La Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem) elaboró un nuevo estudio sobre el potencial que tiene Mendoza en cuanto a esta actividad, hoy vedada por la ley 7.722. "Trabajamos durante tres años en estos datos y hasta a nosotros nos sorprendió", dijo el titular de la Camem.

La Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem) sigue insistiendo con que la producción minera de Mendoza podría elevarse si se levantaran las restricciones a las explotaciones metalíferas.

Mediante un nuevo estudio, la Camem destaca cálculos que apuntan a paliar la crisis provincial y nacional que afecta a Mendoza si la actividad de desarrollara con normalidad en la provincia, a la vez que resalta nuevamente las restricciones que impone la ley provincial 7.722 a la minería metalífera, que impide el uso de compuestos químicos para la extracción de metales.

Roberto Zenobi, gerente de la Cámara de Empresarios Mineros, dijo a MDZ Radio: “Siempre hablamos del potencial minero que tiene Mendoza, y esto nos llevó a reflexionar que teníamos que ponerlo sobre un papel, trabajamos durante tres años en estos datos y hasta a nosotros nos sorprendió este número”.

“Lo empezamos a difundir y hemos demostrado que esto de guardar los recursos no tiene valor, porque hoy nos estamos endeudando y mientras tanto los valores de estos commodities están cayendo. Nos pasó con el petróleo”, aportó Zenobi.

El empresario contó que “ya discutimos estas cosas y plantemos que nos digan qué hacer si la minería metalífera no se hace. Las respuestas son ambiguas y vagas”.

Zenobi destacó que Mendoza tiene una mina de oro en sur provincia, explorada y lista para ser explotada: “Hay un proyecto que está en el sur de El Nevad,o en el límite de Neuquén con Gral. Alvear, es el único proyecto de oro que tiene Mendoza”.

“Hay proyectos explorados y no perforados que están parados desde que salió la ley 7.722. Nadie se arriesga a invertir sin que se pueda luego procesar el material”, añadió Zenobi.

En cuanto a las objeciones ambientales, el empresario minero aseguró que “el primer control lo hace el fabricante sobre las sustancias, nadie quiere efectos negativos sobre los pasivos ambientales o accidentes que le arruinen el negocio a los inversores, porque son empresas que cotizan en bolsa”.

Una vez cerrado el tema del Presupuesto y endeudamiento, el debate sobre Minería en Mendoza parece reactivarse y ser uno de los temas que se impondrá en la agenda política sucesiva. 

Mientras el Partido Justicialista (PJ) pidió "salir a militar" por la Minería, tal como anotició el periodista Marcelo Arce la semana pasada; el Partido Demócrata (PD) y la Unión Cívica Radical (UCR), a través de dos de los autores de la Ley 7.722 (que busca regular la Minería en Mendoza), pusieron énfasis en la "crisis hídrica", como uno de los problemas acuciantes que deberá enfrentar la provincia en el próximo corto plazo. 

De la discusión, hay que agregar también, participan empresarios mineros que, a través de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem), llamaron la atención sobre la "falta de voluntad política" para discutir sobre el desarrollo de esta actividad en un suelo que esconde -según señalan desde la asociación- cerca de 350 mil millones de dólares en metales.

Bajo este panorama, MDZ consultó a Jorge Difonso, intendente de San Carlos y coautor de la 7.772, quien, tras cuestionar al PJ por mostrar "una doble cara, una maquillada y otra lavada" al momento de hablar de Minería, hizo foco en la problemática del agua en Mendoza. 

"Lo que nos preocupa es el recurso agua, tanto en su disponibilidad, en cantidad como en calidad. Porque para desarrollar este tipo de Minería de Metales se requieren millones de litros de agua y en los últimos años, en la provincia de Mendoza, hay una crisis hídrica", evaluó Difonso.

En ese sentido, evaluó: "No me parece factible, en la realidad actual de Mendoza, en cuanto a la disponibilidad de agua, ese tipo de minería que, además, plantea el uso de químicos que es lo que, en definitiva, prohíbe la 7.722", subrayó.

