Por Martín Kanenguiser
El presidente de la American Task Force Argentina (ATFA), Robert Shapiro, dijo en diálogo telefónico con LA NACION desde Washington que si la presidenta Cristina Kirchner quisiera negociar, los holdouts aceptarían cobrar después del fin de la cláusula RUFO. "Los holdouts aceptan cobrar luego de que expire la RUFO." El lobbista de los acreedores, que fue funcionario en la administración Clinton, fue duro con el discurso de ayer por la tarde de la jefa del Estado y afirmó que ir a un default sería una decisión "trágica e irresponsable". Se trataría, dijo, "del primer default voluntario que conozco".
-¿Qué le parecieron las palabras de la Presidenta, en las que indicó que el país no va a un default porque pagó?
-Por supuesto que no es así; es una decisión trágica e irresponsable. Ella insiste en que transfirió los fondos, pero el default estaría siendo provocado por no cumplir con los propios términos que fijó la Argentina en sus bonos. Allí se decía que la jurisdicción para dirimir un conflicto es Nueva York...
-Pero el dinero está en las cuentas del Banco de Nueva York
-Si yo le digo al banco donde tengo mi hipoteca que la plata está en una cuenta bloqueada, significa que no le pagué. Esto es lo mismo...
-El Gobierno insiste en que el resultado logrado en los canjes de 2005 y 2010 demuestra que sí hubo negociaciones con los acreedores...
-En el de 2005 aceptó el 76%, que es el porcentaje más bajo de cualquier canje de un país emergente, y en 2010 fue del 92%, pero fue el Gobierno el que no puso las cláusulas de acción colectiva para conseguir una tasa de interés más baja. Por otro lado, nunca utilizaron el Club de Londres, ámbito natural para estas negociaciones, para dialogar con los acreedores privados.
-¿Los acuerdos con el Club de París, Repsol y el Ciadi no demuestran otra actitud?
-Lo de Repsol tardó dos años y se hizo después de confiscar YPF. Lo del Club de París demoró muchos años más y lo del Ciadi sólo se logró con algunas empresas. Y el FMI por primera vez tuvo que censurar al país por sus estadísticas poco transparentes. Es, en suma, una serie de mala praxis.
-¿Cómo se soluciona?
-Si la Presidenta negociara, los holdouts ya dijeron que se acomodarían incluso cobrando después del fin de la cláusula RUFO. Parece una salida lógica, porque defaultear por un monto tan bajo respecto de las reservas, el PBI o el presupuesto no tiene sentido. Todo lo que se dice es para brindar excusas políticas domésticas. Espero que sólo sean discursos y que por debajo de la mesa haya negociaciones que eviten el default.
-¿A esta altura no sería lo mejor que los holdouts pidieran el stay a cambio de una garantía por parte del Gobierno, antes de ir a un default?
No puedo hablar por ellos; pero han afirmado que cooperarían para evitar un default, si hubiera una garantía de que los fondos se liberarán cuando termine la negociación entre las dos partes.
-¿No cree que es lógico que el Gobierno se preocupe por la cláusula RUFO?
Es bueno recordar que la escribió el propio Gobierno y que termina el 1° de enero próximo. Pero, igualmente, se puede acomodar; los holdouts aceptan cobrar luego de que expire la RUFO.
-¿Qué podrían conceder los holdouts para llegar a un acuerdo con el país?
-Es un problema de la Argentina, que no está siendo forzada al default, lo está eligiendo. Es el primer default voluntario que conozco.
-¿Cuál sería la consecuencia si hubiera un default?
-No afectará los juicios. Es más, habrá nuevos litigios, fuga de capitales, caída en la inversión extranjera directa, más devaluación del peso y más inflación, entre otros problemas que deberá afrontar el país.
-Aunque ustedes dijeron que había precandidatos presidenciales más favorables al mercado, uno de ellos, el gobernador Daniel Scioli, apoyó la postura del Gobierno en este tema
-No nos metemos con la política doméstica. Esperemos que este gobierno cumpla con el acuerdo antes de terminar; si no, será el próximo gobierno el que lo haga.
