El juez Thomas Griesa convocó a una audiencia en el día de hoy en la ciudad de Nueva York para resolver, de acuerdo a su propia orden, un conjunto de mociones que fueron presentadas hace 15 días ante su Corte por:
1. Euroclear y Clearstream
2. Citibank
3. BONY
4. JP Morgan
5. Bonistas europeos (Eurobondholders)
6. Fondos buitres (NML)
Sin embargo, el juez Griesa, aunque reconoció que Argentina había pagado[1], no resolvió absolutamente nada sobre ninguna de estas cuestiones para las que él mismo había convocado a la audiencia, manteniendo con ello su insólita prohibición de cobro.
Argentina, por su parte, apoyó alguna de estas mociones. Y además reiteró su solicitud de una suspensión de la sentencia (stay) remarcando la imposibilidad de realizar una oferta a los fondos buitres que sea mejor que lo ya ofrecido en los canjes. Ya que tal pago violaría tanto la ley Argentina como la cláusula RUFO. Tal violación implicaría un perjuicio para el país por una cifra que supera los 120.000 millones de dólares, exponiendo a los funcionarios a responsabilidades penales y civiles.
Los fondos buitres sostienen que es imposible que la cláusula RUFO aplique (ver web ATFA). Es por esta razón que Argentina le solicitó al juez Griesa que los fondos buitres tomen un seguro financiero y cubran los riesgos y los costos de una eventual aplicación de la claúsula RUFO. Si tal riesgo fuera nulo, tal cual ellos afirman, el precio de este seguro debería ser despreciable. El juez no sólo no concedió una suspensión de su sentencia sino que además, no pronunció una sola palabra sobre la cláusula RUFO que figura en los prospectos de todos los títulos emitidos en los canjes de los años 2005 y 2010 en poder del 92,4% de los acreedores.
El día 26 de junio, tal como viene haciendo normalmente, la República Argentina realizó el pago del vencimiento de su deuda por un monto de 1151 millones de dólares, de los cuales 539 fueron depositados en el Bank of New York Mellon (BONY). Sin embargo, el juez dio orden a los distintos eslabones del circuito de pagos para que no dejen cobrar a los bonistas. Es decir, actuó como un bloqueo de cobro que recayó sobre dinero que es propiedad legítima del 92,4% de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010.
Ante esta conducta, los propietarios de los bonos le solicitaron que permita realizar el cobro, lo mismo que los bancos Euroclear, Clearstream y hasta el propio BONY le pidió que le clarifique qué hacer con el dinero. El juez Griesa, pese a haber convocado a la audiencia para resolver estas cuestiones, dejó todo en suspenso, amenazando a la República Argentina con lo que él insiste en denominar “default”, repitiendo textualmente las palabras de las solicitadas y amenazas de los fondos buitres (ATFA).
Los fondos buitres son células financieras especulativas que tienen sede en guaridas fiscales para no pagar impuestos, ni siquiera en los Estados Unidos. Nunca le prestaron dinero a la Argentina, sino que adquirieron los títulos a precio vil luego del default de 2001 con el único objetivo de conseguir un tratamiento especial, mejor que los que ingresaron a los canjes.
Default es no pagar, Argentina paga. El dinero depositado no puede bloquearse porque pertenece a los bonistas del canje. El juez debe dejar cobrar a sus legítimos dueños.
Ámbito Financiero
La Argentina quiere honrar sus deudas con el 100% de sus acreedores en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables.
Thomas Griesa dio ayer su quinta decisión negativa contra la Argentina. Fue al rechazar la posibilidad de rehabilitar el "stay" y permitirle al país cumplir con el pago de los u$s 539 millones que están depositados en el Bank of New York Mellon (BONY); y dejar al Gobierno a sólo seis días de un "default técnico" o "administrado".
