Por: Carlos Burgueño.

Otra vez, como en el intento real de avanzar con embargos contra YPF y Chevron, NML Elliott pasó nuevamente de la amenaza a la acción directa. Esta vez, y para demostrar que va por todo, los abogados del fondo buitre propiedad del megamillonario Paul Singer se presentaron ante los tribunales de Nevada para que la Justicia de ese distrito avance sobre los activos de Lázaro Báez y de todas las sociedades que el empresario tiene en ese estado. Según el fondo buitre, serían más de 130 las sociedades a investigar, bajo el derecho que le otorga la cláusula Discovery. Esto es, la autorización que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos les otorgó a los demandantes del "juicio del siglo" a reclamar ante cualquier magistrado de ese país para que buceen sobre la existencia de activos físicos y financieros del país. Luego, y cuando Thomas Griesa autorice embargos concretos en el caso que no haya acuerdo en las negociaciones que encabeza Daniel Pollack, esos activos podrían ser embargados para pagarles a los fondos buitre y los holdouts que ganaron la causa los aproximadamente u$s 1.600 millones que, actualizados, les corresponderían según el cálculo del juez norteamericano.

El argumento básico por el cual se justificaría que las sociedades en las que tenga participación directa o indirecta Lázaro Báez que estén radicadas en el estado de Nevada (donde, por ejemplo, están ubicadas las ciudades de Las Vegas y Reno), es que los fondos con los cuales se formaron esas empresas fueron producto de transferencias de parte del Gobierno argentino y, por lo tanto, embargables.

La avanzada de Elliott contra Báez tuvo diferentes momentos, pero la embestida formal comenzó el 19 de junio de 2013, cuando los abogados de Elliott enviaron una presentación formal a la Justicia de Nevada con un extenso documento donde se explicitan todas las investigaciones periodísticas y judiciales en todo el mundo que hablan de las relaciones económicas y comerciales entre el Gobierno argentino y Lázaro Báez. El envío fue dirigida a la "Office of the National Public Prosecutor" (el equivalente en la Argentina a la Fiscalía General de la Nación) y gira sobre las investigaciones que el periodismo y el fiscal José María Campagnoli hicieron sobre Báez y la empresa Austral Construcciones SA. Menciona el documento de Elliott que "entre el 24 de diciembre de 2012 y el 8 de abril de 2013 ingresaron en el país (Estados Unidos) unos u$s 65 millones", los que fueron "negociados con instrumentos de deuda". Se menciona como participante de las operaciones a Federico Elaskar a través de SGI, y se explica que los bonos en cuestión fueron Boden 2015, Bonar X y Bonar VII, utilizados en nueve transacciones donde se señala como participante a Helvetic Services Group. Elliott menciona en la presentación a otros involucrados en la causa Báez, como Daniel Rodolfo Pérez Gadín, Jorge Oscar Chueco, Martín Antonio Báez, Julio Enrique Mendoza, Fabián Virgilio Rossi, Alejandro Ons Costa, Ignacio Pisano Costa, César Gustavo Fernández y Néstor Marcelo Ramos.

Hasta ese momento, Elliott sólo buscaba mantener informada a la National Public Prosecutor para que investigue la existencia de las empresas involucradas en la llegada de ese dinero a los Estados Unidos para luego, si conseguía el Discovery por parte de la Corte Suprema de ese país, reclamar que se publiquen los fondos de esas compañías y luego avanzar en eventuales embargos de esos fondos, siempre con la argumentación de que habían sido creados con fondos públicos en transacciones provenientes de instrumentos financieros del Estado argentino.

Finalmente, el miércoles 16 de julio pasado, Elliott se presentó en los tribunales de Nevada para que la Justicia de ese estado concrete la acción de Discovery. Fue el mismo día de la primera presentación del fondo buitre contra YPF y Chevron en los tribunales de San Francisco, donde también se pidió por la publicación de los bienes físicos y financieros cruzados de las dos petroleras para, eventualmente, avanzar en embargos una vez que Griesa autorice estas acciones. Esto podría ocurrir si el juez del segundo distrito de Manhattan decide avanzar luego del último vencimiento del 30 de julio cuando la Argentina debía pagar el último vencimiento del Discount.

El escrito presentado por Elliott el 16 de julio es terminante. Asegura que realizó una investigación independiente en unas 123 sociedades y entidades radicadas en Nevada que tendrían datos y vinculaciones comerciales y financieras con Báez. Esto incluye a la empresa Aldyn, que a su vez está relacionada con la administración de otras sociedades en Las Vegas.

La presentación judicial de Elliott describe a Lázaro Báez como "un banquero argentino que habría transferido activos financieros fuera de ese país" y sobre el cual se investigan relaciones con "the Baez entities" (las sociedades de Báez) radicadas en Nevada.

La posibilidad o no para el fondo buitre de avanzar en que estos objetivos relacionados con supuestas actividades de Báez en Nevada sean alcanzados con el Discovery dependerá ahora de lo que resuelva la Justicia de ese estado. Esto a su vez está relacionado con la vehemencia (o más bien violencia judicial) con que Griesa avale la búsqueda de activos financieros y físicos en todo Estados Unidos para que, luego, potencialmente puedan ser pasibles de embargos. Desde Buenos Aires, abogados cercanos al pensamiento oficial aseguran e insisten en que es imposible que jurídicamente empresas y sociedades privadas puedan ser obligadas a aplicar la cláusula de Discovery, y mucho menos caer en embargos. Mucho menos (siempre según la versión oficial) si se trata, como el caso de Chevron o incluso de las eventuales sociedades donde Lázaro Báez esté relacionado, con empresas de propiedad 100% de privados.

El argumento de Elliott para que se persiga igualmente a estas compañías es que están o estuvieron relacionadas con la transferencia de fondos públicos que en algún momento salieron de cuentas fiscales nacionales y que ahora forman parte de los activos financieros o físicos de las empresas en la mira.

Dice Elliott en el escrito adelantado en exclusiva la semana pasada por este diario que la Argentina desplegó hasta comienzos de este año una estrategia de retiro de todo tipo de fondos en bancos y entidades financieras de los Estados Unidos con el objetivo de no tener dinero en el momento en que la Corte Suprema autorice el Discovery. Luego, y como consecuencia legal de este retiro de fondos, la Justicia norteamericana debería avanzar sobre los activos de sociedades privadas que hayan estado relacionadas con fondos del Estado argentino.

Para los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), que representan al país en el "juicio del siglo", la posibilidad que un juez avale este tipo de presentaciones es más que lejana.