Revuelo en algunos ámbitos opositores causaron las primeras declaraciones del ministro de la Producción Harold Bark, donde se interpretaba que la provincia pagaría la franja de tierra en la que se construirán las represas hidroeléctricas, que se le deben expropiar a los estancieros de la zona, a valor de mercado.
En declaraciones formuladas al programa El Espiral por LU 12 Radio Río Gallegos, el funcionario aclaró que eso no es así. “Lo que yo dije y por ahí se interpretó mal es que acordamos pedirle al Tribunal de Tasaciones de la Nación que intervenga para que tase las tierras a expropiar, destacando que este organismo lo hace a valor de mercado, como lo hizo en expropiaciones del Estado Nacional, caso YPF con Repsol”.
Pero aclaró que “la provincia va a cumplir con la ley de expropiación” más allá de que “se está buscando lo mejor para todos”.
De esta forma ratificó que el Estado comenzará el proceso de expropiación ante la Justicia, “acorde lo marca la ley, que dice que se paga el valor fiscal más un 30%”, pero reconoció que los propietarios “buscarán cobrar lo que ellos creen que sus tierras valen”, y eso se dirimirá en un juicio de expropiación y terminará siendo el juez “el que fije cuánto vale la tierra”. Al menos eso es lo habitual que ocurre en cada expropiación.
Y en ese marco aclaró que “para nosotros, la valuación que haga el Tribunal de Tasaciones es un elemento más para que, si se llega al juicio, el juez tenga en cuenta este elemento para que exista un precio acorde”.

Posesión de la tierra
Sobre si este juicio de expropiación y el tiempo que éste demande podrá afectar el inicio de las obras de las represas, Bark sostuvo que estima que no. “El fiscal ya está presentando los papeles en la Justicia, pero en cuanto a la obra, se estima que apenas calme el clima se podrían comenzar las obras”.
Planteó que el proceso de expropiación y el de construcción “será en paralelo, primero porque las tierras ya están declaradas de utilidad pública y al hacerlo se puede hacer uso de ellas, una vez iniciado el proceso ante la Justicia, pero además porque las represas son algo en que todos los propietarios están de acuerdo que se hagan, y porque entienden el beneficio que significan, por lo que no hay una resistencia, más allá de que pretenden que se les pague lo que entienden les corresponde por esas tierras”.
Bark aclaró también que “no se van a expropiar estancias completas, sino que sólo se afecta una porción de tierra en las que se construirán las represas o luego afecte la inundación de la presa, por lo que la productividad de los campos que hoy tienen los estancieros no se verá afectada” recalcó.
También señaló que a la hora del camino de acceso, éste es una ruta que se deberá abrir (y esa tierra también será expropiada) pero que “sólo estará afectada al tránsito de las represas, no será de circulación libre” indicó, lo que limita y mucho la afectación por tránsito de los campos que atraviese dicho camino.