Si algo quedó claro en la audiencia de hoy es que Griesa no dará un solo paso a favor de la Argentina y que sólo le interesa saber cómo el país cumplirá con el pago de los u$s 1.330 millones de decretados por su fallo de octubre de 2012, dinero que actualizado supera hoy los u$s 1.600 millones. La decisión de Griesa de ayer de negarle el "stay" sólo completa una catarata de no menos de 10 decisiones negativas para la Argentina que desde aquella fecha (cuando decidió que la razón la tenían los fondos buitre) fueron acumulándose en sus fallos. Griesa, después de haberle dado la razón a NML Elliott, Olifant, Aurelius, Blue Angel y ACP Master, más otros 13 holdouts de nacionalidad argentina, emitió decisiones negativas para el país entre diciembre de 2012 y ayer que fueron desde el "pari passu" (lo mismo que cobren en Nueva York los tenedores de deuda performance debe ser liquidado a los fondos buitre), la imposibilidad de sumar "amicus curiae" de la Argentina para que le expliquen las implicancias de sus fallos, la negativa a permitir nuevas audiencias para ampliar testigos y en cuatro oportunidades la aplicación del "stay". En este punto el juez fue ayer claro con los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), Carmine Bocuzzi y Jonathan Blackman, que representan al país: nunca le permitirá esta alternativa al país, ya que en ningún momento él mismo la admitió.
Ayer, el juez volvió a apostar además a que haya un acuerdo negociado a partir de las gestiones (por ahora poco edificantes) del "special master " Daniel Pollack, que nuevamente hoy volverá a reunir a las partes en su bufete de Park Avenue; con peores posibilidades de éxito que el viernes 11 cuando organizó el último cruce entre las partes. La orden de Griesa fue terminante: "Las partes deben reunirse hasta que lleguen a un acuerdo". Sobre la posibilidad que éste no llegue a concretarse antes del 30 de julio (cuando la Argentina ingresaría en el tan temido "default técnico"), Griesa sólo declaró ayer que sería una situación "lamentable".
El juez del segundo distrito de Nueva York les dijo ayer a la Argentina y a los abogados de los fondos buitre, que el tiempo se está acabando para llegar a un trato y evitar una nueva cesación de pagos. "Si no habrá un default y eso es lo peor. Es casi lo peor que puedo anticipar. No quiero que eso pase. La gente saldrá perjudicada con eso", dijo Griesa. Obviamente el juez dejó en claro que el tema lo preocupa, pero que no hará nada para evitar esa situación.
Jonathan Blackman contestó en un momento de la audiencia de ayer que incluso si hay una negociación continua "simplemente no se puede lograr un acuerdo para fines de mes". El abogado expuso la posición oficial de la Argentina: el país no negociará con los fondos buitre un acuerdo bajo apuro (extorsión se lo llama en Buenos Aires), y sólo firmará un acuerdo con los acreedores cuando se determine la formula para no caer bajo la influencia de la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO), por la cual el país debe pagarles a los que aceptaron las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010 el mismo dinero de más que se les liquide a los que no entraron en esos canjes. Esta cláusula vence en enero de 2015, con lo cual, de no mediar la aparición de una estrategia para saltar esa obligación, sólo será posible un acuerdo con los acreedores beneficiados por el fallo de Griesa el 2 de enero del próximo año.
Según dijo ayer Griesa, desbloquear ayer el pago de los u$s 539 millones a los tenedores del Discount que venció el 30 de junio mediante un "stay", "no es algo necesario para la negociación del acuerdo", dijo Griesa al rechazar una petición argentina para desbloquear los pagos.
Blackman contestó en su momento que, a pesar de la urgencia de las negociaciones y de que mañana a las 10.00 hora de Nueva York se ha convocado una nueva reunión con el mediador, "la Argentina es un estado y como tal no puede firmar un contrato". "Tiene que consultar las decisiones que toma, que no son sólo económicas, sino que tienen que ser constitucionales y legales en el país", agregó el representante de la Argentina.
