La Corte Suprema resolverá si mantiene o suspende la paralización de la Central Termoeléctrica Bocamina con la presión de Endesa que acusa millonarias pérdidas por esta medida judicial. Son cerca de 130 millones de dólares el costo, que según la compañía, han debido asumir la empresa y los chilenos por el alza en el precio de la energía, durante los siete meses que se prolonga el corte de las operaciones.

En la Sala Constitucional de la Corte Suprema se desarrollarán los alegatos por la apelación al recurso de protección presentado por pescadores de la caleta de Lo Rojas, de Coronel, en contra de la operación de la central termoeléctrica.

El 30 de mayo pasado la Corte de Apelaciones de Concepción acogió el libelo y ordenó que la unidad, paralizada desde el 16 de diciembre del año pasado, no podrá operar mientras Endesa no instale un desulfurizador y no asegure que la central provoca impacto en el medio ambiente.

La compañía apeló a este fallo, al igual que los abogados de los pescadores que encontraron insuficientes las medidas adoptadas por el tribunal de alzada penquista.

En su apelación, Endesa incluyó entre los documentos presentados ante la Corte Suprema el flujo operativo o EBITDA del primer semestre de su matriz Enersis, con las pérdidas que ha arrojado la paralización de Bocamina II.

Uno de los dirigentes de los pescadores y algueros de la zona, Hernán Cortés, llamó a la compañía a asumir las consecuencias de sus actos.

En mayo, Endesa propuso crear un fondo de 13 mil millones de pesos para Coronel. Además hasta la fecha, la empresa ha llegado a acuerdo con más de 400 familias de La Colonia, que es la población más cercana a la termoeléctrica.

Lorenzo Soto, uno de los abogados que representa a los pescadores y quien postula que el proyecto Bocamina debe ser sometido a una nueva evaluación ambiental, descartó que las presiones de la compañía generadora afecten a los tribunales.

Paralelamente, Endesa enfrenta una investigación en la Superintendencia del Medio Ambiente, luego que en febrero de este año el representante de Tecnimont, la empresa encargada de construir Bocamina II, Adolfo Giaretti, reconociera que los trabajos No respondieron a lo ordenado en la Resolución de Calificación Ambiental aprobada por el Servicio de Evaluación Ambiental.