Tras la denuncias judiciales que se iniciarán por el apriete al gobernador Jorge Sapag y al presidente de YPF, Miguel Galuccio, el sábado en Loma Campana, la Provincia anunció ayer que se retirará de las negociaciones que mantenía con la familia Campo, que reclama derechos sobre tierras en el corazón de Vaca Muerta.

“Los hechos del sábado hacen que la negociación quede frustrada ante medidas que no estaban en la mesa de diálogo”, indicó ayer el secretario de Coordinación Interior, Jorge Lara, que desde hace más de cuatro meses mantenía tratativas con la familia Campo para determinar hasta dónde llegan sus derechos sobre las tierras.

Desde la Confederación Mapuche, que apoya el reclamo, señalaron que lo que pasó el sábado fue una “provocación”. Indicaron que con Lara intentaban aclarar la situación de las tierras de la zona, y ue esperan retomar al diálogo con la Provincia (ver recuadro).

Historia del conflicto
El conflicto con la familia Campo recrudeció la semana pasada, cuando empezaron a alambrar tierras en Loma Campana, respaldados por la Confederación.

El reclamo se remonta a mayo de 2013, cuando Albino Campo y familiares, patrocinados por el abogado Jorge García Gaab, se presentaron ante YPF y reclamaron que los tomen como superficiarios de los lotes 6 (que figura como propiedad de la Provincia) y 15 fracción D (que aparece como propiedad del IADEP). Para ese entonces, ya se sabía que YPF y Chevron estaban por cerrar un acuerdo para perforar esa zona.

La empresa pide a la familia documentación que avale los derechos sobre las tierras. En ese momento solo contaban con un pedido a Nación de permiso de pastoreo, realizado en 1940 por Pedro Campo, oriundo de Chile, quien se instaló en 1927 en la zona con su concubina Celmira Maripe.

Pedro falleció en 1952 y la documentación quedó a nombre de su viuda, quien en 1952 recibió el derecho de pastaje sobre los lotes 6 y 15 D. Ella murió en 1961 y se hizo cargo su hija Aurora, quien a su vez recibió intimaciones por falta de pago.

En 1971 los hermanos de Aurora renunciaron a sus derechos sobre las tierras por no tener los animales suficientes para ocupar el terreno y abonar los derechos de pastaje al físco.
En 2011, los hijos de Aurora establecieron en el Juzgado de Paz que sus padres fueron nativos del lote 15 D, en el paraje La Vanguardia, y que ellos también se criaron y nacieron allí. Sin embargo, nunca iniciaron ningún trámite de mensura ante la Provincia. Ese es el primer paso para obtener un título de propiedad.

¿Familia o comunidad?
Tras un impasse en las negociaciones, en agosto del año pasado, la familia Campos volvió a presentarse ante YPF, pero esta vez denominándose como Lof Campo Maripe, con respaldo de la Confederación Mapuche y Gabriel Cherqui. En esa ocasión señalaron que su espacio territorial comprende, además del Lote 15 fracción D, el 16, 17 y el 4 D.

Hasta el momento se había acordado con Tierras la cesión a la familia de 100 hectáreas sobre la zona del valle que serían sistematizadas e irrigadas. Las tareas estarían a cargo de YPF y costarían unos siete millones de pesos. En paralelo, se negociaba si se los reconocía como superficiarios por los lotes de la zona de la meseta, donde YPF inició con Chevron el desarrollo de Vaca Muerta.

Sin embargo, al presentarse como comunidad mapuche, aseguraron que el territorio comprende buena parte del yacimiento Loma Campana y que la petrolera avasalla el derecho de consulta previa. La Provincia no los reconoce como comunidad, no solo porque en mayo de 2013 iniciaron un reclamo como superficiarios a YPF, sino porque no tienen documentación que los avale como tal y, además, considera que no vivían de acuerdo con las pautas culturales mapuches. No desconoce la historia de la familia en la zona, pero en las negociaciones se intentaba determinar sobre qué superficie tenían derechos. Tras los incidentes del sábado pasado en Loma Campana, el diálogo quedó trunco.

“Sin diálogo no hay una salida para el conflicto”
Neuquén
“Si se cae la mesa de diálogo, se profundiza el conflicto. Alguien tiene que definir cuál es el derecho que asiste a cada parte”.

Así se refirió ayer el referente de la Confederación Mapuche del Neuquén, Jorge Nahuel, durante una conferencia de prensa.