Griesa, una vez escuchadas las observaciones de Blackman, aseguró que si bien el caso se encuentra en "un momento crucial", "todos esos problemas son susceptibles de ser incluidos en el acuerdo, que no será de un párrafo, sino que será proporcional a la complejidad de los asuntos que trata". El magistrado rechazó el "stay" o medida cautelar porque "va en contra de los derechos de los demandantes", de los que reconoció su derecho a recibir su dinero, a la vez que hizo un llamamiento al país sudamericano a que "reconozca sus obligaciones" y entienda que "una sentencia es una sentencia". Demostrando que realmente está molesto con el país, Griesa dijo en otro momento que "la República Argentina ha actuado como si las sentencias no tuvieran nada que ver con ella".
El abogado de NML Elliott, el fondo del megamillonario Paul Singer, Robert Cohen, concurrió a la audiencia, acompañado esta vez por Jay Newman, uno de los directivos del fondo buitre, y quien hace 15 días dijo que estaba dispuesto a esperar a la Argentina para cerrar un acuerdo. Luego, el jueves de la semana pasada, el mismo fondo Elliott se presentó ante la Justicia de San Francisco para reclamar eventuales embargos a la petrolera norteamericana Chevron, por ser socia de la compañía renacionalizada YPF en el proyecto de Vaca Muerta.
iProfesional.
El juez neoyorquino Thomas Griesa no colocó el stay este martes, luego de la reunión con los bancos e intermediarios financieros que, por decisión de ese magistrado, tienen bloqueado el pago a los bonistas que entraron en el canje de la deuda defaulteada de la Argentina, que se realizó en 2005 y 2010.
Esto fue en el marco de versiones que indicaban que el juez podía reponer, por un tiempo acotado, la medida cautelar que frena los embargos para permitir esos pagos y facilitar las negociaciones entre la Argentina y los holdouts.
Además, el mediador Daniel Pollack convocó a la Argentina y a los holdouts a un nuevo encuentroque se realizará mañana, miércoles, a las 10 de la mañana.
"El stay no es necesario para continuar con el diálogo", indicó Griesa.
En una reunión en la que se repasaron aspectos técnicos, el magistrado indicó que "aún es tiempo de trabajar con el special master (mediador) para evitar un default".
Al respecto, la analista Betsy Szewach, de Proficio Investment, le dijo a iProfesional: "Era esperableya que no hubo avances en la negociación y tampoco fue algo pedido por los holdouts o el "Special Master". Ahí hubiese sido otra cosa, pero el juez, por sí mismo, no iba a pronunciarseen contra de su propio fallo".
Además -dijo la economista- que "si la idea es reponer el stay para que puedan seguir negociando, por qué ponerlo 8 días antes y no a último momento para empujar a la Argentina a negociar si quiere evitar el default".
El encuentro comenzó a las 11:30 hora de la Argentina, a pedido del Bank of New York Mellon (BoNY) y el JP Morgan, entidades que le solicitaron al juez que "clarifique" su determinación de impedir el pago a los bonistas, ya que eso podría ocasionarles reclamos judiciales a esas entidades financieras.
En esa audiencia -en la que además participaron los letrados de las dos partes, tanto de la Argentina como de los denominados fondos buitre- fueron convocados también representantes de la Caja de Valores de Bélgica, de Euroclear, de la agencia Cleartream Banking y de bonistas europeos que integran la agrupación Euro Bondholders.
Por otra parte, también se trató la "moción de reconsideración parcial" introducida por el principal litigante contra la Argentina, el fondo NML Capital, que sostiene que la Argentina "se niega a tratar de llegar a una solución".
Calentando el ambiente
Horas antes del encuentro ante el juez Thomas Griesa, los fondos buitre salieron acalentar la pelea.
En un comunicado oficial reproducido por Reuters, Aurelius dijjo que el pedido argentino de reponer la medida cautelar que suspende el fallo judicial es el último ejemplo de una "penosa letanía de excusas inventadas".