En efecto, contraponiéndose a los argumentos de la Camem sobre el "obstáculo" que representa la 7.722, Difonso aclaró: "Lejos de ser un obstáculo, esta norma controla y regula la actividad y por eso mismo me extraña y me parece un mal síntoma que quieran impulsar la actividad, eliminando la única ley que la controla", destacó.

Apuntó, asimismo, que, si el objeto de impulsar la actividad es generar puestos de trabajo, "el Gobierno tiene la herramienta para mejorar y conservar empleo levantando la presión impositiva que tienen las Pymes, el pequeño y mediano productor, los trabajadores a través del pago de Ganancias", argumentó.

En consonancia, se expresó Enrique Vaquié, diputado nacional por la UCR y también autor de la 7.722, al detallar: "Hay un problema general en Mendoza que tiene que ver con la restricción muy fuerte del agua. Mendoza no tiene agua para impulsar su crecimiento y lo cierto es que tiene que haber políticas claras para poder encarar cualquier desarrollo productivo, en cualquiera de los oasis de Mendoza salvo -distinguió- en la Cuenca de Río Colorado donde hay excedente de agua", explicó el legislador opositor. 

Señaló que "la demanda de agua actual en la provincia es más fuerte que la oferta" y que si bien hay dos proyectos para paliar su escasez, pendientes en la Departamento General de Irrigación, el Gobierno parece no darles prioridad. 

"Se trata de dos obras proyectadas en el río Mendoza, Luján Oeste y Luján Sur; están listos en Irrigación pero Mendoza no los tiene priorizados", sostuvo Vaquié, al tiempo que precisó que generar un metro cúbico de agua por segundo en el Río Mendoza cuesta unos 100 millones de dólares aproximadamente.

Aclaró, finalmente, que Mendoza se debe un debate general sobre desarrollo sustentable (no sólo en torno a la Minería) y que el mismo debe ser convocado por el Gobierno. 

A propósito, deslizó: "La provincia tiene que encontrar cuál es su proyecto para tener un desarrollo sustentable en los próximos años. Tiene que ver qué se hace con el estado mendocino, con el sector privado, con el comercio, con el turismo, con logística, con minería metalífera y no metalífera, con el agro; tiene que haber un debate sobre qué hacer en todas las áreas y lo tiene que convocar el Gobierno para que la convocatoria sea amplia", concluyó.

 Un estudio realizado por la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem) reveló que bajo el suelo mendocino hay cerca de 350 mil millones de dólares en metales. El potencial se reparte en unos 20 proyectos mineros que se encuentran paralizados por la vigente Ley 7.722, según destacan desde la asociación.

La investigación, cuya última actualización corresponde a 2.013, revela que en la provincia hay: 

-tres minas (Sierra Pintada, Paramillos, Agua Botada); 

-dos proyectos factibilizados (San Jorge y Don Sixto); 

-cinco proyectos en exploración, perforados (Paramillos Norte y Sur, Las Choicas, Santa Clara y Yalguaraz)

-y diez proyectos en exploración, sin perforaciones (Picos bayos, Papagallos, Universidad, Elisa, Cerro Amarillo, El Seguro, Matancillas, Cajón Grande, Quebrada Amarilla y Malargüe).

El valor bruto del mineral de tales recursos se traduce en 349.234 millones de dólares y, de acuerdo con los datos recopilados por la Camem, se necesitarían 16.793 millones de dólares para su puesta en marcha. 

"Ese es el número que se ponderó en su momento, hoy puede haber un poco menos por la caída del valor del Mercado pero la realidad marca que hay un potencial considerable y que es una picardía no ponerlo en valor cuando el mundo lo requiere", evaluó, en diálogo con MDZ, Roberto Zenobi, gerente general de Camem. 

En ese sentido comentó que tardaron cerca de un año y medio en recopilar toda la información porque, según destacó, ni el propio Gobierno de Mendoza contaba con los datos concentrados en la Dirección de Minería. 