Rescató el buen diálogo con el secretario Jorge Lara. “Nosotros repudiamos cualquier acto de violencia. Nada tiene que ver con nuestra forma de vida”, dijo rodeado de integrantes de la familia Campo, durante una rueda de prensa.

“Nosotros vamos a seguir reafirmando nuestros derechos”, dijo Nahuel, quien agregó que no es un objetivo de la familia Campo perjudicar la producción petrolera en el yacimiento Loma Campana, donde busca un reconocimiento como superficiaria.

“Nosotros nunca vamos a hacer Justicia por mano propia. Lo que decimos que si amenazan con no dialogar, cometen un error”.

Pérez Esquivel le pidió a Galuccio por la “consulta previa” a la familia
Neuquén
El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel le manifestó su preocupación por el conflicto en Loma Campana al CEO de YPF, Miguel Galuccio.

En el escrito le pide que consulte las leyes provinciales, que suspenden el otorgamiento de derechos sobre tierras que son reclamadas por comunidades mapuches.

“Sabemos la importancia que para YPF tiene la explotación de hidrocarburos no convencionales, pero lamentamos que a través del acuerdo con Chevron se declare como área productiva el territorio de una comunidad mapuche, en este caso de los Campo Maripe, que fue concesionado sin su consentimiento”, afirma en la carta que le envió Pérez Esquivel a Galuccio, que sobrellevó momentos de tensión durante el recorrido en conjunto con el gobernador Jorge Sapag.

Para él, esto implica no aplicar el “derecho a la consulta previa, reconocido por la Ley 24.071, ratificadora del Convenio 169 de la OIT, con carácter supralegal a la normativa nacional”. Luego de mencionar la preocupación que en algunos sectores provoca el desarrollo de no convencionales, y en el contexto del reclamo de las tierras que se tornó conflictivo en los últimos días, Pérez Esquivel le pide a Galuccio que “consulte al órgano competente del Estado para que adopte las medidas necesarias y favorezca el diálogo, al que las comunidades mapuches siempre se han mostrado dispuestas”.

El gobierno neuquino dio por suspendidas las negociaciones que tenía con la familia Campo Maripe en torno a la sistematización de riego en unas 100 hectáreas que le había reconocido como de su propiedad en la zona del valle del río Neuquén, paso previo a la apertura de una mesa de diálogo en torno al reconocimiento de ocupantes en la zona de Loma Campana. El secretario de Coordinación del Interior, Jorge Lara, dijo que se retiraba de esa misión a la que había encomendado por el gobernador Jorge Sapag porque "no podemos estar de un lado y del otro".

Se refirió de esta manera a la denuncia civil y penal que el gobierno provincial adelantó que presentará contra esa familia por las agresiones que protagonizaron contra los gobernadores Jorge Sapag y Daniel Scioli y el presidente de YPF, Miguel Galuccio cuando el sábado visitaron el yacimiento Loma Campana. Durante la jornada, los integrantes de la familia encabezados por Albino Campo con el apoyo de la Confederación Mapuche "actuaron en forma violenta" contra los funcionarios en reclamo de derechos sobre el yacimiento en su condición de comunidad mapuche.

Lara informó que "no hay ningún pedido de mensura" sobre las tierras que dicen que les pertenecen en la parte alta de la meseta, como así tampoco alguna gestión por tenencia precaria.

La comunidad no tiene el reconocimiento formal de personas jurídicas ni de la autoridad nacional en la materia, el Instituto de Asuntos Indígenas, que es el que debe aplicar la ley de relevamiento territorial indígena, la ley 26160 que fue aprobada en el año 2006 y establece que se reconocerán comunidades que estén asentadas hasta octubre de ese año. "Hasta ese día", dijo Lara, no eran considerados comunidad.

Albino Campo es uno de la decena de hijos que tuvo Pedro y es quien encabeza los reclamos para que se lo reconozca como comunidad mapuche en la zona de Loma Campana para igualar el tratamiento que tienen las comunidades Paynemil y Kaixipayiñ en Loma La Lata. En el gobierno se ratificó que la ley de relevamiento de comunidades indígenas implicó un mecanismo más adaptado al norte del país y no de Neuquén que desde 1963 reconoce por un decreto de Felipe Sapag la propiedad comunitaria de unas 34 comunidades. También se indicó que la Confederación Mapuche tiene llegada al gobierno nacional, de hecho reconoció 14 nuevas comunidades indígenas en Neuquén, 4 de las cuales también fueron admitidas por la provincia.

