aspiración al monopolio que tuvieron los Kirchner y que muere, al parecer, con Cristina. Sin los residuos monárquicos del militarismo o de los Kirchner, ¿amanecerá, al fin, una auténtica república? Cuando la forjemos, todo lo demás, político y económico, vendrá por añadidura.

Por Jorge Oviedo.

El juego de la deuda argentina y los holdouts o buitres se vuelve cada vez más incomprensible. Con versiones de toda clase.

El ministro de Economía Axel Kicillof dijo que a los que él llama buitres no aceptaron la propuesta argentina. No es una novedad, porque según señaló, les volvió a ofrecer lo mismo que a los que sí aceptaron los canjes. Por eso fueron a la justicia de los Estados Unidos, porque no aceptaron y quieren cobrar el total, más intereses y multas. A Kicillof le parece que la ganancia para ellos sería exorbitante, pero la Justicia americana, incluida la Suprema Corte, les dio la razón. No hay apelación posible.

El Gobierno insiste en que no puede hacer eso porque dispararía la famosa cláusula RUFO que haría que los que ya aceptaron cobrar menos y otros demandantes más, vengan por el total original de sus acreencias. Los especialistas dicen que exagera.

Otros creen que "macanea" para consumo interno. Las versiones optimistas dicen que hay un grupo de bancos locales dispuesto a arreglar el entuerto, dejando en los papeles fuera al Gobierno y así evitar problemas posteriores.

Kicillof dice que no sabe nada, que se enteró por los diarios. La interpretación optimista es que éso es lo que tiene que decir, porque si admite que negoció pagar a los buitres algo mejor que a los que aceptaron el canje mandará al país a la ruina y a sí mismo probablemente a la cárcel.

Parece todo un juego de mentiras y simulaciones, para cubrirse de legislaciones externas, de demandas internas y para lograr votos e instalar una candidatura.

En el medio hay quienes sospechan que los bancos locales harían un negocio. Elisa Carrió ya le exigió al presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega , que no baje los encajes a los bancos para que éstos tengan dinero disponible y gratis para arreglar de modo tercerizado los entuertos del Ejecutivo.

Carrió también cree que hay un juego de mentiras para consumo interno y externo.

Para la calificadora Standard & Poor's el país ya está en default, aunque aún selectivo. Para el Gobierno es falso, porque la Argentina pagó. En realidad, hizo un depósito en una cuenta de fideicomiso. Los prospectos de los bonos, que varias veces citó Kicillof en su alocución plena de torpezas, como aludir a unas supuestas "Islas Caimanes" (Sic), dicen otra cosa. La versión difundida por Joshua Rosner de Graham Fisher especifica que el pago está realizado cuando el dinero es recibido por el titular del bono, lo que claramente no ha ocurrido.

Si se trata de un juego en el que gana el que miente mejor, claramente deberían tener ventaja los argentinos, del país donde el juego de naipes por excelencia es el Truco.

Pero son juegos peligrosos, como lo describió el gran Roberto Fontanarrosa en el cuento "El espejismo de Abd Al Kadash", que convendría releer. De cómo los que quieren engañar, fabricando un espejismo, terminan cruelmente engañados por otro.

Carrió también ha dicho que el Gobierno "malvinizó" el pleito. Parece cierto. Además, vale recordar que durante muchos días y luego de que los ingleses habían recapturado las Islas Georgias y tomado prisionero a Alfredo Astiz, las usinas de desinformación oficiales sostuvieron la falsedad épica de que el represor junto a sus comandos seguían combatiendo, refugiados en las montañas.

Kicillof quiere discutir un fallo que ya no tiene apelación. Si alguien podía obligar a los bonistas a aceptar el canje, era Griesa. El Gobierno eligió pelearse, desafiarlo, ofenderlo. Y sigue haciéndolo. Es como si los ingleses se negaran a aceptar que la Argentina fue campeón del Mundo en México de 1986 porque el árbitro, que no vio la "mano de Dios", convalidó un gol inválido.