De acuerdo con el fondo buitre que junto con NML lidera la demanda contra Argentina, "los simples hechos demuestran que los gobernantes de Argentina no tienen interés en negociar:no lo tienen ahora y no lo tuvieron durante los dos años y medio en los que sí hubo una medida cautelar".
En opinión del fondo, el Gobierno prefiere "jugar con el sustento de los argentinos antes que sentarse para lograr un acuerdo".
En la misma sintonía, Pablo Giancaterino, único abogado argentino presentado en el expediente de Nueva York de juicios colectivos, aseguró: "Aún no hay ninguna negociación. El paso del tiempo sin ella no es buen indicio", le dijo a iProfesional.
"Los demandantes están listos para una solución definitiva antes y ahora. Así se lo hemos demostrado al país durante años. En 10 años de litigo no hay lugar para improvisación. La solución existe, es judicial e inmediata", agregó este representante de la primera mayoría de minoristas en Class Action (8 series de bonos completas de un total de 22).
Los abogados de la Argentina y de los fondos buitre se vieron las caras este martes en una audiencia convocada por Griesa a pedido de los bancos que recibieron el dinero del pago de intereses de los bonos reestructurados y que no pudieron depositarlo en las cuentas de los bonistas por instrucción de Griesa.
Los representantes del Bank of New York (BONY), JP Morgan, ClearStream y Euroclear solicitaron al juez que les indique qué hacer con los fondos bloqueados.
En el ministerio de Economía dijeron que tendrán una participación activa. Su estrategia será la de insistir sobre la necesidad de que se reponga la medida cautelar (stay) que suspende el fallo del juez que obliga a pagar a los holdouts y, en consecuencia, impide el desembolso a los tenedores de Discount.
La negociación y la guerra psicológica
Las agujas del reloj siguen su marcha inexorable hacia la fatídica fecha del 31 de julio -cuando la Argentina puede entrar en default técnico- sin que se perciba hasta el momento un acuerdo que aleje esa posibilidad.
Como en una dura partida de ajedrez que está por llegar a sus últimas instancias, cada parte mueve con sumo cuidado sus piezas, sin dejar de observar el "cronómetro legal".
Estas piezas pueden ser propuestas de acuerdo bajadas a papel, encendidas críticas en forosinternacionales o incluso solicitadas en los medios.
En tanto, Cristina Kirchner aprovechó la gran vidriera que le ofrecía la cumbre presidencial de los BRICS para reforzar su argumentación como víctima de "un sistema financierointernacional absolutamente desquiciado".
En ese foro oficializó la oferta de darle a los "buitres" las mismas condiciones de pago que obtuvieron quienes ingresaron al canje en 2010.
Algo que, desde ya, es considerado de aceptación imposible, dado que implicaría que quien acaba de recibir un fallo judicial para cobrar el 100% de una deuda se conforme con recibir un34 por ciento.
Algunos han visto esta declaración como una confirmación de que se podría llegarse a un default, si bien no está dicha la última palabra.
Por estas horas, entre los expertos en finanzas y en legislación internacional hay una intensa especulación respecto de la forma final que tomará esa negociación.
El camino para un arreglo
¿Cuál es el arreglo al que se le atribuyen más posibilidades en el mercado? La respuesta está en"la solución Repsol", con un cronograma en el que recién se empiece a pagar en 2015.
El monto a cancelar vía bonos se acerca a unos u$s1.650 millones, que incluye la deuda(u$s1.330 millones) más los punitorios e intereses.
En principio, se apunta a no comprometer reservas del Banco Central y tampoco a aplicar quita alguna sobre la deuda total. Como en toda negociación, ambas partes ceden ciertas condiciones.
El Gobierno recurriría a dos tipos de bonos: el Bonar 2024 (con tasa de rendimiento del 10% anual, utilizado para pagarle a Repsol la expropiación de YPF) y el flamante Bonar 2028.
Esto, a pesar de que los buitres se muestren más predispuestos a hacerse de títulos Boden 2015.
Una de las patas clave que permite pensar en ponerle fin a la disputa es la intervención dealgunos bancos.