La Nación
En pocas horas, el Gobierno podría pasar de la desorientación a la esperanza, de la tensión al éxtasis. El fondo buitre NML Elliott (propiedad del multimillonario Paul Singer) habría decidido ayer a la tarde cambiar de estrategia en su litigio con la Argentina.
Según pudo saber LA NACION, los abogados del demandante estarían dando forma a un escrito en el que le pedirían al juez Thomas Griesa la extensión del stay (suspensión de los efectos de la sentencia) hasta fin de año.
Ésa es la fecha que los negociadores necesitan como mínimo para que un pago total a los holdouts no dispare los juicios de los bonistas reestructurados, en reclamo de que el Gobierno mejore la oferta que les hizo en los canjes de 2005 y 2010 y la equipare con la de los fondos buitre.
La concesión no sería gratis. A cambio de la espera hasta 2015, cuando vence la cláusula RUFO (que implica igualar las ofertas de todos los tenedores de bonos reestructurados), NML le pediría al juez que la Argentina formalice su compromiso de negociación no sólo verbalmente, sino que también deposite una suma de dinero como garantía de que efectivamente hay voluntad de acordar.
Fuentes oficiales especulaban ayer por la tarde con que el escrito sería presentado hoy mismo en el juzgado de Nueva York para que la cuestión quede en manos de Griesa. Las mismas fuentes coincidían en que si el pedido lo presentan los fondos buitre no habría razones para que el magistrado no haga lugar a la solicitud.
El stay es una medida que permitiría, además de esquivar la cláusula RUFO, seguir negociando con los holdouts con el horizonte de pago en 2015 y mantener regularizada la deuda soberana reestructurada, cuyos principales vencimientos, además del que operará el próximo miércoles 30, tienen fecha de cancelación en septiembre y diciembre.
Justamente, anteayer Griesa no hizo lugar a un pedido similar que presentaron los abogados del país, y la razón que esgrimió es que deben negociar entre las partes. "El stay no es necesario para continuar con el diálogo", dijo entonces el magistrado. Claro que ahora, con la solicitud que entregarían los acreedores, la cuestión cambia.
La novedad llegó ayer a oídos del Gobierno, y la duda sobre los pasos a seguir inmediatamente se instaló en los despachos oficiales. Todo pareciera girar en torno del dinero que la Argentina debería depositar no como garantía de pago sino como reaseguro de que la negociación seguirá hasta enero, cuando ya no rija la cláusula RUFO. Los fondos buitre pedirían como garantía una importante suma de dinero para que quede inmovilizada hasta 2015. El Gobierno podría contraofertar una suma menor, y en eso estará la primera parte de la negociación. Lo otro que no se animaban a pronosticar ayer las fuentes consultadas es qué recomendarán los abogados del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, a cargo la defensa del país en las cortes norteamericanas. Sucede que en el último tiempo los profesionales han tomado una postura sumamente conservadora a la hora de plantear negociaciones. "El fantasma de la cláusula RUFO está presente en cada opinión", dijo una fuente oficial ayer a LA NACION.
Hoy llegará a Nueva York la delegación que envió el Gobierno. La procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, y dos funcionarios del Ministerio de Economía: el secretario de Finanzas, Pablo López, y el Legal y Administrativo, Federico Thea, concurrirán hoy a las oficinas de Daniel Pollack, el facilitador puesto por Griesa para conducir la negociación. En Economía explicaron que "no hubo acuerdo para que la reunión se hiciera hoy [por ayer] porque el Gobierno necesitaba analizar todas las alternativas" antes de viajar. Los funcionarios de Economía viajaron con la idea de exigir que los buitres aporten un seguro por el equivalente a los US$ 120.000 millones que, dicen, se necesitarían si se disparara la cláusula RUFO. Sin embargo, dos fuentes financieras especulaban con la imposibilidad de conseguir alguien dispuesto a semejante riesgo que pueda entregar una cláusula así. "Imagínese la prima que se pagaría por una póliza de seguro que se podría disparar en meses y cuyo riesgo que es que no arregle en seis meses una cuestión en la que no se avanzó durante años", razonaba ayer un financista en la Argentina.
