Una delegación integrada por representantes del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, el abogado Alvaro Toro, la Comunidad Diaguita Patay Co y la Asamblea por el Agua del Guascoalto, ambas del Valle del Huasco, sostuvo una audiencia con la embajadora de Canadá, Patricia Fuller, para entregar formalmente un documento que sistematiza el modo de operar de la megaminería canadiense en América Latina, desde la mirada de los afectados.
Según sus autores el material, elaborado por el “Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina”, al que contribuyeron más de 30 organizaciones, da cuenta de los patrones de comportamiento avalados por el Estado y que conducen irreversiblemente a la violación de los derechos humanos de las y los habitantes de los territorios en que se desarrollan los proyectos.
El informe es parte de la documentación que sostiene una acción jurídica inédita presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se articulan 22 casos de 9 países de América Latina, que recurren de manera concertada al sistema interaméricano exponiendo el rol del Estado de Canadá, luego de constatar que las denuncias aisladas no han dado resultado y que los patrones de violación de derecho de las mineras canadienses en sus territorios no solo son comunes, sino que cuentan con el aval del estado del norte.
Entre el 50% y el 70% de la minería en la América Latina es de origen canadiense y según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) hay cerca de 200 conflictos mineros en la región. De hecho, según cifras de 2012, un 57% de las empresas mineras a nivel global estaban registradas en la Bolsa de Toronto, por las múltiples garantías y facilidades que encuentran en este país para llevar a cabo sus negocios extractivos. En los países incluidos en el informe hay presencia de 511 empresas mineras canadienses y de 1.429 proyectos extractivos.
Pascua Lama, el caso chileno incorporado en el informe. Es así como el informe refleja las políticas de engaño de la transnacional canadiense, de la devastación de las fuentes hídricas, la promoción de la corrupción, la presión ilegítima sobre las comunidades, y la imposición de destino minero en un Valle de clara vocación agrícola.
Tras la audiencia, Sebastián Cruz, representante de la Comunidad Diaguita Patay Co, consideró provechosa y necesaria la cita, sobre todo porque dio nuevas luces sobre el reciente acuerdo firmado por un sector minoritario de dirigentes diaguitas con Barrick Gold, contraviniendo la convicción indígena local de que el Valle no se vende.
“Nos enteramos que el 2013 con el apoyo de la embajada canadiense, y en compañía de la agregada comercial… ¡ni siquiera cultural!, se realizaron una serie de encuentros entre dirigentes indígenas de Canadá con un sector de comunidades diaguitas de nuestro Valle, coincidentemente las mismas que luego firman de manera viciada y sin consultar a sus bases el memorándum de acuerdo con el que todas las demás fuerzas vivas del Valle hemos estado en desacuerdo y hemos venido demostrando lo corrupto que ha sido todo”, dijo el dirigente y cuando preguntó por qué su comunidad y las demás comunidades indígenas que se oponen al proyecto no fueron convocadas, o al menos informadas, la embajadora indicó que los datos para invitar a las comunidades fueron obtenidos vía CONADI.
Por su parte, Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), señaló “no solo nos enteramos de que la embajada ha sido instruida para impulsar una iniciativa de “dialogo efectivo” entre pueblos indígenas de Canadá y Chile, sino que además la embajada se reúne una vez al mes con las Empresas mineras canadienses que operan en Chile”.
Según Cuenca, hechos como éstos, no hacen más que “fortalecer nuestra convicción de que la embajada está teniendo un rol activo en el apoyo a sus empresas mineras y por lo tanto también tiene responsabilidad en los atropellos que cometen las empresas de origen canadiense fuera de su territorio, este es un aspecto central que plantea el informe, pidiendo a la CIDH que incorpore la responsabilidad extraterritorial de los estados en el análisis de cumplimiento de DDHH”.
Una delegación de representantes del Valle del Huasco acudió a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.
El fin del encuentro fue denunciar las ilegalidades del Memorándum de Entendimiento Diaguita Barrick. Una medida que a juicio de las organzaciones encarna “la última estrategia comunicacional y social de Barrick Gold para lograr la Licencia Social y la viabilidad de su moribundo proyecto Pascua Lama”. Además denunciaron las presiones, irregularidades e incumplimientos que sigue cometiendo la empresa en el Valle del Huasco.