UBS, Goldman Sachs, Citi y JP Morgan mostraron sus intenciones de comprar estos "pagarés" a los holdouts en enero, a cambio de dólares "cash".
Este mecanismo ya se dio, por ejemplo, con el JP Morgan, que adquirió bonos por u$s5.000 millones que recibiera de Repsol.
El pago en bonos es la opción que hoy el mercado ve como la más factible, aunque puede haber matices en la forma final.
Dos artilugios legales
Sorprendió a quienes siguen este litigio entre el Ejecutivo y los buitres la "guerra de solicitadas", publicadas por ambas partes.
Sin embargo, tal como diera cuenta iProfesional, detrás de ellas se estaría escondiendo un artilugio legal.
Concretamente, la administración K (para evitar el reclamo de otros bonistas por esos u$s15.000 millones) puede esgrimir como defensa que no negoció con los buitres sino que elpago fue hecho "bajo protesto".
Para que no se gatillen otras demandas, además del artilugio del "bajo protesto", habría otro "vericueto": el de no proponer una quita de deuda.
Concretamente, porque este hecho -desde el punto de vista jurídico- podría tomarse como unapropuesta voluntaria del Gobierno, lo que hubiese activado la cláusula RUFO.
Es decir, el "sin quita" y el "bajo protesto" reducirían la posibilidad de futuros reclamos.
En otras palabras, el pago quedaría exclusivamente como consecuencia directa de unanegociación forzada tras un fallo adverso surgido contra el país.
Cruces y acusaciones
Hasta ahora, la preocupación del ministro Axel Kicillof fue transmitirle al mediador Daniel Pollack un mensaje contundente: en estas condiciones, el fallo es "impracticable".
En la previa, el ministro reafirmó que la sentencia firme a favor de los buitres era de "imposible cumplimiento" y que el país necesitaba un "stay" (cláusula anti-embargo) para poder negociar.
Desde la otra vereda, Jay Newman, mano derecha de Paul Singer -el "buitre más malo"- se mostraba permeable a alcanzar un acuerdo.
Señalaba que estaría dispuesto a concederle "más tiempo a la Argentina", siempre que el país "avance con medidas concretas y serias en las negociaciones".
"Aceptaríamos cualquier pago en bonos y otros instrumentos financieros, lo que significaría que las reservas de la Argentina no serían materialmente afectadas", expresó en una columna en el Financial Times.
Y citó que el resarcimiento aceptado iría en línea con el modelo "a la Repsol" en el que la Argentina pactó por u$s6.000 millones con la empresa española, o el de u$s10.000 millones con los acreedores soberanos del Club de París.
"Ninguno de estos dos acuerdos tensaron sus reservas, ya que juntos añaden alrededor de 2 puntos porcentuales a la relación deuda-PBI, que se mantiene en un modesto 40%", resumió Newman.
Y agregó: "Estos convenios llevaron a la Argentina a estar más cerca de recuperar el acceso a los mercados internacionales de crédito".
Como parte de su línea argumental, dejó entrever que sin un arreglo con los holdout, el país se vería impedido de conseguir financiamiento externo.
También aprovechó para presionar al Gobierno, planteando sus críticas a Kicillof, al afirmar quenunca intentó reunirse directamente con los litigantes.
"Por más de 12 años hemos tratado de convencer a la Argentina de que negocie de buena fecon los tenedores de bonos de deuda en default. He viajado a Buenos Aires para iniciar un diálogo, pero nuestros pedidos han sido ignorados", concluyó el representante de Elliott
El juez Thomas Griesa está muy avejentado. Pero no ha perdido la memoria. Vestido con su habitual toga negra, durante la audiencia que tuvo lugar ayer en su Corte, este veterano del sistema judicial neoyorquino recordó que durante los once años que lleva el litigo con los fondos buitres, Argentina se negó a pagar y/o a negociar todos los fallos que dictaminó.