Todo ocurrirá o no al desandar lo que queda de la semana. O, en su caso, habrá que discutir si es o no un default la situación en la que quedaría la Argentina desde el miércoles. Y habrá que darles la bienvenida a términos que parecían archivados hace muchos años.
"Argentina no va a entrar en default por una razón muy sencilla y elemental: en el default entran los que no pagan y Argentina pagó". La presidenta Cristina Fernández reiteró las palabras que el Gobierno repetía en distintas solicitadas y comunicados y que ratifican la posición del Ejecutivo: entre violar la cláusula RUFO de los bonos de la deuda reestructurada y no cumplir con los vencimientos del pasado 30 de junio, se elegirá esta última opción.
Eso comenzó a consolidarse en la reunión que mantuvieron el martes por la tarde en Casa Rosada Cristina y el ministro de Economía, Axel Kicillof, horas después de que el juez de Nueva York, Thomas Griesa, rechazara firmar un stay o medida cautelar que deje a salvo los pagos de la deuda del canje, algo reclamado por Argentina para iniciar negociaciones con los fondos buitre para saldar el fallo de u$s 1.330 millones (u$s 1.600 millones con los intereses).
En el encuentro, confió después el ministro entre funcionarios, Cristina se interesó por los efectos que tendría el eventual default en la economía. Aunque la posición oficial seguirá siendo la de negar ese hecho tan poco grato al discurso del kirchnerismo, porque "Argentina ya pagó". "Los gurúes que siempre encuentran algún término con el cual disfrazar lo que realmente pasa van a tener que encontrar una nueva palabra que refleje que un deudor pagó, alguien bloqueó y por eso no dejan entregar ese dinero", dijo ayer Cristina. El argumento es endeble: en un eventual juicio, el bonista litigante podría sostener que Argentina se resistió a pagar un fallo judicial y que, por eso, optó por defaultear.
La posibilidad del default divide aguas dentro del Gobierno. Kicillof se resiste a exponerse a la cláusula RUFO, que cae a fin de año y obligaría a empardar la oferta que se le haga a los fondos buitre a quienes ingresaron al canje. Además, acarrearía responsabilidad civil y penal a los funcionarios firmantes. Por eso, desafió a los buitres, que rechazan los efectos de la RUFO, a tomar un seguro por sus eventuales implicancias, que el Ejecutivo cuantificó en u$s 120.000 millones.
Otros funcionarios sostienen que entrar en default -o como quiera llamárselo- sería un escenario todavía peor, pero toda la situación está en manos de Kicillof. El resto apuesta a un rapto último de coherencia de Griesa, a un stay milagroso de último momento que permita girar, al menos los u$s 539 millones el miércoles 30 o antes. Eso daría tiempo hasta fin de septiembre, cuando vencen u$s 183 millones de los bonos PAR.
Hoy comenzará a vislumbrarse si realmente existe esa chance, en la audiencia que mantendrán el mediador Daniel Pollack, los holdouts y funcionarios argentinos. "Vamos a seguir hablando, vamos a ir cuantas veces sea necesario a donde tengamos que ir, pero con nuestras razones, que no son caprichos, dijo ayer la Presidenta".
Los economistas y empresarios advierten que el default secaría el crédito internacional para el mundo privado, para YPF y para las provincias que deben financiar déficits y obras. Buenos Aires, por ejemplo, postergó una colocación internacional pensada para financiar gastos de capital, que no se concretarán. Pero para la principal provincia del país, el impacto de un default sería más fiscal que financiero: concentra el 50% de la industria nacional, que ante una contracción de la actividad pagaría menos impuestos. "Cambiarían las variables macroeconómicas", admitieron en el entorno del gobernador Daniel Scioli. La situación se repite en otros distritos.
"El principal damnificado de una nueva cesación de pagos sería el desempeño de la economía argentina", afirmó el consultor Federico Muñoz en un reporte. "El hipotético default ca ería sobre una economía en recesión, con inflación del 40% anual y severos desequilibrios fiscales y externos", continuó.