O como si en la Argentina no se reconociera el título de Alemania en Italia 1990 por el penal más que discutible que sancionó el desagradable de Codesal.

Se acabaron los recursos judiciales. Y sólo queda enfrentar la realidad o apostar a fabricar el más eficiente de los espejismos.

Por Julio Villalonga *

Las negociaciones entre los representantes de la Asociación de Bancos Privados de Argentina (ADEBA) y los “fondos buitre” llegaron anoche a una nueva fase de esta virtual guerra de posiciones entre el país y los “fondos buitre”: los banqueros argentinos comenzaron a emprender el regreso a Buenos Aires ante la falta de un acuerdo que parecía muy cercano.

Una reconstrucción de lo ocurrido en las últimas 24 horas, a la que llegó gacetamercantil.com luego de consultar a fuentes de las tres partes (el Gobierno argentino, los “holdouts” y los bancos locales) señala que los representantes de los tenedores de bonos aún en “default” decidieron dejar la mesa de negociaciones al conocer el contenido de la rueda de prensa que concedió Axel Kicillof en el consulado argentino en Nueva York.

Como advertimos hace dos semanas, la posición de Kicillof que la presidente Cristina Kirchner avala es la de la dureza en la negociación. “El asegura que Argentina tiene todas las de ganar porque en enero el tema se va a resolver. Y ahora insiste en esta posición pública de fortaleza como si estuvieran construyendo una épica del enfrentamiento con los ‘buitres’”, analizó un abogado argentino que mantiene cercanía con las negociaciones.

Ante la prensa el ministro separó con claridad al Estado argentino de las negociaciones entre privados por la ahora famosa "cláusula RUFO", el corcet legal que ahora el ex negociador de la deuda y también ministro Roberto Lavagna defiende con tanto ahínco.

En suma, que la postura del Gobierno sería la que sigue: nos llevaron a un “default técnico” para encerrarnos y ahora, que no pasa nada con el "default", los encerrados son ellos, porque van a tener que esperar hasta enero para cobrar.

Es cierto que, como dijo el ministro de Economía, el Ejecutivo no podía aceptar que el pago a los “fondos buitre” mejorara la oferta aceptada por el 93,4 por ciento de los tenedores de bonos canjeados en 2005 y 2010. Pero también lo es que la intermediación de los bancos argentinos era una salida aceptable.

“Sí, es aceptable pero Kicillof sostiene que toda la presión de los últimos días, en particular de agentes locales a través de los medios, buscó poner de rodillas al Gobierno para que un grupito se hiciera su agosto. Se trata de negociadores voraces, claro está, y Kicillof convenció a la Presidenta de que hay que hacerles frente hasta lo último”, apuntó el abogado que participó de varias de las conversaciones.

Entretanto, una fuente de ADEBA advirtió que las idas y vueltas son moneda corriente de negociaciones de este tipo y no descartó que las negociaciones continúen. “Se había avanzado en el pago de la garantía de unos 300 millones de dólares, que equivale al valor de los bonos antes del ‘default’, para conseguir un ‘stay’ hasta enero, pero ahora quizás se abra el camino a la compra lisa y llana de todo el monto, aquellos 1.330 millones de dólares que ayer debían cancelarse, según el fallo de Griesa, por lo cual la deuda saldría de manos de los ‘holdouts’”.

En esta alternativa trabajan tanto bancos privados locales como otros internacionales y es la “salida Repsol”, operación que le dejó interesantes comisiones a las entidades que intervinieron en aquel multimillonario “pase de manos”.

El Gobierno teme que participando de una salida de este tipo se lo acuse de “engordar” a intermediarios extranjeros que medrarían con su necesidad de salir del atolladero en el que se metió. En esta línea se ubican las declaraciones y las denuncias de Elisa Carrió, que dirigió sus advertencias a Juan Carlos Fávrega, el presidente del Banco Nación que, según fuentes financieras locales, habría amenazado con renunciar, como en la crisis de febrero pasado, por sus presuntas divergencias con Kicillof.