Griesa recordó también la retórica “incendiaria” y “desafortunada” que utilizó el Gobierno argentino en varias ocasiones y la manera que no cumplió con sus obligaciones. Advirtió, sin embargo, que esta vez es diferente. “Hemos llegado a un momento crucial”, advirtió. “Si no hay acuerdo entre las partes podría haber un default. Y eso sería muy desafortunado”. Según Griesa “la gente sufrirá las consecuencias de un default; no serán los buitres”.
Fue en ese contexto que Griesa anunció que había decidido “ordenar” a las partes y a sus abogados a sentarse a negociar “ inmediatamente sin interrupciones” con el mediador Daniel Pollack hasta que lleguen a un acuerdo. Pollack fue designado en su cargo por el propio Griesa para que las partes lleguen a un acuerdo.
“Si no hay acuerdo quiero oírlo en esta Corte”, afirmó dejando bien en claro que él no será el responsable del default si las partes no negocian con éxito.
“Yo pienso que puede haber un acuerdo”, dijo ayer el juez Griesa.
Fue entonces que el abogado de Argentina, Jonathan Blackman, del estudio Cleary Gotlieb & Hamilton, pidió la palabra. Explicó que era imposible llegar a un acuerdo en tan poco tiempo y que por eso es necesario suspender la ejecución de su fallo reponiendo el stay. Blackman insistió sobre los riesgos de que se dispare la cláusula RUFO (ver más en Cinco claves...), el hecho de que los funcionarios argentinos que se ocupan del caso de los fondos buitre podrían terminar siendo procesados y en la cárcel bajo la ley argentina y también habló sobre el problema que representaban los “me too” , es decir los bonistas que no ingresaron en el canje que pedirán las mismas condiciones que obtengan los fondos buitre si hay acuerdo.
En la sala repleta de abogados, especialistas y periodistas reinaba a esta altura un gran suspenso. ¿Griesa daría o no el stay?
“Desde mi punto de vista un stay no es necesario cuando se negocia un acuerdo”, terminó diciéndole Griesa a Blackman. “Usted articuló muy bien todos los problemas, pero la razón por la que estamos hablando de un proceso para llegar a un acuerdo es para lidiar con todos esos problemas y para evitar el default que es lo más importante”.
A continuación Griesa le pidió a Dan Pollack que fijara un día y hora para retomar las conversaciones.
“Mañana (por hoy) a las 10 de la mañana (11 hs. argentina)” dijo el mediador. Esta fue la culminación de una audiencia que duro dos horas y 10 minutos. Es decir muchísimo más de lo previsto.
La primera hora y media de la audiencia estuvo destinada a analizar las mociones presentadas por los bancos que quieren saber qué hacen con el dinero que Argentina depositó en sus cuentas y que están destinados a los bonistas que ingresaron en el canje. Mientras tanto, los mercados se mantuvieron estables, a la expectativa de la decisión del juez sobre el stay.
Griesa no había estudiado bien el tema de los bancos. Por lo tanto una y otra vez pidió que le explicaran de qué se trataba. Primero dijo que estaba de acuerdo con el Bank of New York, que los 539 millones de dólares que recibió de Argentina, deben permanecer en sus cuenta. Pero luego le dio la razón al abogado de los fondos buitre diciendo que era mejor devolver la plata a la Argentina. Y al final dijo que no iba decidir eso en este momento. Tampoco decidió si los bonos emitidos bajo ley argentina en dólares podían ser objeto de su fallo, es decir, si el Citibank tenía derecho o no a pagarlos. Aceptó, sin embargo, que los fondos buitres presentaran una moción para poder embargar los fondos destinados a pagar ese tipo de bonos que Euroclear y ClearStream depositaron en el Citibank de Nueva York.
El ministerio de Economía dio a conocer hoy un comunicado en el que asegura que "el juez Griesa no resolvió nada y los buitres siguen amenazando". También reclamaron a los holdouts un seguro que garantice que el país no se vería afectado por la cláusula financiera conocida como RUFO.