La comunidad Campo Maripe junto a Jorge Nahuel y Gabriel Cherqui realizaron una conferencia de prensa este martes (22/07) para presentar su versión de lo que ocurre con las tierras, que reclaman como propias, en Añelo.

El lonko de los Campo Maripe, Albino Campo, reconoció que existe un "conflicto de tierras" alrededor del yacimiento Loma Campana, donde se perfora hacia Vaca Muerta, y señaló que "empresas y particulares" están apropiándose de extensiones ante la pasividad del gobierno neuquino.

Sobre la denuncia que anticipó el ministro de Coordinación, Gabriel Gastimnza, señalaron que aún no fueron notificados y agregaron que no temen a un proceso judicial. "Somos mapuchos, nacimos y vamos a morir acá. No sabemos cómo pretenden que demostremos que somos mapuches, capaz con un examen de sangre", ironizó Nahuel.

Pidieron la intervención del gobierno provincial para evitar que se sigan repitiendo las situaciones violentas que, aseguran, viven desde hace tiempo.

Respecto de la relación con YPF reiteraron que lo intentaron solicitarle al CEO de la firma, Miguel Galuccio, el sábado pasado fueron dos cuestiones. Por un lado que se dé lugar a la consulta sobre la actividad y, por otro, que la empresa "presente los planes a futuro para el territorio mapuche".

"Es imposible vivir con todos los pozos que ya se han hecho y, según publican los medios, los planes son culminar solo este año con 300 pozos. Ya no se puede vivir más. Esto es la muerta y nos piden que no digamos nada", se preguntó Albino Campo.

Nahuel, lonko del consejo zonal mapuche, se refirió a los incidentes del sábado pasado durante la visita a Loma Campana de los gobernadores Jorge Sapag y Daniel Scioli con el CEO de YPF, Miguel Galuccio (ver nota).

"Esta visita fue sorpresiva. La comunidad (Campo Maripe) se dirige a Sapag y Galuccio para tener diálogo, y encontramos un cerco absoluto y negación a recibir a las autoridades mapuches. Se dio un forcejeo porque Sapag quiso escapar del lugar", relató Nahuel a radio Universidad CALF.

"Se genera ese incidente que es usado como excusa para esta denuncia" que "lo único que va a generar es que se difunda más el conflicto", añadió respecto de la presentación anunciada por el ministro Gabriel Gastaminza el lunes.

"La única solución es seguir clarificando quién es quién en esta lucha por la tierra, y con decisión política fuerte darle a cada uno lo que corresponde", opinó Nahuel.

Anticipó que este martes habrá una reunión "para analizar esta denuncia de Gastaminza", y dijo que "nos causa bastante desilusión la reacción de Sapag, aunque la única propuesta que siempre ha tenido a la demanda de derechos ha sido judicializar los reclamos".

Resuelto a zanjar una complicación concreta para el desarrollo de la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta, el gobierno neuquino inició acciones legales contra una familia que –arropada en las consignas mapuche- ha protagonizado diversos incidentes buscando “ser consultada” por YPF y Chevron.

La demanda judicial fue anunciada por el ministro de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, Gabriel Gastaminza, es contra Albino Campos, y se justifica en la situación creada después de los “hechos violentos de público conocimiento que acontecieron el sábado pasado” en la formación Vaca Muerta.

Ese día hubo una manifestación mapuche, que el gobierno describe afirmando que el gobernador Jorge Sapag, el de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y el presidente de YPF, Miguel Galuccio, “fueron atacados por un grupo de personas encabezadas por Albino Campos, en forma violenta y agresiva”.

Según informó Gastaminza las actuaciones judiciales iniciadas responden a directivas expresas de Sapag y fueron presentadas tanto en el fuero civil como en el penal. El ministro dijo que hasta el momento la policía neuquina ha recibido “más de 20 denuncias, de particulares y empresas, sobre diferentes tipos de delitos, por usurpación, daños, amenazas, bloqueo de caminos, que ha llevado adelante este grupo de personas”.

El funcionario sostuvo que desde mediados de marzo, un grupo de trabajo a cargo de Jorge Lara, coordinador para el interior que depende exclusivamente del gobernador Sapag, lleva adelante una serie de reuniones para solucionar el tema.

