LA PROPUESTA de capitalizar Codelco con cargo a los fondos soberanos del país -que en buena medida se han constituido con los excedentes que ha generado, precisamente, la venta de cobre- ha seguido presente en la discusión. Esa idea fue inicialmente planteada por el Ministerio de Hacienda, en abril de este año, y acaba de ser reiterada por el presidente del directorio de la compañía estatal ante la Comisión de Energía y Minería del Senado. Una propuesta como esta requiere de un cuidado análisis, ya que dichos fondos tienen una finalidad anticíclica, y usarlos para estos fines implicaría un cambio de foco respecto de la política fiscal.
El actual gobierno anunció que capitalizaría Codelco en US$ 200 millones, y comprometió para este año el envío de un proyecto que asegure un financiamiento plurianual para la compañía, cuyos detalles aún se desconocen. Dicha capitalización ha sido considerada insuficiente, tanto por la actual administración -que solicita a Hacienda US$ 1.200 millones para este año- como por los sindicatos de Codelco, y se ha hecho ver que la compañía enfrenta una situación financiera ajustada y donde se requieren grandes cantidades de recursos para mantener la sustentabilidad de las actuales divisiones y asegurar que se realizarán las inversiones proyectadas.
Según algunos reportes internos de Codelco, la compañía requería para estos efectos invertir más de US$ 22.000 millones, de aquí a los próximos cuatro años. El presidente del directorio ha descartado que la empresa atraviese por una “crisis financiera”, pero en sus primeras reflexiones sobre el futuro de la estatal hizo ver que el país necesita invertir fuertemente en Codelco, porque de lo contrario, los ingresos de la compañía presentarían una fuerte merma, poniendo en riesgo toda la estructura fiscal del país.
Es un hecho que Codelco necesita que el Estado le asegure los fondos para su operación y la realización de los proyectos rentables y que apunten a la creación de valor. No podría ignorarse que el Estado se lleva buena parte de los excedentes de la compañía -lo que representa una restricción adicional a sus operaciones-, por lo que en los hechos, la compañía sólo puede reinvertir en torno al 10% de sus excedentes. La caída del precio del cobre en el mercado internacional y la menor holgura de la compañía para colocar deuda presentan un cuadro más restrictivo.
Sin embargo, es también un hecho que sus costos han aumentado -a un ritmo mayor que lo observado en la minería privada-, en buena medida, producto de las presiones a las que se ve sometida por el poder de los sindicatos, que resisten cualquier medida que restrinja sus privilegios. Fruto de estas presiones, Codelco no cuenta con la libertad para desechar aquellos proyectos ineficientes, y el diseño de su gobierno corporativo no ha sido capaz de aislarla de la presiones políticas y sindicales.
Sería mejor para el país impulsar una política que permita la entrada de capitales privados a Codelco. Ello implicaría ganancias de eficiencia y contar con recursos frescos. Sin embargo, se ha tomado la decisión de mantener a la empresa íntegramente en manos del Estado.
En ese contexto, éste debe asegurar que la empresa se concentrará en aquellos proyectos rentables y que la política de contención de costos seguirá adelante. Sólo en un escenario así cabría considerar que una parte de los fondos soberanos se destine a capitalizar Codelco, sujeto a evaluación y al control fiscal establecido al respecto, si bien el Estado debería estudiar primero otras fórmulas y recurrir a ésta como última instancia.