"El juez Thomas Griesa convocó a una audiencia en el día de hoy en la ciudad de Nueva York para resolver, de acuerdo a su propia orden, un conjunto de mociones que fueron presentadas hace 15 días ante su Corte por: Euroclear y Clearstream, Citibank, BONY, JP Morgan, Bonistas europeos (Eurobondholders), Fondos buitres (NML)", señala el comunicado.
"Sin embargo -continúa el documento del ministerio de Economía-, el juez Griesa, aunque reconoció que Argentina había pagado, no resolvió absolutamente nada sobre ninguna de estas cuestiones para las que él mismo había convocado a la audiencia, manteniendo con ello su insólita prohibición de cobro".
Economía destacó también que la Argentina "reiteró su solicitud de una suspensión de la sentencia (stay) remarcando la imposibilidad de realizar una oferta a los fondos buitres que sea mejor que lo ya ofrecido en los canjes. Ya que tal pago violaría tanto la ley Argentina como la cláusula RUFO. Tal violación implicaría un perjuicio para el país por una cifra que supera los 120.000 millones de dólares, exponiendo a los funcionarios a responsabilidades penales y civiles".
En cambio, los fondos buitres, señaló Economía, "sostienen que es imposible que la cláusula RUFO aplique. Es por esta razón que Argentina le solicitó al juez Griesa que los fondos buitres tomen un seguro financiero y cubran los riesgos y los costos de una eventual aplicación de la claúsula RUFO. Si tal riesgo fuera nulo, tal cual ellos afirman, el precio de este seguro debería ser despreciable. El juez no sólo no concedió una suspensión de su sentencia sino que además, no pronunció una sola palabra sobre la cláusula RUFO que figura en los prospectos de todos los títulos emitidos en los canjes de los años 2005 y 2010 en poder del 92,4% de los acreedores".
Luego de recordar que el 26 de junio Argentina intentó cancelar un vencimiento de deuda, cosa que fue bloqueada por el juez, el comunicado agrega que "Griesa, pese a haber convocado a la audiencia para resolver estas cuestiones, dejó todo en suspenso, amenazando a la República Argentina con lo que él insiste en denominar "default", repitiendo textualmente las palabras de las solicitadas y amenazas de los fondos buitres (ATFA).
Allí, Economía no se priva de calificar a los fondos buitres. "Son células financieras especulativas que tienen sede en guaridas fiscales para no pagar impuestos, ni siquiera en los Estados Unidos. Nunca le prestaron dinero a la Argentina, sino que adquirieron los títulos a precio vil luego del default de 2001 con el único objetivo de conseguir un tratamiento especial, mejor que los que ingresaron a los canjes", señaló.
"Default es no pagar, Argentina paga. El dinero depositado no puede bloquearse porque pertenece a los bonistas del canje. El juez debe dejar cobrar a sus legítimos dueños. La Argentina quiere honrar sus deudas con el 100% de sus acreedores en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables", concluye el comuncado.
Por Mariano Obarrio.
Luego del último revés judicial del Gobierno en Nueva York por el conflicto con los fondos buitre, la presidenta Cristina Kirchner convocó ayer a la Casa Rosada al ministro de Economía, Axel Kicillof, y a todo su equipo para buscar la manera de no caer en default. Tras casi cinco horas de reuniones, la mandataria resolvió seguir negociando y enviar hoy a una delegación técnica de Economía a una reunión con el mediador judicial Daniel Pollack.
Si bien nadie lo confirmó anoche oficialmente, hasta última hora se barajaba la idea de que viajarían los secretarios de Finanzas, Pablo López, y legal y administrativo, Federico Thea. La jefa del Estado decidió que Kicillof se quedara en Buenos Aires.
Durante toda la tarde de ayer se vivieron horas de nerviosismo y expectativas en la Casa Rosada. El juez federal de Nueva York Thomas Griesa rechazó el pedido de la Argentina de reponer el "stay", la medida cautelar dirigida a suspender el efecto de su sentencia que obliga al país a pagar 1330 millones de dólares a los fondos NML Capital y Aurelius.