El titular del Palacio de Hacienda explicó, con razón, que Argentina no puede caer en “default” porque no se han dado ninguna de las condiciones para ello que figuran en los prospectos de las emisiones de los bonos reestructurados. Técnicamente es cierto. Pero también lo es que una situación de incertidumbre como la actual no puede prolongarse mucho tiempo sin que los mismos a quienes acusa de especular la aprovechen para limar de nuevo al Gobierno, como a principios de año.

Por Carlos E. Alfaro
Estudio Alfaro Abogado.

Advierto una peligrosa contradicción en quienes critican como un exceso del Gobierno su precaución con la posibilidad de violar la famosa cláusula R.U.F.O.

Yo diría que cualquier preocupación es poca. Y cualquier interpretación sobre el alcance legal del termino ‘voluntary negotiation’ de la cláusula R.U.F.O. no es irrebatible. Esta sujeta a interpretación y a las circunstancias del caso. Y es precisamente este tipo de situación la que nos ha llevado a la situación actual.

En efecto, como si no bastara como muestra la propia interpretación del juez Thomas Griesa sobre el pari passu (tiempo y forma de pago), así como la extensión extraterritorial de su sentencia. Se afirma imprudentemente de forma tajante y concluyente que la posibilidad de que se interprete una negociación de como cumplir con la sentencia como violatoria de dicha cláusula, no existe. Nada mas lejos de la realidad jurídica y de la naturaleza de cualquier abogado asesor de tenedores de bonos. Ya hay abogados haciendo cola.

Otro error de interpretación es pensar que el juez o los fondos buitres hubieran reaccionado de otra forma si la Argentina o sus abogados hubieran adoptado una estrategia o lenguaje mas ‘amable‘. El criterio jurídico de un juez no cambia por la forma con la cual uno se le dirige. En este caso la justicia Americana siguió el criterio estricto de que la ley es la palabra del contrato. Y para los fondos buitre su negocio era la victoria total y solo negociar desde la posición de ‘máximum strength’

Pensar lo contrario es ‘naïve’. Es como si le hubieran recomendado a Guemes enviar comida o flores al ejercito español para negociar la paz. A veces hay que quemar las naves. Ello es muy distinto que impericia, o irresponsabilidad.

Lo cierto es que Argentina debe demostrar que ha agotado todas las instancias para primero cumplir con sus obligaciones contractuales con los bonistas restructurados. Segundo que ha agotado todas las instancias y opciones judiciales y no judiciales. Tercero adoptar la opción que deje menos flancos abiertos al Gobierno.

Porque si hay algo que todos deben estar seguros que va a pasar, es que se van a multiplicar los reclamos y acciones judiciales, con o sin fundamento como consecuencia de cualquier arreglo al que se llegue.

La idea de que si se cumpliera con el pago, la Argentina vivirá un período de paz y podría acceder al mercado de capitales sin mas problemas, es incierta y dependerá de estos posibles reclamos.

Esos reclamos dependerán de la astucia de una pléyade de abogados cuya actividad se desarrolla en el país que es el paraíso de los juicios. No hace falta hacer una gran investigación. Basta recordar todas las películas y series de televisión en donde el personaje principal es el abogado.

Y termino con un chiste. Un día muere un ingeniero muy capaz pero va al infierno. Después de varios días el ingeniero había colocado aire acondicionado, agua fresca, hielo y una pileta de natación. Dios muy preocupado llama al diablo y le ordena que envíe al ingeniero al cielo porque estaba violando las leyes acordadas. El diablo se rehuso y Dios le dijo que lo iba a demandar. El diablo tranquilo le respondió muy seguro: ¿con que abogados?

Por Guillermo Kohan.