Zenobi resaltó la importancia de considerar las conclusiones del informe, sobre todo en un país en donde se habla de reemplazar importaciones pero, contradictoriamente, se desaprovechan los recursos territoriales propios. 

"Hoy el país habla de reemplazar importaciones y, aunque tenemos el yacimiento de uranio más importante de Argentina, en San Rafael, seguimos importando uranio con tres centrales nucleares funcionando", ejemplificó el referente de Camem. 

Recalcó, seguidamente, que los mendocinos tienen "otro problema más grave" en la medida en que "el resto del país, Chubut, San Juan, Santa Cruz, La Rioja, está explorando y, en ese marco, donde se encuentre otra mina y se ponga en marcha, nuestro yacimiento va a quedar por 25 o 30 años quieto porque no se va a justificar ponerlo en marcha, entonces seguimos retrocediendo cuando el mundo sigue avanzando", evaluó.

De acuerdo con la investigación que encabezó la cámara mencionada, el valor de los recursos metalíferos conocidos de Mendoza, es diez veces mayor al valor de las reservas de petróleo local. 

En esa línea, el estudio da por sentado que "sin Minería, en diez años se perderán 130 mil puestos de trabajo en construcción, 39 mil puestos laborales en la operación". 

Asimismo, se perderán, en cinco años, siete minas produciendo, generando un total de 213 millones de dólares anuales en ingresos a las arcas provinciales, de acuerdo con lo que consignó la Camem. 

La Ley 7.722 que busca regular la Minería sumado a la falta de decisión política de parte del Gobierno de turno, son los obstáculos que, según Zenobi, deberán sortearse para poner en vigencia un Plan de Desarrollo Minero Metalífero en la provincia. 

"La 7.722 es hoy el principal obstáculo o si lo pongo en su orden, el principal obstáculo es la falta de una decisión política; hay leyes que preservan el buen uso de la actividad por lo tanto tiene que haber una decisión política de así como se decidió archivar un proyecto (San Jorge) que lo desarchiven y analicen", requirió. 

A quiénes se contraponen a la iniciativa de impulsar la Minería y dejar sin efecto la mencionada norma, Zenobi les dejó un mensaje: "Quienes están en contra de esto, les proponemos que vayan y conozcan un proyecto minero y van a ver que no van a tener el impacto que uno tiene cuando se acerca a una ciudad y empieza a ver los basurales", postuló, al tiempo que resaltó que la actividad debe desarrollarse cumpliendo las leyes vigentes de protección, seguridad e higiene. 

Dijo que "se pierde mucho valor agregado al no poner en marcha una mina para producir el azufre necesario, para producir el ácido sulfúrico que iría al proyecto y al mercado interno y serviría, además, para el sulfato de cobre para la industria vitivinícola", subrayó. 

El borrador del informe elaborado fue presentado el año pasado al Gobierno de Mendoza. "Algo se está asimilando (en el Ejecutivo) porque, de hecho, ya se formó la Mesa Minera en donde estamos empezando a discutir el tema", señaló al respecto. 

Si bien no negó que Mendoza es parte de un escenario recesivo y próximo al default técnico, destacó la importancia de, a pesar de todo, poner en marcha la minería: "Entonces, el primer paso que tiene que dar la provincia es sacar esa ley del medio (la 7.722) y la situación cambiaría"

Como refuerzo a sus argumentos, denunció: "Hoy el concesionario de Sierra Pintada es la Comisión Nacional de Energía Atómica, que depende de Presidencia de la Nación. Mientras que a Vale, como empresa privada, le quisimos quitar el proyecto Potasio Río Colorado, cuando estaba concedido por ley; entonces, por qué no hacemos lo mismo con la Comisión Nacional de Energía Atómica, que no pone en marcha la mina y que, encima, importa uranio para nuestras centrales nucleares; evidentemente, somos totalmente incongruentes en nuestro accionar y nuestro decir", finalizó.