El viernes pasado, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) enviaron una carta a Rubén Duarte, subsecretario de Comunicación Social del Gobierno de la Provincia de Formosa, para expresar preocupación por la circular remitida a comienzos de julio a distintos medios de comunicación radiales de la provincia , donde se les exigía la difusión de cuatro spots sobre el tratamiento de uranio en Formosa cada 15 minutos, en cada corte publicitario que no esté superando los 30 minutos. En la comunicación, se advertía a los directivos de los medios que en caso de incumplimiento, se procedería “a dejar sin efecto las pautas publicitarias con dichos medios”.
En la carta, FOPEA y la ADC mencionan los principios jurídicos locales y regionales en torno a la distribución de la pauta publicitaria oficial, advierten que se trata de uno de los principales problemas en materia de libertad de expresión en todo el país, y señalan que “la interrupción intempestiva de pautas publicitarias por parte del Estado puede ser un mecanismo de censura indirecta, tal como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos precedentes, entre los que se destaca, en particular, el caso Río Negro de 2008”.
Entre los párrafos más destacables, afirman que: “En efecto, la distribución arbitraria de publicidad oficial es uno de los principales problemas en materia de libertad de expresión en nuestro país. Esa distribución arbitraria ha sido utilizada, en muchas oportunidades, con fines discriminatorios para premiar a los medios amigos y para castigar a los medios críticos [2]. Y ello ha sido posible por la excesiva discrecionalidad con que cuentan los funcionarios encargados de la distribución de la pauta publicitaria, y que el correo que ha motivado nuestra preocupación revela claramente.
El remedio contra dicha discrecionalidad es una ley que regule la forma en que debedistribuirse la pauta estatal, tal como lo ha recomendado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en numerosas oportunidades. En efecto, la CIDH ha sostenido que: “Los Estados deben adoptar reglas legales específicas sobre publicidad oficial en cada uno de sus niveles de gobierno. La carencia de un marco legal específico y adecuado para la definición de los objetivos, la asignación, contratación y control de la pauta estatal permite una utilización arbitraria de estos recursos en detrimento de la libertad de expresión”.
Ante la falta de un marco legal específico y adecuado, los Estados tienen, de todas formas, la obligación de no discriminar y no utilizar al reparto de pauta como una forma de premio o castigo que interfiera con la política editorial de los medios de comunicación.
“Los Estados deben establecer, para la contratación y distribución de la publicidad oficial, procedimientos que reduzcan la discrecionalidad y eviten sospechas de favoritismos políticos en el reparto. Los recursos publicitarios deben asignarse según criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos. La pauta estatal nunca debe ser asignada por los Estados para premiar o castigar los contenidos editoriales e informativos de los medios. Dicho uso debe encontrarse explícitamente sancionado. La responsabilidad por las decisiones sobre contratación y distribución de la pauta publicitaria no debería recaer únicamente en manos de funcionarios de origen político, sino que deberían participar asimismo funcionarios de carrera técnicos especializados en la materia”.
FOPEA y ADC manifestaron a Duarte en la carta conjunta su disposición para brindar información adicional sobre el tema.