“Hace más de cuatro meses que el gobierno provincial ha expresado con actos y hechos concretos la voluntad de analizar y solucionar el conflicto existente de la manera más inteligente posible en una mesa de diálogo”, dijo, y señaló que “pese a eso, la respuesta con la que se encuentra el gobernador es con actos de agresividad”.

La historia que presenta el Gobierno explica que el caso de los Campo-Maripe se remonta a 1927, cuando Pedro Campo y su mujer, Celmira Maripe, oriundos de Chile, ocuparon el Lote 15 D fracción XXVIII en un predio no mayor a las cuatro hectáreas.

“Ellos tuvieron 9 hijos y quienes hoy realizan reclamos a YPF son hijos de Belisario Campos, uno de los hermanos que había renunciado a sus derechos”, sostiene.

De acuerdo con esta información, hasta la fecha hay iniciados dos expedientes: uno donde se establece que eran arrendadores y debían pagar por el pastaje, y un segundo que se inició en la Dirección de Tierras de la provincia, pero nunca avanzó.

“Por lo tanto –remarcó Gastaminza-, no cuentan con ningún título de propiedad, como tampoco se presentaron como comunidad mapuche. Sólo acusaron la ocupación y derechos de pastaje y se autodenominaron antiguos pobladores de la zona”.

En este contexto, observó que “el reclamo surge, en el año 2013, cuando se anuncia que en esa zona se iba a desarrollar el acuerdo con Chevrón”.

El Gobierno de Neuquén denunció ante la Justicia el bloqueo realizado por aborígenes en el acceso a Loma Campana, en la zona de Vaca Muerta, para impedir el ingreso del presidente de YPF y dos gobernadores en medio de un conflicto por tierras.

El sábado 19 de julio, integrantes de la comunidad mapuche cerraron el paso en Vaca Muerta al presidente de YPF, Miguel Galuccio; a los gobernadores de Neuquén, Jorge Sapag, y de Buenos Aires, Daniel Scioli; y al senador y líder del sindicato petrolero, Guillermo Pereyra.

Los aborígenes les exigieron a los dirigentes políticos que "cumplan la ley" y consulten a las comunidades, dado que el Convenio 169 de OIT (al que la Argentina suscribió) ordena consultar a comunidades indígenas para iniciar actividades en lo que ellos denominan como sus territorios.

Minutos después de finalizado un acto oficial que compartieron en el yacimiento Loma Campana, Sapag y Scioli se dirigieron hacia el helicóptero que los trasladaría hasta la capital provincial. Pero la camioneta que los llevaba hacia el helipuerto sufrió un percance cuando miembros de la comunidad Campo Maripe, junto con adherentes de la Confederación Mapuche, impidieron el paso del ve-hículo al ponerse delante del rodado.

Ahora, el ministro de Seguridad neuquino, Gabriel Gastaminza, dijo que la Fiscalía de Estado presentó los escritos de acciones judiciales en la esfera penal y civil contra los "hechos patoteriles" de la comunidad mapuche.

Además, dijo el funcionario, existe "el antecedente de más de 20 denuncias realizadas por particulares y empresas en la comisaría de Añelo contra esta familia, por usurpación, daños, amenazas y bloqueos de caminos".

Según Gastaminza, los dos gobernadores, el presidente de YPF y el senador nacional fueron atacados en "forma violenta por un grupo de personas encabezado por (el dirigente aborígen) Albino Campos" durante una recorrida por el yacimiento Loma Campana.

Gastaminza señaló que el accionar de estas personas los tomó por "sorpresa", ya que aseguró que un grupo de empleados del Gobierno encabezado por el secretario de Coordinación de Interior, Jorge Lara, hace cuatro meses inició una serie de encuentros con miras a destrabar el conflicto. El ministro exhibió la documentación que acredita que la familia Campos arrendaba cuatro hectáreas en la zona de Añelo desde 1940 y aseguró "que no existen pruebas de que ese grupo de personas sean mapuches", tal como ellos aducen, publicó el diario LM Neuquén.

Desde que se firmó el acuerdo YPF-Chevron, los manifestantes se presentan como comunidad Campo Maripe, con respaldo de la Confederación Mapuche.

La Confederación Mapuche emitió un comunicado en el cual indicó que ante "la llegada de los responsables de la creciente contaminación y quiebre comunitario y cultural mapuche, al mismo lugar de los hechos, lo mínimo que las autoridades de la comunidad y de la confederación esperaban era un saludo protocolar a los históricos dueños de la tierra".