Proyectar inversiones a 10 años: 

El futuro de la República Argentina de los próximos 10 años será venturoso siempre y cuando, exista la voluntad de comprender que es imprescindible romper con el aislamiento que exhibe nuestro país en su política y  macroeconomía.

Todo dependerá, si como país, sabemos encaminarnos hacia un desarrollo armónico donde, principalmente las actividades primarias y manufactureras, relacionadas con la agricultura, la ganadería, la industria automotriz, petrolera y minera, constituyan una plataforma integradora, que se presente al mundo, con perfiles sustentables y jurídicamente sólidos. 

El éxito del desarrollo productivo dependerá, necesariamente, de políticas que promuevan las inversiones y de la  articulación con  la infraestructura, energética, vial, ferroviaria y de comunicaciones. Estos aspectos se presentarán ante el mundo como indispensables.

Nuestro país demandará de grandes inversiones, las que mayoritariamente corresponderán a empresas de capitales transnacionales,  que son las que están capacitadas financiera y técnicamente, para desarrollar los emprendimientos de riesgo exploratorio y de desarrollo productivo, que requieren la industria petrolera y minera Nacional.

Es hora de  federalizar el desarrollo, y aliviar además la carga impositiva  a quienes han  realizado, hasta el momento, el mayor esfuerzo productivo, como lo son la agricultura y la ganadería. 

En la actualidad,  las  regiones  Pampeana y Mesopotámica representan casi el 60% de la población económicamente activa,  de la infraestructura existente y  de la radicación poblacional.

Esta situación ha consolidado, a medias, el desarrollo comunitario y  productivo  actual, de estas regiones, aunque resten saldar aún, grandes deudas sociales.

Es necesario incrementar las alternativas productivas tanto primarias como industriales, para que ellas actúen como polos de desarrollo sustentables, en el resto del territorio Nacional.

El gigante dormido

Las explotaciones gasíferas, petroleras y mineras, serán, en los próximos diez años, las actividades productivas principales que garantizarán el asentamiento poblacional y de infraestructura, en el  Noroeste, Nuevo Cuyo y en la  Patagonia Argentina.

 Ahora bien, sólo la previsibilidad  política, institucional, social, económica y de protección ambiental, nos facilitará el desarrollo armónico de estas inversiones, fundamentalmente, de las extranjeras.

De las tres actividades productivas mencionadas, en los próximos 10 años,  sólo la minería,  requerirá inversiones, de exploración de aproximadamente 5.000 millones de dólares  y de inversión,  para la puesta en marcha de nuevos emprendimientos productivos, una cifra cercana a los 45.000 millones de dólares.

Con respecto a la actividad petrolera y gasífera, considerando el desarrollo productivo no convencional de Vaca Muerta, se requerirán, no menos de 150.000 millones de dólares, en la próxima década.

Ahora bien, vale preguntarnos: ¿Estaremos dispuestos a promover, con un marco de estabilidad apropiado las inversiones extranjeras?  ¿Seremos capaces de definir una Política de Estado para estos desarrollos productivos?

Permítanme dudar.

Cuando el ex presidente Néstor Kirchner, se hizo cargo del gobierno, allá por mayo de 2003, fijó como premisa, en su diagnóstico, que las empresas privatizadas, en la década de los 90, principalmente las de servicios, que eran operadas en su gran mayoría por capitales extranjeros, habían obtenido demasiadas ganancias.. 

Producto de este pensamiento, consideró que era adecuado aplicar una política de congelamiento de  precios, buscado así,  nacionalizar las tarifas de los servicios públicos.

El gobierno, demagógicamente,  supo interpretar en esas decisiones, el sentir negativo de la opinión pública nacional, en particular de su clase media, respecto a la actitud a asumir, ante la inversión extranjera. 

Así entonces, unilateralmente, el Gobierno argentino, incumplió las condiciones contractuales y las empresas, como resultado  de esta decisión, comenzaron un gradual proceso de  desinversión, que desembocó en el actual colapso energético, de la infraestructura básica y de comunicaciones.

Producto del déficit energético, el país derrama hoy  importantes divisas, estimadas en US$ 15.000 millones al año, para lograr el abastecimiento externo, mediante la importación de combustibles líquidos y  gaseosos.

A esta acción de gobierno, la sociedad argentina, en una gran mayoría le dio un apoyo manifiesto, aun sabiendo que, tarde o temprano, este accionar, actuaría como un  "boomeran", que finalmente afectaría la percepción efectiva, de los servicios en cuestión.

Otro hecho, más reciente y de similar comportamiento social, ha sido la confiscación de Repsol YPF, donde  gran parte de la sociedad y sus políticos se pronunciaron a favor del hecho, sin importar el fondo, ni las formas.

Estos acontecimientos nos muestran que, de mantenerse el mismo comportamiento, será muy difícil transmitir confianza a los  inversores extranjeros, para que éstos, trasladen sus capitales  a nuestro país.

Producto de este penoso accionar político, con acción y omisión social,  nos encontramos hoy, cerrados al mundo, en estanflación y con un gobierno que sólo atina a aumentar el gasto público, tratando de revivir el consumo interno,   jaqueado por la inflación y la inexistencia de financiamiento.

Tanto las voces del oficialismo, como de la oposición, con posibilidades de acceso al futuro gobierno, manifiestan la necesidad de cambios, principalmente, en lo que atañe a nuestra relación con el exterior y a la posibilidad de fijar políticas que fomenten la credibilidad y la promoción de inversiones.

Desde esta perspectiva, los recursos petroleros, gasíferos y mineros, aparecen como un camino a recorrer y fortalecer.

Sólo la sociedad y sus representantes, deberán  asegurar el futuro accionar en estos temas, para ello resulta esencial la confección de un Acuerdo Federal, que deberá ser revalidado por la Nación y las Provincias Argentinas, propietarias de estos recursos naturales, con sus Municipios. 

Este mandato,  sólo tendrá sustentabilidad  social, si la mayoría de  las fuerzas políticas logran  consenso, y producto de él, desarrollan un marco jurídico armónico y estable,  entre el Estado, la Sociedad y los Inversionistas. 

La conjugación de estos actores,  permitirán experimentar la obtención de una licencia social duradera,  que habilite el uso racional de los recursos naturales, con un claro objetivo, el de lograr el crecimiento y consolidación económica y social de nuestro país, más allá de la Pampa Húmeda.

Por Daniel Meilán
Ex secretario de Minería de Argentina. Consultor en inversiones mineras