También instó al Gobierno a seguir las tratativas con Pollack para llegar a un acuerdo de pago. Para ello convocó a una reunión con el mediador y los abogados del Estado argentino del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton. A ella se sumarían entonces Thea y Pablo López.
El Gobierno pidió restituir la medida cautelar para suspender ese pago para poder cancelar los vencimientos con los bonistas de los canjes de 2005 y 2010 mientras negocia una salida con los "fondos buitre" sin caer en default con los tenedores de la deuda reestructurada.
El rechazo de Griesa a ese pedido mantiene bloqueados los pagos a bonistas que hizo la Argentina el 26 de junio último, por lo cual el plazo de gracia para resolver ese pago vence el próximo miércoles, 30 de julio, y de no destrabarse antes el problema la Argentina podría caer en default.
Los fondos NML y Aurelius rechazan la reposición del stay hasta que la Argentina haga una propuesta de pago, pero el Gobierno sostuvo ayer que no la hará hasta que haya una cautelar, porque eso podría traerle serias consecuencias legales, ya que activaría la cláusula RUFO, que vence en diciembre y que habilita a los bonistas del canje a reclamar igual trato que a los acreedores a los que se les mejore la oferta.
En caso de no encontrar una solución, la Argentina caerá en default. "Todavía sigue habiendo una idea de negociar hasta el último día, quedan ocho días. El default es una de las hipótesis si los buitres no ceden. Pero la Argentina paga, por lo tanto no está en default. La idea del Gobierno es seguir negociando. Y para eso viajará una delegación técnica", dijo a la nacion un alto funcionario poco después de que se retiró la Presidenta, a las 21.
"El juez dio una pista, tiró una soga. Rechazó el stay, pero dijo que sigamos negociando con Pollack. Seguramente llevaremos alguna propuesta, por ahora muy reservada, mañana (por hoy) será un día clave", comentó otro secretario de Estado, en medio de un fuerte hermetismo que reinó durante toda la jornada.
La Presidenta llegó ayer a la Casa Rosada más temprano de lo habitual, a las 16.15, y convocó a Kicillof y su equipo. El ministro acudió junto con Pablo López, Thea y el secretario de Política Económica, Emmanuel Agis. También participaron el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el secretario legal y técnico, Carlos Zannini; el director ejecutivo de la Anses, Diego Bossio, y el administrador de la AFIP, Ricardo Echegaray.
Cuando se retiraba de la Casa Rosada, Zannini fue consultado por la nacion sobre si se había definido una delegación para negociar hoy en Nueva York con Daniel Pollack, pero el secretario legal y técnico, con gesto adusto, no quiso responder.
En ese momento, las 20.57, la Presidenta se retiraba de la Casa Rosada por la explanada junto con Oscar Parrilli. Pocos minutos después salieron Kicillof, su equipo, Capitanich y el subsecretario Carlos Liuzzi.
El Gobierno había intentado presionar a Griesa para que liberara a los bancos intermediarios, Bank of New York, Citibank, JP Morgan y Euroclear y Clearstream, y que éstos destrabaran los pagos congelados a los bonistas. Pero Griesa no hizo caso de ese pedido y el Ministerio de Economía emitió un duro comunicado en el que acusó: "El juez Griesa no resolvió nada y los buitres siguen amenazando".
En ese texto, el Gobierno desafió a los fondos buitre y al juez a que ofrezcan una fórmula que permita evitar la vigencia de la cláusula RUFO para negociar el pago de los 1330 millones.
De no encontrar una solución no se descarta que el Gobierno recurra al "default técnico transitorio", aunque nunca admitirá que entró en cesación de pagos porque continuará pagando los vencimientos a los bonistas aunque Griesa los bloquee. Eso duraría hasta que en diciembre caduque la cláusula RUFO y exista otro escenario para negociar con los buitres.
