La Contraloría General de la República tiene en una encrucijada al Ministerio de Obras Públicas (MOP). ¿La razón? Una solicitud para obtener derechos de agua adicionales que presentó HidroAysén y por la cual la sociedad conformada por Endesa Chile y Colbún espera una respuesta hace casi siete años.

Hace unos días el organismo encabezado por Ramiro Mendoza resolvió imponer a la secretaría de Estado un plazo, que expira el próximo 8 de agosto, para pronunciarse sobre la petición de la empresa, que tras varios años de tramitación fue inicialmente aprobada en 2011 por las autoridades de la Dirección General de Aguas (DGA) del gobierno anterior.

Esta decisión fue posteriormente objetada por el organismo contralor, que detectó errores en su tramitación. La demora en la resolución de las discrepancias advertidas llevó a la empres a solicitar este pronunciamiento que la entidad despachó el 14 de julio pasado.

El director general de Aguas, Carlos Estévez, explicó que el MOP fue notificado el 18 de julio recién pasado y que la Contraloría les dio un plazo de 15 hábiles para responder.

Si bien en el sector privado reconocen que en estos momentos para HidroAysén sería irrelevante obtener esos recursos, considerando que su permiso ambiental fue anulado recientemente por el Comité de Ministros, que además rechazó el proyecto, sí destacan que para el gobierno este pronunciamiento no sería trivial.

El abogado socio del estudio Puga Ortiz, Rodrigo Weisner, explicó que tras la resolución de la Contraloría el MOP tendría dos alternativas para resolver. La primera es enmendar los reparos que hizo la Contraloría y entregar los derechos a la eléctrica.

HidroAysén pidió estos recursos adicionales en 2007, después que anunció la reducción de casi 40% en la superficie inundable del complejo hidroeléctrico proyectado en Aysén. Para lograr esto sin afectar la capacidad instalada (2.750 MW) ni los rendimientos proyectados, era necesario sumar una quinta central y contar con esos derechos.

En el sector eléctrico comentan que si el gobierno opta por la autorizar los recursos estaría en disonancia con el escenario negativo que esta millonaria inversión viene enfrentando.

Otras fuentes recuerdan que, aunque no habría argumentos técnicos para echar pie atrás en la determinación de 2011, eso tampoco estaría en línea con el discurso en torno a la no viabilidad del proyecto en la forma que estaba planteado, que la presidenta Michelle Bachelet planteó a lo largo de su campaña electoral, y que posteriormente ha apoyado parte de su gabinete.


Rechazo presidencial 


Weisner, quien fue director general de aguas en el primer mandato de Bachelet, explicó que el segundo camino para la autoridad es invocar una atribución extraordinaria que la ley le entrega al Presidente de la República -delegada en el titular del MOP- para rechazar solicitudes de derechos no consuntivos, amparado en circunstancias excepcionales o de interés nacional.

Esta atribución, que permite reservar caudales, está considerada en el artículo 147 bis del Código de Aguas.

Al ser consultado por esta posibilidad, el actual director general de Aguas, Carlos Estévez, se limitó a señalar que “siempre es una opción”.

Siete años de tramitación
Presentación En agosto de 2007 la empresa realizó la solicitud de los derechos de agua adicionales que requería para mantener el desempeño del complejo pese a la reducción de la superficie inundable.
Primer rechazo La autoridad regional de la DGA rechazó la solicitud pues se sobreponía con otra solicitud que había sido presentada por Endesa. Esta superposición de derechos impedía la autorización.
Opina la Contraloría La Dirección General de Aguas de la época pide a la Contraloría que determine la posibilidad de cambiar el criterio histórico a la hora de resolver frente a este tipo de superposiciones.
Cambio de gobierno En 2010, cuando se produjo el cambio de gobierno, la Contraloría no había resuelto esta consulta y las nuevas autoridades, mediante la emisión de una resolución específica, que fue redactada por un ex asesor de HidroAysén, cambió el criterio para resolver y autorizar la solicitud, en proceso que luego la misma contraloría objetó.

Central Bocamina: Corte Suprema suspende alegatos
Una larga jornada de alegatos se esperaba para ayer en la Tercera Sala de la Corte Suprema, en el marco de las dos causas contra el complejo termoeléctrico Bocamina, de Endesa. Sin embargo, al fin de la primera intervención, el presidente de la instancia, Rubén Ballesteros, informó que uno de los integrantes de la sala había presentado una causal de inhabilidad.

Tras unos minutos de análisis, los ministros declararon la imposibilidad del ministro Héctor Carreño para ver la causa y suspendieron los alegatos, que se retomarían en los próximos días.
Según se informó, el problema fue que el juez mencionado participó en la causa de 2012 en la que se determinó que el proyecto de ampliación de este complejo debía tramitarse con un estudio y no una declaración de impacto ambiental.

Otro de los abogados de la causa, Lorenzo Soto, dijo que el procedimiento indica que debe designarse otro integrante y fijarse una nueva fecha para concretar los alegatos.

De las dos causas, la más relevante es la que encabeza Soto, pues mantiene paralizada la segunda unidad del complejo desde el 17 de diciembre de 2013.

En ese contexto, en el conference call realizado por Endesa para explicar sus resultados a junio, se consultó fue los efectos de la paralización de la central en la Región del Biobío. Allí se informó que el efecto diario para la empresa de no poder operarla, ronda el millón de dólares, dependiendo del precio de la energía en el mercado spot y de cómo esté la hidrología.