Esta semana continuaron las negociaciones entre YPF y las principales gobernaciones petroleras en torno a la nueva ley de Hidrocarburos que impulsa el Gobierno Nacional.
Los gobernadores enviaron a la petrolera estatal que conduce Miguel Galuccio una contrapropuesta con anotaciones sobre cada uno de esos puntos.
LOS PRINCIPALES CONTRAPUNTOS
El borrador del Gobierno prevé que los concesionarios actuales que ya renegociaron por 10 años sus bloques (período de explotación de 25 años más una prórroga de 10) tendrán derecho –en caso de haber cumplido con el plan de inversiones asumido- a solicitar una nueva extensión por otros 10 años.
La contrapropuesta de Buzzi y Sapag no niega esa posibilidad, pero la supedita al pago de un canon de reingreso al área pagadero por única vez. Su valor se determinaría de manera proporcional con las reservas probadas (P1) y probables (P2) remanentes en cada concesión.
El texto redactado por el secretario Legas y Técnico de la Presidencia, Carlos Zanini, contempla el pago de regalías adicionales del 3% para las compañías que soliciten una nueva prórroga por 10 años de sus yacimientos. Las provincias quieren que esa alícuota pueda trepar, en algunos casos, hasta el 4 por ciento.
El proyecto oficial establece que las petroleras deberán destinar un 0,5% de sus ingresos a actividades de RSE (Responsabilidad Social Empresaria) y un 1% a obras de infraestructura. La contrapropuesta de los gobernadores patagónicos prevé a que las provincias puedan solicitar, por su cuenta, financiamiento puntual para obras de infraestructura en las zonas de influencia donde se encuentren los reservorios.
El borrador impulsado por el Gobierno propone la homogenización, a nivel nacional, de los pliegos licitarorios de áreas petroleras. A lo que se aspira es a lograr un modelo único y común aplicable en todas las provincias. Sobre este punto, los gobernadores petroleros sostienen que ese modelo debe ser discutido en el seno de la OFEPHI y no por la Comisión de Planificación de Inversiones Hidrocarburíferas.
El documento redactado por Zanini elimina la posibilidad de que las gobernaciones reserven para sus petroleras provinciales áreas petroleras. Los gobernadores respondieron que el artículo no tiene sustento legal porque va en contra de algunas constituciones provinciales (como la de Neuquén) y además, atenta contra una concepción estratégica que ubica al control del recurso hidrocarburífero en manos del poder público y no del privado.
El texto oficial prohíbe la inclusión de un acarreo (carry) –modalidad elegida por los gobernadores para conservar una participación minoritaria de los yacimientos sin que eso implique invertir dinero a favor de las petroleras provinciales en la licitación de bloques de exploración. Las provincias interpretan que, al no poder recurrir a ese mecanismo, la captación provincial sobre la renta petrolera se verá seriamente afectada, resumió El inversor.
Los gobernadores de Chubut y Neuquén fueron los firmantes de un documento como contrapropuesta al borrador final de 40 artículos que habría elaborado el Gobierno Nacional, luego del debate de principios de julio. El fundamental pasa por el rol de las empresas provinciales en el negocio petrolero. El gobernador de Santa Cruz, en tanto, ratificó su acuerdo con el borrador original que fuera presentado en Casa Rosada.
Esta semana comenzó con el envío por parte de los gobernadores Martín Buzzi y Jorge Sapag, como autoridades de la Ofephi, de un documento al Gobierno Nacional, a modo de contrapropuesta de lo que fue la reformulación del borrador oficial de la nueva ley de Hidrocarburos que había sido retocado luego de los primeros encuentros entre las provincias y el Gobierno central.
Por su parte, luego de un encuentro con el titular de YPF, Daniel Peralta, gobernador de Santa Cruz ratificó su acuerdo con lo que fue el borrador original que fuera presentado en el encuentro mantenido con la presidenta en Casa Rosada para discutir este tema.
El borrador final que fuera alcanzado a los gobernadores Buzzi y Sapag contendría un articulado de 40 puntos, y las diferencias planteadas por los gobernadores están centradas en sólo seis puntos, pero que ellos consideran claves, y sobre los cuales elaboraron una contrapropuesta.
Según publica el portal especializado El Inversor Online, el planteo de los gobernadores se basó en lo siguiente:
Extensión de las concesiones
El borrador de la Casa Rosada prevé que los concesionarios actuales que ya renegociaron por 10 años sus bloques (período de explotación de 25 años más una prórroga de 10) tendrán derecho –en caso de haber cumplido con el plan de inversiones asumido- a solicitar una nueva extensión por otros 10 años.
La contrapropuesta de Buzzi y Sapag no niega esa posibilidad, pero la supedita al pago de un canon de reingreso al área pagadero por única vez. Su valor se determinaría de manera proporcional con las reservas probadas (P1) y probables (P2) remanentes en cada concesión.
Es la metodología que utilizaron la mayoría de las provincias petroleras (Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Mendoza) para renegociar las áreas que vencían en 2016/17. Neuquén, por caso, recaudó cerca de U$S 700 millones cuando prorrogó la mayoría de sus concesiones petroleras en 2008/2009.
Regalías y RSE
El texto redactado por el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, contempla el pago de regalías adicionales del 3% para las compañías que soliciten una nueva prórroga por 10 años de sus yacimientos. Las provincias quieren que esa alícuota pueda trepar, en algunos casos, hasta el 4 por ciento.
Además, el proyecto oficial establece que las petroleras deberán destinar un 0,5% de sus ingresos a actividades de RSE (Responsabilidad Social Empresaria) y un 1% a obras de infraestructura. La contrapropuesta de los gobernadores patagónicos prevé –desde una óptica más laxa- que las provincias puedan solicitar, por su cuenta, financiamiento puntual para obras de infraestructura en las zonas de influencia donde se encuentren los reservorios.
Pliegos
El borrador impulsado por el Gobierno propone la homogenización, a nivel nacional, de los pliegos licitatorios de áreas petroleras. A lo que se aspira es a lograr un modelo único y común aplicable en todas las provincias, dado que en la actualidad existen divergencias entre Estados que atentan contra la previsibilidad del marco regulatorio.
Sobre este punto, los gobernadores petroleros sostienen que ese modelo debe ser discutido en el seno de la Ofephi y no por la Comisión de Planificación de Inversiones Hidrocarburíferas, el organismo creado en 2012 por iniciativa del ministro de Economía Axel Kicillof, tal como prevé el texto oficial.
Empresas provinciales
El documento redactado por el Gobierno Nacional elimina la posibilidad de que las gobernaciones reserven para sus petroleras provinciales áreas petroleras.
Los gobernadores respondieron que el artículo no tiene sustento legal porque va en contra de algunas Constituciones provinciales (como la de Neuquén) y además, atenta contra una concepción estratégica que ubica al control del recurso hidrocarburífero en manos del poder público y no del privado.
Por otra parte, el texto oficial prohíbe la inclusión de un acarreo (carry) (modalidad elegida por los gobernadores para conservar una participación minoritaria de los yacimientos sin que eso implique invertir dinero) a favor de las petroleras provinciales en la licitación de bloques de exploración.
Las provincias no rechazan este punto de manera taxativa, pero interpretan que, al no poder recurrir a ese mecanismo, la captación provincial sobre la renta petrolera se verá seriamente afectada. Por lo que reclaman alternativas, como por ejemplo un canon de ingreso a los bloques, que compensen esos ingresos para las arcas provinciales.