Rubén Cruz, vocero de la Asamblea por el Agua de Guasco Alto, en su calidad también de Diaguita y Vocero de la Comunidad Diaguita Patay Co, dio cuenta de la visión de las más de 6 comunidades Diaguitas que no han firmado este “acuerdo inconsulto”, al tiempo que subrayó el radical rechazo a estas malas prácticas que vulneran los derechos indígenas y el convenio 169 de la OIT.
“Este Acuerdo abre la posibilidad a la negociación y pretende a través del estudio de variables e indicadores ambientales demostrar que no hay ni habrá daño medio ambiental, en pocas palabras la empresa está comprando el silencio de la gente del valle”, dijo Cruz.
Luego denunció que “el Acuerdo en su primera fase consta de 6 meses de intercambio de información, todo esto avalado por un mediador, una universidad, expertos y con la asesoría de los abogados caza de recompensas, Lorenzo Soto y Alex Quevedo, todos pagados por la empresa“.
Patricia Álvarez presidenta del Consejo de Defensa del Valle del Huasco, reiteró la ilegalidad del acuerdo e indicó que “la misma Barrick en una reunión que tuvimos reconoció que se firmó el Acuerdo sólo con unos dirigentes quienes tenían 30 días para ratificarlo con sus comunidades, violándose así el Convenio 169 de la OIT con respecto a la Consulta y el derecho a estar informado”. Junto con ello denunció un poder amplio entregado a una dirigente el cual tampoco fue conocido por las comunidades, la irregularidad que se ha cometido usando asociaciones con el fin de representar a comunidades con lo que se viola la Ley Indígena y la paga en dinero que están recibiendo algunos dirigentes así como beneficios, automóviles y viáticos que se están entregando a las comunidades.
Dentro de la delegación también estuvo Santiago Faura, Presidente de la Unión Comunal de Alto del Carmen y Presidente de la Comunidad Diaguita Pingo- Pingo de La Pampa quien dio a conocer todos los impactos ya cometidos por la empresa, así como las irregularidades que se siguen cometiendo con el reconocimiento de comunidades indígenas por parte de Conadi al ponerse una serie de barreras a la constitución de comunidades que tienen una visión crítica de Pascua Lama.
Asimismo dio a conocer un reciente acuerdo de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la Comuna de Alto del Carmen, la que de manera unánime votó que no quiere mega minería en Alto del Carmen, además se votó el respaldo al memorándum de entendimiento y los resultados fueron de 16 votos en contra y sólo un votó a favor del Acuerdo con Barrick.
El Cura Párroco de la Comuna de Alto del Carmen, Nelson Barrientos, expuso como es que esta empresa se relaciona con las comunidades, relevó los impactos ambientales y sociales cometidos por la empresa, “Barrick contamina al ser humano por medio de nuestras carencias, fragilidades y necesidades. No es posible que el Estado no pueda brindar mamografías a las señoras del valle pero que una empresa sí, las necesidades las debe cubrir el estado no los privados”.
El padre Barrientos preguntó directamente a los diputados, que ya manejan todos los antecedentes del caso, “¿qué más falta para que este proyecto se cierre?”
Tras estos, la diputada PC e integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Camila Vallejo, sostuvo que entendía que este Acuerdo no cambia la realidad de paralización del proyecto Pascua Lama, que se deben disipar una serie de temas judiciales y de la institucionalidad ambiental.
Con respecto al recurso de casación interpuesto por Barrick, expresó, apelando a la lógica del sentido común que “no creo que la Corte Suprema falle distinto y en contra del fallo del Tribunal Ambiental”, por lo tanto, hacia fin de año debiese haber una nueva sanción para la empresa.
Por su parte la diputada DC Yasna Provoste también expresó una opinión muy crítica de este Acuerdo y de las prácticas que está llevando Barrick en el Valle del Huasco.
Tras la reunión, los diputados se comprometieron a oficiar a la Dirección Nacional de Conadi para que se pronuncie acerca de este tema y las irregularidades. Las comunidades quedarán a la espera.