Todo indica que finalmente la Argentina no volverá a transitar el infierno del default, al menos en la intensidad y profundidad de las experiencias del pasado. Se aleja el riesgo de que Cristina Kirchner se quede sin reservas hasta que le toque entregar el mando a fin de 2015, aunque el escenario de dificultades económicas cotidianas no parece despejarse fácilmente. La cesación de pagos tal vez se mantenga en forma fugaz según pasen las horas y semanas hasta el cierre final. Aun el escenario del arreglo presenta demasiados interrogantes que hacen suponer que la prometida lluvia de dólares para la Argentina todavía se hará esperar.

Un dato no menos a esta altura, es preguntarse de done saldrán los dólares que los bancos generosamente ofrecieron a los holdouts para evitar el choque de trenes. Trascendió que se podrían utilizar parte de los encajes de depósitos en dólares. Sería una enormidad, ya que se trata de dinero que no es de los bancos, sino del los depositantes. Al cierre de las operaciones en Wall Street el caso argentino no estaba cerrado, y las calificadoras de riesgo se disponían a declarar al país en default selectivo. Tampoco parecen claras las garantías del gobierno argentino a los bancos que salen de avalostas, dado que nada puede aparecer allí,por escrito para que no se considere una fórmula para burlar la famosa cláusula Rufo. Quien les garantiza a los bancos que Cristina en el futuro les va a pagar esta patriada?

En términos políticos, si finalmente se llega a un acuerdo, es obvio que se trata de un alivio para el oficialismo y para los gobernadores que gestionan, incluyendo a Mauricio Macri. Supone mayor financiamiento y menos necesidad de aumentar impuestos. Dos elementos decisivos en un año electoral que, de verdad, ya comenzó.

Daniel Scioli no ocultaba estas horas su euforia por el avance en las negociaciones, un partido en el que se juega parte de su futura vida política. Si aspira a suceder a Cristina desde el oficialismo, necesita que la economía deje de caer y reactive en 2015. Un milagro, mirando la situación actual, que sería aún menos alcanzable en cesación de pagos y corridas contra las reservas. No es lo único que necesita que cambie

El futuro de la economía real, ahora supuestamente sin la tormenta del default, es el debate que se retoma en las mesas políticas y económicas. Porque la eventualidad hoy lejana de una reactivación de la economía es tal vez lo único que podría mover el tablero político, hoy más a favor de Sergio Massa y Mauricio Maori ,cada vez más de moda.

La opinión ente los profesionales de la economía ahora se volverá a dividir entre quienes suponen que sin default la economía podría reactivar de la mano de más dólares, más gasto y más deuda ; y quienes opinan que el malhumor económico será inexorable. Suponen estos,últimos que las inconsistencias del modelo ya son muy severas y , por más que no haya default, la inflación seguirá golpeando el consumo y la recesión no permitirá mejoras en el empleo ni en los indicadores sociales.

La madre del problema definitivamente no está resuelta, en tanto se agranda el déficit fiscal y el déficit de balanza de pagos, y todo se cubre con más emisión y más perdida de reservas. Es obvio que una Argentina en condiciones de colocar deuda en los mercados más el seguro de emergencia con China alivia en problema. Y si fuera cierto que la sola noticia del final del mandato de Cristina genera ingreso voluntario de capitales para comprar activos argentinos, la oferta de dólares todavía será mayor para financiar los últimos 500 días del actual gobierno, según,los cuenta todas las mañanas Sergio Massa.
El hombre que hoy lidera las encuestas también celebra el acuerdo por la deuda. Un final anticipado de Cristina es lo que menos le conviene. Necesita tiempo para juntar tropa propia en las provincias y se propone vender futuro al electorado, una promesa difícil para un país en cesación de pagos.

La convicción entre los opositores es que aún evitando la crisis de la deuda, el verdadero default del Gobierno con la sociedad no podrá ser levantado fácilmente. La creciente y alarmante inseguridad, el déficit en los hospitales y en la educación pública, la inflación y la corrupción, aparecen en una lista demasiado pesada para el oficialismo.