Por Mariano Obarrio
En medio de las últimas horas de turbulencias, la presidenta Cristina Kirchner definió con su equipo económico que los enviados a la reunión de hoy con el mediador judicial Daniel Pollack se plantarán en la postura de no negociarnada hasta diciembre con los fondos buitre ni con el juez de Nueva York Thomas Griesa hasta que éstos resuelvan el obstáculo de la cláusula RUFO, para lo cual les propondrán que contraten un seguro que cubra el costo, si ésta se dispara.
"Ellos no lo aceptarán, porque saben que es un riesgo. La idea es dejarlos en evidencia de que la cláusula RUFO sí es un problema y no es inocua como dicen ellos. Si no lo aceptan, todo quedará como hasta ahora", aseguró a LA NACION una fuente oficial de la Casa Rosada.
Así, en Balcarce 50 admiten el escenario de un default -aunque no aceptarán nombrarlo así- a partir del miércoles 30, dentro de seis días. Comenzó la cuenta regresiva.
La cláusula RUFO (rights upon future offers, por sus siglas en inglés) vence en diciembre próximo. Habilita a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010 -el 92,4% de la deuda, que cobra con quita del 65%- a reclamar igual trato si a otros acreedores se les reconoce el 100%. Según el Gobierno, si se disparara esa cláusula, el Estado podría enfrentar reclamos por US$ 120.000 millones.
"Hasta que no se resuelva la RUFO no negociarán nada. Si los bonistas de los canjes 2005 y 2010 no cobran, no habrá default, porque Argentina les pagó, pero fue el juez el que bloqueó el pago", dijo un funcionario a LA NACION. En línea con ese razonamiento, la Presidenta dijo ayer: "Argentina no va a caer en default, van a tener que inventar un nombre nuevo". También ella planteó ayer que el principal obstáculo para negociar es la cláusula RUFO (ver en la página 8).
Ésta será la argumentación central en la reunión de hoy en Nueva York, según definió Cristina Kirchner con su equipo económico en la reunión de anteayer en la Casa Rosada. Les ofrecerán a Griesa y a los fondos NML Capital y Aurelius, que reclaman el pago de 1330 millones de dólares, que tomen un seguro que pague esa cifra, si ante una negociación o un pago argentino la cláusula se dispara. Se trata de una oferta imposible de aceptar por los buitres.
En esa reunión, la Presidenta resolvió que el ministro de Economía, Axel Kicillof, no viaje a los Estados Unidos. Anoche partieron los secretarios de Finanzas, Pablo López, y legal y administrativo, Federico Thea, y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona.
La reunión de hoy será con Pollack, el mediador dispuesto por Griesa. El encuentro estaba previsto para ayer, pero se postergó hasta hoy porque anteanoche no llegaron a tomar el avión. También participarán los abogados del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton.
"Los enviados insistirán en que los buitres tomen un seguro financiero y cubran los riesgos y los costos de una eventual aplicación de la cláusula RUFO", dijo una fuente oficial de Balcarce 50. "Si ese riesgo fuera nulo, como ellos afirman, el precio de este seguro debería ser despreciable", agregó.
En rigor, Cristina tiene poca expectativa de que los buitres acepten contratar ese seguro. Pero pretende obtener otra argumentación para no negociar antes de diciembre próximo. Tiene además la certeza de que NML y Aurelius le tienen pánico a un default argentino, porque les impediría cobrar, su único objetivo. Y ese temor los llevaría a ceder posiciones, pese tener un fallo en firme a favor.
En la Casa Rosada algunos señalan que ello buscaría obtener un compromiso de los fondos para negociar después del 1° de enero de 2015, cuando ya no esté vigente la cláusula RUFO. Pero casi no hay tiempo para hacer un acuerdo escrito en ese sentido.
Para los expertos en temas financieros, la Argentina será considerada en default, porque sólo depositó la plata de los bonistas, pero éstos no la cobraron. Y tras ese default éstos quedarían habilitados a juntar una masa crítica de 25% de los acreedores de cada bono -Par o Discount- y pedir la aceleración del bono: cobrar en 24 horas todo lo que se les debe pagar hasta 2033 o 2038, según cada vencimiento. Ello enturbiaría más el juicio con los bonistas, los buitres y los bancos pagadores.
